Verónica Gabriela Lara Mendoza
Expediente 820/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- VERÓNICA GABRIELA LARA MENDOZA y Otros.
- Verónica Gabriela Lara Mendoza
- ISMIR NOHEMÍ GUZMÁN VELASCO (DEFENSORA PARTICULAR) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista concedida mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, respecto del oficio remitido por el 1. Juez Municipal de lo Penal de Cuautlancingo, Puebla, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento establecido en dicho auto, por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Se advierte que la sentencia de amparo emitida el catorce de julio de dos mil dieciséis, en la que se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "(.) . 1. Deje insubsistente el acuerdo pronunciado el seis de mayo dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 39/2014 de su índice, en el que se fijaron los montos para que pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución. 2. Con plenitud de jurisdicción emita un nuevo proveído, en el que subsane la irregularidad cometida por cuanto hace a la indebida fundamentación y motivación, esto es: i) Establezca el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, primero, de manera aislada y, después, en su conjunto; y, ii) Determine el monto de la posible sanción pecuniaria atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. 3. Notifique ese nuevo acuerdo de manera personal a la quejosa. (.) Y, en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable 1. Juez Municipal de lo Penal de Cuautlancingo, Puebla remitió copia certificada de la determinación dictada el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 39/2014 de su índice (fojas 144 a 148), de la que se colige que realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el acuerdo pronunciado el seis de mayo dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 39/2014 de su índice, en el que se fijaron a Ismir Nohemí Guzmán Velasco los montos para que pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución - Con plenitud de jurisdicción emitió un nuevo proveído, en el que subsanó la irregularidad cometida por cuanto hace a la indebida fundamentación y motivación, pues al efecto determinó el monto de la caución atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que la inculpada manifestó al momento de rendir su declaración preparatoria, así como los antecedentes personales de aquélla. Pues al respecto expuso lo siguiente: "(.) A).- LIBERTAD CAUCIONAL por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, tomando en consideración los generales de la procesada consistentes en que se trata de una empleada, con casa propia, quien dijo ganar cien pesos diarios y que la sanción pecuniaria a la que se podría hacer acreedor (sic) la hoy procesada de acuerdo al numeral 299 de la ley adjetiva aplicable, es de uno a tres años de prisión, por lo que de acuerdo a una adecuada individualización de la pena, tomando en consideración que hasta este momento nos encontramos frente a un delincuente primario, por no existir al momento que demuestre lo contrario, ubicamos su peligrosidad entre los extremos mínimo y medio más cercano al primero, tomando en cuenta para la calificación de la peligrosidad, las circunstancias señaladas en los artículos 72, 74 y 75 del Código sustantivo de la materia, con las que hasta este momento se cuenta y que se han enunciado en los párrafos que anteceden; y toda vez que el juzgador goza de autonomía para imponer penas y de seguridad que estime justas, tomando en consideración los márgenes de punibilidad que para cada delito establezca la ley; la gravedad del ilícito de que se trate y el grado de culpabilidad del acusado, esto es así toda vez que la ley no fija denominaciones para regular el criterio del Juez, de ahí que esta deba ser especialmente cuidadoso con la expresión que se emplee para designar, el grado de peligrosidad del enjuiciado, sin perder de vista que acuerdo al principio de congruencia que rige toda resolución judicial, el quantum de la pena (cualquiera que sea esta), debe ser proporcional a dicho grado, para ello, la expresión empleada por el juzgador debe permitir determinar con congruencia, motivación y exhaustividad en cada caso en concreto, y debe tomar en cuenta el mínimo y máximo de la punibilidad del delito de que se trate, la correspondencia entre la pena concretamente impuesta y grado de peligrosidad del sentenciado; siendo posible establecer tales grados de peligrosidad y fijar las penas que les corresponden con el manejo del método siguiente: (.) (.) Por lo que en esa tesitura toda vez que hasta este momento la peligrosidad de la hoy acusada se ubica entre la mínima y la media en consideración a lo antes vertido, es por ello y atendiendo al numeral 299 de la ley sustantiva penal que establece como sanción mínima un año y máxima tres años, entonces el justo medio entre la mínima y la media corresponde a dos años de prisión, en ese contexto el término medio entre la pena mínima y la media arroja como pena de prisión un año seis meses, luego la sanción a imponer debe establecerse entre estos dos últimos parámetros y en esas condiciones fluctuando la posible pena a imponer entre el mínimo de un año y el punto intermedio entre la media y la mínima que es un año seis meses, se puede estimar justo una pena de 1 UN AÑO TRES MESES DE PRISIÓN; esto es un total de quince meses multiplicados por treinta días que contiene cada mes, nos dé como resultado 450 cuatrocientos cincuenta días, empero dadas las circunstancias de la enjuiciada, tenemos que se trata de primo delincuente, quien ha gozado de buena conducta toda vez que hasta este momento no ha demostrado que cuente con antecedentes de ingreso en ese centro penitenciario, y al no existir prueba alguna que desvirtúe esta presunción hasta este momento; aunado a las experiencias que han vivido en el presente juicio le permitirá disminuir la posibilidad de volver a delinquir en esta clase de ilícito, lo que nos lleva a la determinación de que se le pueda conceder, el beneficio de la conmutación de la pena por multa, a razón del 50% cincuenta por ciento, del salario que dijo ganar al momento de rendir su declaración como previenen los artículos 100 y 102 fracción II del Código de Defensa Social para el Estado, salario que en vía de preparatoria dijo ganar cien pesos diarios, por lo que al dividir $100.00 cien pesos entre dos, nos da como resultado $50.00 cincuenta pesos cero centavos, razón por la cual al multiplicar los 450 días por $50.00 pesos cero centavos nos da como resultado la cantidad de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos con cero centavos moneda nacional); por lo que en ese contexto, se le fija la cantidad de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos con cero centavos moneda nacional) por concepto de libertad caucional. (.)" (fojas 146 y 147) De lo anteriormente transcrito, se colige que la autoridad responsable fundó y motivó por qué señaló el monto de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos con cero centavos moneda nacional), por concepto de libertad caucional, tomando en cuenta la sanción pecuniaria que prevé el delito por el que se instruye la causa penal de origen y el salario que la quejosa dijo percibir al momento de declarar en preparatoria, así como los antecedentes personales de la inculpada. En consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente y toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, ya que en el presente asunto no existe razón para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; en consecuencia, devuélvansele el billete de depósito N769305 debidamente endosado a favor de la quejosa, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a doce horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes, en la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TRECERO INTERESADA CARLOS GOMEZ ORTEGA LA RESOLUCION DE VEINTIDOS DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el 1. Juez Municipal de lo Penal de Cuautlancingo, Puebla y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, pues al efecto remite copia certificada de la resolución de dieciocho de agosto del actual, dictada en el proceso 39/2014 de su índice. En consecuencia, con su contenido y anexo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo texto y rubro, dice lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIDOS DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el 1. Juez Municipal de lo Penal de Cuautlancingo, Puebla y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, pues al efecto remite copia certificada de la resolución de dieciocho de agosto del actual, dictada en el proceso 39/2014 de su índice. En consecuencia, con su contenido y anexo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo texto y rubro, dice lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase al 1. Juez Municipal de lo Penal de Cuautlancingo, Puebla pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues para tal efecto realiza lo siguiente: 1. Remite copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis dentro del proceso 39/2014 de su índice, mediante la cual deja insubsistente la diversa de seis de mayo y nueve de agosto de dos mil dieciséis, en la que se fijaron los montos para que la parte aquí quejosa pudiera gozar de su libertad bajo caución (acto reclamado); y dicta una nueva. 2. Y, determina el monto de la sanción pecuniaria atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. Del cual se advierte lo siguiente: "(.) A).- LIBERTAD CAUCIONAL por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, tomando en consideración los generales de la procesada consistentes en que se trata de una empleada, con casa propia, quien dijo ganar cien pesos diarios y que la sanción pecuniaria a la que se podría hacer acreedor (sic) la hoy procesada de acuerdo al numeral 299 de la ley adjetiva aplicable, es de uno a tres años de prisión, por lo que a través de una operación aritmética (media aritmética), la cual consiste en sumar la mínima con la máxima y dividirlo entre dos (1+3=4/2=2), nos da como pena de dos años de prisión, la cual podría ser reducida en términos del artículo 102 de la ley sustantiva aplicable, al cincuenta por ciento en atención que al momento de rendir su declaración preparatoria dijo percibir un salario determinado, por lo que al multiplicar el salario que dijo ganar ($100.00 m.n.) por el año a imponer (365 días), nos da un total de $36,500.00; por lo que en ese contexto, se le fija la cantidad de $36,500.00 (treinta y seis mil quinientos pesos con cero centavos moneda nacional) por concepto de libertad caucional. (.)" De lo anteriormente transcrito, se colige que la autoridad responsable fue omisa en fundar y motivar por qué señaló el monto de $36,000.00 (treinta y seis mil quinientos pesos, 00/100 M.N.), por concepto de libertad caucional, primero, porque no señala en qué precepto se basa para establecer la media aritmética de la pena de prisión que le correspondería a la aquí quejosa; y segundo, porque no precisa cómo fue que tomó como base los cien pesos diarios que dijo ganar la impetrante de amparo; si bien, en su determinación señala que ésta no dijo tener dependientes económicos, también lo es, que el resolutor no funda ni motiva por qué toma la totalidad de la suma que percibe en forma diaria la peticionaria de amparo para realizar el cálculo en los términos que lo hace, razón por la cual no cumple con lo señalado en la sentencia concesoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de Cuautlancingo, Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo ejecutoria de amparo realizando lo siguiente: Deberá dejar insubsistente las resoluciones de seis de mayo y la de dieciséis de agosto del actual, emitidas dentro de la causa penal 39/2014 de su índice. Deberá fundar y motivar en qué precepto se basó para establecer la media aritmética a que hace referencia en su determinación de dieciséis de agosto del actual; Fundar y motivar por qué tomó como base la totalidad de la suma que percibe en forma diaria la peticionaria de amparo para realizar el cálculo por concepto de su libertad personal; y, Deberá notificar a la quejosa la resolución que emita en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de tres de agosto de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de órden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta signado por Ismir Nohemí Guzmán Velasco, en su carácter de defensora de la quejosa Verónica Gabriela Lara Mendoza; y, en atención a su contenido, téngase a la ocursante realizando diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable 1. Juez Municipal Civil y Penal de Cuautlancingo, Puebla, a la ejecutoria de amparo. Al respecto, dígasele a la ocursante que se esté a lo acordado en párrafos precedentes
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