Verónica Calderón Márquez
Expediente 282/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Verónica Calderón Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Verónica Calderón Márquez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, por lo que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-282/2020, promovido por VERÓNICA CALDERÓN MÁRQUEZ, por propio derecho, contra actos del Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con veintiocho minutos, ante la secretaria de guardia de este órgano jurisdiccional, registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán el nueve siguiente,1 VERÓNICA CALDERÓN MÁRQUEZ, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, en los términos siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ? Director del Hospital General Doctor Miguel Silva, de esta ciudad de Morelia (Dr. Raúl Leal Cantú). ? Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Hospital General Doctor Miguel Silva, de esta ciudad de Morelia (LIC. Eliud Cruz Cruz); Y ? Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. IV. ACTOS RECLAMADOS. a) A los tres primeros (sic) les reclamo la omisión de dar respuesta a mi solicitud verbal relativa a la Medida de Seguridad Sanitaria en su punto número 4: consistente en la autorización del resguardo domiciliario corresponsable que se debe aplicar a la suscrita de manera estricta al padecer -enfermedad cardiaca- (preexistente a la fecha de la solicitud de la aplicación en mi favor de dicha medida), ello con independencia que mi actividad laboral se considere esencial; y 1 Fojas 1 y 2. b) De la segunda, la omisión de ordenar en sesión y puesta a consideración de la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Sección XXI, del caso particular de la suscrita, a efecto de que autorice el resguardo de la suscrita en su domicilio dado que me ubico dentro del grupo vulnerable y en peligro de muerte por contagio del virus SARS-CovV-2 o COVID-19. c) De la última de las autoridades mencionadas el no vigilar que las unidades médicas u hospitales a su cargo den cumplimiento a la medida sanitaria marcada con el arábigo número 4, expedida por la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, particularmente en el caso de la suscrita a quien dicho incumplimiento me pone en peligro de enfermar y perder la vida dado mi padecimiento. (.)." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Posteriormente, a través del escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado,2 la quejosa amplió su escrito inicial de demanda respecto de las autoridades y actos que a continuación se citan: De la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán: ? La omisión de otorgar el permiso relativo a la Medida de Seguridad Sanitaria en su punto número 4, consistente en la autorización del resguardo domiciliario corresponsable que se debe aplicar a la suscrita de manera estricta al padecer -enfermedad cardiaca- (preexistente a la fecha de la solicitud de la aplicación en mi favor de dicha medida), ello con independencia que mi actividad laboral se considere esencial, y de lo cual se enteró al momento de ser notificada del incidente de violación a la suspensión de plano; y ? La omisión de velar por la salud y la vida de la suscrita como trabajadora del Hospital Civil "Dr Miguel Silva" de esta ciudad de Morelia, toda vez que a sabiendas del padecimiento cardiaco que aqueja a la suscrita me expone al Virus SARS-CoV2 o COVID-19 al asignarme al área de tococirugía de dicho nosocomio en donde en ocasiones llegan pacientes que se 2 Foja 152 encuentran infectados con dicho virus, ello tomando en consideración que dicha autoridad responsable cuenta con las facultades para ordenar que se me asigne al área de tococirugía denominada SUBCEYE o en el segundo piso del hospital denominada CEYE, áreas en donde se procesa y esteriliza material de curación e instrumental. Asimismo, del Director y Jefa de Recursos Humanos del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva", de esta ciudad: ? La omisión de ordenar al Jefe de enfermeros y supervisor de enfermeros del área de Tococirugía, salvaguardar la salud y la vida de la suscrita como trabajadora del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva" de esta ciudad de Morelia, toda vez que siendo conocedor del padecimiento cardiaco que aqueja a la suscrita, ha optado por exponerme al Virus SARS-CoV2 o COVID- 19 en el área de tococirugía de dicho nosocomio en donde llegan pacientes que se encuentran infectados de dicho virus, sin tomar en consideración que la suscrita, dado el padecimiento preexistente que tengo corro mayor riesgo de perder la vida si contraigo dicha enfermedad; ello, no obstante que dicha autoridad responsable cuenta con las facultades para ordenar que se me asigne al área de tococirugía denominada SUBCEYE o en el segundo piso del hospital denominada CEYE, áreas en donde se procesa y esteriliza material de curación e instrumental. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveídos de ocho de abril y veintitrés de julio, ambos de dos mil veinte,3 se admitió a trámite la demanda y su ampliación; se formó el expediente con la primera, quedando registrado el bajo el número 282/2020-X; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto se contara con el informe justificado; se proveyó en relación con la suspensión de plano solicitada por la quejosa y se fijó fecha para que tuviera verificativo la 3 Fojas 68 a 75 y 170 a 177 audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. En virtud que de conformidad con lo dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, quien con tales funciones celebró la audiencia constitucional, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia de rubro "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER".4 En acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el cambio de titular de este órgano jurisdiccional; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de 4 Tesis P/J. 17/2020 (10ª), visible a página 16 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I. Registro digital 2022487. la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito de ampliación relativo, se desprende que los actos reclamados por la promovente del amparo a las autoridades responsables, consisten en: La omisión de permitirle prestar su servicio como trabajadora del Hospital General "Dr. Miguel Silva", en esta ciudad, bajo el esquema de resguardo domiciliario, no obstante el pertenecer a un grupo de riesgo de contagio grave por el virus SARS-CoV2, comúnmente denominado COVID-19; y La omisión de transferirla de manera indistinta a las áreas denominadas SUBCEYE o CEYE, del servicio de Tococirugía, donde al ser áreas donde se procesa y esteriliza material, no se trata a pacientes infectados con dicho virus. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, ninguna de las autoridades responsables aceptó la existencia de los actos que les fueron atribuidos. Sin embargo, del contenido del informe presentado el nueve de abril de dos mil veinte, que rindió el Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", en cuanto inferior Jerárquico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y superior jerárquico de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de dicho nosocomio, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este juzgado el ocho de abril de dos mil veinte,5 se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda, que lo fue el ocho de abril del año en cita, no se había autorizado a la quejosa laborar bajo el esquema de resguardo domiciliario, sino hasta el nueve siguiente, según se desprende del oficio que dicho funcionario acompañó como sustento a su informe. Asimismo, del informe justificado rendido por el mismo Director, presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno,6 se desprende que a la fecha en que se presentó el escrito de ampliación de demanda, que lo fue el veintisiete de julio de dos mil veinte, la quejosa no había sido reasignada a diversa área dentro de su fuente 5 Foja 87 6 Foja 391 de trabajo, donde no tuviera contacto con pacientes que pudiesen estar infectados con el virus SARS-Cov2.7 De ahí que válidamente pueda considerarse que son ciertos los actos que se les atribuyen a las responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 238215 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materia(s): Común Tesis: Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 91-96, Tercera Parte, página 7 , , página Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Cabe decir, que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno,8 manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvieron como ciertos los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de 7 Foja 433 8 Fojas 398 y 399 conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita, se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte -de oficio- que el presente juicio debe sobreseerse porque tanto la omisión de autorizar resguardo domiciliario a la quejosa como medida preventiva para el contagio del virus SARS-Cov2, por tratarse de una trabajadora en situación de vulnerabilidad, así como la omisión de cambiarla de su área de trabajo a una diversa dentro de la misma institución, donde no se trate a pacientes que pudiese estar infectados con dicho virus, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ahí que se considere actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos en cita, se desprende que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, es importante señalar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de reclamarse a través de la acción constitucional, sino sólo aquel que implique una violación a un derecho fundamental de una persona que sea imputable a un órgano del Estado que lo haya decretado de manera imperativa, unilateral y coercitiva, de manera que son estos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente contra los actos que se atribuyen a las autoridades. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que aquello que distingue a una autoridad para efectos del juicio de amparo, es lo siguiente: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. 3. Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y 4. Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dichas consideraciones se reflejaron en la Jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."9 En ese sentido, la nota distintiva del concepto jurídico de autoridad responsable consiste en la actuación unilateral de un ente público que crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. El acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa voluntariamente; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. 9 Visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, septiembre de dos mil once, con registro electrónico 161133. Respecto a la primer nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, que surgen entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supra subordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Ahora bien, el artículo 123, fracción XV10, de la Constitución, establece la obligación del patrón de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el centro de trabajo, así como el deber de organizar el establecimiento de manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Obligación que se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de trabajo digno o decente, definido en el artículo 211 de la Ley Federal del Trabajo y, sobretodo, con lo dispuesto en los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D TER de la propia ley, transcritos en párrafos precedentes. Por su parte, el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo,12 establece que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la 10Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; (.) 11Artículo 2. (.) Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 12 Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Ratificado por el Estado Mexicano el uno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, la Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, emitida por la OIT, señala que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. También, es importante tener en cuenta que artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: (.) XIX BIS. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria." "Artículo 512-D Ter. En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieren determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades." De conformidad con los citados preceptos, legales, es obligación de los patrones cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar los elementos que señale dicha autoridad a efecto de prevenir enfermedades. Además, en el caso de que se determine la suspensión de labores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores. Por otra parte, de la emergencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, conviene contextualizar que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud emitió declaratoria de pandemia. Como consecuencia, el veintitrés de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia". El veinticuatro de marzo de dos mil veinte .se publicó en el referido medio de difusión oficial el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", mediante el cual el Secretario de Salud instruyó a los sectores público, privado y social, entre otras, las practicas siguientes: Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. Suspender actividades escolares, así como aquellas que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, garantizando la continuación de las funciones esenciales. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones del sector privado y social, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para él cumplimiento de las funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV2 y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras. En el sector privado continuaran laborando empresas, negocios y establecimientos necesarios para hacer frente a la contingencia. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos, ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto, a los derechos laborales de los trabajadores, en los sectores público, social y privado. El treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19)", señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones necesarias para atender la emergencia sanitaria. El treinta y uno de marzo siguiente, fue publicado el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV2", en el que se ordenó la suspensión inmediata de todas-las actividades no esenciales y se definieron como esenciales, entre otros, los Servicios de salud, seguridad pública y sectores fundamentales* de la economía. Además, se determinó el "resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad; estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar...". El catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidémico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa así como establecer las acciones extraordinarias" mediante las cuales se determinó la estrategia para la apertura consistente en tres etapas, señalando mediante colores las actividades laborales, educativas y el uso de espacio público. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, el Secretario de Salud, conjuntamente con los titulares de las Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicaron el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos para la Reapertura de las actividades económicas", implementado con el objeto de lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable, estableciendo como principios rectores, los siguientes: 1. Privilegiar la salud y la vida: que busca que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familiares, así como mejorar la seguridad y la salud en el entorno laboral. 2. Solidaridad y no discriminación: Solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras, sin distinción alguna, debiendo apoyar a las personas trabajadoras que tienen a su cargo menores cuyas escuelas están cerradas o el cuidado de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. 3. Economía moral y eficiencia productiva: el regreso a las actividades laborales debe darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo. 4. Responsabilidad compartida: la efectividad de las medidas es tarea de todos. De esta manera, se categorizaron los centros de trabajo de acuerdo al tipo de actividad que realizan, al riesgo epidemiológico en el que se encuentran, el tamaño del centro de trabajo y las características internas y se establecieron las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. El treinta y uno de julio de dos mil veinte, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pata mitigar la propagación del coronavirus COVID-19", en el que se autorizó a los servidores públicos, la posibilidad de desarrollar trabajo en casa, en los casos en que su desempeño sea posible, disposición que se determinó obligatoria para las personas calificadas en estado de vulnerabilidad, quedando exceptuadas de la aplicación de dicho acuerdo, las secretarías de salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal de Servicio Exterior Mexicano, así como el IMSS, ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones relacionadas con los servicios de salud, protección civil, además de las que se determinen como esenciales y que deban presentarse de manera presencial. El ocho de diciembre de dos mil veinte se publicó la política nacional de vacunación, que incluye cinco etapas que atienen a la priorización de la población, enfocada en la edad de las personas. El treinta de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2", en el que se determinó el regreso a labores en instalaciones físicas de los servidores públicos que concluyeron su proceso de inmunización. Además, considera viable continuar con el esquema de trabajo, cuando la naturaleza de sus funciones así lo permita a las personas servidoras públicas que estén en lista de espera para concluir su proceso de inmunización, así como aquellas consideradas como personas vulnerables. Quedaron exceptuadas de dicho acuerdo las secretarías de Salud, Defensa Nacional Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal de Servicio Exterior Mexicano, instituciones de protección civil y demás que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. En el caso del IMSS, ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad e instituciones relacionadas con los servicios de salud, quedaron facultados para aplicar el acuerdo, sin alterar el cumplimiento de sus funciones institucionales y la prestación de servicios de salud, en congruencia con sus disposiciones en materia de administración de recursos humanos. Lo anterior permite concluir que los acuerdos emitidos durante la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, tienen una naturaleza formalmente administrativa, en tanto que fueron expedidos por diversas autoridades de esa naturaleza, entre otros, los titulares de las Secretarías de Salud, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social. No obstante, los aspectos relativos a la forma en que el sector público, privado y social deben adaptar su funcionamiento, horarios y las condiciones en que los trabajadores deben continuar desarrollando sus labores, a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio del mencionado virus, incluyendo las medidas de resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, enfocado en las personas consideradas como vulnerables, tienen una naturaleza materialmente laboral. Lo anterior, en tanto que es claro que los acuerdos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria ubican a los sectores público, social y privado como destinatarios primigenios de esa normatividad y, el hecho de que les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. En efecto, el hecho de que los patrones tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias, -lo que sucede además con cualquier disposición laboral legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de supra-subordinación respecto de sus trabajadores, pues la normatividad referida no los dotó de una potestad administrativa que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Si bien se aprecia que los mencionados acuerdos contemplan como obligación de los patrones la implementación del resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, como medida de protección frente al SARS-CoV2, conservando la totalidad de las prerrogativas laborales que los trabajadores vienen disfrutando, fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que dichas normas se encuentran orientadas a salvaguardar derechos y prerrogativas de naturaleza laboral, entre las que se encuentra la salud, así como la seguridad e higiene en el empleo. Ahora bien, en el presente caso, la quejosa acreditó, por un lado, ser trabajadora del Hospital General "Doctor Miguel Silva", en esta ciudad, así como su pertenencia a un grupo vulnerable debido a una afección cardiaca crónica que presenta, y reclamó la omisión por parte de las autoridades responsables de permitirle desempeñar su labor de enfermera, bajo el esquema de resguardo domiciliario, o en su caso, su readscripción a diversa área dentro del mismo nosocomio, donde no se encuentre expuesta al virus SARS-CoV2. De lo cual, se puede apreciar que se trata de una desavenencia entre un empleado y su patrón, en una relación de coordinación, regida históricamente por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. Bajo ese contexto, es dable concluir que los actos que se reclaman no provienen de una autoridad que tenga el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, dado que a quienes se les atribuyen los actos reclamados, se localizan en un plano de igualdad con los derechos de la quejosa, derivado del punto de coordinación existente entre ésta como empleada y las autoridades responsables como patrón. Ello, debido a que el acto reclamado es consecuencia de la relación laboral existente entre la quejosa y el ente para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada. En efecto, el hecho de que la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, sea un organismo público descentralizado de la Administración Pública, no implica que en sus relaciones jurídicas de trabajo con sus empleados tenga el carácter de autoridad responsable para la procedencia del juicio constitucional, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en esas condiciones actúa en un plano de coordinación o de igualdad con sus trabajadores, conforme a la normativa laboral que les resulta aplicable. En el entendido de que la asimetría del patrón debe entenderse solamente en el sentido económico; pero, dicha situación de desigualdad social no le confiere el carácter de supra a subordinación que exige la legislación para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, porque el hecho de atribuirlo a un patrón (organismo descentralizado) como "autoridad", cuando deriva de una situación propiamente laboral, no desvirtúa la relación de coordinación existente entre el trabajador y el empleador, aunque este último en virtud de la pandemia de COVID-19 deba observar distintos lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias que podrían afectar derechos humanos de la quejosa; pero, ello no ocurre en una relación de supra a subordinación, sino en el ámbito laboral debido a la eficacia horizontal de los derechos humanos. De tal modo, la razón de que subyazca en el conflicto una posible afectación a derechos humanos con motivo de la pandemia, por sí solo, no hace procedente el juicio de amparo, porque tanto constitucional como legalmente es necesario, para que se surta la competencia del Juez de Distrito, en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que su violación derive de una relación entre gobierno y gobernado, lo que no ocurre en el caso, pues emana de una relación entre patrón y trabajador; por tanto, en un plano de igualdad, que se rige por la normativa laboral aplicable, para lo cual el legislador instituyó medios ordinarios de defensa. En efecto, la circunstancia de que el patrón varíe las condiciones de trabajo, de ninguna manera implica un acto de autoridad, sino en su caso, de violación a derechos laborales que corresponde conocer a la autoridad ordinaria. En consecuencia, si los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, es razonable concluir, como se adelantó, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en las consideraciones expuestas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas a lo largo de este fallo, que resolvió la contradicción de tesis 56/2021, en sesión ordinaria de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, pendiente de publicación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARSCoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." De igual manera, resulta aplicable la tesis VII.2o.T. J/71 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "Registro digital: 2022822 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Laboral Tesis: VII.2o.T. J/71 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Sin que pase inadvertido que en atención a la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno,13 que recayó al incidente de incumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este juzgado mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil veinte,14 la quejosa VERÓNICA CALDERÓN MÁRQUEZ, haya sido reasignada al área denominada CEYE, dentro del mismo nosocomio donde presta sus servicios como enfermera; sin embargo, dicha omisión, reclamada en ampliación de demanda, tampoco puede ser materia de análisis en la presente resolución, dado que, como quedó precisado, las autoridades responsables de incurrir en la misma, no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. 13 Fojas 369 a 379 14 Fojas 170 a 177 En tales condiciones procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales,15 se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por VERÓNICA CALDERÓN 15 Aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión Ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce; y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, con sus reformas y adiciones posteriores. MÁRQUEZ, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación levantada por la secretaria de la adscripción de los que se desprende que el quince de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio, misma que fue celebrada por el licenciado Leonel López Pérez, quien hasta el treinta de noviembre de la presente anualidad, desempeñaba funciones de Juez de Distrito a cargo de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Así como que a la fecha no se ha emitido el fallo relativo. Sin embargo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Circunstancia anterior que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes y previa formación del cuadernillo correspondiente, en estricta observancia al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 119/2020, que en lo conducente dice: "(.) Por lo tanto, a juicio de esta Segunda Sala sí se debe notificar a las partes del cambio de titular del órgano jurisdiccional que dictará el fallo respectivo. Razonar en otro sentido implica hacer, por un lado, caso omiso a lo señalado por el artículo 70, en el sentido de que las partes pueden formular el impedimento correspondiente y, por el otro, implica hacer nugatorio el derecho de las partes a formular un impedimento respecto de un Juez determinado pues, de no notificarles el cambio de titular, las partes sólo conocerán quién dictó la sentencia o resolución, una vez que conozcan su contenido, y esté firmada por el nuevo titular y autorizada por el secretario, llevándose la incorrecta creencia, por la falta de la notificación correspondiente del cambio de titular, pues ellos estimarán que es el mismo que dictó los acuerdos previos a la sentencia o resolución. (.)" Anterior criterio que dio lugar a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓ PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 119/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, actualmente Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. 23 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Tesis de jurisprudencia 104/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil diez." Misma que al no ser adversa al texto actual de la Ley de Amparo vigente, resulta de observancia obligatoria para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 217 y SEXTO transitorio de dicho ordenamiento. DICTADO DE LA RESOLUCIÓN Por lo expuesto, una vez notificadas las partes del contenido del presente acuerdo, procédase al dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese por lista a la parte quejosa y de ser el caso a la tercero interesada y, por oficio a la autoridad responsable de conformidad con el artículo 26, fracciones II y III de la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia; Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo X-282/2020 promovido por Verónica Calderón Márquez contra actos del Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Vicente Zarco Suayd, en cuanto apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud de Michoacán, todos con sede en esta ciudad. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte quejosa, como autoridades responsables adjuntaron diversas documentales durante la secuela procesal. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente realizó lo conducente, la agente del ministerio público de la federación adscrita a través de su pedimento 172/2021. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.
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