Verónica Barrera Islas
Expediente 992/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Verónica Barrera Islas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación secretarial, se advierte que ha fenecido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente físico, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. DESTINO Y VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, en virtud de que, se concedió la medida cautelar solicitada en su aspecto definitivo. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo...M-V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de julio de dos mil veintidós. AUTORIDAD INFORMA. Se tiene al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo informando que mediante proveído de once de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 939/2021, se dejó sin efectos el auto de once de mayo pasado, únicamente por cuanto hace a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, asimismo que procedió a señalar una nueva data para dicha diligencia; lo que acredita con la copia certificada que adjunta al de cuenta. En virtud de lo anterior, se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la constancia remitida por la autoridad responsable, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]. Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual, acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del buzón judicial, Verónica Barrera Islas, reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo: o El auto de once de mayo de este año, emitido en el expediente laboral 939/2021, mediante el cual fijó la audiencia de pruebas, alegatos y resolución para el nueve de noviembre de dos mil veintidós. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que merece pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 939/2021, se dejó sin efectos el auto de once de mayo pasado, únicamente por cuanto hace a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, asimismo que se procedió a señalar las trece horas del tres de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia en cuestión. Sin que pase desapercibido para este encargo del despacho que de la copia certificada adjuntada al oficio de cuenta no obran las notificaciones realizadas a las partes que derivaron de dicho proveído; sin embargo, es importante precisar que, por analogía, puede el juzgador, una vez que la autoridad responsable le envía una resolución en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia, y además tal actuación es congruente con principio de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que, dado el sentido de la presente determinación (sobreseimiento fuera de audiencia), la Ley de Amparo impone al órgano jurisdiccional la obligación de decretar que la notificación respectiva se efectué de esa manera. Apoya en lo conducente esta actuación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J. 16/99, Novena Época, con número electrónico 194481, publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo 1999, de rubro y texto: INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Igualmente, cabe citar la jurisprudencia de la misma sala número 2ª./J. 36/99, con número electrónico 194060, publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, que textualmente dice: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Expuesto lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado en este juicio de amparo ha dejado de interferir en la esfera jurídica de la parte quejosa. En efecto, al haberse dejado sin efectos la fecha señalada en el auto de once de mayo de dos mil veintidós, que en esta vía se combate, y posterior a ello, emitió un proveído diverso, en el que fijó una nueva data para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en el expediente de origen, es dable concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, tal cual como si se hubiera otorgado el amparo solicitado, ello es así, pues la determinación dictada por la autoridad responsable ya no está surtiendo efectos jurídicos, ni los surtirá; toda vez que, al haberse dejado sin efectos, trajo como consecuencia que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional. En suma, la cesación de efectos del acto reclamado, por sustitución, se actualiza en el supuesto en que se endereza el amparo contra actuaciones respecto de las cuales se dicte un nuevo acto jurídico que las sustituya en su eficacia legal, puesto que precisamente los efectos del acto combatido cesan al haber sido reemplazado por una nueva determinación, lo que en el presente asunto aconteció. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Verónica Barrera Islas. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional...M-V
- Incidental
Por lo expuesto, se: R E S U E L V E Único. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la quejosa Verónica Barrera Islas, en los términos y para los efectos especificados en el último considerando de este fallo incidental...V
- Incidental
SPachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de junio de dos mil veintidós. INFORMA. Se tiene a la Jueza Primera Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por ministerio de ley, haciendo del conocimiento que en los autos de la causa penal 395/2014 suspendió el procedimiento, en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con motivo de la tramitación del presente sumario
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