Venancio Cardoza Hernández y Otros.
Expediente 511/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Venancio Cardoza Hernández y Otros.
- Pablo Sánchez Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, a través del cual informa que mediante proveído de siete de junio del presente año, dictado dentro del juicio de amparo directo 428/2018 de ese índice, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxx; fincando dicha cuestión a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en esta ciudad, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Quinto de Distrito. Atendiendo a lo acordado en el proveído de incompetencia y al contenido del ocurso constitucional, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, dentro del término de cuarenta y ocho horas establecido por el artículo 48, párrafo segundo, de la citada legislación, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Regístrese la demanda de amparo con el número 511/2018-II. Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, se estima necesario trascribir lo establecido por el artículo 61, fracción XIV de la Ley Amparo, que dice. Debe señalarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella, pues de esta forma se puede llevar a cabo la interpretación completa de la voluntad de los impetrantes. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en lo que a este juicio concierne, se advierte que los quejosos se duelen del ilegal emplazamiento practicado en los autos del expediente 733/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tierra Blanca, Veracruz, por lo cual refieren se les dejó inauditos al no haberse cerciorado la responsable que no fueron debidamente notificados, tanto de la demanda inicial, ni dentro del proceso y mucho menos de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Por otra parte, de los autos del juicio ordinario civil 733/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis xxxxxxxxxx demandaron en la vía ordinaria civil a xxxxxxxxxx reclamando el reconocimiento de ser legítimos propietarios de diversas fracciones del predio rústico denominado "Boca del Monte", ubicados en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, así como la desocupación y entrega material de los predios de su propiedad por los demandados. 2. Para acreditar la titularidad de dichos terrenos los actores del juicio natural exhibieron diversos instrumentos públicos protocolizados ante fedatario público (fojas 9 a 282 del tomo I de pruebas). 3. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz dictó sentencia en la que declaró judicialmente que los actores xxxxxxxxxx, son legítimos propietarios de los predios ahí indicados (fojas 88 a 100 del tomo II de pruebas). 4. La citada sentencia causó ejecutoria el catorce de diciembre de dos mil dieciséis y se aperturó la sección de ejecución, ordenando requerir a los hoy quejosos para que desocuparan los inmuebles en contienda (fojas 103 y 104 del tomo II de pruebas). 5. Por auto de uno de marzo de dos mil diecisiete se ordenó requerir por segunda ocasión a los demandados para que desocuparan y entregaran materialmente los inmuebles propiedad de los ahí actores, apercibidos que de no hacerlo se les impondría multa de treinta días de salario mínimo, lo cual se notificó el siete de marzo siguiente (fojas 155-156 y 185-186 del tomo II de pruebas) 6. Luego, por auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete se ordenó requerir nuevamente a los demandados la entrega de los referidos bienes inmuebles, con el apercibimiento que de no desocuparlos serían lanzados con auxilio de la fuerza pública, lo cual se hizo del conocimiento de los demandados el veintinueve de marzo siguiente (fojas 157, 222, 225, 227 a 274 del tomo II de pruebas). 7. Posteriormente, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete se ordenó llevar a cabo la desocupación y entrega material de los inmuebles materia del juicio a la parte actora, con el auxilio de la fuerza pública, lo cual se pretendió ejecutar el dieciocho de octubre de la citada anualidad, sin que se hubiera logrado, por los motivos expuestos en el acta levantada al efecto (fojas 288, 289, 290, 300 y 301 del tomo II de pruebas). 8. Finalmente, por escrito de trece de noviembre de dos mil diecisiete, xxxxxxxxxx, en su carácter de presidente, secretario y tesorero respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Lalana, municipio de su mismo nombre, en el Estado de Oaxaca, se apersonaron al juicio del que derivan los actos reclamados interponiendo incompetencia por declinatoria o inhibitoria por falta de materia (Tomo III de pruebas); escrito que fue acordado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 296 del Tomo III de pruebas). Asimismo, del escrito de demanda se aprecia que los quejosos refieren que en el mes de octubre de dos mil diecisiete se constituyeron policías estatales de Veracruz en la comunidad de xxxxxxxxxx, donde ellos habitan, y estuvieron preguntando por los predios denominados xxxxxxxxxx del municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz; derivado de lo cual acudieron a solicitar apoyo del Comisariado General de Bienes Comunales, que representa a toda la citada comunidad, quienes comparecieron al juicio ordinario civil número 733/2016 radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tierra Blanca, Veracruz, donde ingresaron una promoción el once de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 1 a 11 del tomo III de pruebas), sin que a decir de los quejosos supieran nada hasta el ocho de febrero del año en curso que acudieron nuevamente al Juzgado de referencia a consultar el expediente mencionado, por lo que refieren haberse enterado de la sentencia dictada en ese controvertido hasta el nueve de febrero de dos mil dieciocho. En ese orden de ideas, es evidente que los aquí quejosos tuvieron pleno conocimiento de la existencia del juicio ordinario civil del que derivan los actos reclamados al menos desde el siete de marzo de dos mil diecisiete en que se les requirió la desocupación y entrega material de los predios en disputa (fojas 185 y 186 del tomo II de pruebas), pues del escrito de demanda no se aprecia impugnen la ilegalidad de esa notificación, así como tampoco la realizada el veintinueve de marzo siguiente, ni la diligencia de requerimiento de entrega de los predios propiedad de los actores en el juicio de origen, datada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, de cuya acta levantada al efecto (fojas 300 y 301 del tomo II de pruebas) se advierte estuvieron presentes, entre muchas otras personas, los aquí quejosos, sin que se haya desvirtuado la fe pública del personal actuante del Juzgado Municipal de Sochiapan, Veracruz, que practicó esas diligencias. Por tanto, es indudable que al menos desde el siete de marzo de dos mil diecisiete, la parte promovente está plenamente enterada de los actos reclamados -sentencia dictada en los autos del expediente 733/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tierra Blanca, Veracruz, así como las diligencias de emplazamiento y posteriores notificaciones, requerimientos y diligencia de lanzamiento suspendida. Consecuentemente, es dable sostener que el término de quince días que le concede el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo ha precluido en exceso. De lo que se sigue que si la demanda origen del presente juicio la presentó la parte quejosa ante la responsable Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tierra Blanca, Veracruz, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, es claro que transcurrió en exceso dicho lapso. Sin que obste a lo anterior que en el penúltimo párrafo del capítulo relativo a los antecedentes de la demanda que ahora pretenden intentar refieran ". el nueve de febrero de dos mil dieciocho fuimos enterados de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis." Pues ello se contrapone con lo manifestado en párrafos precedentes de dicha demanda, en el sentido de que al enterarse de la presencia de policías estatales de Veracruz en la comunidad a la que pertenecen, preguntando por los predios denominados xxxxxxxxxx del municipio de Sochiapan, Veracruz, solicitaron apoyo a los representantes de su comunidad, quienes comparecieron al juicio natural el quince de noviembre de dos mi diecisiete. No se soslaya el hecho de que los impetrantes de amparo pudieran estimar que derivado de la situación que priva respecto a la posesión que como comuneros dicen detentar respecto de los predios motivo de controversia les resultaría aplicable el plazo que establece la fracción III del artículo 17 de la ley de la materia; lo cual no es así, pues los actos reclamados derivan de un juicio ordinario civil en el que los aquí quejosos figuran como demandados por la posesión sin causa legítima que ostentan de los predios de la parte actora en el juicio natural, en el que fue valorada y determinada la propiedad, acreditada con diversos títulos, con los que quedó plenamente acreditado que los citados bienes inmuebles pertenecen al régimen de propiedad privada, no siendo aplicable entonces el supuesto legal referido. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de plano. Una vez que quede firme la presente determinación, como lo solicitó la Superioridad, devuélvasele el cuaderno de amparo relativo a fin de que determine lo conducente en relación con la legalidad de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil 733/2016 del que derivan los actos reclamados. Tomando en consideración que los tomos remitidos son las constancias originales relativas al juicio ordinario civil 733/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, del que derivan los actos impugnados, fórmense cuatro cuadernos de prueba por separado para un mejor manejo del expediente, respetando el entresello, folio y rúbrica de la autoridad responsable citada. Finalmente, sin que pase inadvertido que la demanda carece de firma autógrafa, de xxxxxxxxxx lo que se equipara a la falta de voluntad del promovente, pues no cuenta con signatura alguna; sin embargo, al no ser asentada dicha circunstancia por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, ni por la similar de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y tampoco por la Oficial de Partes de este órgano jurisdiccional, se considera que dicha demanda si llegó firmada. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. En virtud que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autorizan, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, sin soslayar que lo anterior también dependerá de que el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
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