Veronica Diaz Andrade

Expediente 794/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
794/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Veronica Diaz Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Como se desprende de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintinueve de octubre del año en curso, en la que se determinó CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En términos de los preceptos legales 192 y 258 ambos de la ley de la materia, requiérase por única ocasión al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado con sede en Zamora, Michoacán; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con el fallo que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar el impedimento que tenga para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 794/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se desprende que transcurre el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE PRÓXIMO. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO con sede en Zamora Michoacán, por rendido el INFORME JUSTIFICADO; con él dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

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