Verónica de la Peña Sánchez

Expediente 630/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
630/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Verónica de la Peña Sánchez
  • Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

  1. Principal

    En veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexos recibidos en físicamente en la oficialía de partes, registrados bajo el folio 2360. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe testimonio. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo, con residencia en Morelia, al cual acompaña la ejecutoria correspondiente al recurso de queja 1/2022 en que dicho tribunal declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo a la Superioridad. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza

  2. Principal

    En diez de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con el oficio y anexos, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, registrado bajo el folio 16170. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Devuelve exhorto. Se tiene al Juez Segundo de Distrito en el estado de Michoacán de Ocampo con residencia en Morelia, devolviendo diligenciado el exhorto 464/2021 (orden 1172/2021), de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; por tanto, dese de baja la comunicación oficial y hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. 2. Estado de autos. Del estado que guardan los autos se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre pasado, se tuvo al quejoso interponiendo el recurso de queja hecho valer contra el auto que desechó la demanda de amparo y toda vez que ya obra en autos la constancia de notificación al quejoso: 3. Se rinde informe. En esa virtud, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, en turno, manifestando que es cierto el acto motivo de queja, pues este juzgado dictó el auto de referencia; sin embargo, el mismo se encuentra ajustado a derecho, por los motivos y fundamentos que en él se exponen. 3. Remisión de constancias. En consecuencia, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, en turno, para lo que tenga a bien determinar. Asimismo, de no tener inconveniente alguno, se solicita tenga a bien remitir el acuse de recibo respectivo; para el efecto legal conducente. 3.1. Se ordena al Analista Jurídico SISE, haga disponible el expediente electrónico, a fin de que el tribunal de alzada proceda a realizar su vinculación y pueda realizar su consulta; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

  3. Principal

    En veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos y con un escrito recibido mediante juicio en línea, registrado bajo el folio 15296. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Se aprecia que a la fecha no ha sido devuelto el exhorto 464/2021 (orden 1172/2021), que se giró para notificar a la parte quejosa, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno. Ahora bien, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que dicha comunicación oficial fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese de la manera más atenta al Titular del citado juzgado, para que informe el estado procesal que guarda la comunicación en cita, o bien, remita las constancias que acrediten su debida diligenciación. 2. Se interpone recurso de queja. Incorpórese al sumario el escrito signado por Verónica de la Peña Sánchez y Claudia Cázares Zamora; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja, contra el auto que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. 2.1. Remisión de constancias. En mérito de lo anterior, una vez que obre en autos constancia de la notificación del auto recurrido a la parte quejosa, remítase el referido auto, escrito de interposición y agravios, en copia debidamente certificada, los autos originales del juicio en que se actúa y el informe a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo en Turno, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, para lo que tenga a bien determinar. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    En diez de noviembre de dos mil veintiuno, con una demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional, registrada bajo el folio 14536. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Por recibido el oficio suscrito por la actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al que adjunta el cuadernillo de incompetencia 982/2021, de su índice, del que se desprende que el titular de dicho órgano se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Verónica de la Peña Sánchez y Claudia Cázares Zamora, contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otras autoridades. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 630/2021. 1.3. Acepta competencia y desechamiento. Por las razones invocadas por la juez declinante, mismas que este Juzgado comparte, en virtud de que el acto reclamado conlleva ejecución, misma que tuvo verificado en la jurisdicción territorial correspondiente a este Juzgado, se acepta la competencia. Acúsese recibo. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, último párrafo y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos y omisiones reclamados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicha legislación, lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Conforme a los referidos artículos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, existen diversos tipos de relaciones que se establecen entre las partes al momento de interactuar en una situación jurídica; la primera de ellas es la de coordinación, en la cual, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, supuesto en el cual ambas estarán en el mismo nivel y existirá bilateralidad en su interrelación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se suscitan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Entonces, para determinar si las autoridades señaladas como responsables, son autoridades para efectos del juicio de amparo, deberá examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si ésta se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y que el ente al que se atribuye el acto reclamado actúe en un plano superior. En efecto, para determinar si un ente tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, deberá acreditarse: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011. Ahora bien, del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados esencialmente los siguientes: Del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La propuesta y en su caso la aprobación ante el Consejo Universitario, así como la publicación, si es que la hubiese, en la Gaceta Nicolaita y medios de difusión de la Universidad Michoacana, de la supuesta aprobación de la nueva malla curricular del Bachillerato Nicolaita, sin el consentimiento ni aprobación de las bases del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en sesión de Consejo General, como lo marcan las disposiciones normativas del propio Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, motivo por el cual le atribuyo la violación de mis derechos humanos y garantías procesales, por falta de inobservancia de la Carta Magna, del Contrato Colectivo de Trabajo, del reglamento general del personal académico y de los instructivos para la asignación de plazas vacantes y de nueva creación en la Universidad Michoacana, desde su minuta de acuerdos entre la autoridad universitaria y el sindicato de profesores en comento, y los subsecuentes actos o determinaciones que deriven del mismo, en especial a partir de la designación de las comisiones académicas dictaminadoras. La falta de publicación de la convocatoria relativa al concurso de oposición para la asignación de plazas y materias vacantes y de nueva creación en la Universidad Michoacana, periodo agosto 2021-febrero 2022, de la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita en comento, debidamente firmada por sus integrantes, en la Gaceta Nicolaita, que solo contiene convocatoria abiertas 2021, en el mes de agosto de las facultades, institutos o direcciones, pero no de escuelas preparatorias, como en la especie nos irroga perjuicio. De los integrantes del Consejo Técnico de la Escuela Preparatoria "Lázaro Cárdenas": Todo el procedimiento relatico al concurso de oposición interno así como del abierto, respecto a los plazos de materias vacantes de la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita, con carácter de interinas o definitivas semestre 2021-febrero 2022, desde su minuta de acuerdos entre la autoridad universitaria y el sindicato de profesores en comento la sesión de aprobación del concurso en comento así como de la designación de las comisiones académicas dictaminadoras, la supuesta tabla de valoración aprobada por el abogado de la Universidad Michoacana, así como la supuesta publicación de la convocatoria de fecha 16 de agosto de 2021, así como los subsecuentes actos o determinaciones que deriven de los mismos, ante la inexistencia de publicación de dicha convocatoria en la Gaceta Nicolaita en la página oficial de la escuela preparatoria de mi adscripción o en correo institucionales salvo en los lugares de costumbre lo que se hace del conocimiento de las quejosas a través de un medio de comunicación no establecido en ninguna normatividad ni de la propia Universidad Michoacana, ni del propio sindicato, pues fue a través de un mensaje a un grupo vía whatsapp de la directora de dicha escuela preparatoria Lázaro Cárdenas les reclamo la falta de trámite de sesiones y de dictaminación como órgano colegiado, del concurso de oposición interno, así como del abierto, respecto de las plazas de materias vacantes de la malla curricular del bachillerato Nicolaita, con carácter interinas o definitivas, semestre 2021-febrero 2022, les reclamo la falta de publicación o de notificación a las quejosas, de tablas de valoración y parámetros de evaluación previo, durante y posterior al concurso de oposición en comento, respecto los perfiles y documentos de los concursantes, así como donde se resolvieron las inconformidades planteadas y emitieran un fallo o dictamen de los ganadores del concurso de oposición interno, así como del abierto, respecto de las plazas de materias vacantes de la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita , con carácter de internas o definitivas, semestre agosto 2021- febrero 2021, firmada por los integrantes de dicho Consejo Técnico, así como la publicación de los resultados donde resultaron ganadores los terceros interesados. La falta de publicación de la convocatoria en comento, en la Gaceta Nicolaita, pues solo contiene dicha gaceta las convocatorias abiertas 2021, en el mes de agosto, de facultades, institutos o direcciones, pero no de escuelas preparatorias. De la Directora de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, con sede en Uruapan, Michoacán: Todo el procedimiento relativo al concurso de oposición interno, así como del abierto, respecto las plazas de materias vacantes de la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita, con carácter de interinas o definitivas, semestre 2021-febrero 2022, en lo que haya tomado parte, precisados o atribuidos a los integrantes del Consejo Técnico antes descrito, en especial, le reclamo lo resuelto o firmado de forma unilateral en los oficios suscritos por la directora donde resuelve los resultados inconformidades planteadas por las quejosas y forma la hoja de resultados del concurso de oposición abierto, respecto de las plazas de materias vacantes de la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita, con carácter de internas o definitivas, semestre 2021- febrero -2022, sin tener el aval o las actas de sesión donde el Consejo Técnico Avale o aprueba, por mayoría o por unanimidad, los resultados de los ganadores de tales concursos y materias, respectivamente. La tramitación del procedimiento relativo al concurso de oposición interno así como del abierto, respecto de las plazas de materias vacantes de la nueva malla curricular del Bachillerato Nicolaita, con carácter de interinas o definitivas, ante la falta de publicación en la Gaceta Nicolaita en la página oficial de la propia preparatoria de mi adscripción o en algún otro medio de tal convocatoria dado que las existente en la gaceta Nicolaita únicamente contienen convocatorias abiertas 2021, en el mes de agosto de facultades institutos o direcciones pero no de las escuelas preparatorias. La negativa de admitir o recepcionar nuestras solicitudes así como negarnos la posibilidad de ser inscritos o considerados en el concurso de oposición interno por no ser emitido por el propio Consejo Técnico, sino únicamente por la directora de mi preparatoria de adscripción en términos no indicados por las propias disposiciones normativas de la Universidad ni el Sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, haciéndolo por medio de su whatsapp, el cual no es medio de comunicación oficial, donde además se rompe el principio de publicidad, atendiendo a que, por pandemia y estar en semáforo rojo, mediante oficio nos pide asistir a la escuela preparatoria generando una cita, lo que rompe la esencia de la propia convocatoria en comento. La falta de publicación de la convocatoria en comento, en la Gaceta Nicolaita, pues solo contiene dicha gaceta las convocatorias abiertas 2021, en el mes de agosto, de facultades, institutos o direcciones, pero no de escuelas preparatorias. Del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La suscripción de la minuta de acuerdos entre la autoridad universitaria a efecto de llevar a cabo el análisis y diagnóstico en relación a la existencia de asignaturas interinas, autorizándolas para que sean concursadas en forma definitiva, para el semestre agosto 2021- febrero 2022 de la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita. La omisión de defender nuestros derechos humanos y laborales, violentando nuestros derechos humanos insertos en la Carta Magna, en tratados internacionales y en nuestro contrato colectivo de trabajo, a pesar de ser de su conocimiento los actos de autoridad aquí descritos. La simulación de defender nuestros derechos laborales y confabularse con la autoridad universitaria para aprobar la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita y aprobar sin el consentimiento de las bases los reglamentos y demás convenios y reglamentos suscritos entra la universidad y el sindicato de marras, los que fueron depositados en el emplazamiento o huelga de revisión contractual del que ignoramos su número de expediente. De todas las autoridades responsables: Que con su actuar, resoluciones u omisiones se permita lleve a cabo la autorización, elaboración, expedición o suscripción, así como la firma y otorgamiento de un contrato de trabajo en favor de los terceros interesados, así como los pagos correspondientes, en perjuicio de las aquí quejosas, por los actos inconstitucionales, inconvencionales e ilegales atribuidos a las responsables aquí descritas. Ahora bien, de los antecedentes narrados en su demanda bajo protesta de decir verdad se advierte que las quejosas son trabajadoras docentes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuya pretensión es concursar para la asignación de materias en la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Por lo anterior resulta necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 3, fracción VII Constitucional, en lo conducente, establece que: "Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas (...) Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere". En otras palabras, el precepto inserto establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal, son de naturaleza laboral y deben sujetarse a lo establecido en el apartado "A" del artículo 123 de la propia constitución y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo; lo que permite colegir que las decisiones que tome la Universidad en los aspectos laborales con su personal, incluyendo los académicos - como en la especie- pueden ser sometidos a la potestad de las autoridades laborales para el análisis de su legalidad, lo que de ningún modo implica violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; pues dicha facultad, la institución educativa de mérito sólo la ejerce en relación con determinar las bases o lineamientos, que regulan el ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, mas no en lo relativo a su aplicación, pues esas determinaciones se encuentran sujetas al control de la legalidad, a través de las juntas de conciliación y arbitraje, y no mediante el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 102/2002, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente". De igual forma resulta indispensable analizar lo dispuesto en el Reglamento del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1. Este Reglamento, tiene por objeto normar las relaciones entre la Universidad y su Personal Académico, de conformidad con lo dispuesto en: el Artículo 3o. de la Constitución General de la República, en su Fracción VIII; en el Artículo 353 incisos J, K, L y M de la Ley Federal del Trabajo; en los artículos 12 Fracción I, 28 y 29 de la Ley Orgánica vigente; así como lo dispuesto en los demás ordenamientos de la Legislación Universitaria. Artículo 2. Se considera como miembro del Personal Académico a la persona física que presta sus servicios en la docencia, en la investigación, en la difusión de la cultura y en la extensión universitaria, conforme a los planes y programas establecidos por la Institución. Artículo 6. Conforme a la jornada de trabajo contratada, el personal académico definitivo o interino se clasifica en: a) Por Horas; b) Medio Tiempo; y c) Tiempo Completo. Artículo 7. Por su relación de trabajo, el personal académico se clasifica en: a) Ordinarios; b) Visitantes; c) Extraordinarios; y d) Eméritos Artículo 26. Toda persona para ingresar a la Universidad como miembro del personal académico, deberá presentarse a un concurso de oposición abierto. Artículo 27. El concurso de oposición abierto, es el procedimiento público de ingreso del personal académico, a través del cual puede participar cualquier persona que cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos para ocupar una plaza vacante o una plaza de nueva creación. Artículo 28. El concurso de oposición interno es el procedimiento mediante el cual participarán exclusivamente los integrantes del personal académico de la Universidad, con el fin de ocupar una plaza vacante o de nueva creación ajustándose a los lineamientos establecidos para tal efecto. Artículo 29. La convocatoria para el concurso de oposición abierto o interno, será emitida por el Titular de la Dependencia, previa aprobación del Consejo Técnico. Artículo 30. La convocatoria para el concurso de oposición abierto deberá publicarse no menos de quince días hábiles antes de la realización del mismo en lugares visibles de la Dependencia correspondiente, y en un periódico de mayor circulación. Artículo 32. La convocatoria para el concurso de oposición interno se publicará en lugares visibles de la Dependencia correspondiente, quince días hábiles antes de la realización del mismo. Artículo 33. Cuando a un concurso de oposición abierto no se presenten aspirantes, o bien se declare desierto, el Titular de la Dependencia propondrá al C. Rector, al candidato a ocupar la plaza sujeta a concurso por un tiempo determinado, que no excederá de un ciclo escolar. En un plazo no mayor de diez días hábiles se convocará nuevamente a otro concurso de oposición abierto. Artículo 34. Cuando un concurso de oposición interno, sea declarado desierto o a juicio del Consejo Técnico los aspirantes no reúnan los requisitos se convocará al concurso de oposición abierto, dentro de los diez días hábiles siguientes. Artículo 35. Para la realización de los concursos de oposición abierto o interno, los Consejos Técnicos de las Dependencias nombrarán a una o varias Comisiones Académicas Dictaminadoras de acuerdo a las necesidades de la Institución. Artículo 36. Las Comisiones Académicas Dictaminadoras, estarán integradas por tres Profesores propietarios y dos suplentes, miembros del personal académico definitivo, competentes en la materia o área motivo del examen. Los miembros suplentes, entrarán en funciones en ausencia de los propietarios. Estas Comisiones durarán dos años en funciones, pudiéndose a juicio del Consejo Técnico ratificarlos para otros períodos iguales. Artículo 37. Para poder ser miembro de una Comisión Académica Dictaminadora, se deberá poseer como requisito mínimo, el grado académico que exija la convocatoria en el área para la que se concursa, así como reconocida capacidad en la docencia o en la investigación y destacada conducta ética profesional. Cuando una Dependencia no cuente con personal con el grado académico que exija la convocatoria, el Consejo Técnico respectivo dictaminará al respecto. El Director y demás miembros del Consejo Técnico de la Dependencia correspondiente, no podrán ser integrantes de las Comisiones Académicas Dictaminadoras. Cuando un miembro de una Comisión Académica Dictaminadora, aspire a concursar por alguna vacante, éste será sustituido en ese caso por el suplente respectivo. Artículo 38. Los Consejos Técnicos por acuerdo o a petición de las Comisiones Académicas Dictaminadoras podrán invitar como Asesores o miembros de la propia Comisión, cuando el caso concreto lo requiera, a Profesionistas expertos en la materia o área en la que se concursa. Artículo 39. Una vez nombradas las Comisiones Académicas Dictaminadoras, sus miembros elegirán de entre ellos al Coordinador. Artículo 45. Los concursantes podrán interponer el recurso de inconformidad por escrito ante el Presidente del Consejo Técnico respectivo, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se dieron a conocer los resultados, aportando las pruebas conducentes. Artículo 46. El Consejo Técnico, analizará en un término no mayor de cinco días hábiles, las inconformidades presentadas por los concursantes para emitir su resolución definitiva, la cual será inapelable. Las citadas disposiciones establecen en esencia que: El Reglamento general del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, rige las relaciones entre ella y su personal académico. Los concursos de oposición son los procedimientos para el ingreso o la promoción de los profesores e investigadores, siendo el concurso de oposición abierto el procedimiento público de ingreso del personal académico, a través del cual puede participar cualquier persona que cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos para ocupar una plaza vacante o una plaza de nueva creación; mientras que el interno, es el procedimiento mediante el cual participarán exclusivamente los integrantes del personal académico de la Universidad, con el fin de ocupar una plaza vacante o de nueva creación ajustándose a los lineamientos establecidos para tal efecto. Finalmente, la convocatoria para el concurso de oposición abierto o interno, será emitida por el Titular de la Dependencia, previa aprobación del Consejo Técnico, la cual deberá publicarse no menos de quince días hábiles antes de la realización del mismo en lugares visibles de la Dependencia correspondiente, y en un periódico de mayor circulación; por su parte la convocatoria para el concurso de oposición interno se publicará en lugares visibles de la Dependencia correspondiente, quince días hábiles antes de la realización del mismo. En este sentido, si la parte quejosa se duele en síntesis de la propuesta y en su caso aprobación ante el consejo universitario, así como la publicación, en la Gaceta Nicolaita y medios de difusión de la Universidad Michoacana, de la aprobación de la malla curricular de Bachillerato Nicolaita; la omisión por parte de las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la falta de publicación de la convocatoria relativa al concurso de oposición para la asignación de plazas y materias vacantes de nueva creación, periodo agosto dos mil veintiuno- febrero dos mil veintidós, de la nueva malla curricular del bachillerato Nicolaita debidamente firmada por sus integrantes, en la Gaceta Nicolaita; así como todo el procedimiento relativo al concluso de oposición interno, así como del abierto respecto de las plazas vacantes, y la falta de defensa de sus derechos por parte del Sindicato de esa casa de estudios, es inconcuso que dicho acto tiene una naturaleza laboral, pues deriva de la relación de trabajo que existe entre la parte quejosa-aquí recurrente- en su calidad de trabajadoras docentes y la referida Universidad (a través de sus órganos internos), en un plano de coordinación o igualdad, o sea, como patrón y trabajador, pues tiene autoridad para fijar las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 142/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE LA APERTURA DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA PROMOCIÓN O UN CONCURSO CERRADO QUE SOLICITA UN PROFESOR DE ASIGNATURA "B" PARA ACCEDER A LA CATEGORÍA DE PROFESOR ASOCIADO "B". La Universidad Nacional Autónoma de México tiene autoridad para fijar las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, mediante las disposiciones de su ley orgánica, los estatutos y reglamentos que de ella emanen. Así, de conformidad con los artículos 35 y 38 a 40 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, los profesores de asignatura se clasifican en categorías "A" o "B", y pueden tener el carácter de interinos o definitivos; por su parte, los profesores o investigadores de carrera, se clasifican en categorías de asociado y titular, y cada una cuenta con los niveles "A", "B" y "C". Asimismo, acorde con los artículos 39 y 66 del mencionado Estatuto, la cláusula 15 del Contrato Colectivo de Trabajo 2001- 2003 del Personal Académico y con el artículo 7 del Instructivo del Profesorado de Carrera de Enseñanza Media Superior, el concurso de oposición abierto es el único procedimiento para ingresar al personal académico de carrera de enseñanza media superior, por lo que cuando un profesor de asignatura definitivo "B" aspira a promoverse como profesor de carrera asociado "B", resulta improcedente la apertura de un concurso de oposición para promoción o un concurso cerrado, sino que debe satisfacer el concurso de oposición de ingreso o concurso abierto a que se refiere el artículo 66 del indicado Estatuto para acceder a dicha categoría". De ahí que, los actos y omisiones reclamadas no derivan de autoridades para efectos del juicio de amparo, en una relación de supra a subordinación, pues tal como se advierte del Reglamento del Personal Académico de la citada Universidad, se establecen las bases para determinar, por medio de un concurso, si alguno de los aspirantes se encuentra en aptitud de ocupar una plaza dentro de su plantilla de trabajadores, lo que de suyo indica que se trata de un conflicto suscitado de un patrón con un trabajador, y no de un ente público con un gobernado. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, último párrafo y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. 1.4 Domicilio y autorizados. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señaló como domicilio para recibir notificaciones en la calle Luis Moya número cuarenta y siete del centro histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que por su conducto ordene a quien corresponda, notifique a la parte quejosa el presente proveído; asimismo, la requiera para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin previo acuerdo, le correrán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Sin que sea necesario que acuse recibo de la presente comunicación, pues a través del aludido sistema se genera la boleta de turno correspondiente. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, a la autoridad que conozca de referido exhorto, lo devuelva por la misma vía. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez exhortado para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario notificador lleve a cabo la diligencia encomendada. De igual manera, para que en caso de que no sea posible desahogar la diligencia encomendada en el domicilio señalado y tenga conocimiento de uno diverso dentro de su jurisdicción, se sirva amablemente diligenciarlo en sus términos. En ese orden, se tiene por autorizados de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Jonathan Guerrero Flores y Julio César Reyes Calderon, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono 4525234435 Ext. 1071 Teléfono celular 4525235483 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525235483 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese conforme a derecho corresponda. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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