Verónica Gómez Ambriz

Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
263/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Verónica Gómez Ambriz

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y toda vez como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que la parte promovente fue debidamente notificada del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, toda vez que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de referencia, en el que se tuvo desechada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito presentado por Christian Alfredo Nevarez Torres, quien se ostenta como el autorizado de la parte quejosa, en el que manifiesta que agrega un juego original del escrito de demanda; sin embargo no es el caso pronunciarse al respecto toda vez que en dieciocho de abril de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo en virtud de que la firma ahí estampada se encontraba en copia simple (pues la firma es la que denota la voluntad de la que apareció como promovente, de ahí que no hubo instancia de parte); por tanto, al no admitirse la demanda no se proveyó respecto de los autorizados; lo que se hace del conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 263/2022-A. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen: Artículo 61: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] De lo anterior se desprende que el artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte, los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En efecto, para promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica. Todo lo anterior, conduce a este órgano jurisdiccional a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando no obra en el escrito de demanda la manifestación expresa del quejoso que permita advertir que es su voluntad promover la acción constitucional, en términos de los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. En ese contexto, del escrito de demanda se desprende una omisión en la formalidad que resulta indispensable para la tramitación del juicio que intenta entablar Verónica Gómez Ambriz, contra las autoridades que señala como responsables, ello en razón de que el escrito de demanda carece de la firma autógrafa de la promovente, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través de la papeleta de turno, asentó -en lo que aquí interesa- lo siguiente: Cabe precisar que al calce del libelo la firma estampada se encuentra en copia simple. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Por lo tanto, no denota la voluntad de quién ha sido afectada en su interés jurídico, para promover este medio de defensa, que se rige por el principio de parte agraviada; y, al no estamparse la firma autógrafa por la directamente agraviada (pues ésta obra en copia simple) se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sin que pase inadvertido para quien suscribe que el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; lo cierto es también, que la promoción del amparo presentada vía ordinaria que carezca de la firma autógrafa de la parte quejosa no puede equiparse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda la firma autógrafa de la titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una irregularidad de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia P./J 38/2018 (10a), sustentada por el Tribunal Pleno, Décima Época, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de dos mil diecinueve, con número de registro 2018943, que establece: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de instancia de parte agraviada contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Sin que en el caso se advierta que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para promover la demanda de amparo en términos de lo dispuesto en la parte final, primer párrafo del artículo 15 de la Ley de amparo; es decir, en el supuesto de excepción para asentar la firma electrónica que al efecto establece el artículo 45, párrafo primero en relación con el 42, ambos del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado el mismo no puede ser ubicado como de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional. En el caso en concreto, analizado en su integridad la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en esta vía constitucional no se ubican dentro de los supuestos establecidos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que éstos los hizo consistir en: IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. De la autoridad señalada C; Agente de Ministerio Público Investigador Adscrito a TIJUANA, B.C.; además de acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión y/o presentación dictada en mi contra. Pues se -reitera- el acto reclamado no es de aquellos que pongan de manera directa y actual en peligro la vida del quejoso, en relación con los hechos plasmados en el escrito de demanda, en términos del artículo 22 de la Constitución Federal, ni se encuentra dentro de los previstos por el 15 de la Ley de Amparo (para ser promovido a su favor y en su caso se encuentre en posibilidad de ratificar la aludida demanda). Domicilio. En ese contexto, al no haberse proveído respecto de domicilio para oír y recibir notificaciones, por carecer de firma autógrafa, pues como se insiste, se advierte en copia simple, la demanda de amparo y por tanto, de voluntad de quien se dice la promueve, notifíquese el presente proveído por lista. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese y cúmplase.

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