Ventura Valencia Soberanis

Expediente 529/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
529/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Ventura Valencia Soberanis

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gricelda o Griselda Soberanis Bello, por sí y en cuanto madre del quejoso directo Ventura Valencia Soberanis, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con residencia en Cerro de León de Villa Aldama, Veracruz; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 529/2019-C. 2. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: "La falta de atención médica y tratamiento médico para el padecimiento que tiene de una fuerte infección en los riñones con motivo de la enfermedad renal y en la vías urinarias que padece". 3. SUSPENSIÓN DE PLANO. Se estima que no existen datos que evidencien que la omisión reclamada ponga en peligro la vida del quejoso, o constituya un tormento para éste, ya que si bien se duele de que presenta dolor en la zona renal de una infección en vías urinarias, la promovente refiere que se le ha proporcionado medicamento para el dolor que padece el quejoso; en consecuencia, no ha lugar a actuar de inmediato a través de la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. 4. INCOMPETENCIA. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se desprenden tres hipótesis para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: Será competente el juez federal del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigua ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de distrito de esas jurisdicciones, a prevención ante el que se presente la demanda; y Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se considera actualizada la primera regla de competencia, esto es, que el Juez de Distrito que debe conocer de la presente demanda de amparo es aquel en cuya jurisdicción tiene sus efectos el acto reclamado, que en este caso se trata del que ejerce jurisdicción en la localidad de Cerro de León de Villa Aldama, Estado de Veracruz, ya que en dicho lugar se encuentra recluido el quejoso. Para evidenciarlo, conviene traer a cuenta que el quejoso señala como acto reclamado: La falta de atención médica y tratamiento médico para el padecimiento que dice tener una fuerte infección en los riñones con motivo de la enfermedad renal y en la vías urinarias que padece". Si bien se trata de un acto negativo, lo cierto es que conlleva efectos positivos, pues tal proceder omisivo atribuido a la responsable incide sobre la salud del quejoso, lo cual tiene verificativo, invariablemente, en el lugar donde se encuentran internos, a saber, en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", según lo narró la promovente bajo protesta de decir verdad. Apoya lo anterior la jurisprudencia número PC.XVI.P.J/3P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Decimosexto de Circuito, Décima Época, visible a página dos mil ciento veinticuatro, tomo III, marzo de dos mil diecinueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." Por tal motivo, si la omisión de la autoridad penitenciaria de brindar atención médica al directo quejoso bajo su reguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, el acto reclamado debe tener ejecución en El Cerro de León de Villa Aldama, Veracruz; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al titular del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución los actos reclamados, a fin de que provea conforme a derecho corresponda. Remítase el original del presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente. Solicítese al juez que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario que acuse recibo de la presente comunicación, pues a través del aludido sistema se genera la boleta de turno correspondiente. Se solicita de la manera más atenta, a la autoridad que conozca del referido exhorto, lo devuelva por la misma vía. 5. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que indica en el proemio de su demanda de amparo y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley en cita, a Julio César Mendoza González, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se localizó cédula a nombre del citado profesionista, que lo faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alberto Flores Fuerte, Minerva Jaimes Torres y Agustín Díaz Meza, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Nmr * Mcvp.

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