Vanessa Lizeth Ibarra Martínez
Expediente 2021/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2021/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Vanessa Lizeth Ibarra Martínez
- Juez de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la suscrita María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de abril al trece de mayo del año en curso. Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Que dentro del presente juicio sí se tramitó incidente de suspensión y que no se exhibió billete ni alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; asimismo, que no existe recurso pendiente por resolver.Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este Juzgado el dieciséis de abril del año en curso, en el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por lo que en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es destruible. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es destruible el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la suspensión provisional y definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción II del aludido Acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 5214. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, la promoción de cuenta que remite la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en Fresnillo, Zacatecas; lo anterior, en razón de que el dieciséis de abril del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de derechos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente, del informe justificado rendido por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas (fojas 24 y 25), se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de notificar el escrito de acusación presentado por la agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas de ese lugar, adjuntó copia certificada de la carpeta administrativa formada dentro de la causa penal 166/2018, en la que obran las constancias relativas al acto reclamado por la quejosa. Posteriormente, por auto de trece de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio registrado con el folio 1747 (foja 69), signado por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, al que acompañó copia certificada del auto de apertura a juicio oral emitido dentro de la causa penal 166/2018, instruida en contra del tercero interesado Jaime Ibarra Torres, por hechos constitutivos de los delitos de tentativa de violación agravada y violación agravada, cometidos en agravio de la quejosa. Ahora bien, el suscrito advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y al cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclamó la omisión del juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, de notificarle la acusación realizada por la agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas de ese lugar. Sin embargo, la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, mediante oficio registrado con el folio 1747 (foja 69) remitió copia certificada del auto de apertura de juicio oral celebrado el seis de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 166/2018, de la que se advierte que, entre las personas que intervinieron en esa audiencia, estuvo presente la quejosa Vanessa Lizeth Ibarra Martínez (foja 71 vuelta), en su calidad de víctima; diligencia en la que, el citado juez de control hizo saber a las partes, entre ellas a la quejosa, la acusación del agente del Ministerio Público; y en la cual, la víctima aquí quejosa, en cuanto a correcciones formales, señaló: "SEXTO. EN CUANTO A CORRECCIONES FORMALES: La víctima en audiencia solicitó se asentara el nombre de su asesor jurídico Licenciado Arturo Mena Gutiérrez, pues en el escrito de acusación omitió mencionarlo la Agente del Ministerio Público; así mismo solicitó se incluyera en el escrito de acusación como prueba de parte de la víctima LA PERICIAL A CARGO DE EL PSICÓLOGO PABLO NUÑEZ CARRILLO profesionista que le brinda atención psicológica a la víctima". Por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Por tanto, al haberse hecho del conocimiento de la quejosa (víctima en el juicio natural) la acusación de la representante social, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento penal. De ahí que, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, pues no es factible que la omisión del juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, de hacer del conocimiento de la quejosa la acusación de la agente del Ministerio Público pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con diez minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 16 DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente, del informe justificado rendido por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas (fojas 24 y 25), se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de notificar el escrito de acusación presentado por la agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas de ese lugar, adjuntó copia certificada de la carpeta administrativa formada dentro de la causa penal 166/2018, en la que obran las constancias relativas al acto reclamado por la quejosa. Posteriormente, por auto de trece de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio registrado con el folio 1747 (foja 69), signado por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, al que acompañó copia certificada del auto de apertura a juicio oral emitido dentro de la causa penal 166/2018, instruida en contra del tercero interesado Jaime Ibarra Torres, por hechos constitutivos de los delitos de tentativa de violación agravada y violación agravada, cometidos en agravio de la quejosa. Ahora bien, el suscrito advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y al cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclamó la omisión del juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, de notificarle la acusación realizada por la agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas de ese lugar. Sin embargo, la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, mediante oficio registrado con el folio 1747 (foja 69) remitió copia certificada del auto de apertura de juicio oral celebrado el seis de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 166/2018, de la que se advierte que, entre las personas que intervinieron en esa audiencia, estuvo presente la quejosa Vanessa Lizeth Ibarra Martínez (foja 71 vuelta), en su calidad de víctima; diligencia en la que, el citado juez de control hizo saber a las partes, entre ellas a la quejosa, la acusación del agente del Ministerio Público; y en la cual, la víctima aquí quejosa, en cuanto a correcciones formales, señaló: "SEXTO. EN CUANTO A CORRECCIONES FORMALES: La víctima en audiencia solicitó se asentara el nombre de su asesor jurídico Licenciado Arturo Mena Gutiérrez, pues en el escrito de acusación omitió mencionarlo la Agente del Ministerio Público; así mismo solicitó se incluyera en el escrito de acusación como prueba de parte de la víctima LA PERICIAL A CARGO DE EL PSICÓLOGO PABLO NUÑEZ CARRILLO profesionista que le brinda atención psicológica a la víctima". Por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Por tanto, al haberse hecho del conocimiento de la quejosa (víctima en el juicio natural) la acusación de la representante social, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento penal. De ahí que, la posible afectación causada a la quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, pues no es factible que la omisión del juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, de hacer del conocimiento de la quejosa la acusación de la agente del Ministerio Público pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con diez minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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