Veronica del Carmen Castro Ordaz
Expediente 785/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Veronica del Carmen Castro Ordaz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido *****, contra acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con anexo que adjunta, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en auto de uno de los corrientes, por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes con la documentación de cuenta por el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 595/2020, de veintinueve de los corrientes, signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en función de Presidente por ausencia del Titular, mediante el cual rinde informe justificado, en el cual informa que el siete de septiembre de dos mil veinte, se acordó lo relativo a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 207/2019 y el veintiocho de los corrientes, se notificó a las partes dicho acuerdo. Ahora bien, del contenido del informe justificado, se advierte que no obstante la responsable refirió exhibir con el informe copias certificadas del acuerdo relativo a la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, de veintiocho de los corrientes, así como las constancias de notificación de dicho acuerdo, en el expediente laboral 207/2019, éstas no se acompañaron al mismo, pues se tiene que la responsable adjuntó copias certificadas de diverso expediente 1183/2019. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, siendo dichas documentales necesarias para resolver el presente asunto conforme a derecho, requiérase a dicha autoridad responsable, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita las copias certificadas que guarden relación con el acto reclamado y que sustenten lo señalado en su informe justificado, dentro del juicio laboral 207/2019, de su índice antes señalado, o en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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