Vanessa García García
Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Vanessa García García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó la protección constitucional, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se negó la protección constitucional y dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) y 21 inciso c), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible depuración, y el cuaderno incidental de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional, y en el incidente respectivo se negó la suspensión provisional como la definitiva; debiéndose conservar la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a **********, en contra de las omisiones que reclamó del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Guanajuato, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la sentencia definitiva de diez de marzo de dos mil veintitrés, cuyo punto resolutivo es: "Único. La justicia federal no ampara ni protege a **********, en contra de las omisiones que reclamó del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Guanajuato, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada de la misma.
- Principal
Ténganse por recibidos los escritos de la quejosa ********************; por lo que hace al primero, solicita la expedición de copia certificada del presente asunto; al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecisiete de febrero actual, en el que se precisó que las constancias que integran este juicio se encuentran a su disposición en el expediente electrónico respectivo, las cuales podrá consultar y, en su caso, descargar, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que dichas constancias incluyen evidencia criptográfica, por lo que se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Ahora, en atención al segundo de los ocurso de cuenta, por el cual formula diversas manifestaciones; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, las que deberán relacionarse en la audiencia constitucional. Finalmente, la nombrada quejosa ofrece como prueba de su parte, la documental consistente en copia de las listas de ingreso al edificio de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, la que solicita sea requerida a la citada autoridad a fin de que obren en el presente asunto; en tal virtud, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitirla, toda vez que no acredita haber solicitado tales constancias ante la autoridad respectiva. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017572, de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 1198, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia."
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