Veronica Garcia Valverde
Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Veronica Garcia Valverde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el quince de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre del año en curso; sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe y para acreditar el cumplimiento a la ejecutoria constitucional, se ordena devolver a la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos) los discos versátiles digitales correspondientes a los registros de audio y video generados con motivo de las audiencias celebradas en la causa penal 1172/2022/PUEBLA de su índice, glosados a fojas 75, 221 y 228; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese por lista a la parte quejosa; electrónicamente a la parte tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que alguna de ellas desahogara la vista concedida dentro del plazo otorgado para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable, con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo solicitado por Verónica García Valverde, para el efecto que la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Verónica García Valverde, para que la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), en la causa penal 1172/2022/PUEBLA, de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera su cumplimiento dentro del pazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto la resolución dictada en audiencia oral de doce de abril de dos mil veintidós, en la cual vinculó a proceso a Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega. 2. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al momento en que el agente del Ministerio Público solicitó oportunidad para formular imputación [dejando intocada únicamente su resolución relativa al control de la detención], teniendo en cuenta que la solicitante es persona con discapacidad mental; por lo que: i) Deberá efectuar desde ese momento los ajustes razonables que estime necesarios para garantizar el acceso a la justicia de la peticionaria de amparo; ii) Ordenar la práctica de los peritajes -en caso que aún no hayan sido desahogados- que determinen si la aquí quejosa es inimputable y, en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria, y en su caso, si fue provocada por la imputada; y, iii) Ordenar la práctica de las medidas de apoyo que se requieran, para que, en la audiencia señalada, la quejosa pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. 3. En la fecha señalada, celebrará la audiencia en la que cumplirá la ejecutoria constitucional, con las mismas reglas generales previstas para la audiencia inicial, pero siguiendo los lineamientos emitidos en esta sentencia, a luz del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando todos los ajustes razonables que considere necesarios, a fin de respetar los derechos humanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones y debido proceso de la imputada; para lo cual, de manera enunciativa y no limitativa, deberá realizar lo siguiente: a. Independientemente de las determinaciones o resoluciones "tradicionales" que emita, al dirigirse a la imputada, deberá utilizar un lenguaje sencillo y sin tecnicismos o expresiones técnicas y/o legales, que sean de difícil comprensión o entendimiento para la quejosa; b. Verificar que la imputada tenga constante comunicación con su defensa (particular o de oficio); c. Tomar las medidas necesarias para garantizar que la imputada en todo momento -durante el desarrollo de la audiencia inicial, y en su caso, su continuación- se encuentre asistida de un familiar, facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, que le pueda apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión; y, d. Propiciar que tanto el defensor, como la "persona de apoyo" auxilien a la imputada en la toma de decisiones cuando así lo requiera, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que ésta pierda su derecho a la toma de decisiones. 4. Con las formalidades de ley, continúe con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. 5. Remita las constancias con las que acredite todo lo anterior." Al no haber sido recurrida por las partes, en auto de veinte de julio siguiente, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, en principio, mediante oficio 29730/2022/JC, recibido en auto de veintiséis de julio del actual año, la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria constitucional, a saber: Señaló las doce horas del veintiséis de julio de dos mil veintidós, a fin de que tuviera verificativo la audiencia correspondiente, en la que daría cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ordenó girar los oficios correspondientes a las autoridades administrativas y penitenciarias a efecto de que realizaran el traslado de la quejosa, así como su oportuna presentación al Centro de Justicia Penal en el día y hora antes indicados (traslado que debía realizarse atendiendo al estado de salud mental de la parte quejosa). Requirió a la defensa particular de la imputada -aquí quejosa- para que, dentro de las doce horas siguientes, designara a un familiar o a alguna persona de confianza que pudiera apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión, o bien, un facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, para asesorar a la quejosa durante el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. Luego, por oficio 30016/2022/JC, recibido en auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, la Jueza responsable comunicó, que dentro de la causa penal 1172/2022/PUEBLA, de su índice, el veintiséis de julio del año en curso, celebró audiencia oral y pública, en la que realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la audiencia de doce de abril de dos mil veintidós. Ordenó la reposición de procedimiento, a partir del instante previo al momento en que el agente del Ministerio Público solicitó oportunidad para formular imputación [dejando intocada únicamente su resolución relativa al control de la detención], teniendo en cuenta que la aquí quejosa es una persona con discapacidad mental. Que toda vez que la quejosa se acogió al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, señaló las diez horas con treinta minutos del treinta de julio pasado, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. Que se impuso a la imputada la medida cautelar de arraigo domiciliario, bajo el resguardo y cuidado de Andrés Mayoral Victoria -cónyuge-, hasta en tanto la clínica de salud informara si tiene la capacidad y condiciones para albergar a la peticionaria de amparo. Y, para comprobar su dicho, remitió un disco versátil digital que contiene el registro audiovisual de la mencionada audiencia de veintiséis de julio del año en curso. Finalmente, mediante comunicado 30373/2022/JC, agregado a este juicio el dos de agosto del año que transcurre, la Juez responsable, refirió que el treinta de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial, en la que acató cabalmente el fallo protector, y: Dictó auto de vinculación a proceso en contra de Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega; e, Impuso en su contra la medida cautelar de arraigo domiciliario, bajo el resguardo y cuidado de Andrés Mayoral Victoria, por todo el tiempo que dure el procedimiento, debiendo ejecutarse dicha medida en su domicilio y quedando bajo supervisión y custodia a cargo de los elementos de la policía estatal; por lo que la imputada no podrá salir de su domicilio, salvo que requiera atención médica, debiendo ir custodiada en todo momento por la referida policía. A efecto de acreditar su dicho, remitió el registro audiovisual correspondiente -contenido en un disco compacto en formato de disco versátil digital- de la audiencia celebrada el treinta de julio de dos mil veintidós, en la causa penal 1172/2022/PUEBLA. A las referidas documentales, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y analizado su contenido, se acredita que, dentro del proceso 1172/2022/PUEBLA, la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), realizó lo siguiente: 1. En auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, señaló las doce horas del veintiséis de julio siguiente, a fin de celebrar la audiencia en la que daría cumplimiento a la ejecutoria constitucional; además, como ajustes razonables al procedimiento: i) ordenó girar los oficios correspondientes a las autoridades administrativas y penitenciarias a efecto de que realizaran el traslado de la quejosa, así como su oportuna presentación al Centro de Justicia Penal en el día y hora antes indicados, atendiendo a su estado de salud mental; y, ii) requirió a la defensa particular de la imputada -aquí quejosa- para que, dentro de las doce horas siguientes, designara a un familiar o a alguna persona de confianza que pudiera apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión, o bien, un facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, para asesorar a la quejosa durante el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. 2. En audiencia oral y pública celebrada el veintiséis de julio del presente año, dejó sin efecto la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, en la cual vinculó a proceso a Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega. 3. En la referida audiencia, repuso el procedimiento a partir del instante previo al momento en que el agente del Ministerio Público solicitó oportunidad para formular imputación [dejando intocada únicamente su resolución relativa al control de la detención]; y, tomando en consideración que la solicitante es una persona con discapacidad mental, con fundamento en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizó lo siguiente: i) Efectuó los ajustes razonables que estimó necesarios para garantizar el acceso a la justicia de la peticionaria de amparo; a saber: a) ordenó la presencia del señor Andrés Mayoral Victoria -esposo de la imputada- durante todo el desarrollo de la audiencia inicial, en su carácter de persona de apoyo, a fin de que le pudiera apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión; b) ordenó que, en caso que la imputada tuviera alguna duda, tanto la persona de apoyo como el defensor, debían indicarle si no logró entender algo, para que se le explicara con mayor precisión, para que la quejosa pudiera ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población; c) al dirigirse a la imputada, utilizó un lenguaje sencillo y sin tecnicismos o expresiones técnicas y/o legales; d) verificó que la imputada tuviera constante comunicación con su defensa y que entendiera lo que estaba ocurriendo; e) propició que tanto el defensor, como la "persona de apoyo" auxiliaran a la imputada en la toma de decisiones cuando así lo requiera, sin que ello implicara que se sustituyeran en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que ésta perdiera su derecho a la toma de decisiones. 4. Con las formalidades de ley, continuó con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, y toda vez que la imputada se acogió a la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, el treinta de julio siguiente, en continuación de la audiencia inicial [en la que estuvieron presentes las mismas partes que el audiencia previa, incluyendo la "persona de apoyo"] resolvió, con libertad de jurisdicción, lo siguiente: . Dictó auto de vinculación a proceso en contra de Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega; e, Impuso en su contra la medida cautelar de arraigo domiciliario, bajo el resguardo y cuidado de Andrés Mayoral Victoria, por todo el tiempo que dure el procedimiento, debiendo ejecutarse dicha medida en su domicilio y quedando bajo supervisión y custodia a cargo de los elementos de la policía estatal; por lo que la imputada no podrá salir de su domicilio, salvo que requiera atención médica, debiendo ir custodiada en todo momento por la referida policía. 5. Remitió las constancias con las que acreditó todo lo anterior. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa (en el domicilio procesal señalado en autos); electrónicamente a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.
- Principal
AVISO. Se notifica por lista a la quejosa el siguiente auto San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que alguna de ellas desahogara la vista concedida dentro del plazo otorgado para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable, con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo solicitado por Verónica García Valverde, para el efecto que la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Verónica García Valverde, para que la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), en la causa penal 1172/2022/PUEBLA, de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera su cumplimiento dentro del pazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto la resolución dictada en audiencia oral de doce de abril de dos mil veintidós, en la cual vinculó a proceso a Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega. 2. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al momento en que el agente del Ministerio Público solicitó oportunidad para formular imputación [dejando intocada únicamente su resolución relativa al control de la detención], teniendo en cuenta que la solicitante es persona con discapacidad mental; por lo que: i) Deberá efectuar desde ese momento los ajustes razonables que estime necesarios para garantizar el acceso a la justicia de la peticionaria de amparo; ii) Ordenar la práctica de los peritajes -en caso que aún no hayan sido desahogados- que determinen si la aquí quejosa es inimputable y, en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria, y en su caso, si fue provocada por la imputada; y, iii) Ordenar la práctica de las medidas de apoyo que se requieran, para que, en la audiencia señalada, la quejosa pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. 3. En la fecha señalada, celebrará la audiencia en la que cumplirá la ejecutoria constitucional, con las mismas reglas generales previstas para la audiencia inicial, pero siguiendo los lineamientos emitidos en esta sentencia, a luz del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando todos los ajustes razonables que considere necesarios, a fin de respetar los derechos humanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones y debido proceso de la imputada; para lo cual, de manera enunciativa y no limitativa, deberá realizar lo siguiente: a. Independientemente de las determinaciones o resoluciones "tradicionales" que emita, al dirigirse a la imputada, deberá utilizar un lenguaje sencillo y sin tecnicismos o expresiones técnicas y/o legales, que sean de difícil comprensión o entendimiento para la quejosa; b. Verificar que la imputada tenga constante comunicación con su defensa (particular o de oficio); c. Tomar las medidas necesarias para garantizar que la imputada en todo momento -durante el desarrollo de la audiencia inicial, y en su caso, su continuación- se encuentre asistida de un familiar, facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, que le pueda apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión; y, d. Propiciar que tanto el defensor, como la "persona de apoyo" auxilien a la imputada en la toma de decisiones cuando así lo requiera, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que ésta pierda su derecho a la toma de decisiones. 4. Con las formalidades de ley, continúe con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. 5. Remita las constancias con las que acredite todo lo anterior." Al no haber sido recurrida por las partes, en auto de veinte de julio siguiente, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, en principio, mediante oficio 29730/2022/JC, recibido en auto de veintiséis de julio del actual año, la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria constitucional, a saber: Señaló las doce horas del veintiséis de julio de dos mil veintidós, a fin de que tuviera verificativo la audiencia correspondiente, en la que daría cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ordenó girar los oficios correspondientes a las autoridades administrativas y penitenciarias a efecto de que realizaran el traslado de la quejosa, así como su oportuna presentación al Centro de Justicia Penal en el día y hora antes indicados (traslado que debía realizarse atendiendo al estado de salud mental de la parte quejosa). Requirió a la defensa particular de la imputada -aquí quejosa- para que, dentro de las doce horas siguientes, designara a un familiar o a alguna persona de confianza que pudiera apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión, o bien, un facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, para asesorar a la quejosa durante el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. Luego, por oficio 30016/2022/JC, recibido en auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, la Jueza responsable comunicó, que dentro de la causa penal 1172/2022/PUEBLA, de su índice, el veintiséis de julio del año en curso, celebró audiencia oral y pública, en la que realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la audiencia de doce de abril de dos mil veintidós. Ordenó la reposición de procedimiento, a partir del instante previo al momento en que el agente del Ministerio Público solicitó oportunidad para formular imputación [dejando intocada únicamente su resolución relativa al control de la detención], teniendo en cuenta que la aquí quejosa es una persona con discapacidad mental. Que toda vez que la quejosa se acogió al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, señaló las diez horas con treinta minutos del treinta de julio pasado, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. Que se impuso a la imputada la medida cautelar de arraigo domiciliario, bajo el resguardo y cuidado de Andrés Mayoral Victoria -cónyuge-, hasta en tanto la clínica de salud informara si tiene la capacidad y condiciones para albergar a la peticionaria de amparo. Y, para comprobar su dicho, remitió un disco versátil digital que contiene el registro audiovisual de la mencionada audiencia de veintiséis de julio del año en curso. Finalmente, mediante comunicado 30373/2022/JC, agregado a este juicio el dos de agosto del año que transcurre, la Juez responsable, refirió que el treinta de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial, en la que acató cabalmente el fallo protector, y: Dictó auto de vinculación a proceso en contra de Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega; e, Impuso en su contra la medida cautelar de arraigo domiciliario, bajo el resguardo y cuidado de Andrés Mayoral Victoria, por todo el tiempo que dure el procedimiento, debiendo ejecutarse dicha medida en su domicilio y quedando bajo supervisión y custodia a cargo de los elementos de la policía estatal; por lo que la imputada no podrá salir de su domicilio, salvo que requiera atención médica, debiendo ir custodiada en todo momento por la referida policía. A efecto de acreditar su dicho, remitió el registro audiovisual correspondiente -contenido en un disco compacto en formato de disco versátil digital- de la audiencia celebrada el treinta de julio de dos mil veintidós, en la causa penal 1172/2022/PUEBLA. A las referidas documentales, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y analizado su contenido, se acredita que, dentro del proceso 1172/2022/PUEBLA, la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), realizó lo siguiente: 1. En auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, señaló las doce horas del veintiséis de julio siguiente, a fin de celebrar la audiencia en la que daría cumplimiento a la ejecutoria constitucional; además, como ajustes razonables al procedimiento: i) ordenó girar los oficios correspondientes a las autoridades administrativas y penitenciarias a efecto de que realizaran el traslado de la quejosa, así como su oportuna presentación al Centro de Justicia Penal en el día y hora antes indicados, atendiendo a su estado de salud mental; y, ii) requirió a la defensa particular de la imputada -aquí quejosa- para que, dentro de las doce horas siguientes, designara a un familiar o a alguna persona de confianza que pudiera apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión, o bien, un facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, para asesorar a la quejosa durante el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. 2. En audiencia oral y pública celebrada el veintiséis de julio del presente año, dejó sin efecto la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, en la cual vinculó a proceso a Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega. 3. En la referida audiencia, repuso el procedimiento a partir del instante previo al momento en que el agente del Ministerio Público solicitó oportunidad para formular imputación [dejando intocada únicamente su resolución relativa al control de la detención]; y, tomando en consideración que la solicitante es una persona con discapacidad mental, con fundamento en el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizó lo siguiente: i) Efectuó los ajustes razonables que estimó necesarios para garantizar el acceso a la justicia de la peticionaria de amparo; a saber: a) ordenó la presencia del señor Andrés Mayoral Victoria -esposo de la imputada- durante todo el desarrollo de la audiencia inicial, en su carácter de persona de apoyo, a fin de que le pudiera apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión; b) ordenó que, en caso que la imputada tuviera alguna duda, tanto la persona de apoyo como el defensor, debían indicarle si no logró entender algo, para que se le explicara con mayor precisión, para que la quejosa pudiera ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población; c) al dirigirse a la imputada, utilizó un lenguaje sencillo y sin tecnicismos o expresiones técnicas y/o legales; d) verificó que la imputada tuviera constante comunicación con su defensa y que entendiera lo que estaba ocurriendo; e) propició que tanto el defensor, como la "persona de apoyo" auxiliaran a la imputada en la toma de decisiones cuando así lo requiera, sin que ello implicara que se sustituyeran en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que ésta perdiera su derecho a la toma de decisiones. 4. Con las formalidades de ley, continuó con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, y toda vez que la imputada se acogió a la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, el treinta de julio siguiente, en continuación de la audiencia inicial [en la que estuvieron presentes las mismas partes que el audiencia previa, incluyendo la "persona de apoyo"] resolvió, con libertad de jurisdicción, lo siguiente: . Dictó auto de vinculación a proceso en contra de Verónica García Valverde, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326, fracción II y 331, en relación con los diversos 13, 20, 21, fracción I y 94, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Ortega Lezama y María Teresa Alvarado Ortega; e, Impuso en su contra la medida cautelar de arraigo domiciliario, bajo el resguardo y cuidado de Andrés Mayoral Victoria, por todo el tiempo que dure el procedimiento, debiendo ejecutarse dicha medida en su domicilio y quedando bajo supervisión y custodia a cargo de los elementos de la policía estatal; por lo que la imputada no podrá salir de su domicilio, salvo que requiera atención médica, debiendo ir custodiada en todo momento por la referida policía. 5. Remitió las constancias con las que acreditó todo lo anterior. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa (en el domicilio procesal señalado en autos); electrónicamente a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista con cumplimiento. Intégrese a los autos el oficio 30373/2022/JC remitido por la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional, y para tal efecto, remite el registro audiovisual -contenido en un disco compacto en formato DVD- de la audiencia celebrada el treinta de julio pasado, en la carpeta judicial administrativa de origen. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y su correspondiente anexo, así como de los oficios 29730/2022/JC y 30016/2022/JC, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad encargada del cumplimiento. Atinente al disco que se anexa, guárdese en un sobre cerrado, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Notifíquese personalmente a la quejosa en el domicilio indicado en la demanda de amparo y por conducto de sus autorizados procesales en términos amplios (toda vez que del oficio de cuenta se desprende que la misma ya no se encuentra privada de su libertad personal en el Centro Penitenciario de Puebla); electrónicamente a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a la autoridad tercera interesada.
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