Venancio Castañeda Rosas
Expediente 751/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- Venancio Castañeda Rosas
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de seis de octubre pasado, en el que se requirió a la parte promovente, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a realizar las gestiones necesarias para la devolución de los documentos exhibidos en autos, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipó tesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ahora, al advertirse que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee, y en cumplimiento al último párrafo del punto 11 del citado acuerdo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dichos documentos, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Venancio Castañeda Rosas, contra actos del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 751/2022-C. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, mismo que literalmente dice: ""Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguida dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". La interpretación sistemática de dichos preceptos evidencia que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad; entendiéndose por tal, aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones. Es así, porque el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de garantías es una noción autónoma, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Sin duda, el sistema jurídico autoriza que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos, y en otros casos, les permite que emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio constitucional. De ahí que, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la ley de la materia. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Además, se caracterizan por ser imperativas, coercitivas y unilaterales, lo cual supone la atribución legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia ante el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por otro lado, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales ordinarios. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Con tales premisas, el concepto autoridad para efectos del juicio de amparo converge en aquellos organismos públicos o particulares que realizan actos equivalentes, a quienes la norma legal les faculta para tomar decisiones o emitir resoluciones unilaterales que afecten la esfera jurídica del gobernado, sin la necesidad de acudir a los tribunales judiciales, esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Así mismo, tiene aplicación la jurisprudencia P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable bajo el número de registro 199459, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Es pertinente precisar a manera ilustrativa y únicamente en lo conducente, que tratándose de actuaciones de las autoridades como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, originaria de la jurisprudencia 1a./J. 99/2008, número de registro 167897, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN)"; estimó, que: a) Las actuaciones de las autoridades como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le sometían los particulares, entre éstos y aquél no existía una relación de supra a subordinación ya que su actividad no era un acto unilateral que pudiera prescindir del consentimiento de los gobernados, pues eran ellos quienes la solicitaban; por tanto, era evidente que su intervención no podía considerarse acto de autoridad para efectos de la acción de amparo. b) Máxime que no actuaban unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hacían constar. c) Por lo que concluyó, que cuando un tercero que se dice extraño a algún trámite en los que alguna autoridad actuó como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le sometían los particulares, aquélla no tenía el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues tal controversia debía resolverla un órgano jurisdiccional. Ahora bien, en la especie se reclama un acto que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, como enseguida se expondrá. Pues bien, como se anticipó, de acuerdo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa, en relación al acto que le reclama al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, esto es, el proceso de inscripción del contrato de compra venta otorgado en Tijuana, Baja California, con fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, ratificado ante el licenciado José Antonio Morán Rangel, Registrador Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de Tijuana, Baja California, con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, inscrito bajo la partida 5055757, el día veintisiete de junio de dos mil dieciocho, respecto del lote 43, manzana 28, que se desprende de la Subdivisión del Lote 13 de la Manzana 28, predio tipo Urbano, colonia Benito Juárez en Tecate, Baja California, con superficie de 266.806 metros cuadrados con folio real 1543704. El cual considera le causa agravio, bajo el argumento de que el contrato de compraventa motivo de inscripción, carece de validez en virtud de que cuenta con firma que no pudo ser asentada por el promovomente y la de cujus Petra Gómez Flores, en virtud de que no otorgaron autorización en ninguna forma para el cambio de propietario, máxime que ésta falleció el tres de octubre de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo dicha actuación no puede ser materia de este juicio de amparo, ya que la inscripción únicamente perfecciona el contrato de compra venta para que surta efectos contra terceros. Por tanto, si bien es cierto que la citada autoridad responsable en cierto supuesto actúa en un plano de "supra a subordinación", también lo es que en el caso particular carece de tal característica. Es así, toda vez que los actos atribuidos a la responsable de que se trata, consistentes en el proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, del contrato de compra venta otorgado en Tijuana, Baja California, con fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, fue emitido en atención a la solicitud formulada ante ella a fin de que se realizara el registro de dicho documento; por tanto, entre la parte quejosa y la autoridad responsable, no existe una relación de "supra a subordinación", ya que su actividad no fue un acto unilateral que pudiera prescindir del consentimiento del gobernado, pues fueron diversas personas quienes la solicitaron. Por lo que es evidente que la intervención de quien cita como autoridad responsable fue únicamente realizar la inscripción en sus registros, del documento que se le presentó para tal efecto, en el que se hizo constar el contrato de compra venta referido y asentarlo para conocimiento de terceros, razón por la cual no puede considerarse acto de autoridad para efectos de la acción de amparo, al no causar por sí un perjuicio directo a la parte quejosa. Máxime que la autoridad al emitir los actos reclamados, no actuó de manera unilateral para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de la parte quejosa, sino que su participación únicamente consistió en realizar la inscripción en sus registros, del documento que se le presentó para tal efecto, en el que se hizo constar el contrato de compra venta respectivo. En efecto, si bien existe el registro de la partida 5055757, ello no implica ni se traduce, por sí mismo, en una afectación a su derecho subjetivo de propiedad, pues en nada se alterará su condición específica; aunado a lo anterior, tampoco se advierte que la anulación del mismo le beneficie de manera cierta, pues su situación guardará identidad si subsiste y/o anula aquel controvertido, siendo que el contrato privado de compra venta que dio origen a los registros y trámites reclamados, subsistirá en sus términos hasta en tanto sea declarada su nulidad por la autoridad competente. Efectivamente, lo que realmente le ocasiona un perjuicio a la parte quejosa, es el contrato de compra venta inscrito, ya que la parte quejosa pretende la nulidad del registro y trámite del mismo, cuando lo cierto es que no refiere que el contrato en sí haya sido controvertido ante las autoridades competentes. Ello se considera así, porque las inscripciones y registros reclamados están vinculados con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo civil, lo que deja claro que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional. Por lo que, para el caso de que se estime "incorrecta o ilegal" la información y datos contenidos en el contrato de compra venta multicitado, dicha controversia debe proponerse ante un órgano jurisdiccional competente que debe resolverla, no así, vía acción de amparo; en razón de que hasta en tanto ello no ocurra, dicho acto jurídico será subsistente y, por consiguiente, los actos de publicidad que se hacen depender del mismo, los cuales no pueden reclamarse de forma autónoma en el juicio de amparo, dado que, se insiste, la autoridad registral señalada como responsable se limitó a hacer constar y dar publicidad a dicho contrato, y no actuó por voluntad propia y ejerciendo facultades de imperio, sino a solicitud de parte para dar formalidad al contrato de compraventa celebrado. Por tanto, al ser la autoridad responsable simple fedataria de los actos o hechos que para su registro y trámite le sometió, ésta no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.3o. J/15, visible en la página 388, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, Materia Civil, de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto". Asimismo, la diversa tesis XI.2o.96 C, visible en la página 1423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Civil, Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con registro digital 190803, de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." De igual forma la diversa tesis VIII.2o.45 C, visible en la página 1452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 1452, Novena Época, Materia Civil, con registro digital 194448, que señala: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. Los actos o contratos que otorgaron y celebraron personas, que según la inscripción del registro, aparecían con derecho para ello, no pueden dejar de surtir efectos mientras la nulidad de esa inscripción no se declare judicialmente; por lo tanto, como el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas, o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia, es evidente que no puede ampararse al quejoso para que se impida que surtan sus efectos tales actos, porque esto sería en provecho del promovente del amparo, pero con evidente menoscabo de la protección jurídica que la Constitución y la ley secundaria garantizan al adquirente de un derecho que procede de buena fe y que no ha sido oído ni vencido en el juicio correspondiente." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y Autorizados. Como lo solicita la promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Fermín Gómez Gómez, dado que no cuenta con el registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que cita en su escrito. Asimismo, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. A efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar las diligencias encomendadas, deberá de cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de la cual ya tiene conocimiento, cuando se trate de un caso que por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma por la respectiva persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentre. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente al promovente.
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