Vanessa Sánchez Hernández

Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
791/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Vanessa Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta. El titular del 2. Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Medellín de Bravo, Veracruz, acusa recibo del oficio 1965/2023-VII, a través del cual se notificó el auto de cuatro de agosto del año en curso y devolvió un tomo de pruebas. Cúmplase.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada electrónicamente por Vanessa Sánchez Hernández, apoderada legal de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz. Regístrese con el número 791/2023-I en el libro de control electrónico respectivo. Realícense las anotaciones correspondientes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. PERSONALIDAD. Se reconoce la que ostenta Vanessa Sánchez Hernández, en su carácter de apoderada legal de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. En términos del segundo testimonio del instrumento público ochenta y cinco mil novecientos cinco (85,905), pasado ante la fe de la Titular de la Notaría Pública número Doscientos veintitrés, con residencia en la Ciudad de México. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la fracción IV, en lo destacado, el juicio de amparo procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido [a) ejecutados previamente o después de concluido el juicio y b) de ejecución de sentencia]. En relación con la diversa V, el amparo procede cuando los actos dictados dentro del juicio natural tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia. En la medida que influyen para que la resolución que ponga fin al procedimiento sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, da pauta para interpretar la fracción IV (fuera de juicio o en ejecución). De lo cual se obtiene que cuando existan actos emitidos previamente o después de concluido el juicio o en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos -ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural- puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio citado encuentra sustento en la Jurisprudencia 608 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, página 674, Novena Época, registro 1002674, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Esta misma lógica de procedencia se actualiza respecto de los actos emitidos en ejecución de sentencia [como es el caso], en que debe analizarse si éstos afectan de manera directa derechos sustantivos. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos (dentro, fuera de juicio o después de concluido). Siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación" o la parte quejosa hubiese quedado sin defensa alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos. Se trata de un reclamo meramente procedimental. Como se verá a continuación. El acto reclamado consiste en: - La omisión de acordar la promoción en el Juicio Especial Hipotecario tramitado bajo el expediente 878/2020-IV, presentada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz. De la narrativa de antecedentes se aprecia: -La moral impetrante es parte actora en el juicio especial hipotecario radicado bajo el expediente 878/2020-IV, que se tramita en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz. -El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ingresó en la oficialía de partes de la citada autoridad responsable el escrito por el que realizó diversas peticiones. En esencia i) se reconozca personalidad a diversa apoderada de la moral actora; ii) tener por exhibido el certificado de libertad de gravamen; iii) devuelto un exhorto diligenciado; IV) la preclusión de derechos de la demanda para la apertura de sección de ejecución; y v) nombramiento de abogado patrono de su representada. -Hasta el momento de la presentación de la demanda no ha recaído acuerdo alguno al escrito de mérito. Por lo que transcurrió en exceso el término establecido por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Sin que exista causa justificada para dicha dilación. Expuesto lo anterior, el juicio de amparo es improcedente. Lo aquí combatido tiene el carácter de una violación procesal que no es de imposible reparación. Versa sobre la dilación que estima injustificada relacionada con la falta de acuerdo a la promoción a que se hizo referencia líneas arriba. De ahí que el juicio de amparo sea improcedente. No puede considerarse afectado un derecho sustantivo cuando la dilación no implica la paralización del procedimiento por no ser excesiva. Ello es así, pues la omisión reclamada -dada su temporalidad- no puede verse de forma autónoma, sino dentro de un procedimiento (en el caso, de ejecución) en el que la impetrante de amparo es parte. Lo que trae como consecuencia no se esté en el caso de excepción para acudir al juicio biinstancial. Se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Como apoyo a lo anterior se cita la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008883, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de 'imposible reparación'; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada" Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, Registro 2011580, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Debe decirse que, el término genérico con el que cuenta la responsable para proveer una promoción es de tres días, atento a lo señalado por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Pero conforme a la tesis de jurisprudencia acabada de citar sólo una abierta dilación o su paralización total hace procedente el amparo. Lo que no sucede en un supuesto como el que se analiza. Dado que la promoción fue presentada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés y la demanda de amparo el siete de agosto del presente año (en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación). Plazo dentro del cual, posterior a los tres días que tenía la autoridad para acordar, habían transcurrido dieciséis días (del veintitrés de junio al siete de julio y del treinta y uno de julio al cuatro de agosto). Con descuento de los sábados y domingos, por haber sido inhábiles, así como el periodo vacacional de verano del que gozó la autoridad, comprendido del diez al veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Solo a manera ejemplificativa es oportuno aludir por analogía al criterio orientador establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a que deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió dictarse el acuerdo correspondiente, para estimar se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Afirmación que se hace sin soslayar ese precedente emanó de la materia laboral. Se estima que las razones subyacentes y jurisprudencia firme del Alto Tribunal cuando se pretende reclamar omisiones a los órganos jurisdiccionales deben servir de premisa para analizar planteamientos de amparo como el que aquí se presenta. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1643 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias: Común y Laboral, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esos términos, se considera que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. De la lectura integral de la demanda se desprende que si la quejosa presentó la promoción cuya falta de acuerdo se duele el diecinueve de junio de dos mil veintitrés la responsable contaba con tres días para proveer la misma, esto es, hasta el veintidós siguiente -en términos del dispositivo 61 del referido Código de Procedimientos Civiles- al tratarse de un auto. Aunado a que este órgano se encuentra obligado a analizar lo reclamado, conforme a la fecha de presentación de la demanda (siete de agosto de dos mil veintitrés). Y entre aquella fecha y esta pasaron dieciséis días hábiles para la responsable (a la luz del cómputo precisado líneas arriba). Lo que no constituye un parámetro para considerar actualizado el concepto de abierta dilación. Como se estableció en párrafos precedentes, desde la fecha de presentación del escrito [diecinueve de junio de dos mil veintitrés] cuya omisión de acuerdo reclama, no ha transcurrido un plazo excesivo que implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por lo que el Juez responsable todavía está -dentro de un lapso razonable- en condiciones de pronunciarse respecto de su promoción. Resultando además un hecho notorio para este órgano las cargas de trabajo con que cuenta la autoridad señalada como responsable y que el mencionado Juzgado se encontraba gozando de un periodo vacacional [del diez al veintiocho de julio del año en curso]. Aunado a la existencia de los días inhábiles entre la fecha de presentación del escrito mediante el cual formuló su solicitud y la de la demanda de amparo [sábados y domingos]. Lapsos en los que el órgano señalado como responsable se encuentra impedido para emitir pronunciamientos. Razón por la que a pesar del tiempo acontecido, no puede considerarse excesivo e interpretarse que exista una paralización en el procedimiento. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que se estima no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de derechos humanos, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "********************". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita. b) En caso ser factible lo anterior, permítase a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizarlas en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado (********************), bajo los términos que establece el artículo 61, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Al haber precisado los datos para utilizar aquella vía de comunicación tecnológica, debe privilegiarse la misma en aras de la justicia pronta apoyada en el impulso actual para el uso de esta herramienta a fin de dar celeridad a los procesos, con todos los beneficios para la salud, medio ambiente, uso del tiempo, económicos y otros que ello conlleva. Sin dejar de mencionar que si quien promueve no estuviera de acuerdo con esta decisión, basta que lo precise de esa manera para modificar el señalamiento de domicilio que aquí se hace, en aras de atender su petición, aún en detrimento de las ventajas ya mencionadas. Significándole que de ser el caso, deberá designar un domicilio en esta localidad o zona conurbada. Precisión que se hace porque en el proemio se advierte señaló un lugar en la Ciudad de México. Con lo que incumple lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************. Asimismo, con las restricciones que establece la parte final del segundo párrafo del numeral invocado a********************y********************. De conformidad con lo plasmado en la certificación de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y de forma personal al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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