Veronica de Socorro Torres Montero

Expediente 2338/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2338/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Veronica de Socorro Torres Montero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el trece de enero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, devuélvase a la Juez Interina del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la copia certificada de las constancias del expediente 585/2021 de su índice, que remitió en un anexo como justificación a su informe de ley. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por el Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión de la autoridad responsable, de emitir el proveído relativo al ocurso que presentó el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 585/2021, en el que presentó la demanda relativa al juicio de sucesiones unidas de intestado de Juana María Montero Cetina y otra. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable, de emitir el proveído relativo al ocurso que presentó el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 585/2021. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe, la autoridad responsable emitió la determinación que recayó al ocurso que presentó el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 585/2021, en el que presentó la demanda relativa al juicio de sucesiones unidas de intestado de Juana María Montero Cetina y otra; asimismo, le notificó el aludido auto el diez de diciembre del año anterior. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido la resolución en cuestión, han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable, Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ya que la referida autoridad se encontraba gozando de su periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintiuno. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Al caso resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial cuyo rubro es: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO". Notifíquese. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria encargada del Despacho, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en oficio CR/CJD/013/4976/2021, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, asistida de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. APJ*

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obran los oficios suscritos por las autoridades responsables, con las que informaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con los oficios de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuaria de la adscripción, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y anexos remitidos por las mencionadas autoridades, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos de la JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Asimismo, por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno el apoderado de la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en autos y el veintisiete de septiembre del año en curso, el Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, y ante la violación advertida, lo procedente es otorgar a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos siguientes: El Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, deje insubsistente el embargo trabado sobre el cero punto cero ochocientos cuarenta por ciento del tablaje catastral treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve del poblado de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil 2378/2009; La actuaria responsable acatará la orden que su superior le indique respecto del embargo y el oficio de toma de razón de que se trata; y, El Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, una vez recibido el oficio respectivo por parte de la suscrita Juzgadora Federal, proceda de inmediato en el ámbito de sus funciones a la cancelación del embargo sobre el cero punto cero ochocientos cuarenta por ciento del tablaje catastral treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve del poblado de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil 2378/2009. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, dejaron insubsistente el embargo trabado sobre el cero punto cero ochocientos cuarenta por ciento del tablaje catastral treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve del poblado de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil 2378/2009; la actuaria responsable acató la orden que su superior; y el Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado procedió a la cancelación del embargo sobre el cero punto cero ochocientos cuarenta por ciento del tablaje catastral treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve del poblado de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil 2378/2009, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe.

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