Vania Villegas Sanchez
Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vania Villegas Sanchez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de Andrés Patricio Orozco Olvera, autorizado del quejoso, por medio del cual, en atención a la vista otorgada en proveído de diez de mayo del presente año, informa que el pasado cuatro de mayo del año en curso, el quejoso recibió el contra recibo de cuenta por liquidar certificada, con número cien mil ochocientos setenta y tres, por la cantidad de $25, 943,80.(veinticinco mil novecientos cuarenta y tres 80/100 moneda nacional), el cual fue canjeado por el cheque número veinte mil setecientos cuarenta y siete (0020747), ante la institución bancaria BBVA, Bancomer; además, señala que los periodos y montos a cubrir fueron determinados en el dictamen de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al periodo comprendido del veintidós de julio de dos mil once al treinta de abril de dos mil dieciséis, por lo que considera que sí el pago más reciente fue el cuatro de mayo del presente año, las autoridades responsables, están obligadas a cubrir por concepto de indemnización y demás prestaciones las cantidades que se generaron del uno de mayo de dos mil dieciséis al cuatro de mayo de dos mil veintidós, fecha en que se realizó el pago respectivo, tal como lo estableció el máximo Tribunal, al señalar que la obligación constitucional del Estado de resarcir al servidor público con el pago de demás prestaciones a que tiene derecho, abarca el periodo desde que se concretó la separación del servicio, hasta que la autoridad realice el pago correspondiente. ... En esas condiciones, toda vez que la autoridad vinculada al cumplimiento ha acreditado el pago de la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso; con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que haya incurrido en exceso o en defecto en cumplimiento de dicho fallo. ... De tal manera, se reitera, no le asiste razón al quejoso al señalar que el pago de demás prestaciones debe actualizarse a la fecha en que percibió el último pago, esto es, cuatro de mayo de dos mil veintidós, máxime que conforme con las constancias de autos ya se había realizado el pago del concepto demás prestaciones, calculado hasta la fecha en que este juzgado determinó procedía el pago y lo único pendiente por pagar eran las diferencias entre lo pagado y lo que se debió pagar por concepto de veinte días por año, como se señaló en el auto de trece de enero de dos mil veintidós. Por lo tanto, se reitera la ejecutoria ha quedado cabalmente cumplida. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Doctor Rio de la Loza, número ciento quince, local uno, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. FRANCISCO DE PAZ BECERRIL
- Principal
Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, remite la planilla de liquidación a favor de la quejosa por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil veinte, por el monto de $xxxx (xxxxxxx); con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, dese vista al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en torno a la cantidad que determino devolver la autoridad, con motivo de la concesión del amparo, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por consentida la cantidad precisada por la autoridad responsable, por lo que este juzgado requerirá el cumplimiento del fallo protector sobre dicho monto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución de veinticuatro de marzo del año en curso, pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 84/2022. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se DESECHA el recurso interpuesto por el Director General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de los Usuarios de Servicios Financieros. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a RUBÉN FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, contra la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero de los Usuarios de Servicios Financieros." Atento a lo anterior es oportuno precisar que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que la autoridad responsable, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, deje insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de revisión interpuesto en contra del acta de la audiencia de conciliación celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, correspondiente al expediente 2020/090/2578, y en su lugar emita otra en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, último párrafo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, reconozca al quejoso el carácter de representante común de los usuarios que presentaron el escrito de reclamación de veintitrés de enero de dos mil veinte, y hecho lo anterior, resuelva dicho recurso con libertad de jurisdicción, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia." Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo." (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En estas condiciones, se advierte que para dar cumplimiento al fallo protector, al DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, debe realizar lo siguiente: ? Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de revisión interpuesto en contra del acta de la audiencia de conciliación celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, correspondiente al expediente 2020/090/2578. ? Emitir otra en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, último párrafo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, reconozca al quejoso el carácter de representante común de los usuarios que presentaron el escrito de reclamación de veintitrés de enero de dos mil veinte, y hecho lo anterior, resuelva dicho recurso con libertad de jurisdicción, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Por ende, y toda vez que para colmar el segundo y tercero de los efectos referidos, se debe colmar el primero de ellos, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se REQUIERE al DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, para que en el término de DIEZ DÍAS, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y el artículo 10 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, requiérase a la VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, para que en su calidad de superior jerárquico del DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. . Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se acordó el escrito de cuenta signado por Rubén Fernández Villavicencio, quejoso en el juicio de amparo en que se actúa, por medio de cual solicita se dicte sentencia, se agrega a los autos el cuadernillo formado por el citado escrito, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
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