Verónica Galván Mosqueda
Expediente 695/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Verónica Galván Mosqueda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio y se concedió la suspensión provisional, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. En virtud de lo anterior, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que en copia certificada allegó al presente asunto, previa razón que por su recibo obre en autos.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en representación de su menor hijo de iniciales *** y *****, en representación de su menor hijo de iniciales ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que el cuatro de los actuales se recibieron los informes justificados del jueces Primero, Tercero y Cuarto Penales de Partido, los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación I, II, III, IV, V, el subprocurador de Justicia Región "C", y del jefe de Grupo de la Policía Ministerial, todos con residencia en esta ciudad; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y a efecto de dar oportunidad a las partes se impongan de su contenido, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las once horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.
- Principal
Visto el escrito signado por ****** en representación de su menor hijo de iniciales ***, por el que refiere que amplía la demanda de amparo, por acto reclamado y autoridades responsables; señalando como tales los siguientes: Acto reclamado. La orden de comparecencia o citación dictada en contra de la promovente ***** y de su menor hijo de iniciales *** Autoridades responsables: 1. Agente del Misterio Público de la Unidad Especializada en Adolescentes con sede en Celaya; como ordenadora. 2. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, Grupo Celaya. 3. Subprocurador General de Justicia Región "C" en el estado de Guanajuato. Argumenta que tuvo conocimiento de su existencia en virtud de que el seis de septiembre de dos mil dieciocho, le fue notificado de manera personal el citatorio que anexa a su escrito, del que se desprende que el citatorio se encuentra dirigido a los padres o tutores del menor de iniciales ***, y se les solicita que acudan a la Agencia del Ministerio Público Investigadora, Especializada en Justicia para adolescentes, a las once horas del martes once de septiembre de la presente anualidad, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial dentro de la carpeta de investigación ***; de igual forma, se les apercibe que en caso de no acudir se harán acreedores a una medida de apremio consistente en amonestación, multa de veinte días de salario mínimo vigente, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas. Ahora bien, en cuanto al supuesto de la ampliación de la demanda de amparo, el artículo 111 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." La figura de la ampliación de la demanda de amparo, confiere al peticionario de amparo la posibilidad de incorporar a la litis constitucional, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, tales como que: a) se presente en los plazos señalados por la Ley de Amparo; b) que exista siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no darse esta condición, no pueden incorporarse a la litis constitucional elementos que le son ajenos y; c) que no se haya celebrado la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, los requisitos legales antes descritos no se cumplen en el caso concreto, por lo que no procede tener por ampliada la demanda respecto del acto y autoridades antes señaladas. Lo anterior es así, porque los actos inicialmente señalados como reclamados son: las órdenes de aprehensión, comparecencia o presentación, giradas en contra de los quejosos; esto es, actos privativos de la libertad personal. Mientras que el acto por el que se pretende ampliar la demanda se trata de una citación, la que además no se encuentra dirigida al menor quejoso de iniciales ***, sino a sus progenitores, a través de la cual se les requiere para que acudan a una diligencia de carácter ministerial dentro de la carpeta de investigación ***, y lleven a su menor hijo; de ahí que tal acto no guarda estrecha vinculación con los actos privativos de la libertad inicialmente señalados, dado que este último acto no participa de la naturaleza de un acto privativo de la libertad. Además, se destaca que después de que se hayan rendido los informes justificados, la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado, o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. Sin embargo, en el caso concreto ya se rindieron la totalidad de los informes justificados y se negaron los actos reclamados, de ahí, que la citación que ahora se reclama fue emitida dentro de una carpeta de investigación totalmente distinta a las que integran las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda, por lo cual tampoco puede tener vinculación con los actos inicialmente reclamados, por lo que se trata de un acto autónomo e independiente. En efecto, la promovente presentó demanda de amparo en representación de su menor hijo de iniciales ***, el veintinueve de agosto del año en curso en contra de los actos reclamados que hizo consistir las órdenes de aprehensión, comparecencia y/o presentación, así como su ejecución, que atribuyó a los jueces del primero al cuarto Penales de Partido, a las Agencias del Ministerio Investigadoras de las mesas de la uno a la seis, como ordenadoras, y al jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado y subprocurador General de Justicia Región "C", todas con residencia en Celaya, Guanajuato, como ejecutoras. Mediante acuerdos de tres y cuatro de los actuales se tuvo por recibidos los informes justificados de las citadas autoridades responsables, de los que se desprende que negaron los actos que les fueron atribuidos; de manera que al no existir ninguna carpeta de investigación en la que se involucre al menor quejoso de iniciales ***, por parte de las referidas autoridades, no puede tenerse como acto estrechamente vinculado el citatorio de seis de septiembre de dos mil dieciocho por el que se pretende ampliar la demanda. En efecto, se destaca que, la ampliación de la demanda de amparo indirecto procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso o en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación respecto de actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, pero sobre datos certeros relacionados. De lo que se sigue que si en el caso, no se desprende del informe justificado su existencia, resulta improcedente la ampliación, porque no encuentra sustento en datos nuevos que haya arrojado el informe de la autoridad judicial ordenadora. Así las cosas, la ampliación de la demanda de amparo que se solicita, resulta improcedente. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así, dado que el acto que pretende reclamar en vía de ampliación, no se ubica en ningún supuesto de los estipulados por el arábigo 111 de la ley de la materia, virtud a que no se encuentra estrechamente relacionado con los que inicialmente tildó de inconstitucional, se desecha de plano la ampliación de demanda de amparo pretendida.
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