Veronica Diaz Andrade

Expediente 707/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
707/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Veronica Diaz Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas y facultadas recurrieran el proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis aislada número de registro 316096, visible en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó en el juicio, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 707/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE.... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...

  3. Principal

    Acúsese recibo del oficio número 20943, signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual remite el cuaderno de incompetencia número V-707/2018-2, promovido por -, e informa que en proveído de tres de octubre del presente año, determinó que no aceptaba la competencia planteada, dado que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, por lo que, no se cuentan con datos que lleven a concluir de forma certera y precisa, que esa violación aducida genere una ejecución material, en perjuicio de la parte quejosa, en su ámbito competencial. Por tanto, este Órgano Jurisdiccional no insiste en plantear competencia legal a favor del aludido similar, por lo que se ordena continuar con el trámite del presente asunto; consecuentemente, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, como del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, se aprecia que de las constancias que adjunto al mismo, únicamente remitió el auto de radicación de demanda de veintitrés de enero y el diverso de veintisiete de agosto del presente año, y como el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de emplazar a la parte demandada; por lo tanto, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si dentro del juicio de origen J-VI-42/2018, existen diversas actuaciones y de ser así remitan copia certificada de las mismas, toda vez que resultan necesarias para la debida integración del presente asunto; apercibida que de no hacerlo en el lapso citado, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Como del estado de los autos, así como del análisis integral de la demanda, anexos y constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en: la omisión por parte de la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, de emplazar a la parte demandada "********************". En ese sentido, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales disponen lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas, o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar a la quejosa el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien la parte quejosa optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente la quejosa. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto. Precisado lo anterior, resta mencionar que por regla general, ciertos actos autoritarios, por sí mismos, no trascienden a la esfera material, al mundo fáctico, pues su impacto es meramente declarativo. Sin embargo, como toda regla general, ésta también permite excepciones, y habrá casos en que esa determinación, aun cuando sea de naturaleza declarativa, sí tenga repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos (ya positivos ya negativos) y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama la omisión por parte de la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, de emplazar a la parte demandada "********************", acto que se traduce en acciones denegatorias de emplazar a la demandada. De acuerdo con lo anterior, las consecuencias jurídicas del acto reclamado que es la negativa de emplazar a la demandada en los plazos establecidos por la ley, produce implícitamente efectos positivos, lo que indubitablemente implica una ejecución material que se concreta en la acción por parte de la Actuaria de emplazar a la parte demandada al juicio de origen, pues es ahí donde resiente la afectación material de la negativa de la autoridad, o sea, la ejecución de la misma, en la acepción que debe atribuirse correctamente al artículo 37 de la Ley de Amparo, según se explicó anteriormente. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, sí es un hecho cierto que la responsable será quien tome la determinación de emplazar a la demandada en el domicilio ubicado en el ********************, a efecto de entonces, como tal ejecución material del acto reclamado tendrá ejecución en dicho Distrito Judicial, corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por ser el que ejerce jurisdicción en aquella ciudad. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las ONCE HORAS DEL TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

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