Vera Cecilia Ramos Galván

Expediente 817/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
817/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Vera Cecilia Ramos Galván

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Vera Cecilia Ramos Galván, a través de sus apoderados jurídicos; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo físico. Ahora, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente judicial. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Daa

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta signado por Sergio Espejo Jiménez, Daisy Rodríguez Díaz y Diana Álvarez Cancino, quienes se ostentan apoderados de la quejosa Vera Cecilia Ramos Galván. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se reconoce personalidad. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, así como de la carta poder que se acompaña al escrito de demanda, se reconoce a los ocursantes el carácter de apoderados de la quejosa con el que comparecen a gestionar. Se exhorta a las partes. En otro sentido, en atención al Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 2°, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Análisis de procedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, y 113 todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos legales transcritos, se tiene que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, el Máximo Tribunal señaló que cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco". Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, por unanimidad de votos, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: ". dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. El plazo genérico al cual se ha hecho mención es el siguiente: ´Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley.´ Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: ´Época: Sexta Época Registro: 802908 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen CII, Tercera Parte Materia(s): Común, Constitucional Tesis: Página: 55 PETICIÓN, DERECHO DE. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1965 al Semanario Judicial de la Federación, expresa: "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a el, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". De los términos de esta tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que se considere transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto.´ Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no solo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: ´Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera. De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento." Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Contradicción de tesis 294/2018. Entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Mónica Jaimes Gaona". De todo lo expuesto hasta el momento, se obtiene que, por regla general el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente cuando el reclamo del peticionario de la protección constitucional estriba en dilaciones procesales, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se advierta la existencia de una abierta paralización del procedimiento; y, que ello ocurrirá (en materia laboral) únicamente si han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate. En ese contexto, en el caso, la quejosa reclama que dentro del juicio ordinario laboral 5B-2354/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, existe una abierta paralización, toda vez que no se ha emitido la resolución correspondiente al incidente de incompetencia, promovido por la demandada; sin embargo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el veintidós de octubre pasado, se llevó a cabo la audiencia incidental relativa. Entonces, válidamente puede colegirse que la presente demanda resulta notoriamente improcedente, porque hasta el momento en que esto se provee, no ha transcurrido el plazo establecido como criterio objetivo por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, es decir, para que se estime que existe una abierta dilación en el procedimiento de ejecución. Es así, pues aun cuando en el decir de la quejoso con la omisión en que incurre el tribunal responsable, se transgrede en su agravio la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la ley que regula el proceso de origen, para continuar con la secuela procesal; la realidad, es que la Suprema Corte de Justicia, en concreto la Segunda Sala ha sostenido que, por regla general, dicha circunstancia no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. En efecto, el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando, como en el caso, el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, se insiste, por regla general es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se observe una abierta paralización del proceso. Lo anterior, no ocurre en la especie, debido a que del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que la amparista expuso a manera de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que se ha llevado a cabo la secuela procesal del incidente de incompetencia, tan es así que, como se mencionó supralíneas, el veintidós de octubre pasado se llevó a cabo la audiencia incidental, en la cual se tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las partes y la responsable dejó los autos en estado de emisión de la interlocutoria que en derecho proceda, sin que hasta la fecha lo haya realizado, siendo la última actuación desplegada en el controvertido. Dichas manifestaciones vertidas por la peticionaria del amparo merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por los motivos expuestos, se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco." "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez". Así, la circunstancia de que en el procedimiento de origen se hayan desplegado múltiples intentos por ejecutar el laudo, pone en evidencia que el juicio no está paralizado y, además, si bien, a la fecha de promoción de la presente demanda, es decir, veintisiete de noviembre actual, no se ha emitido la resolución correspondiente al incidente de incompetencia, no es determinante para concluir que eventualmente se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, tampoco estimarse una abierta paralización del proceso, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita con antelación pone de manifiesto que cuando se da una afectación al artículo 8° Constitucional dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevé dicho normativo, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un proceso en el que la quejosa es parte. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011703 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.IV.L. J/3 K (10a.) Página: 2094 JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5157/2014, del cual derivó la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", sostuvo que la jurisprudencia tiene el carácter de una norma general, porque constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho. Ahora, de los artículos 94, párrafo décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215 a 224 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino que sólo establece el verdadero alcance de una norma previamente existente. Asimismo, una vez que una tesis de jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria, los órganos jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan cuestionar su contenido o proceso de integración, pues ello es propio del órgano que emitió el criterio vinculante. De ese modo, se concluye que para que se genere la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia anterior de la cual derive el derecho adquirido de manera previa a la aplicación de la nueva, sin que pueda admitirse que el hecho de afectar simples expectativas de derecho se traduzca en perjuicio para el justiciable; de ahí que su aplicación puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria a la aplicada. Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 29 de marzo de 2016. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Luis Torres Lagunas y Guillermo Erik Silva González, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente. Disidentes: Alfredo Gómez Molina y Alejandro Alberto Albores Castañón. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales." Ahora, no pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, en el caso concreto no se considera actualizada dicha excepción, porque ya se dijo que si bien pudiera ser que la responsable no ha acatado los términos de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es, que en el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen y del tiempo transcurrido desde su última actuación, es decir, veintidós de octubre de dos mil veinte, se concluye que no se materializan esas hipótesis. Lo anterior es así, pues el retraso aducido por la quejosa no excede del lapso de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se llevó a cabo la audiencia incidental y se dejaron los autos en estado de emitir la resolución correspondiente, y que válidamente puede tomarse como un parámetro objetivo para determinar si existe o no una abierta dilación o una paralización total de un juicio laboral, puesto que resulta un hecho notorio para este juzgado, derivado del conocimiento de asuntos similares que las cargas laborales de los tribunales laborales, y en específico el aquí responsable, normalmente son muy amplias, por lo que hasta el momento, conforme a los datos que se desprenden de la demanda que son prueba plena, no se advierte la existencia de una abierta dilación ni de la paralización total del asunto. Además, de admitir a trámite el juicio de amparo, podría incluso llegar a repercutir en una afectación de derechos de terceros, puesto que se obligaría a la responsable a dar prioridad al juicio en donde la quejoso es parte, frente a otros anteriores. Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, eventualmente podrían generar un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para la propia promovente del amparo. Además, el presente criterio atiende a la etapa procesal en la que se sitúa el procedimiento laboral de origen es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Vera Cecilia Ramos Galván, a través de sus apoderados, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que al resolver la contradicción de tesis 1/2018, el Plano de este Décimo Primer Circuito, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DERIVADA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.) DEBE REALIZARSE HASTA LA SENTENCIA". Sin embargo, ya quedó precisado que posterior a la emisión de la citada jurisprudencia, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, la Segunda Sala del Máximo Tribunal reiteró que, por regla general el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen dilaciones procesales; y, sólo por excepción, será procedente cuando "de la demanda" se advierta la existencia de una abierta paralización; esto quiere decir, que el juicio de control constitucional será procedente sólo si del contenido íntegro de la demanda se obtiene que han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate, lo cual, se insiste, no ha ocurrido en el caso particular. Por esa razón, respetuosamente, quien esto provee considera que la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Circuito ha sido rebasada o sustituida por la referida supralíneas, precisamente porque la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que la procedencia del juicio debe advertirse "de la demanda de amparo" y no de las pruebas que las partes pudieran aportar durante la secuela procesal; precisamente porque la regla general implica que las dilaciones procesales no vulneran los derechos sustantivos de los justiciables y, por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, máxime si se toma en cuenta que en el presente asunto, el quejoso manifestó claramente y bajo protesta de decir verdad, la fecha desde la cual la autoridad responsable no ha actuado y respecto de la cual debe hacerse el cómputo de los cuarenta y cinco días naturales para la procedencia del amparo, lo que como ya se indicó, es una confesión con pleno valor probatorio. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene a la parte promovente autorizando en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la ley en aplicación, a la persona que refiere. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta signado por Sergio Espejo Jiménez, Daisy Rodríguez Díaz y Diana Álvarez Cancino, quienes se ostentan apoderados de la quejosa Vera Cecilia Ramos Galván. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Se reconoce personalidad. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, así como de la carta poder que se acompaña al escrito de demanda, se reconoce a los ocursantes el carácter de apoderados de la quejosa con el que comparecen a gestionar. Se exhorta a las partes. En otro sentido, en atención al Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 2°, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Análisis de procedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, y 113 todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos legales transcritos, se tiene que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, el Máximo Tribunal señaló que cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe: "...De los términos de esta tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que se considere transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto.´ Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no solo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: ´Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera. De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento." Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Contradicción de tesis 294/2018. Entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Mónica Jaimes Gaona". De todo lo expuesto hasta el momento, se obtiene que, por regla general el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente cuando el reclamo del peticionario de la protección constitucional estriba en dilaciones procesales, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se advierta la existencia de una abierta paralización del procedimiento; y, que ello ocurrirá (en materia laboral) únicamente si han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate. En ese contexto, en el caso, la quejosa reclama que dentro del juicio ordinario laboral 5B-2354/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, existe una abierta paralización, toda vez que no se ha emitido la resolución correspondiente al incidente de incompetencia, promovido por la demandada; sin embargo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el veintidós de octubre pasado, se llevó a cabo la audiencia incidental relativa. Entonces, válidamente puede colegirse que la presente demanda resulta notoriamente improcedente, porque hasta el momento en que esto se provee, no ha transcurrido el plazo establecido como criterio objetivo por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, es decir, para que se estime que existe una abierta dilación en el procedimiento de ejecución. Es así, pues aun cuando en el decir de la quejoso con la omisión en que incurre el tribunal responsable, se transgrede en su agravio la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la ley que regula el proceso de origen, para continuar con la secuela procesal; la realidad, es que la Suprema Corte de Justicia, en concreto la Segunda Sala ha sostenido que, por regla general, dicha circunstancia no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. En efecto, el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando, como en el caso, el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, se insiste, por regla general es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se observe una abierta paralización del proceso. Lo anterior, no ocurre en la especie, debido a que del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que la amparista expuso a manera de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que se ha llevado a cabo la secuela procesal del incidente de incompetencia, tan es así que, como se mencionó supralíneas, el veintidós de octubre pasado se llevó a cabo la audiencia incidental, en la cual se tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las partes y la responsable dejó los autos en estado de emisión de la interlocutoria que en derecho proceda, sin que hasta la fecha lo haya realizado, siendo la última actuación desplegada en el controvertido. Dichas manifestaciones vertidas por la peticionaria del amparo merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por los motivos expuestos, se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco." "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez". Así, la circunstancia de que en el procedimiento de origen se hayan desplegado múltiples intentos por ejecutar el laudo, pone en evidencia que el juicio no está paralizado y, además, si bien, a la fecha de promoción de la presente demanda, es decir, veintisiete de noviembre actual, no se ha emitido la resolución correspondiente al incidente de incompetencia, no es determinante para concluir que eventualmente se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, tampoco estimarse una abierta paralización del proceso, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita con antelación pone de manifiesto que cuando se da una afectación al artículo 8° Constitucional dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevé dicho normativo, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un proceso en el que la quejosa es parte. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011703 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.IV.L. J/3 K (10a.) Página: 2094 JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5157/2014, del cual derivó la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", sostuvo que la jurisprudencia tiene el carácter de una norma general, porque constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho. Ahora, de los artículos 94, párrafo décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215 a 224 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino que sólo establece el verdadero alcance de una norma previamente existente. Asimismo, una vez que una tesis de jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria, los órganos jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan cuestionar su contenido o proceso de integración, pues ello es propio del órgano que emitió el criterio vinculante. De ese modo, se concluye que para que se genere la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia anterior de la cual derive el derecho adquirido de manera previa a la aplicación de la nueva, sin que pueda admitirse que el hecho de afectar simples expectativas de derecho se traduzca en perjuicio para el justiciable; de ahí que su aplicación puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria a la aplicada. Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 29 de marzo de 2016. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Luis Torres Lagunas y Guillermo Erik Silva González, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente. Disidentes: Alfredo Gómez Molina y Alejandro Alberto Albores Castañón. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales." Ahora, no pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, en el caso concreto no se considera actualizada dicha excepción, porque ya se dijo que si bien pudiera ser que la responsable no ha acatado los términos de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es, que en el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen y del tiempo transcurrido desde su última actuación, es decir, veintidós de octubre de dos mil veinte, se concluye que no se materializan esas hipótesis. Lo anterior es así, pues el retraso aducido por la quejosa no excede del lapso de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se llevó a cabo la audiencia incidental y se dejaron los autos en estado de emitir la resolución correspondiente, y que válidamente puede tomarse como un parámetro objetivo para determinar si existe o no una abierta dilación o una paralización total de un juicio laboral, puesto que resulta un hecho notorio para este juzgado, derivado del conocimiento de asuntos similares que las cargas laborales de los tribunales laborales, y en específico el aquí responsable, normalmente son muy amplias, por lo que hasta el momento, conforme a los datos que se desprenden de la demanda que son prueba plena, no se advierte la existencia de una abierta dilación ni de la paralización total del asunto. Además, de admitir a trámite el juicio de amparo, podría incluso llegar a repercutir en una afectación de derechos de terceros, puesto que se obligaría a la responsable a dar prioridad al juicio en donde la quejoso es parte, frente a otros anteriores. Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, eventualmente podrían generar un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para la propia promovente del amparo. Además, el presente criterio atiende a la etapa procesal en la que se sitúa el procedimiento laboral de origen es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Vera Cecilia Ramos Galván, a través de sus apoderados, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que al resolver la contradicción de tesis 1/2018, el Plano de este Décimo Primer Circuito, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DERIVADA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.) DEBE REALIZARSE HASTA LA SENTENCIA". Sin embargo, ya quedó precisado que posterior a la emisión de la citada jurisprudencia, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, la Segunda Sala del Máximo Tribunal reiteró que, por regla general el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen dilaciones procesales; y, sólo por excepción, será procedente cuando "de la demanda" se advierta la existencia de una abierta paralización; esto quiere decir, que el juicio de control constitucional será procedente sólo si del contenido íntegro de la demanda se obtiene que han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate, lo cual, se insiste, no ha ocurrido en el caso particular. Por esa razón, respetuosamente, quien esto provee considera que la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Circuito ha sido rebasada o sustituida por la referida supralíneas, precisamente porque la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que la procedencia del juicio debe advertirse "de la demanda de amparo" y no de las pruebas que las partes pudieran aportar durante la secuela procesal; precisamente porque la regla general implica que las dilaciones procesales no vulneran los derechos sustantivos de los justiciables y, por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, máxime si se toma en cuenta que en el presente asunto, el quejoso manifestó claramente y bajo protesta de decir verdad, la fecha desde la cual la autoridad responsable no ha actuado y respecto de la cual debe hacerse el cómputo de los cuarenta y cinco días naturales para la procedencia del amparo, lo que como ya se indicó, es una confesión con pleno valor probatorio. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene a la parte promovente autorizando en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la ley en aplicación, a la persona que refiere. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva

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