Velkis Osiris Espinoza Rodríguez
Expediente 437/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/08/2021
Partes del expediente
- Velkis Osiris Espinoza Rodríguez
- V.A. C. E.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de procedimiento privilegiado de recuperación de posesión de hijo y de guarda y custodia 1951/2018 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 151 a 172), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Velkis Osiris Espinoza Rodríguez, contra los actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para los siguientes efectos: (.) a) Deje insubsistente el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 1951/2018, de su estadística. b) En su lugar, dicte otro en el que atendiendo al interés superior del menor V.A.C.E. y a lo expuesto en la presente determinación, analice en su integridad las constancias que obran en los autos del juicio natural e incluso, de estimarlo necesario, recabe las que estime oportunas, para determinar si existen elementos suficientes que permitan afirmar que han cambiado las condiciones bajo las cuales se decretó la guarda y custodia del menor V.A.C.E., así como el régimen de visita y convivencia de este último con sus progenitores y en caso de ser así, exponga de, forma fundada y motivada, las razones por las cuales ello amerita modificar la guarda y custodia, así como el régimen de visita y convivencia previamente decretado a fin de preservar el mayor beneficio del infante. c) En caso de considerar que no existen motivos para decretar la modificación de la guarda y custodia del menor citado, así como el régimen de visita y convivencia, entonces, se pronuncie sobre la solicitud de la parte quejosa de continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio natural de forma fundada y motivada, partiendo de la premisa de que al juicio de origen compareció el ahora tercero interesado, en el que tuvo la oportunidad de alegar lo que a su derecho correspondiera y en su momento, se desahogaron las pruebas que se consideraron procedentes para determinar tal aspecto. En el entendido que el juez responsable deberá evitar generar incertidumbre jurídica sobre la guarda y custodia del menor involucrado, así como el régimen de visita y convivencia de este último con sus progenitores, pues ello impide que en su momento éste pueda convivir con ambos padres. Por eso, el juez responsable podrá realizar las diligencias que considere necesarias a fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias y de esta manera, garantizar los derechos del infante. Al respecto, debe decirse que el suscrito está impedido para determinar, en este momento, si procede o no modificar la guarda y custodia del menor, porque de exponer consideraciones tendientes a subsanar la violación de forma especificada en párrafos precedentes se sustituiría al arbitrio judicial de la autoridad responsable, lo que va en contra de la técnica que rige al juicio de amparo...". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas; por ello, el cinco de julio de dos mil veintiuno (fojas 182 a 187), la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Posteriormente, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante oficio 3093, recibido en la oficialía de este Juzgado el catorce de julio de dos mil veintiuno, remitió copia fiel del auto de doce del citado mes y año, emitido en el expediente 1951/2018 a través del cual dejó sin efectos el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, y ordenó la ejecución de la sentencia. Por lo anterior, el quince de julio de dos mil veintiuno (foja 194), se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la Junta responsable, el cual se notificó a la quejosa el veintidós de los citados mes y año; y a la parte tercera interesada el dieciséis de julio de la presente anualidad. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que el doce de julio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 1951/2018 a través del cual dejó sin efectos el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno y ordenó la ejecución de la sentencia; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, en término del artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General invocado, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser susceptible de DESTRUCCIÓN en los términos que ordena el propio dispositivo. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento, hágase la relación a fin de que se integre para efectos de su transferencia. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Respecto al cuaderno principal, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; y, una vez hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto a los cuadernos incidentales, dentro de los siguientes treinta días posteriores a que transcurra el plazo a que aducen los penúltimos párrafos de los artículos 20 y 21, este juzgado federal deberá destruir los mencionados cuadernos; y, hecho lo anterior, se remitirá el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil veintiuno. agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el que en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia certificada del acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1951/2018 por el que dejó sin efecto el proveído de diecinueve de febrero del mismo año, y pronuncia uno diverso siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo protector. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese, y personalmente a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil veintiuno. agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el que en cumplimiento a la sentencia de amparo remite copia certificada del acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1951/2018 por el que dejó sin efecto el proveído de diecinueve de febrero del mismo año, y pronuncia uno diverso siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo protector. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese, y personalmente a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que ampara y protege ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: "a) Deje insubsistente el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 1951/2018, de su estadística. b) En su lugar, dicte otro en el que atendiendo al interés superior del menor V.A.C.E. y a lo expuesto en la presente determinación, analice en su integridad las constancias que obran en los autos del juicio natural e incluso, de estimarlo necesario, recabe las que estime oportunas, para determinar si existen elementos suficientes que permitan afirmar que han cambiado las condiciones bajo las cuales se decretó la guarda y custodia del menor V.A.C.E., así como el régimen de visita y convivencia de este último con sus progenitores y en caso de ser así, exponga de, forma fundada y motivada, las razones por las cuales ello amerita modificar la guarda y custodia, así como el régimen de visita y convivencia previamente decretado a fin de preservar el mayor beneficio del infante. c) En caso de considerar que no existen motivos para decretar la modificación de la guarda y custodia del menor citado, así como el régimen de visita y convivencia, entonces, se pronuncie sobre la solicitud de la parte quejosa de continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio natural de forma fundada y motivada, partiendo de la premisa de que al juicio de origen compareció el ahora tercero interesado, en el que tuvo la oportunidad de alegar lo que a su derecho correspondiera y en su momento, se desahogaron las pruebas que se consideraron procedentes para determinar tal aspecto". Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado de origen, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Notifíquese.
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