Verónica Adriana López Peña
Expediente 261/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2023
Partes del expediente
- Verónica Adriana López Peña
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, y de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que de la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen al amparo directo ********************del índice del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el aquí quejoso, en el apartado de antecedentes, señaló lo siguiente: * II. Se requiere por constancias. En relatadas condiciones, a fin de integrar debidamente el presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, así como 297 fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada, completa, clara y legible del juicio de nulidad ********************de su índice. Lo anterior, toda vez que se estiman necesarias para resolver lo conducente en el presente juicio. Ello es así, debido a que si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no. Es aplicable al caso, por su contenido y alcance la Jurisprudencia 1a./J. 163/2005, con número de registro 176291, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de consulta en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que siguen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. C En la inteligencia que de hacer caso omiso al presente requerimiento, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a la citada autoridad.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de marzo de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por ..., contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 261/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Cuestión Previa Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar de forma integral el escrito de demanda y, si advirtiera que se actualiza alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese contexto, cabe puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, indicó que por "manifiesta" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. IV. Fijación de los actos Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y anexos se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: Autoridad responsable Acto reclamado Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro a) El auto de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ... de su índice, en el cual se desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios respecto a las pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas por parte del deudos alimentario en favor de la quejosa.. V. Desechamiento de plano Sentado lo anterior, es posible señalar que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación. En la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en amparo. Lo anterior, pues tal juicio es un medio de control jurisdiccional extraordinario que tiene por objeto analizar la regularidad constitucional de actos u omisiones de autoridades o de particulares en funciones de autoridad que vulneren derechos humanos; y, en tal medida, procede exclusivamente contra los actos respecto de los cuales la ley no conceda medio de defensa, pues, de lo contrario, se convertiría en un recurso ordinario más e implicaría una suplantación de las funciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b), c) y d), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ilustra lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 1835, tomo CIII quinta época, del Semanario Judicial de la Federación. "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella". Así como lo considerado en la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable a lo razonado, en lo conducente, el criterio aislado número I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Ahora, con la finalidad de demostrar el motivo en que se basa la causa de improcedencia explicada con anterioridad, esto es, para evidenciar que contra el acto reclamado procede un medio de defensa ordinario que de ser el caso tendría el efecto jurídico-material de modificar, revocar o nulificar la resolución impugnada, debe traerse a glosa una breve síntesis de los antecedentes del acto reclamado que se desprenden del escrito de demanda y anexos, tal como se señala a continuación: ....reclamó en la vía ordinaria civil de ... (parte quejosa), entre otras, el cumplimiento de las siguientes prestaciones: La disolución del vínculo matrimonial La disolución de la sociedad conyugal. Por su parte, ... (parte quejosa) interpuso demanda reconvencional, reclamando de ... el cumplimiento de las siguientes prestaciones: El pago de pensión alimenticia a su favor; El aseguramiento de dicha pensión El pago de diversas cantidades por conceptos de rentas En esos términos, mediante sentencia definitiva de quince de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro resolvió lo siguiente: "TERCERO. Se condena al demandado reconvencional ... al pago de la pensión alimenticia a favor de V... a razón del [sic] la cantidad de ... mensuales." (Resaltado añadido) Luego, ... interpuso diversas planillas de liquidación, por concepto de pensiones adeudadas, de las cuales tres han quedado firmes, mismas que aparentemente suman un total de .... Con motivo de ello, las cantidades no pagadas han quedado garantizadas mediante diversos embargos recaídos en un inmueble propiedad del deudor alimentario. Adicionalmente, la parte quejosa también planteó un INCIDENTE DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS a razón del 20% (veinte por ciento) anual respecto a las pensiones alimenticias adeudadas Por auto de ... (acto reclamado), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro desechó de plano el incidente intentado, bajo las consideraciones siguientes: "[.] Atendiendo a todo lo anterior, es evidente que la actora reconvencional, no reclamó en el momento procesal oportuno, el pago de Intereses Moratorios respecto de las pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas, que pretende ejecutar en este acto, aunado al hecho que el presente juicio se encuentra concluido, y ejecutando únicamente lo resuelto en definitiva, siendo esto, las prestaciones que resultaron procedentes y que fueran reclamadas en un principio por las partes. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 84 de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el Estado, conforme al principio de congruencia contemplado en el ordinal 84 de la Ley Procesal Civil vigente en el Estado [.] Se DESECHA DE PLANO el incidente interpuesto, por ser notoriamente ocioso e improcedente, en razón que, la prestación que pretende exigir la mandataria judicial en el incidente en comento, es una cuestión accesoria a lo reclamados en las prestaciones de lo principal". En dichos términos, y tal como se precisó con anterioridad, se observa que el acto reclamado lo constituye el auto que desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios respecto de la pensiones adeudadas interpuesto por la parte quejosa respecto de las cantidades adeudadas por concepto de las pensiones alimenticias decretadas en la resolución definitiva que recayó a la reconvención planteada en el juicio ordinario civil de divorcio ... Ahora bien, contra dicha determinación procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en relación con el diverso 736 del propio ordenamiento. Con el fin de demostrar lo anterior, conviene traer a colación lo previsto en tales preceptos, mismos que son del tenor literal siguiente: Artículo 659. La sentencia en los incidentes es apelable en los casos en que lo fuere la sentencia en lo principal. Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley. Lo anterior, en la inteligencia de que la unidad de medida definida como "salario mínimo general diario vigente en la zona" se sustituyó legalmente por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el transitorio tercero del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así las cosas, de la lectura sistemática de la normativa en cita se desprende que LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS Y AUTOS DEFINITIVOS DICTADOS EN LOS INCIDENTES, SON APELABLES CUANDO LA SENTENCIA PRINCIPAL RECAIGA SOBRE UN NEGOCIO CUYO VALOR EXCEDA A ... (CANTIDAD EQUIVALENTE A TRESCIENTAS VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN VIGENTE). En consecuencia, es claro que previo a promover el juicio de amparo indirecto, la quejosa debió interponer recurso de apelación contra el auto que desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios. Se afirma lo anterior por las siguientes consideraciones: a) Es un auto con carácter de definitivo, porque desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios respecto de pensiones adeudadas; y b) La sentencia definitiva es apelable, en tanto que la cantidad líquida condenada excede de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona. No es obstáculo a lo anterior, lo aseverado por la quejosa, en el sentido de que se está en el supuesto previsto por el artículo 542 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, contrario a lo manifestado por la solicitante de amparo dicho precepto únicamente es aplicable a las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia. Efectivamente, no se está en el supuesto previsto por el numeral antes referido, ya que la determinación reclamada no fue dictada para ejecutar una sentencia, sino por el contrario, desechó el incidente de pago de intereses moratorios respecto de pensiones adeudadas, porque no es fue una prestación reclamada en el juicio de origen, y por tanto, no fue materia de condena en la sentencia que resolvió el juicio ordinario civil de divorcio ..., Sin que en el caso concreto resulte optativo agotar el medio ordinario de defensa previsto por la legislación local; en razón a que si bien el auto impugnado versa sobre el pago de pensiones alimenticias adeudadas, no se encuentran involucrados derechos de menores de edad, por lo que no se surte el supuesto fáctico a que hace referencia la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, Décima Época, registro digital 2004677, del rubro siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. Consecuentemente, en razón a que la quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa con los cuales contaba, resulta notorio e indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo cual, de conformidad con el numeral 113 de dicho ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta. VI. Domicilio. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "...". En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Ahora, se tienen como autorizadas de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a .., por acreditar contar con su cédula profesional inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas, y por así haberlo solicitado expresamente. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. IX. Expediente electrónico (consulta) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo , se autoriza a la parte quejosa la consulta electrónica del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante los usuarios "..." y "...", sin que tal autorización implique la habilitación de notificaciones electrónicas, por no haberlo solicitado expresamente. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. X. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO B, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DE LA RESOLUCIÓN DE DOS DE MARZO PASADO QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de marzo de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por ..., contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 261/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Cuestión Previa Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar de forma integral el escrito de demanda y, si advirtiera que se actualiza alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese contexto, cabe puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, indicó que por "manifiesta" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. IV. Fijación de los actos Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y anexos se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: Autoridad responsable Acto reclamado Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro a) El auto de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ... de su índice, en el cual se desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios respecto a las pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas por parte del deudos alimentario en favor de la quejosa.. V. Desechamiento de plano Sentado lo anterior, es posible señalar que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación. En la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en amparo. Lo anterior, pues tal juicio es un medio de control jurisdiccional extraordinario que tiene por objeto analizar la regularidad constitucional de actos u omisiones de autoridades o de particulares en funciones de autoridad que vulneren derechos humanos; y, en tal medida, procede exclusivamente contra los actos respecto de los cuales la ley no conceda medio de defensa, pues, de lo contrario, se convertiría en un recurso ordinario más e implicaría una suplantación de las funciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b), c) y d), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ilustra lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 1835, tomo CIII quinta época, del Semanario Judicial de la Federación. "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella". Así como lo considerado en la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable a lo razonado, en lo conducente, el criterio aislado número I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Ahora, con la finalidad de demostrar el motivo en que se basa la causa de improcedencia explicada con anterioridad, esto es, para evidenciar que contra el acto reclamado procede un medio de defensa ordinario que de ser el caso tendría el efecto jurídico-material de modificar, revocar o nulificar la resolución impugnada, debe traerse a glosa una breve síntesis de los antecedentes del acto reclamado que se desprenden del escrito de demanda y anexos, tal como se señala a continuación: ....reclamó en la vía ordinaria civil de ... (parte quejosa), entre otras, el cumplimiento de las siguientes prestaciones: La disolución del vínculo matrimonial La disolución de la sociedad conyugal. Por su parte, ... (parte quejosa) interpuso demanda reconvencional, reclamando de ... el cumplimiento de las siguientes prestaciones: El pago de pensión alimenticia a su favor; El aseguramiento de dicha pensión El pago de diversas cantidades por conceptos de rentas En esos términos, mediante sentencia definitiva de quince de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro resolvió lo siguiente: "TERCERO. Se condena al demandado reconvencional ... al pago de la pensión alimenticia a favor de V... a razón del [sic] la cantidad de ... mensuales." (Resaltado añadido) Luego, ... interpuso diversas planillas de liquidación, por concepto de pensiones adeudadas, de las cuales tres han quedado firmes, mismas que aparentemente suman un total de .... Con motivo de ello, las cantidades no pagadas han quedado garantizadas mediante diversos embargos recaídos en un inmueble propiedad del deudor alimentario. Adicionalmente, la parte quejosa también planteó un INCIDENTE DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS a razón del 20% (veinte por ciento) anual respecto a las pensiones alimenticias adeudadas Por auto de ... (acto reclamado), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro desechó de plano el incidente intentado, bajo las consideraciones siguientes: "[.] Atendiendo a todo lo anterior, es evidente que la actora reconvencional, no reclamó en el momento procesal oportuno, el pago de Intereses Moratorios respecto de las pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas, que pretende ejecutar en este acto, aunado al hecho que el presente juicio se encuentra concluido, y ejecutando únicamente lo resuelto en definitiva, siendo esto, las prestaciones que resultaron procedentes y que fueran reclamadas en un principio por las partes. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 84 de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el Estado, conforme al principio de congruencia contemplado en el ordinal 84 de la Ley Procesal Civil vigente en el Estado [.] Se DESECHA DE PLANO el incidente interpuesto, por ser notoriamente ocioso e improcedente, en razón que, la prestación que pretende exigir la mandataria judicial en el incidente en comento, es una cuestión accesoria a lo reclamados en las prestaciones de lo principal". En dichos términos, y tal como se precisó con anterioridad, se observa que el acto reclamado lo constituye el auto que desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios respecto de la pensiones adeudadas interpuesto por la parte quejosa respecto de las cantidades adeudadas por concepto de las pensiones alimenticias decretadas en la resolución definitiva que recayó a la reconvención planteada en el juicio ordinario civil de divorcio ... Ahora bien, contra dicha determinación procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en relación con el diverso 736 del propio ordenamiento. Con el fin de demostrar lo anterior, conviene traer a colación lo previsto en tales preceptos, mismos que son del tenor literal siguiente: Artículo 659. La sentencia en los incidentes es apelable en los casos en que lo fuere la sentencia en lo principal. Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley. Lo anterior, en la inteligencia de que la unidad de medida definida como "salario mínimo general diario vigente en la zona" se sustituyó legalmente por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el transitorio tercero del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así las cosas, de la lectura sistemática de la normativa en cita se desprende que LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS Y AUTOS DEFINITIVOS DICTADOS EN LOS INCIDENTES, SON APELABLES CUANDO LA SENTENCIA PRINCIPAL RECAIGA SOBRE UN NEGOCIO CUYO VALOR EXCEDA A ... (CANTIDAD EQUIVALENTE A TRESCIENTAS VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN VIGENTE). En consecuencia, es claro que previo a promover el juicio de amparo indirecto, la quejosa debió interponer recurso de apelación contra el auto que desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios. Se afirma lo anterior por las siguientes consideraciones: a) Es un auto con carácter de definitivo, porque desechó de plano el incidente de pago de intereses moratorios respecto de pensiones adeudadas; y b) La sentencia definitiva es apelable, en tanto que la cantidad líquida condenada excede de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona. No es obstáculo a lo anterior, lo aseverado por la quejosa, en el sentido de que se está en el supuesto previsto por el artículo 542 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, contrario a lo manifestado por la solicitante de amparo dicho precepto únicamente es aplicable a las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia. Efectivamente, no se está en el supuesto previsto por el numeral antes referido, ya que la determinación reclamada no fue dictada para ejecutar una sentencia, sino por el contrario, desechó el incidente de pago de intereses moratorios respecto de pensiones adeudadas, porque no es fue una prestación reclamada en el juicio de origen, y por tanto, no fue materia de condena en la sentencia que resolvió el juicio ordinario civil de divorcio ..., Sin que en el caso concreto resulte optativo agotar el medio ordinario de defensa previsto por la legislación local; en razón a que si bien el auto impugnado versa sobre el pago de pensiones alimenticias adeudadas, no se encuentran involucrados derechos de menores de edad, por lo que no se surte el supuesto fáctico a que hace referencia la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, Décima Época, registro digital 2004677, del rubro siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. Consecuentemente, en razón a que la quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa con los cuales contaba, resulta notorio e indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo cual, de conformidad con el numeral 113 de dicho ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta. VI. Domicilio. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "...". En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Ahora, se tienen como autorizadas de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a .., por acreditar contar con su cédula profesional inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas, y por así haberlo solicitado expresamente. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. IX. Expediente electrónico (consulta) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo , se autoriza a la parte quejosa la consulta electrónica del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante los usuarios "..." y "...", sin que tal autorización implique la habilitación de notificaciones electrónicas, por no haberlo solicitado expresamente. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. X. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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