Verónica García Reyes y Otros.
Expediente 776/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 13/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Verónica García Reyes y Otros.
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
- Verónica García Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 177 y 178), habiendo realizado manifestaciones la primera de las mencionadas (fojas 183 a 188). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Verónica, Manuel y Germán, los tres de apellidos García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Leticia Palma Papalotzi, albacea del juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Luisa Papalotzi Angulo o Ma. Luisa Papalotzi Angulo o María Luisa Papalotzi o Luisa Papalotzi, la protección constitucional para los siguientes efectos (foja 143 vuelta y 144): "(.) OCTAVO. Efectos del fallo protector. En consecuencia de todo lo anterior, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la autoridad responsable proceda en los siguientes términos: I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que: a) De nueva cuenta se pronuncie en el sentido de que, contrario lo determinado en el fallo de primera instancia, los actores sí tienen legitimación para intentar la acción negatoria; en la inteligencia de que, atendiendo a la establecido en esta ejecutora, esto no constituye un pronunciamiento firme que la parte demandada esté impedida para impugnar en un nuevo juicio de amparo. b) Prescinda de considerar que en el juicio de origen quedó demostrado que la Privada Arboledas es vía pública. c) Examine las pruebas desahogadas en autos y, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la acción negatoria intentada, así como de todas las excepciones opuestas." Para lograr una mejor explicación es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, la cual es del texto siguiente: "(.) Es pertinente puntualizar que, como se puede advertir del anterior resumen de la sentencia reclamada, la responsable, acogió los argumentos planteados por la parte apelante en los agravios segundo y tercero, y fue categórica en establecer que resulta incorrecta la determinación del Juez civil porque en el caso lo que se busca a través de la acción intentada es que la servidumbre de paso que fue establecida por la persona que transmitió los inmuebles a los actores no sea utilizada por persona distinta a quienes tienen derecho a ella, por tanto, dijo la Sala, lo que también se pretende es evitar que se constituya un derecho sobre la servidumbre a favor de los demandados quienes ejercer derechos reales sobre un inmueble que tiene acceso a la vía pública. Además, la responsable puntualizó que, contrario a lo decidido por el Juez, no es verdad que los actores estén impedidos para hacer valer acción negatoria aun cuando no demostraron ser propietarios de la servidumbre, tomando en consideración que, precisó la Sala, ellos adquirieron sus respectivos predios con la constitución de la servidumbre "siempre y cuando tal derecho de paso cuente con las condiciones necesarias para ello". Es decir, el tribunal de alzada estimó, en esencia, que los actores, por haber adquirido el sólo uso de la servidumbre, tienen legitimación para intentar la acción negatoria". (.) En el fallo protector se especificó cuál es la determinación contenida en la sentencia reclamada que es susceptible de impugnación, como se puede advertir de la transcripción siguiente: "(.) Ahora bien, como se puede advertir del fallo reclamado, en otra parte la Sala, en esencia, determinó que la acción negatoria es improcedente básicamente porque la servidumbre de paso de tres metros de ancho constituida en los predios propiedad de los actores en realidad es una vía pública denominada Privada Arboledas, pues si bien no abastecen la red de servicios públicos, sí están incorporados a lo largo de la calle. (.)" La protección constitucional se otorgó con base en las siguientes consideraciones: "(.) Como se puede advertir los anteriores conceptos de violación ponen de manifiesto que la intención de los impetrantes es evidenciar que la Sala incorrectamente llegó a la conclusión de que la servidumbre de paso a que se refieren los actores es una vía pública y que por ello es improcedente la acción negatoria intentada. Lo anterior lo sostiene, esencialmente, en que la Privada Arboledas no se encuentra reconocida oficialmente como calle. Entonces, para abordar el planteamiento que hacen los quejosos resulta necesario hacer referencia a los preceptos que regulan la procedencia de la acción negatoria, además partir de la base de que cada uno de los actores se ostenta propietario de una distinta fracción del predio, sobre lo cual hasta el momento este órgano colegiado no puede prejuzgar. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la acción negatoria es de carácter real, la cual tiene por objeto la declaración que un predio está libre de una servidumbre y compete al propietario del inmueble, como se colige de los artículos 10, fracción II, 899, 901, fracción I y 903 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, los cuales son del texto siguiente: "ARTÍCULO 10. Son reales: (.) II. Las que tienen por objeto la reclamación de una servidumbre, o la declaración de que un predio está libre de ella; (.)" "ARTÍCULO 899. La acción que tiene por objeto la declaración de que un predio está libre de una servidumbre, a que se refiere la fracción II del artículo 10, se llama acción negatoria." "ARTÍCULO 901. Compete la acción confesoria (sic): I.- Al propietario del inmueble; (.)" "ARTÍCULO 903. La acción negatoria debe entablarse: I.- Contra el dueño o los dueños del predio dominante; (.)". En ese contexto, si el propietario de un predio sirviente (en el caso los actores se ostentan propietarios), quiere hacer desaparecer un signo aparente de servidumbre, tiene sus derechos expeditos para ejercitar la acción negatoria. Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXI, página 3213, registro digital 376902, cuyo rubro y texto son: "SERVIDUMBRES. Si el propietario de un predio sirviente, quiere hacer desaparecer un signo aparente de servidumbre, tiene sus derechos expeditos para ejercitar la acción negatoria de que trata el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, y mientras no ejercite esa acción y no se resuelva sobre ella, la autoridad respectiva no tiene facultades para ordenar su desaparición." En el caso la responsable para llegar a la conclusión de que es improcedente la acción, se apoyó en las pruebas siguientes: Cartografía elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la cual se indica que la servidumbre de paso a la que se refieren los actores está considerada como Privada Arboledas. Un croquis ilustrativo elaborado por el perito de la parte actora. Una fotografía satelital exhibida por el perito tercero en discordia. Inspección judicial, de cuya valoración concluyó que la servidumbre de paso actualmente es conocida como Privada Arboledas, según la placa que se ubica del lado poniente del inmueble propiedad de los demandados y que al haberse colocado una guardería en uno de los predios propiedad de los actores se desprende que la servidumbre de paso sirve de tránsito peatonal, incluso vehicular para acceder al inmueble en el que se otorga ese servicio. Pericial en materia de agrimensura a cargo de Narciso Santacruz Xilotl, perito designado por la parte demandada, quien dictaminó que en el paso en cuestión la autoridad municipal colocó una placa con el nombre de Privada Arboledas, y que al fondo del predio opera una estancia de la Secretaría de Desarrollo Social. Declaración de parte a cargo de la actora Verónica García Reyes, a quien se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvieron por contestadas en sentido afirmativo las interrogantes formuladas, la cual, dijo la responsable, tiene el valor de presunción legal, de la que se obtiene que la Privada Arboledas es una vía pública, porque es utilizada por niños, niñas, padres y madres que acuden a la guardería pública de la Secretaría de Desarrollo Social. Declaración de parte a cargo de los actores María Luisa Papalotzi Angulo, Manuel García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Germán García Reyes, en virtud de que reconocieron que la Privada Arboledas sirve de tránsito peatonal o vehicular para llegar a la guardería. Luego, se advierte que la responsable después de ocuparse de esas pruebas concluyó que la Privada Arboledas es una vía pública, sin embargo, es patente que sólo se basó en apreciaciones subjetivas, si se toma en consideración que se limitó a argumentar que las pruebas aportadas evidencian que a la servidumbre de paso referida por los actores actualmente se le conoce como Privada Arboledas, de la colonia Industrial, de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, que esa vía cuenta con servicios públicos como es la conexión de drenaje, pues así lo acreditaron los enjuiciantes, que sirve de tránsito peatonal y vehicular para éstos y para quienes requieran de los servicios de la guardería, además cuenta con un poste de energía eléctrica, una lámpara de alumbrado público y en ambos costados de la entrada de la privada hay una placa que indica el nombre de la privada, lo cual fue colocado presumiblemente por la Presidencia de Comunidad de la colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, perteneciente a la administración del periodo dos mil dos a dos mil cinco. Empero, para arribar a la anterior conclusión la responsable no se basó en prueba idónea que pudiera evidenciar fehacientemente que el área que los actores dicen fue destinada para servidumbre de paso haya sido reconocida oficialmente como vía pública, máxime que la propia Sala asume que, en conformidad con el artículo 33, fracción XXIII, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, la asignación de nombres a las calles del Municipio es facultad del Ayuntamiento. Consecuentemente, los anteriores conceptos de violación resultan fundados. (.)" Como se observa, mediante los anteriores conceptos de violación los impetrantes argumentan que, contrario a lo determinado por la Sala, en el juicio de origen quedó comprobado que las fracciones de terreno de las cuales se ostentan propietarios se encuentran enclavados entre otros inmuebles ajenos y la servidumbre de paso es el único acceso; que el inmueble propiedad de los demandados tiene salida a la vía pública; que el tres de junio de dos mil diecisiete el codemandado llevó a cabo los actos perturbatorios que dieron origen la acción negatoria entablada. No obstante, con motivo del sentido de esa ejecutoria, la autoridad responsable se ocupará de esos aspectos una vez que determine si los actores demostraron que el acceso denominado Privada Arboledas, está comprendido dentro del área que corresponde a las fracciones de terreno de las cuales los actores se ostentan propietarios". (.) Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: I. En auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, se dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta de septiembre de dos mil veintiuno (foja 156 vuelta). II. Posteriormente, dictó una nueva sentencia el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo estableció: a) Que son fundados los agravios del recurso de apelación, reasumió jurisdicción, se ocupó del estudio de la acción negatoria que hicieron valer los actores y al respecto concluyó que asiste razón a los apelantes al aducir que fue equívoca a decisión del Juez de primera instancia en el sentido de que Ana Reyes Gutiérrez por ser causante de los actores es la única persona que puede hacer valer la acción negatoria, pues las escrituras públicas exhibidas acreditan que la mencionada Ana Reyes Gutiérrez fue propietaria del inmueble denominado "EL CHORRO", ubicado en la población de Santa María Ixtulco, Tlaxcala; no obstante la decisión asumida por el Juez, aquélla con posterioridad vendió diversas fracciones a los actores, hoy apelantes, quienes a la fecha son propietarios de la primera, segunda, tercer cuarto, quinta y una fracción del predio antes citado, razón por la cual tienen legitimación para ejercitar la acción negatoria. b) Prescindió de considerar que la acción negatoria es improcedente con base en que la calle Arboledas es una vía pública. c) La responsable valoró las documentales que los actores exhibieron para acreditar su acción, las cuales consisten en: 1. Escritura pública 90, volumen 221, de veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, pasada ante la fe del Notario Público número uno del Distrito Judicial de Hidalgo, relativa a la disolución de copropiedad del terreno denominado "El Chorro", ubicado en la población de Santa María Ixtulco, Tlaxcala (fojas 171 y vuelta). 2. Copia certificada de la escritura pública 21801, libro 244, de veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, relativa a la compraventa de la totalidad de la tercera fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Damián García Reyes y esposa María Pérez Rivera, en favor de Verónica García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número uno del Distrito Judicial de Ocampo, Tlaxcala (foja 171 vuelta). 3. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la cuarta fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicada en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgada por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Verónica García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número 1, del Distrito Judicial de Hidalgo (foja 171 vuelta). 4. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos del Gobierno del Estado del instrumento notarial 8469, volumen 103, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la escritura de rectificación de medidas de la fracción de terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a favor de María Luisa Papalotzi Angulo (foja 171 vuelta). 5. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos de Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de diecinueve de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la primera fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Manuel García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala (foja 172). 6. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos de Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de diecinueve de noviembre mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la segunda fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Verónica García Reyes, quien compró para la menor Estefanía García Sarmiento, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala (fojas 172). 7. Copia certificada expedida por el Director de Notarías y Registros Públicos de Gobierno del Estado del instrumento notarial 8494, volumen 103, de diecinueve de noviembre mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa de la primera fracción del terreno denominado "El Chorro", ubicado en Santa María Ixtulco, Tlaxcala, otorgado por Ana Reyes Gutiérrez a favor de Germán García Reyes, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala (foja 172). Con base en ello concluyó: Que Ana Reyes Gutiérrez fue propietaria del bien inmueble denominado "El Chorro", ubicado en la población de Santa María Ixtulco, Tlaxcala, y que en diversas fechas les vendió a los actores la Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y una fracción de dicho inmueble y, por ende, al ser propietarios tienen legitimación para promover la acción puesta en ejercicio. Que la acción negatoria tiene como objeto la demolición de obras o señales que indiquen al existencia de una servidumbre, la declaración de libertad y reducción de gravámenes de un predio, la tildación en el Registro Público de la Propiedad de la inscripción relativa o, en su caso, la anotación correspondiente, tal como lo establece el artículo 900 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. La acción negatoria debe entablarse en contra del dueño o los dueños de los predios dominantes, tal como lo prevé el artículo 903, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Del estudio realizado a las documentales antes precisadas se advierte que los actores "son dueños tanto del predio dominante como del sirviente", tomando en consideración que de las fracciones que corresponden a cada uno de ellos se desprende la servidumbre en litigio, misma que se ubica por el viento poniente, lo que se corrobora con la escritura pública 9685, de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, relativa a la compraventa de la segunda fracción identificada con el número tres, de lo que fue la Granja Avícola- la Luz, hoy Colonia los Pinos, del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, otorgada por Piedad Huerta de López, a favor del licenciado Alejandro López Huerta, quien reservándose el usufructo vitalicio compra para su hija Argelia López Ramos; documental con la que se demuestra que los demandados son propietarios de un predio distinto del cual los actores son dueños y en el que se encuentra constituida la servidumbre de paso, ello adicionado a que por la colindancia poniente el predio de los demandados lindan con Bonifacio Flores, por lo que se deduce que no gozan de servidumbre de paso y, por ende, "no les reviste el carácter de dueños del predio dominante", como lo dispone el artículo 903, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, lo cual hace improcedente la acción negatoria. Estableció que con motivo de la anterior conclusión en el caso no es dable estudiar las pruebas ofertadas por las partes, ni las excepciones deducidas en el juicio natural, toda vez que la acción intentada resultó improcedente. Puntualizó que no ha lugar a hacer un pronunciamiento con relación al pago de gastos y costas del juicio. Como se observa de esa parte considerativa, la responsable haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, se ocupó de valorar las referidas pruebas documentales, las cuales consideró suficientes para tener por acreditado que los actores son dueños tanto del "predio dominante como del sirviente", tomando en consideración que de las fracciones que corresponden a cada uno de ellos se desprende la servidumbre en litigio, misma que se ubica por el viento poniente, lo que se corrobora con la escritura pública 9685, de veinticuatro de octubre de ml novecientos noventa y uno, relativa a la compraventa de la segunda fracción identificada con el número tres, de lo que fue la Granja Avícola- la Luz, hoy Colonia los Pinos, del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, otorgada por Piedad Huerta de López, a favor del licenciado Alejandro López Huerta, quien reservándose el usufructo vitalicio compra para su hija Argelia López Ramos, documental con la que se demuestra que los demandados son propietarios de un predio distinto del cual los actores son dueños y en el que se encuentra constituida la servidumbre de paso, por lo que, precisó la Sala, se deduce que no gozan de servidumbre de paso y, por ende, no les reviste el carácter de dueños del predio dominante como lo establece el artículo 903, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, lo cual hace improcedente la acción negatoria. De ahí que, si bien la responsable no examinó las demás pruebas desahogadas en autos y las excepciones opuestas, ello lo hizo partiendo de la base de que las documentales de mérito resultaron suficientes para evidenciar que no se acredita un elemento de la acción intentada; lo cual estableció en esos términos teniendo en cuenta que gozaba de libertad de jurisdicción para resolver lo conducente. Asimismo, se observa que la responsable fundó y motivó su determinación, pues sustentó su decisión en la consideración substancial de que a los actores no les reviste el carácter de dueños del predio dominante, como lo prevé el artículo 903, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, lo cual hace improcedente la acción negatoria; lo anterior, con independencia de lo correcto incorrecto que pudiera resultar esa determinación. Enseguida se examinan las manifestaciones de la parte quejosa mediante las cuales, en esencia, argumenta: a) La responsable al dictar el nuevo fallo sólo realiza una síntesis de los agravios primero, segundo tercero, cuarto y quinto, pero deja de examinar todas las pruebas desahogadas en autos que fueron ofertadas por las partes, ello a fin de que, de manera fundada y motivada, resolviera lo que en derecho proceda respecto de la acción negatoria; tampoco se ocupó de las excepciones opuestas por los demandados al contestar la demanda, tal como se estableció en la ejecutoria de amparo. b) De ahí que la nueva sentencia emitida por la responsable es ilegal por inobservar los principios de incongruencia y exhaustividad previsto en los artículos 476, 478, 479 y 480 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, pues expuso una confusa fundamentación y motivación, incluso, con el propósito de evitar el estudio del fondo del asunto deja de examinar todas las pruebas desahogadas en autos; además, incurrió en una falta de fundamentación y motivación, lo cual transgrede sus derechos humanos contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la garantía de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso legal y el acceso a la impartición de justicia regulada por los artículos 14, 16 y 17 del mismo ordenamiento legal. Con relación a estos motivos de inconformidad debe puntualizarse que en el caso el amparo se concedió a la parte quejosa con base en la determinación toral de que la responsable incorrectamente estimó que la acción negatoria era improcedente sobre la base de que el área del predio que se considera una servidumbre de paso en realidad se trata de una vía pública, pues para llegar a esa conclusión sólo se basó en apreciaciones subjetivas y pruebas que no demuestran esa circunstancia. Con base en ello se estableció en el fallo protector que la responsable debía prescindir de esa consideración y resolver lo que en derecho correspondiera. Ahora, si bien en el capítulo de efectos del fallo protector se precisó que la responsable debía examinar las pruebas desahogadas y las excepciones opuestas, ello no limitaba a la autoridad para que, haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó, de estimar actualizada otro motivo que diera lugar a establecer la improcedencia de la acción, lo resolviera en esos términos, y que, por tal circunstancia, ello hiciera necesario ocuparse de todas las pruebas ofrecidas y las excepciones opuestas De ahí lo infundado del anterior planteamiento. En otro apartado del escrito la impetrante expone lo siguiente: a) La Sala de manera ilegal en el resolutivo segundo establece que "por las consideraciones vertidas en el tercer considerando del fallo, se declara improcedente la acción ejercitada por los actores", pero resulta incongruente dicho punto resolutivo con lo expuesto en dicho considerando tercero. b) La responsable tenía la obligación de examinar todas las pruebas desahogadas en el sumario de primer grado para llegar a la convicción de que en el caso se actualizó la hipótesis contemplada en la fracción II, artículo 903, así como el supuesto previsto en el diverso 911, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, toda vez que la parte actora demostró las perturbaciones llevadas a cabo por los demandados con la única finalidad de ser titulares de derechos reales, como lo es la servidumbre de paso; asimismo, acreditaron ser propietarios de una fracción de las que se dividió el terreno denominado "El Chorro" ubicado en la población de Santa María Ixtulco, Tlaxcala y que Ana Reyes Gutiérrez, en su carácter de vendedora, dispuso voluntariamente constituir una servidumbre de paso para efecto de que los adquirentes tuvieran acceso a la vía pública en virtud de que cada una de las fracciones de dicho inmueble colinda por el lado poniente con la servidumbre de paso. c) En cambio los demandados no probaron las excepciones. De los anteriores argumentos se advierte que la parte quejosa, en esencia, atribuye a la responsable haber incurrido en una incongruencia interna en la emisión del nuevo fallo. Además, introduce cuestiones de fondo del asunto, pues sostiene que de haberse estudiado las demás pruebas ofrecidas se habría llegado a la conclusión de que se actualizó la hipótesis contemplada en la fracción II, artículo 903, así como el supuesto previsto en el diverso 911, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, y con ello la parte actora demostró las perturbaciones llevadas a cabo por los demandados. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el caso se concedió el amparo a la parte quejosa para que la responsable subsanara un vicio de carácter formal, esto es, para que examinara las pruebas desahogadas en autos y, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la acción negatoria intentada, así como de todas las excepciones opuestas. En ese contexto, los argumentos expuestos por la quejosa no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, pues, como se dijo, atribuye a la responsable haber incurrido en una incongruencia interna y, por otro lado, sostiene haber demostrado los elementos de la acción. De ahí que los planteamientos de la parte impetrante resultan novedosos y sólo pueden ser materia de examen en un diverso juicio de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." De lo anterior se concluye que, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo: Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintitrés. De lo anterior se concluye que, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo: Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintitrés. De lo anterior se concluye que, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo:Apizaco, Tlaxcala, a doce de enero de dos mil veintitrés. VISTO, para resolver, la denuncia de repetición del acto reclamado 776/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. Verónica, Manuel y Germán, los tres de apellidos García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Leticia Palma Papalotzi, albacea del juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Luisa Papalotzi Angulo o Ma. Luisa Papalotzi Angulo o María Luisa Papalotzi o Luisa Papalotzi, por propio derecho, mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la citada autoridad, consistente en el sentencia emitida el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca civil de apelación 200/2019. SEGUNDO. ADMISIÓN. El entonces Presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno registró la demanda de amparo con el número 776/2021 y la admitió a trámite. TERCERO. Seguidos los trámites legales correspondientes, este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. El punto resolutivo de dicha ejecutoria es del texto siguiente: "ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Verónica, Manuel, Germán, los tres de apellidos García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Leticia Palma Papalotzi, albacea del juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Luisa Papalotzi Angulo o Ma. Luisa Papalotzi Angulo o María Luisa Papalotzi o Luisa Papalotzi, en contra del acto reclamado a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la citada Sala en el expediente de apelación 200/2019, para los efectos preciados en el considerando octavo de esta ejecutoria". CUARTO. Por acuerdos de dos y trece de septiembre de dos mil veintidós, la entonces Magistrada Presidente de este órgano colegiado, requirió a la responsable Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el expediente de amparo directo 776/2021 (fojas 151, 152, 158 y 159). QUINTO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, la Sala responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada. Posteriormente, el nueve siguiente emitió otro fallo en el que determinó lo siguientes (fojas 174 vuelta y 175): "PRIMERO.- PRIMERO.- (sic) Ha sido tramitado legalmente en la Vía Ordinaria la Acción Negatoria, promovido por Verónica García Reyes, María Luisa Papalotzi Ángulo, Manuel García Reyes, Estefanía García Sarmiento y German García Reyes, en contra de Argelia López Ramos y Alejandro López Huerta. SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el tercer considerando de esta resolución, se declara improcedente la acción ejercitada por los actores, dejándose a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que estimen conveniente, TERCERO.- No se hace condena respecto al pago de gastos y costas, en términos de lo previsto por el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. (.)" En la propia sentencia estableció los puntos resolutivos siguientes (fojas 175 y vuelta): "(.) PRIMERO.- Se tramitó legalmente el presente recurso de apelación. SEGUNDO.- Se confirma la sentencia apelada de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por las consideraciones del último considerando de esta sentencia de cumplimiento de ejecutoria de Amparo. TERCERO.- Comuníquese al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Autoridad Federal en el Juicio de amparo directo 776/2021, el día nueve de septiembre de dos mil veintidós, acompañando copia certificada de ésta resolución, en correlación con el oficio 7046/2022, de dos de septiembre de dos mil veintidós, deducido del Juicio Constitucional. Notifíquese.". SEXTO. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a los quejosos y a la parte tercera interesada (fojas 177 y 178 del cuaderno de amparo directo) con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que dentro del plazo de diez días legalmente computados manifestaran lo que a su derecho conviniera. SÉPTIMO. En acatamiento al anterior proveído, Verónica García Reyes, por propio derecho y en su carácter de representante común de Manuel y Germán, ambos de apellidos García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Leticia Palma Papalotzi, albacea en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Luisa Papalotzi Angulo o Ma. Luisa Papalotzi Angulo o María Luisa Papalotzi o Luisa Papalotzi, mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes Común del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación con residencia en Apizaco, Tlaxcala, y turnado al día siguiente a este órgano colegiado realizó manifestaciones con relación al cumplimento dado por la autoridad responsable (fojas 183 a 188). Por otra parte, mediante diverso escrito presentado en esa fecha formularon la denuncia de repetición del acto reclamado (fojas 189 a 192).OCTAVO. La entonces Magistrada Presidente de este tribunal colegiado, por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós recibió los escritos antes referidos; tuvo a los quejosos desahogando la vista otorgada y con copia de la denuncia aludida ordenó correr traslado a la autoridad responsable, requiriendo también a esta última para que en el término de tres días legalmente computados, rindiera el informe respectivo.Posteriormente, mediante proveído de veintiuno de octubre siguiente, se tuvo por recibido el oficio 1013/2022 mediante el cual la Sala responsable negó haber incurrido en repetición del acto reclamado y se le requirió para que informara la fecha exacta en que se notificó a los quejosos la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós dictada en el toca civil de apelación 200/2019 (fojas 202 y 203 ibídem). Finalmente, previo cumplimiento al requerimiento formulado, en auto de veintiocho de octubre posterior se ordenó dictar la resolución relativa a la denuncia de repetición del acto reclamado. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 199 de la Ley de Amparo, 38, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos cuarto, inciso D), fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la denuncia de repetición del acto reclamado deriva de un juicio de amparo directo en el que este órgano colegiado dictó sentencia de amparo. SEGUNDO. PROCEDENCIA. La denuncia de repetición del acto reclamado es procedente, ello con independencia de lo que este Tribunal Colegiado de Circuito determine en la resolución que al efecto emita sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. En apoyo de lo anterior, por su idea jurídica, se cita la jurisprudencia P./J. 10/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, registro digital 2016694, página 12, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo." También en apoyo lo anterior se cita, en lo conducente, la tesis 2a. CXX/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 45, agosto de 2017, Tomo II, página 1242, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2014927, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A UN PRONUNCIAMIENTO PREVIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, NI A QUE EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XV/2014 (10a.) (*)]. En términos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sancionar la inobservancia de las ejecutorias de amparo refiere dos supuestos diversos: a) el incumplimiento inexcusable de la sentencia de amparo; y b) la repetición del acto reclamado; lo anterior, conforme al procedimiento previsto para cada uno de esos supuestos en la Ley de Amparo. Por tanto, dichos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo son distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto dictado en pretendido cumplimiento que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. Así, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado no está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la sentencia de amparo, ni a que el acto denunciado como reiterativo sea distinto del que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva, pues del precepto constitucional citado, no se advierte la existencia de esa condición para que pueda configurarse la repetición del acto reclamado, al establecer que si una vez concedido el amparo se repitiera el acto reclamado, el Máximo Tribunal, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, sin que sea posible inferir que el artículo constitucional de referencia prevea como precondición para la existencia y procedencia de la repetición del acto reclamado que exista una resolución que declare cumplida la sentencia de amparo. Por tanto, una vez concedido el amparo, entendiéndolo como una vez que ha causado ejecutoria la sentencia, la autoridad responsable puede incurrir en repetición del acto reclamado incluso en el acto por el que aduce dar cumplimiento a la sentencia, sin que esa circunstancia origine en forma excluyente la declaratoria de su incumplimiento e imposibilite la configuración de la figura de repetición del acto reclamado." TERCERO. LEGITIMIDAD Y PERSONERÍA. La denuncia de repetición del acto reclamado fue hecha por parte legítima, en tanto que la formuló Verónica García Reyes, por propio derecho y en su carácter de representante común de Manuel y Germán, ambos de apellidos García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Leticia Palma Papalotzi, albacea del juicio sucesorio intestamentario a bienes de María Luisa Papalotzi Angulo o Ma. Luisa Papalotzi Angulo o María Luisa Papalotzi o Luisa Papalotzi, quienes figuran como quejosos dentro del juicio de amparo directo en que se actúa. CUARTO. OPORTUNIDAD. La presente denuncia de repetición de acto reclamado fue promovida dentro del plazo de quince días que establece el artículo 199 de la Ley de Amparo. El acuerdo mediante el cual se ordenó dar vista a las partes con la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, fue notificado por lista el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (foja 180 vuelta, del cuaderno de amparo directo), notificación que surtió efectos al siguiente día hábil, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, el veintiocho siguiente, por tanto, el término de quince días para hacer la denuncia respectiva transcurrió del veintinueve de septiembre al veinte de octubre de dos mil veintidós. Plazo del que se excluyen los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de octubre de dos mil veintidós, por haber sido sábados y domingos, así como el doce de ese mismo mes y año, inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si la denuncia se formuló el diez de octubre de dos mil veintidós (foja 189 del cuaderno de amparo directo) es claro que se promovió de manera oportuna. QUINTO. RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO. En primer término, es menester precisar que la materia del presente asunto tiene por objeto determinar si la nueva sentencia dictada por la autoridad responsable con posterioridad a la emisión de la sentencia que concedió el amparo, reitera, en esencia, la misma violación por la cual se otorgó la protección constitucional. Ahora bien, se tiene en cuenta que la parte denunciantes de la repetición del acto reclamado aduce en sus motivos de disenso sustancialmente que: a) Mediante proveído de dos de septiembre dos mil veintidós, se requirió a la Sala responsable para que diera cumplimiento al fallo protector, y por auto de seis de septiembre del mismo año dejó insubsistente la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno; luego, mediante diverso fallo de nueve de septiembre de dos mil veintidós declaró improcedente la acción ejercitada, como se advierte del resolutivo segundo. b) Dicha determinación es incongruente en relación con lo que expuso en el considerando III de la misma, pues ahí adujo que los agravios se tenían por reproducidos en todas sus partes, como si a la letra se insertaran, sin que para su atención fuera necesario transcribirlos, pero manifestó que para resolver la cuestión efectivamente planteada procedía a sintetizarlos. c) La autoridad responsable al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ahora quejosa confirmó la sentencia de primer grado, pero sin que con ello haya dado cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoría de amparo, pese a que en dicha ejecutoria claramente le ordenó que examinara las pruebas desahogadas en los autos de origen, para que de manera fundada y motivada, resolviera lo que en derecho procediera respecto de la acción intentada y las excepciones opuestas en juicio; por lo que con lo anterior transgredió en perjuicio de la parte quejosa los principios de congruencia y exhaustividad que son de observancia obligatoria en toda resolución judicial, según lo dispuesto en los artículos 476, 478, 479 y 480 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. d) La responsable tenía la obligación de examinar todas las pruebas desahogadas en el sumario de primer grado para llegar a la convicción de que se satisfizo la hipótesis contemplada en la fracción II, artículo 903, así como el supuesto previsto en el diverso 911, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; pero la parte acora cumplió con la carga procesal impuesta, en cambio los demandados no probaron sus excepciones. e) Al emitirse la sentencia materia de estudio la Sala realizó un vago y sutil estudio de la acción intentada, pretendiendo una confusa e inexistente fundamentación y motivación, declarando la improcedencia con el afán de evitar entrar al estudio de fondo del asunto. f) La autoridad responsable insiste en repetir el acto reclamado, y con su negativa reiterada de dar cumplimiento al fallo protector, transgrede las garantías constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso legal y de acceso a la impartición de justicia, tuteladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, previo a abordar esos planteamientos es oportuno destacar que en la ejecutoria de amparo este órgano colegiado precisó que con independencia de lo correcto o incorrecto que pudiera resultar, en el fallo reclamado existe una consideración beneficia a la parte quejosa y actora en el juicio de origen, por lo cual no podía ser abordada. Tal consideración es del texto siguiente: "(.) Es pertinente puntualizar que, como se puede advertir del anterior resumen de la sentencia reclamada, la responsable, acogió los argumentos planteados por la parte apelante en los agravios segundo y tercero, y fue categórica en establecer que resulta incorrecta la determinación del Juez civil porque en el caso lo que se busca a través de la acción intentada es que la servidumbre de paso que fue establecida por la persona que transmitió los inmuebles a los actores no sea utilizada por persona distinta a quienes tienen derecho a ella, por tanto, dijo la Sala, lo que también se pretende es evitar que se constituya un derecho sobre la servidumbre a favor de los demandados quienes ejercer derechos reales sobre un inmueble que tiene acceso a la vía pública. Además, la responsable puntualizó que, contrario a lo decidido por el Juez, no es verdad que los actores estén impedidos para hacer valer acción negatoria aun cuando no demostraron ser propietarios de la servidumbre, tomando en consideración que, precisó la Sala, ellos adquirieron sus respectivos predios con la constitución de la servidumbre "siempre y cuando tal derecho de paso cuente con las condiciones necesarias para ello". Es decir, el tribunal de alzada estimó, en esencia, que los actores, por haber adquirido el sólo uso de la servidumbre, tienen legitimación para intentar la acción negatoria. (.)" Asimismo, se precisó en el fallo protector que tampoco constituye un pronunciamiento que deba quedar intocado por falta de impugnación, toda vez que la parte demandada, a quien le afecta, no estaba en aptitud de promover juicio de amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia reclamada, en virtud de que este fallo le benefició en su totalidad al haberse declarado improcedente la acción negatoria por parte de la Sala al reasumir jurisdicción, como tampoco podía promover amparo adhesivo. De la propia manera, se hizo la aclaración de que, si bien tal pronunciamiento debe ser reiterado en el nuevo fallo que emita la responsable por el hecho de no poderse examinar en la instancia constitucional debido al impedimento técnico antes destacado, esto no implica que, en el eventual caso de que resulte desfavorable a la parte demandada la nueva sentencia que se pronuncie en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ésta quede imposibilitada para impugnar el fallo correspondiente mediante un nuevo juicio de garantías. Ahora bien, en el fallo protector se especificó cuál es la determinación contenida en la sentencia reclamada que es susceptible de impugnación, como se advertir de la transcripción siguiente: "(.) Ahora bien, como se puede advertir del fallo reclamado, en otra parte la Sala, en esencia, determinó que la acción negatoria es improcedente básicamente porque la servidumbre de paso de tres metros de ancho constituida en los predios propiedad de los actores en realidad es una vía pública denominada Privada Arboledas, pues si bien no abastecen la red de servicios públicos, sí están incorporados a lo largo de la calle. (.)" Enseguida, debe tenerse en cuenta que la protección constitucional se otorgó con base en las siguientes consideraciones: "(.) Como se puede advertir los anteriores conceptos de violación ponen de manifiesto que la intención de los impetrantes es evidenciar que la Sala incorrectamente llegó a la conclusión de que la servidumbre de paso a que se refieren los actores es una vía pública y que por ello es improcedente la acción negatoria intentada. Lo anterior lo sostiene, esencialmente, en que la Privada Arboledas no se encuentra reconocida oficialmente como calle. Entonces, para abordar el planteamiento que hacen los quejosos resulta necesario hacer referencia a los preceptos que regulan la procedencia de la acción negatoria, además partir de la base de que cada uno de los actores se ostenta propietario de una distinta fracción del predio, sobre lo cual hasta el momento este órgano colegiado no puede prejuzgar. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la acción negatoria es de carácter real, la cual tiene por objeto la declaración que un predio está libre de una servidumbre y compete al propietario del inmueble, como se colige de los artículos 10, fracción II, 899, 901, fracción I y 903 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, los cuales son del texto siguiente: "ARTÍCULO 10. Son reales: (.) II. Las que tienen por objeto la reclamación de una servidumbre, o la declaración de que un predio está libre de ella; (.)" "ARTÍCULO 899. La acción que tiene por objeto la declaración de que un predio está libre de una servidumbre, a que se refiere la fracción II del artículo 10, se llama acción negatoria." "ARTÍCULO 901. Compete la acción confesoria (sic): I.- Al propietario del inmueble; (.)" "ARTÍCULO 903. La acción negatoria debe entablarse: I.- Contra el dueño o los dueños del predio dominante; (.)". En ese contexto, si el propietario de un predio sirviente (en el caso los actores se ostentan propietarios), quiere hacer desaparecer un signo aparente de servidumbre, tiene sus derechos expeditos para ejercitar la acción negatoria. Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXI, página 3213, registro digital 376902, cuyo rubro y texto son: "SERVIDUMBRES. Si el propietario de un predio sirviente, quiere hacer desaparecer un signo aparente de servidumbre, tiene sus derechos expeditos para ejercitar la acción negatoria de que trata el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, y mientras no ejercite esa acción y no se resuelva sobre ella, la autoridad respectiva no tiene facultades para ordenar su desaparición." En el caso la responsable para llegar a la conclusión de que es improcedente la acción, se apoyó en las pruebas siguientes: Cartografía elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la cual se indica que la servidumbre de paso a la que se refieren los actores está considerada como Privada Arboledas. Un croquis ilustrativo elaborado por el perito de la parte actora. Una fotografía satelital exhibida por el perito tercero en discordia. Inspección judicial, de cuya valoración concluyó que la servidumbre de paso actualmente es conocida como Privada Arboledas, según la placa que se ubica del lado poniente del inmueble propiedad de los demandados y que al haberse colocado una guardería en uno de los predios propiedad de los actores se desprende que la servidumbre de paso sirve de tránsito peatonal, incluso vehicular para acceder al inmueble en el que se otorga ese servicio. Pericial en materia de agrimensura a cargo de Narciso Santacruz Xilotl, perito designado por la parte demandada, quien dictaminó que en el paso en cuestión la autoridad municipal colocó una placa con el nombre de Privada Arboledas, y que al fondo del predio opera una estancia de la Secretaría de Desarrollo Social. Declaración de parte a cargo de la actora Verónica García Reyes, a quien se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvieron por contestadas en sentido afirmativo las interrogantes formuladas, la cual, dijo la responsable, tiene el valor de presunción legal, de la que se obtiene que la Privada Arboledas es una vía pública, porque es utilizada por niños, niñas, padres y madres que acuden a la guardería pública de la Secretaría de Desarrollo Social. Declaración de parte a cargo de los actores María Luisa Papalotzi Angulo, Manuel García Reyes, Estefanía García Sarmiento y Germán García Reyes, en virtud de que reconocieron que la Privada Arboledas sirve de tránsito peatonal o vehicular para llegar a la guardería. Luego, se advierte que la responsable después de ocuparse de esas pruebas concluyó que la Privada Arboledas es una vía pública, sin embargo, es patente que sólo se basó en apreciaciones subjetivas, si se toma en consideración que se limitó a argumentar que las pruebas aportadas evidencian que a la servidumbre de paso referida por los actores actualmente se le conoce como Privada Arboledas, de la colonia Industrial, de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, que esa vía cuenta con servicios públicos como es la conexión de drenaje, pues así lo acreditaron los enjuiciantes, que sirve de tránsito peatonal y vehicular para éstos y para quienes requieran de los servicios de la guardería, además cuenta con un poste de energía eléctrica, una lámpara de alumbrado público y en ambos costados de la entrada de la privada hay una placa que indica el nombre de la privada, lo cual fue colocado presumiblemente por la Presidencia de Comunidad de la colonia Industrial de Chiautempan, Tlaxcala, perteneciente a la administración del periodo dos mil dos a dos mil cinco. Empero, para arribar a la anterior conclusión la responsable no se basó en prueba idónea que pudiera evidenciar fehacientemente que el área que los actores dicen fue destinada para servidumbre de paso haya sido reconocida oficialmente como vía pública, máxime que la propia Sala asume que, en conformidad con el artículo 33, fracción XXIII, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, la asignación de nombres a las calles del Municipio es facultad del Ayuntamiento. Consecuentemente, los anteriores conceptos de violación resultan fundados. (.)" Como se observa, mediante los anteriores conceptos de violación los impetrantes argumentan que, contrario a lo determinado por la Sala, en el juicio de origen quedó comprobado que las fracciones de terreno de las cuales se ostentan propietarios se encuentran enclavados entre otros inmuebles ajenos y la servidumbre de paso es el único acceso; que el inmueble propiedad de los demandados tiene salida a la vía pública; que el tres de junio de dos mil diecisiete el codemandado llevó a cabo los actos perturbatorios que dieron origen la acción negatoria entablada. No obstante, con motivo del sentido de esa ejecutoria, la autoridad responsable se ocupará de esos aspectos una vez que determine si los actores demostraron que el acceso denominado Privada Arboledas, está comprendido dentro del área que corresponde a las fracciones de terreno de las cuales los actores se ostentan propietarios. (.)" Finalmente la protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: "(.) OCTAVO. Efectos del fallo protector. En consecuencia de todo lo anterior, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la autoridad responsable proceda en los siguientes términos: I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que: a) De nueva cuenta se pronuncie en el sentido de que, contrario lo determinado en el fallo de primera instancia, los actores sí tienen legitimación para intentar la acción negatoria; en la inteligencia de que, atendiendo a la establecido en esta ejecutora, esto no constituye un pronunciamiento firme que la parte demandada esté impedida para impugnar en un nuevo juicio de amparo. b) Prescinda de considerar que en el juicio de origen quedó demostrado que la Privada Arboledas es vía pública. c) Examine las pruebas desahogadas en autos y, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la acción negatoria intentada, así como de todas las excepciones opuestas." Una vez destacado lo anterior, conviene destacar que la figura procesal de la repetición del acto reclamado, pretende el respeto de las sentencias de amparo, la cuales están revestidas de firmeza de cosa juzgada y fuerza vinculatoria, dicha figura jurídica tiene como objeto sancionar aquellos actos que realizan las autoridades responsables, después de que hubiere causado ejecutoria la sentencia de amparo, tendentes a frustrar los efectos de la protección constitucional. Para su comprobación, se requiere que el acto denunciado como tal, sea idéntico, es decir, igual que el otro con que se compara, respecto de la violación de los derechos fundamentales que conculcó el que se reclamó en el juicio de amparo, de tal manera que se advierta claramente que el nuevo acto está basado en los mismos supuestos y motivos que el tribunal colegiado tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa.Lo anterior no acontece cuando, la autoridad responsable dicta una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción resuelve el fondo de un asunto, aun cuando se dicte con el mismo resultado que la declarada inconstitucional, si en las consideraciones de la misma se analizan cuestiones que no habían sido materia del amparo; por tanto, para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 3a./J. 25/94 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuto runo y contenido son: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo." Además, es oportuno citar la tesis aislada que se comparte, misma que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual es del texto siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL, CUANDO LA NUEVA RESOLUCIÓN SE DICTA ACATANDO UNA EJECUTORIA DE AMPARO EN LA QUE SE DEJÓ A LA RESPONSABLE PLENITUD DE JURISDICCIÓN PARA EMITIRLA. Si en una sentencia de amparo se otorga éste para el efecto de que se deje insubsistente el acto reclamado y se dicte una nueva resolución en la que con plenitud de jurisdicción se resuelva el fondo de un negocio, no existe repetición del acto reclamado aun cuando se dicte la nueva resolución con los mismos efectos que la dejada insubsistente, si en las consideraciones de la misma se analizan cuestiones que no habían sido materia del amparo." En ese orden de ideas, para estar en condiciones de saber si existe o no la repetición del acto reclamado, deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, tomando en consideración los efectos del amparo otorgado, ya que de esa manera se estaría en posibilidad de saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, toda vez que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio de la parte quejosa, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 4a./J. 5/94, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 207678, septiembre de 1994, página 17, que enseguida se reproduce bajo el rubro y texto siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 2ª./J. 68/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho". La autoridad responsable en la nueva sentencia emitida el nueve de septiembre de dos mil veintidós determinó lo siguiente: 1) Contrariamente a lo resuelto por el Juzgador de primer grado, los actores y apelantes tienen legitimación para ejercitar la acción negatoria y, por ende, el agravio respectivo es fundado. 2) Prescindió de considerar que la acción negatoria es improcedente con base en que la calle Arboledas es una vía pública. 3) La responsable valoró las documentales siguientes: 4) Con base en ello concluyó que los actores son dueños tanto del predio dominante como del sirviente, tomando en consideración que de las fracciones que corresponden a cada uno de ellos se desprende la servidumbre en litigio, misma que se ubica por el viento poniente, lo que se corrobora con las escritura pública 9685, de veintiocho de octubre de ml novecientos noventa y uno. 5) Con lo anterior se demuestra que los demandados son propietarios de un predio diverso al que es materia de juicio, por lo que no se actualiza el supuesto contemplado en la fracción I, del artículo 903, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, debido a que no son propietarios del predio dominante, lo cual hace improcedente la acción negatoria. 6) Estableció que en el caso no es dable estudiar las pruebas ofertadas por las partes, ni las excepciones deducidas en el juicio natural, toda vez que la acción intentada resulto improcedente. 7) Concluyó que no ha lugar a hacer un pronunciamiento en relación con el pago de gastos y costas del juicio. Lo antes destacado pone de manifiesto que la nueva sentencia dictada por la Sala responsable, no repitió las mismas violaciones que dieron lugar a la protección constitucional, toda que la improcedencia de la acción no la sustentó en la conclusión de que la calle Arboledas es vía pública. En efecto, como se explicó anteriormente, la Sala básicamente sustentó su determinación en la circunstancia de que los demandados son propietarios de un predio diverso al que es materia de juicio, por lo que no se actualiza el supuesto contemplado en la fracción I, del artículo 903, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, debido a que no son propietarios del predio dominante, lo cual hace improcedente la acción negatoria. En tales condiciones, entre la sentencia reclamada y el nuevo fallo emito por la responsable no existe identidad en cuanto a los aspectos que fueron materia de la determinación constitucional, por tanto, contrario a lo alegado por el denunciante, en el caso de que se trata, no existe repetición del acto reclamado. En efecto, figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice en perjuicio de la parte quejosa cualquier acto con efectos o resultados parecidos o incluso diversos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo. A lo anterior abona el hecho de que en la ejecutoria de amparo se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que de manera fundada y motivada emitiera la sentencia de segundo grado que correspondiera en derecho, sin que la sola circunstancia de que la Sala al dictar su nueva resolución hubiera estimado improcedente la acción actualice la repetición del acto reclamado, pues tal determinación se adoptó con la libertad de jurisdicción y prescindiendo de aquello que se le ordenó dejar de considerar. Orienta a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. XL/95 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, página 236, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:"REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO LA NUEVA RESOLUCIÓN QUE DICTÓ LA RESPONSABLE CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN ES SIMILAR EN SU SENTIDO A LA QUE FUE MATERIA DE AMPARO, PERO CON DIFERENTE MOTIVACIÓN. No se incurre en repetición de acto reclamado cuando la nueva resolución que dicte la responsable con plenitud de jurisdicción declare que los agravios resultan inoperantes e insuficientes con fundamento en el análisis de cuestiones que no fueron materia de examen en el acto materia del amparo, puesto que al no constreñir la ejecutoria a resolver en determinada forma, debe concluirse que la responsable tiene amplias facultades para pronunciarse en el sentido que legalmente estime procedente". Consecuentemente, los argumentos planteados por la parte quejosa resultan inoperantes, pues, aunque afirma que en el caso existe repetición del acto reclamado ello lo hace derivar de que la responsable no acató lo lineamientos del fallo protector porque omitió examinar todas las pruebas desahogadas en el juicio de origen. Sin que en el caso exista deficiencia que deba suplirse en términos de lo dispuesto por el numeral 213, de la Ley de Amparo. En mérito de las conclusiones alcanzadas, se impone declarar infundada la denuncia de repetición del acto reclamado. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se: R E SU E L V E ÚNICO Es infundada la denuncia de repetición del acto reclamado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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