Vazlo Refaccim de C.V.
Expediente 549/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Vazlo Refaccim de C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En la misma fecha, se doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, OCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el dieciocho de junio del año en curso, en la cual se negó a la persona moral quejosa denominada "VAZLO REFACCIM" Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección solicitados por su representante legal Celia Viridiana Medina Serna; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 549/2015; y, RESULTANDO 1. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Celia Viridiana Medina Serna en cuanto representante legal de la persona moral denominada "VAZLO REFACCIM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Ordenadora Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ejecutoras Gustavo Campos Cortéz Visitador adscrito a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Guadalupe Maldonado Camacho Visitador adscrito a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ActoReclamado: La emisión del oficio número 349102950100.0770/2015 que ordena la práctica de la visita domiciliaria número 34091OCAD00003/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince; la notificación y ejecución de la orden de visita domiciliaria; así como la Acta Parcial Número Uno, la cual derivó de la citada orden. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular mediante proveído de veintiuno de abril del presente año, ordenó su admisión; se ordenó el registro bajo expediente 549/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que la quejosa reclama: La emisión del oficio número 349102950100.0770/2015 que ordena la práctica de la visita domiciliaria número 34091OCAD00003/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince; la notificación y ejecución de la orden de visita domiciliaria; así como la Acta Parcial Número Uno, la cual derivó de la citada orden. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas y Visitadores adscritos a la referida Subdelegación, al rendir sus respectivos informes justificados reconocieron el acto que se les atribuye. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con las documentales que remitió la primera de las citadas autoridades responsables; las cuales revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia de las determinaciones reclamadas. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, indicaron que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo, pues sostienen que en contra de los actos reclamados, sólo es procedente el juicio de amparo hasta que se dicte resolución final en el procedimiento de fiscalización. Es infundada dicha causal, ya que respecto del tema de la impugnación de una orden de visita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número P./J. 2/2012 (10a.), determinó que al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, resulta procedente el juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Igualmente destacó que la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. La jurisprudencia citada dispone lo siguiente: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar, a través de diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo." Al no existir diversas causas de improcedencia propuestas por las partes o que se adviertan de oficio, procede el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: Que el acta parcial de inicio llevada a cabo dentro de la visita domiciliaria es inconstitucional en atención a que los visitadores que la diligenciaron no se limitaron a solicitar información y documentación relacionada con el objeto de la visita, dado que solicitaron a la quejosa más información y documentación de la que se encontraban facultadas para solicitar, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social solamente se encuentra facultado para solicitar información y documentación tendiente a comprobar el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante dicha institución en su calidad de órgano regulador. Por lo que la información y documentación que le fue solicitada a la quejosa tales como diversas declaraciones, contratos, reglamentos, expedientes personales, inventarios, formatos, autorizaciones, planos, avisos, información contable no debió haberse solicitado en atención a la naturaleza y propósito de la visita domiciliaria, ya que no tiene relación alguna con el objeto de la visita domiciliaria, mucho menos aún la información referente a la parte social de la empresa quejosa, pues los actos que la misma celebra respecto de sus acciones o accionistas, no guardan relación con las obligaciones obrero patronales. Y cita las tesis de los rubros: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO" y "ÓRDENES DE VISITA. DEBEN PRECISAR CLARAMENTE SU OBJETO". V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados por lo siguiente: Cabe indicar, que los artículos 15, fracciones III, IV, V y VII, 38 y 251, fracciones XV y XVIII, de la Ley del Seguro Social y 42, primer párrafo, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, establecen lo siguiente: "Artículo 15. Los patrones están obligados a: (.) III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto; (.) IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta Ley y los reglamentos que correspondan; (.) V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos; (.) VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de esta Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; Artículo 38. El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir. Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes a su cargo. El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que descuente a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al Instituto las cuotas obrero patronales, en los términos establecidos por esta Ley y sus reglamentos. Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes: (.) XV. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta Ley, aplicando en su caso, los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien, a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales; (.) XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que al efecto se designe y requerir la exhibición de libros y documentos, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y demás disposiciones aplicables; (.)" "Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: (.) II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. (.)" De los artículos transcritos, se observa que dentro de las obligaciones de los patrones se encuentran, determinar las cuotas obrero- patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social; proporcionar al referido Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley del Seguro Social y los reglamentos que correspondan y, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique éste; asimismo, se advierte que el referido Instituto tiene facultades para ordenar y practicar visitas domiciliarias y requerir la exhibición de libros y documentos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la referida Ley y demás disposiciones aplicables y, en su caso determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones. Ahora bien, del apartado con el rubro "Objeto o Propósito y Período", se observa que el objeto de la visita domiciliaria contenida en el oficio número 349102950100.0770/2015, de veinticinco de marzo de dos mil quince, fue para comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, a las que está sujeto como patrón y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social que comprende los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de enero de dos mil doce. (foja 82 de autos). Corolario de lo anterior, se infiere que la autoridad responsable al ordenar la revisión fiscal de la quejosa, era con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, a las que está sujeto como patrón y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social que comprende los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales. Ahora bien, los artículos 6 y 11 de la Ley del Seguro Social, establecen: "Artículo 6. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales." Los citados preceptos precisan que el régimen obligatorio que comprende el Seguro Social, prevé los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y Guarderías y prestaciones sociales, los cuales son las contribuciones a revisar, precisadas en la orden de visita domiciliaria de veinticinco de marzo de dos mil quince. Precisado lo anterior, en sentido contrario a lo que argumenta la quejosa, es inconcuso que estaba obligada a proporcionar a las autoridades responsables los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley del Seguro Social y los reglamentos que correspondan y, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique éste; pues el Instituto tiene facultades para requerir la exhibición de libros y documentos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley, para así poder determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones. De ahí que los argumentos planteados por la quejosa en sus conceptos de violación son infundados. Encuentra apoyo a lo anterior la tesis que dice: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PERMITE A LA AUTORIDAD REQUERIR AL VISITADO DOCUMENTACIÓN DURANTE EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA Y, CONSECUENTEMENTE, RESPETA EL DERECHO HUMANO DE FUNDAMENTACIÓN. El precepto citado establece que las autoridades fiscales cuentan con dos instrumentos para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con sus cargas tributarias y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales. La primera, conocida como revisión de gabinete (fracción II) y, la segunda, como visita domiciliaria (fracción III). Esas facultades se distinguen entre sí por el lugar en el cual se analiza el material recabado a través de su ejercicio, sin tomar en cuenta el sitio donde la autoridad se allega los elementos indispensables para realizar la verificación. Por su parte, el artículo 45 del propio código prevé la obligación de los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita, de permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de ésta, de mantener a su disposición en el domicilio la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales; así como la verificación de bienes, mercancías, documentos, estados de cuenta bancarios o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. En ese orden de ideas, las reglas descritas tienen congruencia con el sistema de comprobación del cumplimiento de las cargas tributarias, ya que resultaría inoperante el ejercicio de la facultad de practicar visitas domiciliarias si los visitadores no contaran con la atribución de requerir todos los elementos indispensables para revisar si el visitado cumplió, en el periodo examinado, con la obligación de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la orden de visita domiciliaria sustentada en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, permite a la autoridad requerir al visitado documentación durante el desahogo de la diligencia y, consecuentemente, respeta el derecho humano de fundamentación de los actos de autoridad". Así como la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguientes: "VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRIBUYENTES. El artículo citado prevé, entre otras cosas, que durante la práctica de la visita domiciliaria las autoridades pueden requerir a los contribuyentes la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ahora bien, una interpretación sistemática de la locución "y demás papeles" permite concluir que dentro de ese concepto se encuentran los estados de cuenta bancarios, pues aunque no forman parte de la contabilidad (como lo declaró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 85/2008, de rubro: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE."), están vinculados con los elementos que le dan sustento, pues son documentos en los que se hacen constar ingresos, retiros, existencia de valores, comisiones bancarias cobradas, intereses ganados o impuestos retenidos, lo que evidentemente tiene relación con los papeles de trabajo y conciliaciones bancarias". En atención a lo anterior, no se vulneran las tesis invocadas por la quejosa, dadas las consideraciones vertidas. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto de los actos reclamados consistentes en la emisión la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número 349102950100.0770/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince; la notificación y ejecución de la orden de visita domiciliaria; así como la Acta Parcial Número Uno, la cual derivó de la citada orden, dado que éstos últimos no se reclaman por vicios propios; ello en términos de la tesis del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Celia Viridiana Medina Serna en cuanto representante legal de la persona moral denominada "VAZLO REFACCIM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra los actos que reclama a las autoridades responsables Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social y Visitadores adscritos a esa Subdelegación, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de junio de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe.- mtm
- Principal
En veintiséis de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, a fin de que se impusiera del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas y Visitadores adscritos a la referida Subdelegación; en consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Rosy*
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veinte de mayo de dos mil quince. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas y Visitadores adscritos a la referida Subdelegación (J Guadalupe Maldonado Camacho y Gustavo Campos Cortez (éste último a través de Víctor Hugo Martínez de la Rosa); todos con sede en Fresnillo, Zacatecas; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Con apoyo en lo establecido en los ordinales 9 y 28, fracción I, de la Ley de la Materia invocada, se tienen como Delegados de las autoridades oficiantes a los profesionistas que indica y como domicilio para recibir notificaciones el que refieren en los comunicados de cuenta. Asimismo, atendiendo al contenido del numeral 119, del ordenamiento legal en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales que remite Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Fresnillo, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, dada la existencia del acto reclamado, con el contenido de los informes de cuenta dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Valentín Gutiérrez Mendoza135/2021
- Valentín Trujillo Munguia4191/2014
- Valeria Etchart Diáz2752/2014
- Valeria Guadalupe Peña Canales1521/2015
- Vanessa Lizeth Ibarra Martínez2021/2018
- Vanessa Sánchez Montaño727/2023
- Velcy Cabral Frias316/2014
- Venancio Carrillo Piñón629/2015
- Venancio Carrillo Piñón719/2023
- Venancio Del Real Zavala629/2023
- Vera Lucia Cardona Cruz727/2018
- Vernardino Solis de Luna3334/2014