Verónica Baños Zarco
Expediente 791/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Verónica Baños Zarco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de diciembre de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo 791/2022-IV-A, así como el testimonio de la ejecutoria de diecisiete de noviembre del año en curso, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el recurso de queja **; acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes la recepción del testimonio aludido, del que se advierte que la superioridad resolvió lo siguiente: Único. Se declara infundado el recurso de queja. Asimismo, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno correspondiente y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desglósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de queja, para ser integradas al presente juicio de amparo. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente físico coincide con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio, así como los cuadernos incidentales. DESTRUCCIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14. 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....M-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de junio de dos mil veintidós. ADMISIÓN DE RECURSO. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por Verónica Baños Zarco, contra el acuerdo de veintisiete de mayo anterior, así como los autos originales del juicio de amparo 791/2022-IV-A. Además, informa que se admitió el recurso de queja hecho valer, el cual quedó registrado bajo el número 176/2022...M-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de junio de dos mil veintidós. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a la quejosa Verónica Baños Zarco interponiendo recurso de queja contra el auto de veintisiete de mayo pasado. 2. Una vez que se notifique al recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, (i) el informe sobre la materia de la queja; (ii) el original del escrito de agravios; y, (iii) los autos originales del juicio en que se actúa...IV
- Principal
Previo CITATORIO dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 27 de MAYO de 2022, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Verónica Baños Zarco contra un acto de la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 791/2022-IV-A; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el proveído reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación a la promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, una vez examinado el escrito inicial, se advierte que Verónica Baños Zamora, instó la presente instancia para someter a escrutinio constitucional un acto de la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, consistente en la resolución de tres de mayo de dos mil veintidós, la cual confirma la resolución del Juez Penal de Control adscrito al Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que se excluyeron las pruebas ofrecidas por la aquí quejosa en la etapa intermedia en la causa penal 507/2020, en razón a que los agravios formulados por esta, resultaron parcialmente fundados pero insuficientes. Luego, como se adelantó, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, al tenor de la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal del país, la exclusión de medios de prueba dentro del procedimiento penal no constituye un acto cuyos efectos puedan considerarse como de imposible reparación, en tanto que se refiere a violaciones puramente procesales, susceptibles de ser reparadas, por ejemplo, en caso de que otra prueba revele el extremo que se pretende probar con el medio de prueba excluido, o que el quejoso obtenga sentencia absolutoria, en cuyo caso aquellas desaparecerán sin dejar huella en su esfera jurídica. Al tenor de lo razonado, la decisión del tribunal de alzada, que confirmó la exclusión de medios de prueba decretada por el juez de control, no puede considerarse como un acto que genere al acusado violaciones de ejecución irreparable, porque únicamente interfiere en aspectos procesales que tienen que ver con la necesidad de que se alleguen al tribunal de enjuiciamiento las pruebas necesarias para resolver de manera adecuada la problemática que es sometida a su potestad; lo que no trastoca ninguno de los derechos sustantivos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a favor del inculpado. Tan es así, que la exclusión de un medio de prueba no genera por sí misma la privación de un derecho sustantivo, pues el no desahogo de uno de ellos puede ser subsanado o superado mediante otro de los medios que sí fueron admitidos a la parte ofendida como al Ministerio Público; incluso, pudiera suceder que el medio de prueba excluido resultara irrelevante o intrascendente y que el tribunal de enjuiciamiento no se apoye en él para emitir su decisión; o bien, que mediante otros medios de prueba se arribó a la conclusión de que el acusado es inocente y por eso obtenga sentencia absolutoria, en cuyo caso desaparecería la violación procesal alegada, sin dejar huella en la esfera jurídica del agraviado. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de Tesis 6/2021, aprobada en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Por otra parte, debe destacarse que el encausado no tiene como derecho fundamental dentro del proceso penal, que se le reciban de manera absoluta todos los medios de prueba que ofrezca, como ocurre en el caso de nuestra atención; esto, aunado a que con la resolución reclamada no se le ha coartado su derecho de defensa ni se le han impuesto cargas dentro del proceso penal, que impliquen una vulneración directa a algún derecho sustantivo; de ahí que pueda sostenerse que las violaciones alegadas son meramente procesales y, como se dijo, contra ellas el juicio de amparo es improcedente, al ser susceptibles de reparación. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Avenida Pinos, manzana 4, lote 1, San Miguel La Higa, Mineral de la Reforma, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Guillermo Baños Zarco; y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Hugo Velázquez Cervantes, toda vez que no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA REPRODUCCIONES DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...IV
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