Verónica Alejandra Rodríguez Pajaro

Expediente 186/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
186/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Verónica Alejandra Rodríguez Pajaro y Otros.
  • Verónica Alejandra Rodríguez Pajaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el articulo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del 2° numeral, se expide copia certificada de lo que solicita, previa constancia que se otorgue en autos por su entrega, autorizando para recibirlas, a las personas que refiere. En el entendido de que, la persona autorizada para tal efecto, deberá acudir ante este órgano jurisdiccional, en el horario que corresponde a este Juzgado, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual deberá generar el código QR a que alude el mencionado Acuerdo, ello debido a las circunstancias de salud que imperan en la actualidad para lo cual se deberá acatar en todo momento las medidas preventivas de salud, seguridad y sana distancias. Ahora bien, es necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la obtención de las copias que solicita estará sujeta a las labores del Centro de Copiado, por lo que si no es posible hacer entrega de las fotocopias solicitadas con su debida certificación, dentro del plazo que se concede al promovente, para permanecer en este recinto judicial, o bien, al personal de este Juzgado, de conformidad con el Acuerdo General previamente invocado, deberá generar otra de cita y código QR para la recolección de las mismas. No obstante, dígasele que en términos del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo de las constancias que obren en aquél, ya que cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable; por tanto, procede determinar si se cumplieron los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia definitiva dictada por este este Juzgado, se resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En auto de trece de octubre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, y requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento en el plazo otorgado. Ahora bien, los efectos de la sentencia se hicieron consistir en lo siguiente: " (.) SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de Federal, para que la Dirección del Registro Civil del Estado de Querétaro, cumpla con lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, no se aplique ni en el presente ni en el futuro, la porción normativa declarada inconstitucional que literalmente señala: "El matrimonio es una institución en la que se establece un vínculo jurídico por la unión de un hombre y una mujer" que contiene el artículo 137 del Código Civil del Estado de Querétaro. 2. Aplique a las quejosas, la parte restante del mencionado precepto, pero interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal suerte que se entienda el matrimonio es la unión voluntaria y libe de dos personas, con igual de derechos y obligaciones para ayudarse mutuamente. 3. Para que los Oficiales del Registro Civil que residan dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, representada dicha Institución por la Directora del Registro Civil del Estado de Querétaro (con independencia de la señalada como responsable Oficialía 01, Centro Histórico del Registro Civil Municipio de Querétaro), en caso de que acudan ante ellos a contraer matrimonio, deben interpretar las restantes disposiciones del Código Civil para el Estado de Querétaro vigente, relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de la parte contrayente y a la finalidad de la institución, conforme el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente sentencia. Por ende, en tal supuesto deberán celebrar el matrimonio que eventualmente soliciten las quejosas con personas del mismo sexo, por lo que desde este momento se ordena enviar copia certificada de la presente determinación, a efecto de que esté en aptitud de cumplimentarla en sus términos, una vez que así sea requerido por la parte quejosa. En el entendido que el cumplimiento al fallo protector por parte del Director del Registro Civil del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, bastará únicamente con que realice la declaratoria del punto 1, y respecto a los puntos 2 y 3, comunique a este juzgado federal que ha tomado las medidas correspondientes para que en cualquier momento en que la parte quejosa acuda ante esa Institución puedan contraer matrimonio. No representa obstáculo alguno para la anterior determinación, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento por lo que respecta al acto reclamado a las mencionadas autoridades, ya que cualquier autoridad que por sus funciones se encuentre vinculada con el cumplimiento de la sentencia, está obligada a acatarla en sus términos; por tal motivo, se señala que los efectos de la presente sentencia de amparo vinculan además a todas las autoridades del Estado de Querétaro a tomar en consideración la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. (.) Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual las autoridades responsables Legislatura del Estado de Querétaro y Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, ambos con sede en esta ciudad, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias. (.)" En proveído que antecede, se tuvo por recibido el oficio y anexos que remitió el Director del Registro Civil del Municipio de Querétaro, asimismo, se vinculó al cumplimiento del fallo a la Dirección Estatal del Registro Civil de Querétaro, por lo que luego de que se tuvo por recibido el comunicado allegado por esta última autoridad, se ordenó dar vista a la parte quejosa con estas constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se tratan de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que de las documentales allegadas por las autoridades responsables se desprende: Que las responsables desincorporaton de la esfera jurídica de la quejosa la porción normativa declarada inconstitucional e informó a los Oficiales del Registro Civil con jurisdicción en el Estado de Querétaro, los efectos del fallo protector, a fin de que en el supuesto que las quejosas acudan ante ellos a contraer matrimonio o pretendan el reconocimiento del concubinato frente a autoridades del orden común, estén en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos acatando los lineamientos ahí precisados. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se concluye que se cumplieron con los postulados del fallo protector. En consecuencia, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Lo anterior, encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director del Registro Civil del Estado de Querétaro, mediante el cual exhibe las constancias con las que estima dar cumplimiento del fallo protector. VISTA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio que se provee, así como con todas las misivas remitidas por las autoridades vinculadas integradas en la etapa de ejecución del juicio de amparo en que se actúa, con sus respectivos anexos, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado Federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento a la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que se requirió a la Dirección del Registro Civil del Estado de Querétaro, a efecto de que diera cumplimiento a la referida sentencia, sin que se haya ordenado su notificación. En consecuencia, a efecto de que la citada autoridad este en aptitud de dar cumplimiento a la sentenciada dictada en autos, y, en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Dirección del Registro Civil del Estado de Querétaro, queda vinculada por razón de sus funciones a realizar todos los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que, mediante oficio que derive del presente proveído se ordena remitir copia de la misma, y auto mediante el cual se declaró ejecutoriada; en el entendido que está sujeta a la misma responsabilidad a que alude la Ley de Amparo en caso de incumplimiento, entre las que se encuentra aquélla de corte penal que más adelante se precisa. Ello, en virtud de que cualquier autoridad que por sus funciones se encuentre vinculada con el cumplimiento de la sentencia, está obligada a acatarla en sus términos, incluidas todas las autoridades del Estado de Querétaro, pues deben tomar en consideración la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, lo cual incluso se estableció en la sentencia definitiva. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo, en la Jurisprudencia número 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual "las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare", debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo, mas no así a personas ajenas al mismo, circunscribiéndose, por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la ley, al caso concreto. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si esta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada la declaración de inconstitucionalidad que, en su caso, proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." APERCIBIMIENTO AUTORIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de no realizar lo propio, se hará acreedor a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veinte SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. INFORMA CUMPLIMIENTO. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director del Registro Civil del Municipio de Querétaro, mediante el cual informa los trámites efectuados para dar cumplimiento al fallo protector; sin embargo, con su contenido se reserva dar vista hasta en tanto se cuente con las constancias orientadas a ese propósito respecto de la diversa autoridad vinculada al cumplimiento, y precisada en párrafos precedentes. Notifíquese.

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