Verónica García Reyes

Expediente 972/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
972/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Verónica García Reyes
  • Argelia López Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el precepto 18 del acuerdo general en comento, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de enero de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en veintidós de mayo de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 50/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio STCCNO/748/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el amparo directo 972/2019, en la que concedió a Verónica, Manuel y Germán, todos de apellidos García Reyes, María Luisa Papalotzi Angulo y Estefanía García Sarmiento, la protección constitucional para los siguientes efectos (foja 106): a) Dejar insubsistente la sentencia reclamada y, b) Emitir otra en la que exponga los motivos de valoración de cada prueba y que obtiene de ellas, y con libertad de jurisdicción vuelva a resolver la controversia conforme a derecho corresponda". Para lograr una mejor explicación es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, la cual es del texto siguiente: Asiste razón a los quejosos cuando refieren que la sala responsable hizo una valoración deficiente de las pruebas aportadas por las partes. Ello, porque como como se advierte de la sentencia reclamada, el tribunal de alzada al asumir (sic) jurisdicción respecto de la litis natural, concluyó que del causal (sic) probatorio se obtenía que la servidumbre aducida por los actores constituía una vía pública, porque cuenta con servicios públicos, acceso libre de obstrucción, un poste de energía eléctrica, una lámpara de alumbrado público y las placas oficiales que indican su nominación, así como una guardería de SEDESOL. Sin embargo, la sala para arribar a la conclusión anterior, no hizo alusión de manera particular a cada una de las pruebas ofrecidas en el juicio, ni expuso las razones por las cuales estimaba que con ellas quedó acreditado que la servidumbre ahora se trata de una calle. Al respecto, no se inadvierte que en el fallo reclamado la sala hizo referencia a las pruebas de los actores, como lo fueron las escrituras públicas correspondientes, tres solicitudes de permiso municipal de conexión al servicio de drenaje, inspección judicial, periciales en agrimensura, confesionales y declaraciones de parte de los demandados y testimonial; asimismo, aludió a los medios de convicción de los reos, tales como las copias certificadas de la escritura pública 9685, de la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del aviso de registro de obra, del permiso de construcción y del acta de hechos; además de veinte impresiones fotográficas, un croquis de ubicación, cartografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, inspección judicial, testimonial, periciales en agrimensura, confesionales y declaraciones de parte de los actores. Sin embargo, para determinar que la servidumbre se trataba de una vía pública, dicho tribunal sólo dijo que contaba con servicios públicos, acceso libre de obstrucción, un poste de energía eléctrica, una lámpara de alumbrado público y las placas oficiales que indican su nominación, así como una guardería de SEDESOL; por tanto, el fallo reclamado se estima ilegal, dado que la responsable no hizo juicio de valor alguno relacionado con las pruebas que obran en autos del sumario natural. En virtud de lo anterior, la sala deberá pronunciarse de nuevo atendiendo el caudal probatorio aportado por las partes, a fin de establecer por qué quedó acreditado que la servidumbre de paso actualmente se trata de una vía pública. En conclusión, la sala tuvo el deber de fundar y motivar la determinación adoptada en cuanto a que la servidumbre de paso ahora es una calle; lo anterior, desde luego analizado y valorando todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, para que desde un enfoque global y concatenadas entre sí pueda obtener elementos objetivos que la auxilien en la decisión adoptada. Consecuentemente, la omisión apuntada infringió la garantía de fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 constitucional, por ende, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos que se precisan a continuación." Este órgano colegiado, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte tuvo por recibido el oficio 942/2020, del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 972/2019, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 200/2019, así como el expediente 543/2017; y, con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 129). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 298), realizando manifestaciones la primera de las mencionadas (foja 312). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que, en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 135). Posteriormente, dictó una nueva sentencia el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la que determinó que son fundados los agravios del recurso de apelación, reasumió jurisdicción, se ocupó del estudio de la acción negatoria que hicieron valer los actores y al respecto confirmó la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción negatoria, pero con base en las consideraciones que la responsable estimó correctas. Mediante resolución de siete de junio de dos mil veintiuno el Presidente de este tribunal declaró cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo (fojas 190 a 211). Inconformes con la resolución anterior, los quejosos Verónica, Manuel y Germán, todos de apellidos García Reyes, Estefanía García Sarmiento, por propio derecho y Leticia Palma Papalotzi Angulo, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de María Luisa Papalotzi Angulo, interpusieron recurso de inconformidad ante este órgano colegiado, el cual fue registrado bajo el número 18/2021, mismo que fue resuelto en sesión plenaria de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se determinó que dicho recurso resultó fundado. Es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de mérito con base en la cual se llegó a la conclusión de que son fundados los motivos de inconformidad expuestos por la parte recurrente, misma que es del texto siguiente (fojas 249 a 253): En el resto de los motivos de inconformidad los recurrentes sostienen que les causa agravio la determinación recurrida, por el hecho de haber tenido por cumplida la ejecutoria de amparo, cuando ésta no quedó debidamente cumplimentada, por las razones siguientes: a) La Sala responsable en ningún momento expresó qué obtuvo de las pruebas documentales ofrecidas por los demandados, consistentes en: Copia certificada de la inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta. Copia certificada del aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres. Copia certificada del permiso de construcción de tres de mayo de mil diecisiete, expedido por la Presidenta de la Colonia Industrial del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Croquis de ubicación. b) Respecto de los primeros tres documentos la responsable sólo adujo que tienen pleno valor probatorio conforme al artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, mientras que del último refirió que tiene valor convictivo conforme al precepto 435 del mismo ordenamiento legal, pero sin que al respecto haya mencionado qué obtuvo de todas y cada uno de los documentos mencionadas, resultando deficiente el cumplimiento. c) Del acta de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete, levantada ante la Presidenta de Comunidad de la Colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, se advierten los actos perturbatorios llevados a cabo por Alejandro López Huerta al haber retirado en compañía de dos personas del sexo masculino, la malla ciclónica colocada por los ahora recurrentes en una parte de la servidumbre de paso que da acceso a los predios de su propiedad, hechos sobre los cuales la responsable no se pronunció, haciendo patente el incumplimiento de la ejecutoria de amparo al dejar de señalar todos y cada uno de los hechos que se obtienen con motivo de la valoración de dicho medio de convicción. d) Si bien se concedió a la Sala responsable libertad de jurisdicción, también se le ordenó que emitiera otra sentencia en la que expusiera los motivos de valoración de cada prueba y qué obtiene de ellas, lo que no hace correctamente la responsable, pues, en relación a la prueba documental exhibida por los demandados, consistente en la inscripción de las Empresas en el Seguro de Riesgo de Trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta; la copia certificada de un aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres y la copia certificada del permiso de construcción de tres de mayo de dos mil diecisiete expedido por la Presidenta de la colonia Industrial del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, la Sala responsable les concede valor probatorio, pero no menciona qué obtiene de ellas. De lo anterior se advierte que los inconformes refieren que, contrario a lo sostenido en la resolución recurrida, la ejecutoria de amparo no está cumplida, porque la autoridad responsable omitió precisar qué obtenía de los documentos consistentes en copias certificadas de la inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta, aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, permiso de construcción de tres de mayo de mil diecisiete, expedido por la Presidenta de la Colonia Industrial del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, así como de un croquis de ubicación y del acta de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete, levantada ante la Presidenta de Comunidad de la Colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala. Para dar respuesta a los anteriores agravios es importante precisar que en la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación con las pruebas referidas en el párrafo que antecede, la Sala responsable sostuvo lo siguiente: "(.) Los demandados, Argelia López Ramos y Alejandro López Huerta, ofrecieron los medios de prueba siguientes: 2. Copia certificada de la inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres, a nombre de Alejandro López Huerta; con pleno valor probatorio conforme al artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles. 3. Copia certificada de un aviso de registro de obra, de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres; con pleno valor probatorio conforme al artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles. 4. Copia certificada del permiso de construcción, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, expedido por la Presidenta de la Colonia Industrial del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, con pleno valor probatorio conforme al artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles. 5. Copia certificada del acta de hechos, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, levantada ante la presidenta de Comunicada de la Colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, respecto de los hechos ocurridos en esa fecha; con valor probatorio en términos del artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles (.)" -fojas 161 vuelta y 162 del expediente de amparo-. De lo anterior se advierte que en la referida sentencia la autoridad responsable únicamente adujo que los mencionados medios de prueba tenían valor probatorio en términos del artículo 431 del código adjetivo civil local. Al respecto, resulta importante destacar que los recurrentes, al desahogar la vista que se les dio con el referido cumplimiento, manifestaron que con tal proceder la responsable incumplió la ejecutoria de amparo, porque no expuso qué es lo que obtenía de las pruebas ya mencionadas; tal argumento fue desestimado en el auto recurrido por las razones siguientes: "(.) De la propia manera, se advierte que en relación a las documentales exhibidas por los demandados, mismas a las que se refiere la impetrante en el anterior motivo de inconformidad, la Sala expuso que la copia certificada de la inscripción de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta, la copia certificada de un aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres y la copia certificada del permiso de construcción de tres de mayo de dos mil diecisiete expedido por la Presidenta de la colonia Industrial del municipio de Chiautempan, Tlaxcala tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. De ahí lo infundado de lo manifestado por la quejosa (.)" -fojas 207 y 208 vuelta del expediente de amparo-. Lo anteriormente transcrito revela lo fundado de los agravios aquí analizados. Se afirma lo anterior porque, como se precisó en párrafos que anteceden, uno de los efectos de la ejecutoria de amparo era que la autoridad responsable expusiera los motivos de valoración y qué obtenía de cada una de las pruebas aportadas por las partes para que, con libertad de jurisdicción, desde un enfoque global concatenado de dichos medos de convicción, resolviera lo que en derecho procediera en relación con la acción ejercida. Incluso en la propia ejecutoria de amparo se precisó que: "(.) no se inadvierte que en el fallo reclamado la sala (.) aludió a los medios de convicción de los reos, tales como (.) la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del aviso de registro de obra, del permiso de construcción y del acta de hechos; además de (.) un croquis de ubicación (.). Sin embargo, para determinar que la servidumbre se trataba de una vía pública, dicho tribunal sólo dijo que contaba con servicios públicos, acceso libre de obstrucción, un poste de energía eléctrica, una lámpara de alumbrado público y las placas oficiales que indican su nominación, así como una guardería de SEDESOL; por tanto, el fallo reclamado se estima ilegal, dado que la responsable no hizo juicio de valor alguno relacionado con las pruebas que obran en autos del sumario natural (.)". Conforme a lo expuesto, la Sala responsable estaba constreñida a realizar un juicio de valor en relación con las copias certificadas de la inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta, aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, permiso de construcción de tres de mayo de mil diecisiete, expedido por la Presidenta de la colonia Industrial del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, así como de un croquis de ubicación y del acta de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete, levantada ante la Presidenta de Comunidad de la colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala; para lo cual debió exponer los motivos de dicha valoración y qué obtenía de cada una de las mencionadas pruebas, lo que en el caso no aconteció, pues la responsable se limitó sólo a darles valor probatorio en términos del artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, no obstante que en la ejecutoria de amparo se hizo referencia directa a que, en el acto reclamado y en relación con esas pruebas en específico la Sala no había realizado un juicio de valor, lo que incluso motivó la concesión del amparo solicitado. En ese sentido, el hecho de que la responsable haya otorgado valor probatorio a los medios de convicción referidos en el párrafo que antecede, con tal pronunciamiento no puede considerarse satisfecha la obligación impuesta en la sentencia de amparo, pues, en ésta se constriñó, se insiste, a expresar los motivos de valoración y qué se obtenía específicamente de dichos medios de prueba para que, desde un enfoque global y concatenadas entre sí con el resto del material probatorio, pudiera obtener elementos objetivos para sustentar la decisión adoptada. De ahí que, como se adelantó, resultan fundados los agravios anteriormente analizados. En mérito de lo anterior, al no poder considerarse que la sentencia de amparo haya sido acatada en sus términos; por ende, resulta fundado este recurso, en el entendido que el cumplimiento deberá requerirse en los términos puntualizados en este fallo. Con base en lo anterior se requirió a la responsable para que dejara insubsistente la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte y, en su lugar, dictara otra en el cual acatara los lineamientos del fallo protector. La Sala responsable en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la aludida sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 259). Posteriormente, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno dictó una nueva sentencia en la que realizó lo siguiente: Primero destacó cada a una de las pruebas ofrecidas por los actores y al respecto expuso: 1. Escritura pública 90, volumen 221, de veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, pasada ante la fe del Notario Público número uno del Distrito Judicial de Hidalgo, relativa a la disolución de copropiedad del terreno denominado "El Chorro", ubicado en la población de Santa María Ixtulco, Tlaxcala, se obtiene que Ana Reyes Gutiérrez se adjudicó el inmueble que luego adquirieron los recurrentes (fojas 275 y vuelta). 2. Copia certificada de la escritura pública 21801, libro 244, de veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, relativa a la compraventa de la totalidad de la tercera fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Damián García Reyes y esposa María Pérez Rivera, en favor de Verónica García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número uno del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, de la que se obtiene la propiedad del inmueble en favor de su titular; asimismo, que por el lado poniente colinda con propiedad de Simón Macías Carreón y servidumbre de paso de 3.00 metros de ancho por 49.50 metros de largo (foja 259 vuelta). 3. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la cuarta fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicada en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgada por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Verónica García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número 1, del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, de la cual se advierte la propiedad del inmueble a favor de su titular (foja 276). 4. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado del instrumento notarial 8469, volumen 103, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la escritura de rectificación de medidas de la fracción de terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a Favor de María Luisa Papalotzi Angulo, de la cual se obtiene la propiedad del inmueble a favor de su titular (foja 276 vuelta). 5. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos de Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de diecinueve de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la primera fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Manuel García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, de la cual se obtiene la propiedad del inmueble favor de su titular (fojas 276 vuelta y 277). 6. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos de Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de diecinueve de noviembre mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la primera fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Verónica García Reyes, quien compró para la menor Estefanía García Sarmiento, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, de la cual se obtiene la propiedad del inmueble favor de su titular (fojas 277 y vuelta). 7. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos de Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de diecinueve de noviembre mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la primera fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Germán García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, de la cual se obtiene la propiedad del inmueble favor de su titular (fojas 277 vuelta y 278). 8. Tres solicitudes de permiso municipal con conexión al servicio de drenaje realizados por Verónica García Reyes, María Luisa Papalotzi Angulo y Germán García Reyes el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos ante la Dirección de Obras Públicas Municipales de Chiautempan, Tlaxcala, respecto de los inmuebles ubicados en Privada Arboledas, número dos seis y uno, del colonia Industrial de dicho municipio, con los cuales se acredita que los actores solicitaron desde el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos se conectaran al servicio de drenaje (foja 278). 9. Copia certificada del instrumento público 9685, libro 113, de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, relativa a la escritura pública del contrato de compraventa de la segunda fracción del lote tres B, de lo que fue la Granja Avícola La Luz, hoy colonia Los Pinos, del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, otorgada por Piedad Huerta López en favor de Alejandro López Huerta, quien adquiere para su menor hija Argelia López Ramos, reservándose el usufructo vitalicio, de la cual se obtiene la propiedad del inmueble a favor de sus titularles (fojas 278 y vuelta). 10. Inspección judicial de la cual se obtiene que la servidumbre de referencia tiene una placa que dice "PRIV. ARBOLEDAS PRESIDENCIA MUNICIPAL. SANTA ANA CHIAUTEMPAN. C.P. 9080 H. AYUNTAMIENTO 2002, 2005"; que la salida de los predios de los actores a la vía pública es por dicha servidumbre, actualmente Privada Arboledas; que la propiedad de Argelia López Ramos por el lado sur colinda con carretera Santa Ana Tlaxcala, actualmente prolongación Antonio Díaz Varela, que por esta colindancia tiene entrada y salida directa, no se encuentra enclavado entre otros predios ajenos, tiene tres accesorias comerciales, que en una de éstas tiene una rampa para entrada y salida para vehículos, que de la barda de ladrillo propiedad de la demandada Argelia López Ramos se encuentra a la vista un zaguán de color oro claro, para adentro cincuenta centímetros y de largo cuatro metros por dos metros cincuenta y seis centímetros (fojas 278 vuelta a 280). 11. Pericial en agrimensura a cargo del perito designado por la parte actora, de la cual se desprende que la propiedad de la demandada Argelia López Ramos cuenta con acceso del lado poniente a través de la Privada Arboledas y del lado sur con prolongación Antonio Díaz Varela, por encontrarse en un lugar que tiene la esquina (foja 280). 12. Dictamen a cargo del perito tercero en discordia nombrado del cual se obtiene que el paso en cuestión tiene características de servidumbre de paso y que los demandados tienen acceso a su predio por el lado sur que da a la vía pública que es la carreta Santa Ana-Tlaxcala, actualmente prolongación Antonio Díaz Varela (fojas 280 y vuelta). 13. Dictamen del perito de la parte demandada del cual se obtiene que el paso en cuestión es salida a una vía pública (fojas 280 vuelta y 281). 14. Confesional a cargo de Argelia López Ramos la cual resulta ineficaz para justificar lo expuesto por los actores, pues la forma en que absolvieron las posiciones no perjudica al absolvente (fojas 281 y vuelta). 15. Confesional a cargo de Alejandro López Huerta, la cual resulta ineficaz para justificar lo expuesto por los actores, pues negó tener acceso por el lado sur del inmueble en el que están constituidas tres accesorias, y si bien reconoció que colocó un zaguán por el lado poniente de su propiedad es con la finalidad de que, a través de ese acceso, que es una servidumbre de paso, entre y salga a la vía pública (fojas 281 vuelta a 283). 16. Declaración de parte a cargo de Argelia López Ramos, la cual por la forma en que se desahogó no perjudica a la declarante, por tanto, resulta ineficaz para las pretensiones de los actores (fojas 283 y vuelta). 17. Declaración de parte a cargo de Alejandro López Huerta, prueba que adquiere valor probatorio, pues el declarante refirió que la finalidad de colocar el zaguán es para entrar y salir por éste, pasar por la servidumbre de paso y salir a la vía pública, incluso, que el día doce de junio de dos mil diecisiete, en compañía de dos personas del sexo masculino, quitó la malla ciclónica colocada por los declarantes (fojas 283 vuelta a 284 vuelta). 18. Testimonial a cargo de María Ignacia Saldaña Atriano y José Cruz Hernández Hernández, prueba que no aprovecha a las pretensiones de los actores, ya que de su testimonio no se desprende que hubieran presenciado algún momento en el que los demandados hicieron uso de la servidumbre de paso o que realizaron actos perturbatorios que impidieran a los actores el acceso por dicha servidumbre (fojas 284 vuelta a 285 vuelta). Enseguida, la responsable puntualizó cuáles son las pruebas ofrecidas por los demandados y al respecto expuso: 1. Copia certificada del instrumento notarial 9685, libro 113, de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, a cargo de la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala, relativa a la Escritura Pública del Contrato de Compraventa de la Segunda Fracción del lote Tres B, de lo que fue la Granja Avícola La Luz, hoy colonia Los Pinos, del Municipio de Chiuatempan, Tlaxcala, otorgada por Piedad Huerta de López en favor de Alejandro López Huerta, quien adquiere para su menor hija Argelia López Ramos, reservándose el usufructo vitalicio, de donde se obtiene la titularidad del inmueble de referencia (fojas 286 vuelta y 287). 2. Documentales consistentes en: Copia certificada de la inscripción de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta, con la cual quedó justificado que dicho demandado dio de alta a los albañiles que realizarían trabajos de construcción, como lo son colados de cadena, castillos, levantamiento de muros y losa en carretera Tlaxcala-Santa Ana, kilómetro 3.5, Chisutempan, Tlaxcala (foja 287). Copia certificada de un aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, con la cual se demostró que Alejandro López Huerta construiría tres locales en carretera Tlaxcala-Santa Ana, kilómetro 3.5, Chiautempan, Tlaxcala, en el cual consta como fecha de inicio de obra el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres, y como fecha probable de terminación el tres de marzo de mil novecientos noventa y tres (fojas 287 y vuelta). Copia certificada del permiso de construcción de tres de mayo de dos mil diecisiete expedido por la Presidenta de la Colonia Industrial del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, con la cual se comprobó que se solicitó permiso de construcción con una dimensión de 2.5 X 2.5 metros cuadrados y la colocación de un zaguán de cuatro metros, diez centímetros de ancho, por dos metros cincuenta centímetros de alto, para efectuarse en privada arboledas, sin número, colonia Industrial, municipio de Chiautempan (foja 287 vuelta). Copia certificada del acta de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete elaborada por la Presidenta de Comunidad de la Colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, con la cual se acreditó que Alejandro López Huerta, por decisión propia y auxiliado por dos personas quitaron la malla ciclónica que fue colocada el tres de junio, toda vez que al llegar a su domicilio la chapa de acceso a su predio se encontraba llena de pegamento y no pudo introducir la llave para acceder a su domicilio, malla que resultó ser propiedad de Verónica García Reyes, misma que quedó en resguardo de la Presidenta de Comunidad de la Colonia Industrial, Chiautempan, Tlaxcala (fojas 287 vuelta y 288). La responsable otorgó a las referidas documentales valor probatorio pleno en términos del artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 3. Veinte impresiones fotográficas de las que se advierte que en la Privada Arboledas existen servicios públicos de luz, teléfono y alumbrado público, así como de recolección de basura y una guardería de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que se advierte de los postes y cables que se aprecian a lo largo de la privada, incluyendo el anuncio que está pintado en la barda de una casa que dice: "SEDESOL-GUARDERÍA" (foja 288). 4. Un croquis de ubicación con valor probatorio conforme al artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, con el cual se evidenció que los inmuebles propiedad de los actores se encuentran enclavados y que la servidumbre de paso de las fracciones del predio "el Chorro" es la única salida hacia prolongación Díaz Varela y que los demandados Alejandro López Huerta y Argelia López Ramos, tienen acceso a la vía pública por prolongación Díaz Varela (foja 288). Cabe destacar que, como se observa, la responsable en la nueva sentencia expuso cuáles son los elementos que obtuvo de las documentales consistentes en copia certificada de la inscripción de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta, copia certificada de un aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, copia certificada del permiso de construcción de tres de mayo de dos mil diecisiete expedido por la Presidenta de la Colonia Industrial del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, copia certificada del acta de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete elaborada por la Presidenta de Comunidad de la Colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, así como respecto de un croquis de ubicación, mismas que fueron ofrecidas por la parte demandada, con lo cual dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, tal como se le requirió en la resolución emitida en el recurso de inconformidad 18/2021. 5. Cartografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con valor probatorio conforme al artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala de la cual se obtiene que el paso controvertido está contemplado como Privada Arboledas (foja 288 vuelta). 6. Inspección judicial con la que se justifica que la Privada Arboledas, esquina con prolongación Antonio Díaz Varela, colonia Industrial, Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, antes colonia Los Pinos, se encuentra libre de obstrucción en cuanto a su acceso vehicular, peatonal y servicios públicos y que el zaguán que colocaron los demandados está dentro de los límites de su propiedad y de ninguna manera obstruye el libre tránsito (fojas 288 vuelta y 289). 7. Testimonial a cargo de Federico Martínez Santos y José Alfonso Martínez Aguirre, de la cual se obtiene que el zaguán que colocaron sus oferentes de ninguna manera obstruye el paso vehicular ni peatonal de la Privada Arboledas de la Colonia Industrial de Santa Ana Chiautempan (fojas 289 y vuelta). 8. Pericial en materia de agrimensura a cargo del perito designado por la demandada de la cual se obtiene que en el paso en cuestión la autoridad colocó una placa con el nombre de Privada Arboledas y que al fondo opera una instancia pública de la Secretaría de Desarrollo Social (fojas 289 vuelta y 290). 9. Pericial en agrimensura a cargo del perito designado por la parte actora, de la cual se obtiene que la servidumbre o Privada Arboledas es la única que da acceso a los predios de los actores y que el portón colocado por los demandados no impide el libre tránsito vehicular y peatonal o de servicios públicos (fojas 290 y vuelta). 10. Dictamen emitido por el perito tercero en discordia, quien concluyó que la servidumbre de paso es para uso exclusivo de los actores y que el portón colocado por los demandados no puede ser utilizado para acceder a dicha servidumbre (fojas 290 vuelta y 291). 11. Confesionales a cargo de Verónica García Reyes, María Luisa Papalotzi Angulo, Manuel García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Germán García Reyes de las cuales se obtiene que el acceso a los domicilios de los actores es por la servidumbre de paso y que ahora se reconoce como Privada Arboledas y además no existe obstrucción para acceder (fojas 291 y vuelta). 12. Declaración de parte a cargo de Verónica García Reyes, de la cual se obtiene que la Privada Arboledas es una vía pública porque es utilizada por niñas, niños, padres y madres que acuden a la guardería pública de la Secretaría de Desarrollo Social (fojas 291 vuelta y 292). 13. Respecto a la declaración de parte a cargo de los demás actores María Luisa Papalotzi Angulo al responder la pregunta ocho afirmó que en la Privada Arboledas existe una guardería privada; Manuel García Reyes al contestar la pregunta diez señaló que en la Privada Arboledas existe una guardería particular; Estefanía García Sarmiento al contestar la pregunta ocho refirió que en la Privada Arboledas existe una guardería particular; y Germán García Reyes respondió a la misma pregunta ocho que en la citada Privada Arboledas existe una guardería particular; declaraciones que perjudican a sus autores en virtud de que reconocen que la Privada Arboledas sirve de tránsito peatonal o vehicular para llegar a la guardería, y no sólo por los actores quienes tienen los predios enclavados, ello pese que sostuvieron que se trata de una guardería privada, pues ese hecho en nada beneficia su declaración (fojas 291 y vuelta). Una vez que la responsable hizo alusión a las pruebas ofrecidas por las partes expuso lo siguiente (fojas 292 vuelta a 295 vuelta): 1) De las copias certificadas de las escrituras exhibidas por las partes se advierte que los inmuebles propiedad de los actores colindan del lado poniente con una servidumbre de paso de tres metros, y si bien en la escritura de los demandados no se hizo constar esta cuestión, tampoco en el instrumento de compraventa a nombre de Germán García Reyes, no obstante que del dictamen del perito nombrado por la parte actora y de la inspección judicial se evidenció que los predios de estas partes también colindan con la servidumbre de paso denominada Privada Arboledas. 2) De los dictámenes de los peritos se advierte como elemento en común que el portón instalado por los demandados se encuentra en su propiedad, que éste colinda con la servidumbre de paso, que ese bien no está enclavado entre los predios de los actores, que colinda por el lado sur con la vía pública que es la carretera Santa Ana-Tlaxcala, tal como se evidencia con el croquis ilustrativo realizado por el perito de la parte y con la fotografía satelital agregada por el perito tercero en discordia, de lo que se aprecia que el predio de la parte demandada colinda por el lado poniente con la servidumbre de paso de los actores. 3) Si bien en la escritura del actor Germán García Reyes y en la de los demandados no consta que linden con la servidumbre de paso, lo cierto es que, de los planos ilustrativos, fotografías satelitales y croquis utilizados por los peritos se aprecia que dicha servidumbre abarca desde e inmueble de los demandados, pasando por el mencionado Germán García Reyes hasta topar con el predio de María Luisa Papalotzi Angulo. 4) De la inspección se desprende que la servidumbre de paso constituida a favor de los actores actualmente es conocido como Privada Arboledas, según la placa que se ubica del lado poniente del inmueble propiedad de los demandados y que al haberse al haberse colocado una guardería en uno de los predios propiedad de los actores se desprende que la servidumbre de paso sirve de tránsito peatonal, incluso vehicular para acceder al inmueble en el que se otorga ese servicio. 5) De las pruebas aportadas por los actores se concluye que a la servidumbre aducida por éstos actualmente se le conoce como Privada Arboledas, de la colonia Industrial, de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, que esa vía cuenta con servicios públicos como es la conexión de drenaje, pues así lo acreditaron los actores, que sirve de tránsito peatonal vehicular para éstos y para quienes requieran de los servicios de la guardería, además cuenta con un poste de energía eléctrica una lámpara de alumbrado público y en ambos costados de la entrada de la privada. 6) Es pertinente indicar que el mencionado paso cuenta con placas públicas municipales en las que se indica que es una privada y está denominada como "Arboledas", en tanto que el artículo 33, fracción XXIII, de la Ley Municipal dispone que los nombres de las calles en las poblaciones es facultad exclusiva del Ayuntamiento, debiendo ser aprobada por el Cabildo, previa propuesta de la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte con la opinión del Cronista Municipal; asimismo, de acuerdo a los dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala se considerará vía pública a cualquier predio que aloje la red de un servicio público de infraestructura. 7) Lo anterior cobra relevancia si se considera que los actores acreditaron solicitar la instalación del servicio de drenaje, que del dictamen del perito nombrado por la parte actora se desprende que en la conclusión dos refirió que los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje con los que cuentan los predios están conectados por la servidumbre de paso o Privada Arboledas, pues es la única vía que tiene acceso a dichos predios; en efecto si bien la denominada Privada Arboledas no establece la red de servicios sí están incorporados a lo largo de la calle y, por tanto, en estricto sentido se considera vía pública. 8) Si bien los demandados no requieren de la servidumbre de paso para acceder a la vía pública, actualmente calle Díaz Varela, al colindar el inmueble de su propiedad con la servidumbre que sirve a los actores de tránsito peatonal y vehicular sí pueden hacer uso de ésta sólo para acceder a la parte posterior de su predio, en el entendido que el zaguán colocado al momento de abrirse o cerrarse no deberá obstaculizar el paso peatonal o vehicular de quienes acceden a los predios de los actores, incluyendo la puerta que sirve de acceso individual y que también se colocó en el lado poniente del predio de los demandados. 9) La servidumbre legal de paso sólo se constituye para los predios enclavados, como es el caso de los inmuebles de los actores, pero no para aquellos que sí tienen acceso a la vía pública, circunstancia en la que se encuentran los inmuebles de los demandados, entonces, al colindar este predio con el paso controvertido el cual ha servido de tránsito peatonal, incluso vehicular, al resultar el primer inmueble el que al momento en que adquirieron los actores sus predios ya estaba determinada la servidumbre, pues sólo así podrían tener acceso a la vía pública, si bien ésta no consta en la escritura de los demandados, ello no implica su inexistencia, pues basta apreciar el croquis ilustrativo y la imagen satelital exhibida por los peritos para determinar que es improcedente la acción, en virtud de que el objeto de la misma es, entre otros supuestos, la declaratoria de que el inmueble propiedad de los demandados esté libre de servidumbre, lo cual, de resultar cierto, en nada beneficia a los actores, pues al colindar el predio de los demandados con la calle también tienen derecho a hacer uso de ésta para poder acceder a dicho inmueble. Como se observa de esa parte considerativa, la responsable en la nueva sentencia expuso cuáles son los elementos que obtuvo de cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, así como las consideraciones que sustentan la valoración que hizo de las pruebas aportadas por la parte actora y los motivos con base en los cuales llegó a la conclusión de que es procedente confirmar la sentencia recurrida que declaró improcedente la acción negatoria. Enseguida se examinan las manifestaciones de la parte quejosa mediante las cuales, en esencia, argumenta que la responsable incurrió en defecto al pretender dar cumplimiento al fallo protector, pues al respecto aduce que la Sala responsable no expuso los motivos de valoración ni tampoco qué obtuvo de las pruebas consistentes en: Copia certificada de la inscripción de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres. Aviso de registro de obra fechado el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres. Permiso de construcción de tres de mayo de dos mi diecisiete. Actas de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete. Croquis de ubicación. En relación a estos motivos de inconformidad debe reiterarse lo ya expuesto en esta resolución en el sentido de que la responsable en la nueva sentencia expuso cuáles son los elementos que obtuvo de las documentales consistentes en copia certificada de la inscripción de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a nombre de Alejandro López Huerta, copia certificada de un aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, copia certificada del permiso de construcción de tres de mayo de dos mil diecisiete expedido por la Presidenta de la colonia Industrial del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, copia certificada del acta de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete elaborada por la Presidenta de Comunidad de la colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, así como respecto de un croquis de ubicación, mismas que fueron ofrecidas por la parte demandada, con lo cual dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, tal como se le requirió en la resolución emitida en el recurso de inconformidad 18/2021. De ahí lo infundado del anterior planteamiento. En otra parte de su escrito la parte impetrante expone lo siguiente: a) No le asiste razón a la autoridad responsable cuando afirma que la servidumbre de paso que da acceso a la propiedad de los quejosos se trata de una vía pública, toda vez que de la documental consistente en copia certificada de la inscripción de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres sólo demuestra que Alejandro López Huerta dio de alta a dos albañiles ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar trabajos de construcción en el inmueble ubicado en carretera Tlaxcala-Santa Ana, kilómetro 1.5, Chiautempan, Tlaxcala, actualmente prolongación Díaz Varela. b) La documental consistente en aviso de registro de obra de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres lo único que acredita es que en el predio ubicado en carretera Tlaxcala-Santa Ana, actualmente prolongación Díaz Varela, propiedad de Argelia López Ramos se encuentran construidas tres accesorias comerciales, incluso una de ellas tiene una rampa para entrada y salida de vehículos, por donde los demandados tienen acceso a su predio, siendo independiente de la servidumbre legal de paso que da acceso al predio de los quejosos. c) Lo anterior se demostró con las pruebas consistentes en inspección judicial, el dictamen emitido por el perito nombrado por los actores, el diverso dictamen del experto tercero en discordia, confesional a cargo de Argelia López Ramos y Alejandro López Huerta quienes confesaron que por el lado sur del predio propiedad de Argelia López Ramos no se encuentran construidas tres accesorias y con las testimonial a cargo de María Ignacia Saldaña Atriano y José Cruz Hernández Hernández. d) Con dichas pruebas quedó demostrado que el predio de Argelia López Ramos no se encuentra enclavado en otros predios ajenos, ello al tener acceso inmediato por la carretera Tlaxcala-Santa Ana, actualmente prolongación Díaz Varela, y que la servidumbre legal de paso sólo da acceso a los predios propiedad de los quejosos, pero no es una vía pública, como indebidamente los considera la Sala responsable. e) El permiso de construcción de tres de mayo de dos mil diecisiete expedido por la Presidenta de Comunidad de la colonia Industrial de Chiuatempan, Tlaxcala, sólo contiene una declaración unilateral de la voluntad con la cual se demostró que Alejandro López Huerta solicitó permiso para realizar una construcción con dimensión de 2.5 X 2.5 metros cuadrados, así como la colocación de un zaguán de cuatro metros, diez centímetros de ancho, por dos metros cincuenta centímetros de alto, ello en Privada Arboledas, sin número, colonia Industrial, municipio de Chiautempan, Tlaxcala; pero el anterior medio de prueba aun concatenado con los demás medios de convicción se acredita que la servidumbre de paso que da acceso al predio propiedad de los quejosos sea una vía pública; luego, el referido zaguán se encuentra colocado dentro de la propiedad de Argelia López Ramos mas no en el domicilio al que refiere la citada documental. f) En lo que concierne a la copia certificada del acta de hechos de doce de junio de dos mil diecisiete elaborada por la Presidenta de Comunidad de la colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, como lo asume la responsable, se acreditó que Alejandro López Huerta, auxiliado por dos personas, quitaron la malla ciclónica que fue colocada el tres de junio de dos mil diecisiete, lo cual corrobora los actos perturbatorios que el mencionado Alejandro López Huerta llevó a cabo, lo cual dio origen a que los quejosos entablaran la acción negatoria en contra de Argelia López y Alejandro López Huerta respecto de la servidumbre de paso, no obstante la responsable resta valor probatorio a la referida documental. g) La sala al analizar la documental exhibida por la parte demandada consistente en un croquis de ubicación reconoce que los inmuebles propiedad de los actores se encuentran enclavados, pero reconoce la existencia de la servidumbre de paso de las fracciones del predio denominado "El Chorro" y que es la única salida a la calle Prolongación Antonio Díaz Varela; lo anterior se corrobora con la inspección judicial, el dictamen emitido por el perito nombrado por los actores, el diverso dictamen del experto tercero en discordia, confesional a cargo de Argelia López Ramos y Alejandro López Huerta y con las testimonial a cargo de María Ignacia Saldaña Atriano y José Cruz Hernández Hernández. h) Por tanto, la responsable debió declarar procedente la acción negatoria. De los anteriores argumentos se advierte que la parte quejosa, en esencia, atribuye a la responsable haber realizado una inexacta valoración de pruebas, pues trata de evidenciar que dichos medios de convicción son aptos para acreditar la acción intentada. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el caso se concedió el amparo a la parte quejosa para que la responsable subsanara un vicio de carácter formal, esto es, para que dejara insubsistente la sentencia reclamada, emitiera otra en la que expusiera los motivos de valoración de cada prueba y qué obtiene de ellas y, con libertad de jurisdicción, volviera a resolver la controversia conforme a derecho correspondiera. En ese contexto, los argumentos expuestos por la quejosa en el sentido de que la responsable realizó una incorrecta valoración de las referidas pruebas y que por ello quedó demostrada la acción intentada son tendentes a controvertir aspectos de fondo, mismos que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, por virtud de la cual la responsable sólo quedó constreñida a subsanar la violación formal en que incurrió, por tanto, no pueden ser analizados en esta resolución, en la que únicamente es dable examinar el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. De ahí que los planteamientos de la parte impetrante resultan novedosos y sólo pueden ser materia de examen en un diverso juicio de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." De lo anterior se concluye que, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a diez de enero de dos mil veintidós. ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a diez de enero de dos mil veintidós. ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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