Vanessa Lizbeth Briones García
Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vanessa Lizbeth Briones García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, solicita se le informe el estado procesal que guarda el asunto en que se actúa, por las consideraciones que expone. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo solicitado, infórmese al Juzgado oficiante, que mediante acuerdo de diecinueve de julio del dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda y se previno a la parte promovente para que aclarara su demanda de amparo, siendo que, previo desahogo de las prevenciones aludidas, mediante auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, determinación judicial que mediante diverso de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno causó estado, ordenando el su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido en relación con el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Vanessa Lizbeth Briones García parte quejosa por medio del cual, cumple los requerimientos que le fueron realizados en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En principio del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional;? b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda y de su escrito aclaratorio, se traduce que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: Precisado lo anterior, y teniendo a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 628/2019-II, del índice de este juzgado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se reclama en el presente asunto no es sino una consecuencia legal y necesaria de otro que ya fue materia de diversa ejecutoria en un juicio de amparo. A efecto de corroborar lo anterior, cabe imponerse del contenido del artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; El citado precepto alude a la improcedencia del amparo ante la actualización de lo que se conoce como cosa juzgada, que debe concebirse como una garantía de seguridad jurídica, en virtud de que esta institución descansa en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas y decididas en juicio; además es una cualidad especial de los efectos de una sentencia, pues estos últimos se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. La cosa juzgada convierte en verdad legal lo resuelto y no puede válidamente ser sometido a nuevo juicio, independientemente del sentido del fallo, ya sea que se haya negado, o bien, sobreseído. Del mismo modo, existe la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 61, fracción XI, en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de amparo, sí guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales. Por otra parte, de una recta interpretación del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Luego, la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia, se refiere a actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo y se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras, a saber; 1. Eficacia directa. Opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate, y 2. Eficacia refleja. Con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta última modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades ya referidas, sino que sólo se requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos: 1. La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente. 2. La existencia de otro proceso en trámite. 3. Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. 4. Las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero. 5. En ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio. 6. Que en la sentencia ejecutoriada se establezca un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. 7. Para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Entonces, en las sentencias emitidas en los juicios de amparo, la cosa juzgada se rige en principio, con las mismas bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, pero tiene ciertas particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada: sujetos, objeto y causa. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada, en términos del citado artículo 61, fracción XI, establece la improcedencia del juicio de amparo en los casos en donde el acto reclamado, si bien no es aquél que fue materia de resolución definitiva en el diverso sumario constitucional, sí guarda vinculación estrecha con éste, porque se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales. A efecto de corroborar que en la especie se surte el motivo de improcedencia invocado, conviene referir los antecedentes que se obtienen del diverso juicio de amparo 628/2019-II del índice de este órgano jurisdiccional, que a continuación se refieren: a) Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, Vanessa Lizbeth Briones García, en su carácter de Soldado Auxiliar de Materiales de Guerra, causó baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro por incapacidad en actos fuera de servicio. b) Contra dicha resolución, y que se atribuyó al Subdirector Operativo Accidental de la Dirección General de Materiales de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, la aquí quejosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se radicó en este juzgado con el número 628/2019-II, en el que le fue concedida la suspensión definitiva, para el efecto de que la quejosa, continuara recibiendo la atención médica que necesitara por parte de la Institución de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. c) En el aludido juicio de amparo 628/2019-II se dictó sentencia el veintinueve de mayo de dos mil veinte, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara y protege a Vanessa Lizbeth Briones García, por los motivos asentados en el último considerando de la presente sentencia. d) Inconforme con dicha determinación Vanessa Lizbeth Briones García, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el número R.A.59/2021, y mediante sesión de quince de junio de dos mil veintiuno, dictó resolución en los siguientes términos: PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a VANESSA LIZBETH BRIONES GARCÍA, en contra del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual, se decretó su baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro, en términos de lo resuelto en la sentencia recurrida. De las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas, se advierte que en el presente asunto, como se refirió concurren los elementos de la eficacia de la cosa juzgada, lo anterior es así, dado que como quedó precisado, mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, Vanessa Lizbeth Briones García, causó baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro por incapacidad en actos fuera de servicio, resolución que a su vez fue materia del juicio de amparo 628/2019-II, del índice de este juzgado, en la que el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se negó el amparo y protección de la justicia federal, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.A.59/2021 el quince de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior, permite concluir que el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, por el que la aquí quejosa causó baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro por incapacidad en actos fuera de servicio, constituye cosa juzgada. Sin embargo, en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, la quejosa controvierte la omisión de la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, de brindarle la atención médica correspondiente a ella y a su menor hijo como su derechohabiente, que no es sino la consecuencia legal y necesaria de otro que ya fue materia de diversa ejecutoria en un juicio de amparo, esto es, de su baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro, lo que se traduce en la pérdida de derechos que tenía con dicha Institución con motivo de la relación laboral que guardaban ambas partes, y que no puede significar más que el reclamo de un acto ya juzgado. Máxime, que la propia quejosa manifestó en el escrito que se provee, que promovió el presente asunto, tomando como sustento la medida cautelar que le fue concedida en el juicio de amparo 628/2019-II, siendo que en la fecha en que promovió la presente demanda de amparo, a saber seis de abril de dos mil veintiuno, aún se encontraba surtiendo sus efectos la suspensión definitiva dictada en autos, por no encontrarse firme la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, y por tanto, aún contaba con el derecho cuya omisión es materia de este juicio de amparo. Sin embargo, tomando en consideración que a la fecha en que se actúa, en el juicio de amparo 628/2019, ya se ha dictado sentencia ejecutoriada, la medida cautelar ahí concedida, ha dejado de surtir efectos. De ahí que la resolución que se dicte en este juicio de amparo, no podría restarle sustento a lo que ya se decidió y que se encuentra ejecutando al haber adquirido firmeza. En atención a lo anterior, conviene referir que la cosa juzgada tiene eficacia cuando, a pesar de que no concurre la identidad en sujetos, objeto y causas de dos litigios, en el primer proceso se emite una decisión vinculante para las partes litigantes que intervinieron en él, e inclusive, para ajenos a ese juicio derivado de que se emitió una decisión precisa sobre algún hecho o una situación determinada, que influye en el segundo proceso instaurado, de tal manera que incide directamente en el fondo de lo que pudiera fallarse en este segundo juicio; de ahí que lo que se pretende evitar es el dictado de sentencias contradictorias y cumplir con las garantías de seguridad y certeza jurídicas. En consecuencia, se puede afirmar que los objetos de los dos juicios relacionados se encuentran estrechamente unidos, en una relación de conexidad prácticamente inescindible, respecto de los cuales no se puede fallar en contrario ni olvidar todos y cada uno de los hechos y los criterios jurídicos asentados en relación a la pretensión de la parte quejosa en el diverso juicio de amparo 628/2019-II del índice de este Juzgado Federal. En ese sentido, el presente juicio deviene improcedente en virtud de que la pretensión de la parte quejosa sigue siendo la misma y respecto de la cual ya se falló en un juicio anterior, de manera que la peticionaria de amparo no puede replantear la misma controversia en este juicio constitucional, porque sería tanto como permitir que el mismo tema se ventile en múltiples ocasiones. AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACTO QUE CONSTITUYE UNA CONSECUENCIA LEGAL Y NECESARIA DE OTRO QUE FUE MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS EN EL QUE SE NEGÓ EL AMPARO, SI SÓLO IMPORTA SU EJECUCIÓN Y ÉSTA NO SE RECLAMA POR VICIOS PROPIOS, NI ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 114, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en diverso juicio de garantías, promovido por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad, aunque las violaciones constitucionales reclamadas sean distintas. Ahora bien, atendiendo a que la esencia de esta causal es el respeto a la seguridad jurídica y a la cosa juzgada, debe considerarse inmersa en ésta la improcedencia del amparo promovido contra un acto que cumplimenta una determinación, respecto de la cual ya se había promovido un juicio de amparo y se negó la protección constitucional solicitada; ello, siempre que tal acto no implique más que su ejecución y ésta no se reclame por vicios propios, ni pueda considerarse parte de un procedimiento de ejecución, en términos del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la citada ley. Ello es así, si se toma en cuenta que en realidad lo que el quejoso pretende reclamar es un acto que quedó firme y no su ejecución, que no significa más que tal acto ya juzgado, ya que constituye la consecuencia legal y necesaria de otro que ya fue materia de diversa ejecutoria de amparo. (Registro: 165107, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 2889) En consecuencia, es claro que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo, que no sólo comprende el acto en sí, sino su consecuencia natural, pues en respeto a la seguridad jurídica y a la cosa juzgada, que es la esencia de esta causal, sería absurdo que pudiese reclamarse la omisión de brindarle a la quejosa y a su menor hijo la atención médica correspondiente, pues dicha prestación de seguridad social la detentaba como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por tanto al haber causado baja del servicio activo y alta en situación de retiro por actos fuera de servicio, misma que ya fue analizada en el juicio de amparo 628/2019-II, y respecto de la cual, se negó el amparo solicitado, es inconcuso que ya no cuenta con dicha prestación y por tanto improcedente el reclamo en el presente asunto, por ser una consecuencia directa de lo resuelto en el aludido juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE SON CONSECUENCIAS LEGALES DE LO RECLAMADO EN UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR. Si los actos que se reclaman en el amparo son los derivados o consecuencias legales de los combatidos en un juicio de garantías anterior, que ya ha sido resuelto, el caso se halla comprendido en la causal de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que determina el sobreseimiento, de acuerdo con la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal, y dicha improcedencia comprende tanto a los interesados en el juicio del que deriva el acto reclamado como a los extraños al mismo, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente a la parte promovente
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 19/07/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE En la Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, se ordenó la remisión del expediente 364/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en la misma materia y residencia de este órgano jurisdiccional, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, fin de asignarle u nuevo número y ser registrado como un nuevo juicio de amparo. En ese contexto, vista la demanda de amparo promovida por Vanessa Lizbeth Briones García por propio derecho, contra actos de la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 847/2021-II y provéase lo conducente a la demanda de mérito. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por el promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108 fracción V, y 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito, a manera de antecedentes del acto reclamado y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Del análisis integral que se realiza a la demanda de mérito, se advierte que la promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Asimismo, en su capítulo de antecedentes del acto reclamado que realizó bajo protesta de decir verdad, señala que el dos de abril de dos mil diecinueve, fue notificada de su baja del servicio activo del ejército mexicano por incapacidad por actos realizados fuera del servicio. En contra de dicha resolución interpuso juicio de amparo indirecto el cual quedó radicado con el número de expediente 628/2019 del índice de este Juzgado Federal, En dicho juicio de amparo, le fue concedida la suspensión definitiva, para el efecto de que la quejosa, continuara recibiendo la atención médica que necesitara por parte de la Institución de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Asimismo, señala que toda vez que la legalidad de su baja se encontraba subjudice y por ende estaba vigente la medida cautelar dictada en el aludido juicio de amparo, resultaba inconstitucional la negativa de brindarle la atención médica que reclama en este nuevo juicio de amparo. Puntualizado lo anterior, es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que mediante sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en los autos del juicio de amparo 628/2019, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión R.A. 59/2021 de su índice, en sesión de quince de junio de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada, misma que reviste la calidad de sentencia firme, y por ende la suspensión definitiva a la que hace alusión, a la fecha en que se actúa, ha dejado de surtir sus efectos jurídicos. a) Puntualizado lo anterior, se requiere a la promovente para que a manera de antecedentes del acto reclamado, señale los motivos o circunstancias por los cuales atribuye a la Secretaría de la Defensa Nacional, la omisión que le reclama, toda vez que como se dijo en el párrafo precedente, a la fecha en que se actúa, la suspensión decretada en autos del juicio de amparo 628/2019, ha dejado de surtir efectos, derivado de que en la sentencia dictada en dicho asunto, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de su baja del ejército, la cual ha quedado firme, lo que se traduce en la pérdida de derechos que tenía con dicha Institución con motivo de la relación laboral que guardaban ambas partes. Lo anterior, a fin de que este Juzgado se allegue de mayores datos que le permitan apreciar con claridad el acto reclamado y tomando en consideración que es obligación de la parte promovente manifestar bajo protesta de decir verdad todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal. Con el apercibimiento de que incurren en el DELITO que establece que el artículo 261 de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la tesis I.7o.A.100 K, del rubro siguiente: DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (No. Registro: 175,345, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Abril de 2006, Tesis: I.7o.A.100 K, Página: 990). b) Deberá de exhibir original dos copias de su escrito aclaratorio de demanda, para ser distribuidos de la siguiente manera: una para correr traslado a la autoridad responsable, una más para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a éste Juzgado Federal. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, la cual establece literalmente lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones en los términos descritos con anterioridad, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente del amparo, y no así por las personas que éste autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79). Sin que haya lugar a proveer respecto de la suspensión solicitada, toda vez que el juzgado oficiante, ya se pronunció al respecto. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del código citado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se hace de su conocimiento, que toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la parte quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la parte promovente; para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte promovente en el domicilio ubicado en Avenida Ermita Iztapalapa número 150 (ciento cincuenta) oficina 4 (cuatro), Colonia el Bandijal, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09450 (nueve mil cuatrocientos cincuenta) Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe., SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE
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