Veremundo Valerio Cruz
Expediente 105/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2017
Partes del expediente
- Veremundo Valerio Cruz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de Jorge Flores López, por el que promueve incidente de liquidación de sentencia. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 66 y 67 de la misma legislación, se ordena tramitar el incidente de liquidación de sentencia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en términos del ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en razón a que esta incidencia obstaculiza la continuación del procedimiento de ejecución, se tramitará en este expediente principal, por lo que se suspende el cumplimiento de la ejecutoria, hasta que quede firme la determinación en la que se cuantifique su monto. Por otra parte, atendiendo a que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que no podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, y el diverso 192 de la Ley de Amparo, que prevé que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y a que es necesario especificar el monto exacto que la autoridad responsable deberá pagar al demandante constitucional para cumplir con la ejecutoria, con fundamento en el artículo 67 de la última legislación citada, se requiere a las partes a efecto de que en el término de tres días, manifiesten lo que a su interés convenga y de considerarlo ofrezcan las pruebas de las que se desprendan los elementos necesarios a fin de que el suscrito designe un especialista que lo auxilie para cuantificar: "la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, y hasta que se realicen los pagos correspondientes", a que se constriñó a la autoridad en la sentencia ejecutoria. Lo anterior, habida cuenta que en el expediente en que se actúa no se cuenta con elementos que permitan conocer el monto de alguno de los rubros a cuyo pago fue condenada la autoridad responsable, de ahí que es necesario que las partes aporten el material probatorio requerido con la finalidad de realizar la cuantificación correspondiente con el especialista que el suscrito designe en el momento procesal oportuno. En atención a lo anterior, se apercibe a las partes que en caso de no ofrecer pruebas de su parte, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil diecisiete. Asimismo, intégrese el segundo de los escritos del quejoso, visto su contenido, téngase por hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el escrito de Raquel Hernández Hernández autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Veremundo Valerio Cruz, visto su contenido, así como que de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, se advierte que la para quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar la sentencia definitiva correspondiente dentro del expediente 334/2016, del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Ahora, de las constancias que exhibe la parte quejosa en el escrito de cuenta, se advierte que la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el veinte de enero de dos mil diecisiete, pronunció la sentencia correspondiente en el expediente 334/2016. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Veremundo Valerio Cruz acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de dictar la sentencia definitiva correspondiente dentro del expediente 334/2016, del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Así, de las constancias que exhibe la parte quejosa en el escrito de cuenta, se advierte que el veinte de enero de dos mil diecisiete, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dictó la sentencia correspondiente en el expediente 334/2016, exhibiendo las constancias correspondientes. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Veremundo Valerio Cruz reclamó de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE
- Principal
ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS PROMOVIDO POR LA PARTE QUEJOSA.
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