Vanessa Irineo Campos

Expediente 701/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
701/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Vanessa Irineo Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto que desechó la demanda de garantías, le transcurrió del siete de los actuales al trece siguiente; por tanto, ha fenecido sin que haya interpuesto recurso legal alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que fue desechada la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-701/2022-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".Todas y cada una de las actuaciones, constancias y resoluciones practicadas y contenidas en el Juicio ORDINARIO CIVIL, que sobre reivindicación de inmueble, registrado bajo el número de expediente -, promovido por la ahora tercero interesada, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán; del que en el apartado de antecedentes, se especificaran los datos con que sé cuenta hasta ahora, a excepción de la demanda inicial de dicho juicio civil, para el efecto de que la suscrita sea llamada a juicio y debidamente emplazada, ya que hasta la fecha tengo también la posesión del inmueble o fracción de inmueble materia de aquel juicio, sin que la suscrita haya sido llamada a juicio...". Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Lo anterior, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2014433, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Ahora, la quejosa refiere en sus antecedentes de su demanda en estudio, que es hija de -, ésta última quien figura como demandada en el juicio natural -, asimismo que la promovente vive en el domicilio donde también habita su progenitora, sito en -, inmueble del que también refiere es poseedora; por lo que al no ser parte en el citado juicio no estuvo en condiciones de apelar la sentencia o interponer amparo, más aún porque desconocía tal asunto. En ese sentido, existen dos tipos de legitimación, ad causam y ad procesum. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho controvertido. En tanto, que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hacen los actores, los quejosos, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". De lo antes señalado, se advierte que la legitimación ad procesum sí es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, indispensable para el ejercicio de la acción constitucional. En tanto, que de los artículos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que sientan prejudicial; cuando se reclamen, entre otros, actos provenientes de tribunales judiciales, debe acreditarse la legitimación para iniciar y seguir el juicio de amparo, la cual debe fundarse en que el acto reclamado causa un agravio personal y directo; agravio el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 6° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I, artículo 107, de la Constitución General, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se promueve válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión del acto de autoridad. Así las cosas, aun cuando la parte quejosa señala como acto reclamado todas las actuaciones, constancias y resoluciones emitidas en el juicio ordinario civil número -, sobre reivindicación de inmueble, tramitado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ésta carece de legitimación para promover el juicio de amparo. Es así, puesto que el reclamo, no tiene efectos sobre su persona, ya que tal como lo refiere expresamente la promovente, su progenitora -, es la demandada en el juicio de origen sobre reivindicación del inmueble donde ambas habitan, de ahí que el acto reclamado no puede ser cuestionado por la impetrante, pues sólo a -, es a quien podría ocasionar el perjuicio personal y directo que se requiere; y, por ende, la única legitimada para reclamar su reparación. De lo anterior se evidencia, que la promovente no se encuentra legitimada para impugnar dichas actuaciones mediante el juicio de amparo pues, en todo caso, correspondería dicha facultad a la demandada -Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." También la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1513 del Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". Y la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Distrito, publicada a foja 397, del Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. NO ES NECESARIO OTORGARLA A TERCEROS RESPECTO DE LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE ACCIONES PERSONALES. Cuando en el juicio de garantías, el acto reclamado se haga consistir en que no se otorgó la garantía de audiencia a un tercero extraño en los juicios que versen sobre acciones personales, como lo es el de otorgamiento de escrituras, en aquél debe sobreseerse porque este último no afecta el interés jurídico del tercero, pues el citado juicio versó sobre una acción personal que se ejercita con el objeto de que la parte demandada otorgue la escrituración al actor del inmueble respecto del cual había celebrado contrato de compraventa, de tal manera que en este caso, el objeto del juicio sólo interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame a juicio al tercero, ya que a éste no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que en el mismo se dicte, no le afecta ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales y menos aún la de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 constitucional, lo que no ocurre con el dictado de la sentencia en el juicio de referencia, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya escrituración se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho del actor de que se le otorgue la escrituración, pero no prejuzga ni nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar al quejoso de sus derechos de propiedad o posesión". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace del conocimiento de las partes, que en?caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de??????? internet del Portal de Servicios? en Línea del Poder Judicial de la Federación?http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea?a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.? Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente:??????????????? ?"REPRODUCCIÓN?ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.".? En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad.??? De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.?? Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten?hacia?la?actuación?desde?el?Portal?de?Servicios?en?Línea?del?Poder?Judicial?de?la?Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la?Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y?trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Por otra parte, se?invita?a las partes para que?propongan?formas?especiales?y?expeditas?de?contacto,?como?correos?electrónicos?y?servicios?de?mensajería?instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.? Finalmente, se tiene a la quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizados para tal efecto a los abogados que indica, toda vez que no cumplen con los lineamientos que establece el numeral 12 de la ley de la materia, como se aprecia de la constancia secretarial que antecede. Notifíquese personalmente.

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