Veronica Alcaraz Perez

Expediente 140/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
140/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • Veronica Alcaraz Perez

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por -. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Deneb Esparza Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. A Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos de los Jueces Primero, Tercero y Cuarto, todos de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial y otras autoridades; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-140/2019-1. Del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: ".ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión librada en contra de mi hijo de nombre -, por, el Juez Primero de Primera Instancia en materia penal, o por el Juez Tercero de primera instancia en materia penal, o por el Juez Cuarto de primera instancia en materia penal, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, todos con domicilio en los anexos al Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez", Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, de la cual desconozco su fecha, DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- Reclamo la ejecución que pretenden dar a la orden de aprehensión antes señalada."(sic). Respecto de los mismos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como los diversos 5º y 6º, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto que los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I, párrafo primero y 6º, de la ley reglamentaria en comento, establecen: "Artículo 107. (.) El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniedno tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". El precepto constitucional aludido determina, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, de la interpretación sistemática de los numerales 5º y 6º de la invocada Ley de Amparo, en sus párrafos antes transcritos, válidamente se puede colegir que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o apoderado. Lo anterior significa que sólo la parte quejosa directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, puesto que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo; es decir, por quien figura como quejoso, por su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas en los numerales 8º, 15 y 16 de la Ley de Amparo, dado que al ser la titularidad de la acción constitucional un derecho personalísimo, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Dichas salvedades son del tenor siguiente: "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. (.)". "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. (.)". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)". Ahora bien, en el presente caso, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por Verónica Alcaraz Pérez, a favor de -ostentándose la primera como progenitora del segundo, y manifestando bajo protesta de decir verdad, que debido a diversos comentarios surgidos entre sus conocidos respecto a que algunas personas al parecer policías, habían estado preguntando por el domicilio y/o ubicación de su hijo, porque "según" se había orden de aprehensión en su contra y que por tal motivo solicita el amparo y protección de la justicia federal para su hijo -En esa tesitura, resulta patente que -, carece de legitimación procesal activa para impetrar el presente juicio, ya que al ser el directo agraviado una persona mayor de edad, y no acreditarse que se encuentra impedido para promover el juicio de amparo, ya que de los antecedentes de la demanda no se aprecia manifestación en ese sentido, inconcuso resulta que no se ubica en los supuestos que prevén los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo, lo que se corrobora con el articulado previamente transcrito y que es relativo a la capacidad y personería en el juicio de amparo, donde se dispone quienes son las partes, las personas que pueden promoverlo y aquéllas que podrán hacerlo sin legítimo representante y la acreditación de dicha representación, según el caso, o bien se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en este sentido nada dijo al respecto ni lo acreditó. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 4671, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2335, Tomo II, Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con número de registro 909612, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO.- Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la ley de la materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo" según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indiciado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.". En esas condiciones, al haberse actualizado un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución General, 5º, fracción I, párrafo primero y 6º de la Ley de Amparo, estos últimos, interpretados a contrario sensu. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizados para ese efecto a -, y con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las demás personas que refiere, ello toda vez que de la certificación que antecede se advierte que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Deneb Esparza Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.

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