Verónica Gómez Valle

Expediente 865/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
865/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Verónica Gómez Valle
  • VERÓNICA GÓMEZ VALLE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, en representación del menor de edad de iniciales ******; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que allegó al presente juicio, con apercibimiento de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Registro de demanda. Precisado lo anterior, vista la demanda de amparo presentada por ******* en representación del menor de edad de iniciales ***; en contra de actos de la directora del colegio Particular "José Antonio Plancarte" en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 865/2018-IV-A. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden que el acto reclamado consiste en: "La negativa de la maestra ***** para que el menor *** asista al colegio particular que dirige desde el once de octubre del año en curso, siendo el Colegio ***** Así, una vez analizadas las constancias aludidas en el párrafo precedente, se advierte que debe desecharse la presente demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 61 fracción XXIII, 1° fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado de Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El primero de tales preceptos dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros casos, por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, la fracción I, del artículo 103, constitucional, también establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos humanos; sin embargo, de este precepto ni del diverso 107 de la ley fundamental, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, se define el término "autoridad", como se establece en la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que "autoridad" para efectos del amparo, es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Cabe precisar en este punto, que en la Ley de Amparo, se precisó que en algunos casos, los particulares podrían actuar de forma equivalente a las autoridades, y que en tales supuestos también podrían ser señalados como responsables. En ese sentido, el artículo 5 fracción ll, de la ley de la materia, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo que se concluye que únicamente podrán tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad (unilaterales e imperativos), siempre que su función esté determinada por una norma general; es decir, que tenga su origen en una ley, en virtud de la cual el particular posea facultades para tomar decisiones que afecten al interesado. En el caso, la promovente reclama el la negativa de la directora de la institución educativa privada ***** en esta ciudad, para que el menor de iniciales **** asista a dicha institución educativa; sin embargo, los actos de la autoridad señalada como responsable, no reviste las características de un acto de autoridad, por cuanto a que la relación entre una institución educativa privada y sus estudiantes, tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, por lo que dicha negativa no tiene su origen en una ley que faculte al particular para tomar decisiones que afecten al interesado. En efecto, dicho acto no es reclamable en la presente instancia, ya que dichas cuestiones, corresponden a la aplicación de la normativa interna de una escuela privada, lo que no constituye en el particular la realización de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se insiste, su naturaleza corresponde al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación. Por lo que, se estima que los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones educativas privadas y sus alumnos, se encuentran sujetas a la normatividad interna y privada, en ese sentido, tienen conocimiento que en caso de incumplimiento de lo acordado en dicha relación contractual, se pueden tomar las medidas disciplinarias correspondientes; en tal virtud, el acto reclamado por la quejosa no es un acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II de la ley de la materia. Por tanto, al actualizarse sobre la acción de amparo de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia "a./J. 65/2018, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, julio de dos mil dieciocho, materia común, página 647, libro 56, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de título y texto: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la promovente el ubicado en calle *** en esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizada únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Registro de demanda.Registro de demanda.

  3. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: Registro de demanda. Precisado lo anterior, vista la demanda de amparo presentada por ******* en representación del menor de edad de iniciales ***; en contra de actos de la directora del colegio Particular "José Antonio Plancarte" en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 865/2018-IV-A. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden que el acto reclamado consiste en: "La negativa de la maestra ***** para que el menor *** asista al colegio particular que dirige desde el once de octubre del año en curso, siendo el Colegio ***** Así, una vez analizadas las constancias aludidas en el párrafo precedente, se advierte que debe desecharse la presente demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 61 fracción XXIII, 1° fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado de Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El primero de tales preceptos dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros casos, por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, la fracción I, del artículo 103, constitucional, también establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos humanos; sin embargo, de este precepto ni del diverso 107 de la ley fundamental, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, se define el término "autoridad", como se establece en la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que "autoridad" para efectos del amparo, es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Cabe precisar en este punto, que en la Ley de Amparo, se precisó que en algunos casos, los particulares podrían actuar de forma equivalente a las autoridades, y que en tales supuestos también podrían ser señalados como responsables. En ese sentido, el artículo 5 fracción ll, de la ley de la materia, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo que se concluye que únicamente podrán tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad (unilaterales e imperativos), siempre que su función esté determinada por una norma general; es decir, que tenga su origen en una ley, en virtud de la cual el particular posea facultades para tomar decisiones que afecten al interesado. En el caso, la promovente reclama el la negativa de la directora de la institución educativa privada ***** en esta ciudad, para que el menor de iniciales **** asista a dicha institución educativa; sin embargo, los actos de la autoridad señalada como responsable, no reviste las características de un acto de autoridad, por cuanto a que la relación entre una institución educativa privada y sus estudiantes, tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, por lo que dicha negativa no tiene su origen en una ley que faculte al particular para tomar decisiones que afecten al interesado. En efecto, dicho acto no es reclamable en la presente instancia, ya que dichas cuestiones, corresponden a la aplicación de la normativa interna de una escuela privada, lo que no constituye en el particular la realización de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se insiste, su naturaleza corresponde al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación. Por lo que, se estima que los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones educativas privadas y sus alumnos, se encuentran sujetas a la normatividad interna y privada, en ese sentido, tienen conocimiento que en caso de incumplimiento de lo acordado en dicha relación contractual, se pueden tomar las medidas disciplinarias correspondientes; en tal virtud, el acto reclamado por la quejosa no es un acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II de la ley de la materia. Por tanto, al actualizarse sobre la acción de amparo de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia "a./J. 65/2018, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, julio de dos mil dieciocho, materia común, página 647, libro 56, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de título y texto: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la promovente el ubicado en calle *** en esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizada únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Registro de demanda.Registro de demanda.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano