Valery Berenice Colin González

Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 40 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
90/2021
Año
2021
Actuaciones
40
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Valery Berenice Colin González
  • Agente del Ministerio PùBlico de la FederaciòN de la AdscripciòN

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxxxxxxx, no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causa ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; de igual forma, con apego a lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración; ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó una resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio, y se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación, así como de este proveído que ordena el archivo del presente asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo el documento podrá ser destruido conjuntamente con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de veinticuatro de junio de la presente anualidad, informa que su representada sí se presentó a su cita programada para el veintiocho de junio actual, en la Unidad Médica de Alta Especialidad, hospital de Especialidades número 1 del Centro Médico Nacional del Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en León, siendo atendida por el doctor *** e inclusive se programó fecha para el día treinta de junio del presente año para recibir tratamiento de quimioterapia, de igual forma se ordenaron estudios de laboratorios para practicarse antes del día doce de julio de dos mil veintiuno, fecha en la cual está programada la siguiente cita médica; con lo cual se le tiene por desahogado el aludido requerimiento. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica, la documental allegada por la parte quejosa en el escrito que se atiende; la que deberá relacionarse en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del estado de autos se desprende que del análisis integral de la demanda de amparo, atendiendo a la causa de pedir, los actos reclamados son: 1) La violación a la impartición de justicia pronta en los plazos y términos que fije la ley, respecto a la omisión del secretario del Consejo Consultivo Delegacional en el estado Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en León, de pronunciarse sobre la admisión o resolución del recurso de inconformidad que interpuso el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en contra de la resolución de negativa de pensión número ***. 2) La omisión y/o negativa de otorgarle el servicio médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás servicios médicos necesarios, para tratar su padecimiento de cáncer gástrico, mientras se resuelve el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la negativa a otorgarle pensión por viudez. En consecuencia, con las manifestaciones que vierte la quejosa en el escrito de cuenta, y probanzas que obran en el sumario, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con relación al acto reclamado precisado en el punto uno. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado precisado en el punto uno, consiste precisamente en la omisión del secretario del Consejo Consultivo Delegacional en el estado Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en León, de pronunciarse sobre la admisión o resolución del recurso de inconformidad que interpuso el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en contra de la resolución de negativa de pensión número ****. Ahora, de las manifestaciones hechas valer en el oficio registrado con número 2617, signado por el secretario del Consejo Consultivo Delegacional en el estado de Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de las constancias que exhibió anexas a este, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la quejosa presentó recurso de inconformidad en contra de la resolución de negativa de pensión de viudez, número 20/350659 de seis de octubre de dos mil veinte. Que el uno de marzo de la presente anualidad, se dio trámite al recurso. El nueve de abril de dos mil veintiuno, se emitió el oficio número ***, por el Consejo Consultivo Delegacional en el estado de Guanajuato del citado instituto, en el que resuelve el recurso de inconformidad ****, promovido por la parte quejosa. La anterior determinación, se notificó a la quejosa el veinte de abril de dos mil veintiuno. Lo que pone de manifiesto que la responsable resolvió el recurso de inconformidad ****, promovido por la parte quejosa, cuya omisión de resolver constituye uno de los actos reclamados y tal determinación le fue notificada a la aquí quejosa el veinte de abril de dos mil veintiuno; entonces, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada. En efecto, si lo que la parte quejosa reclama es la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la admisión o resolución del recurso de inconformidad que interpuso el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en contra de la resolución de negativa de pensión número ****; pero consta que fue emitida dicha resolución (después de la presentación de la demanda de amparo que lo fue el nueve de marzo de dos mil veintiuno); es inconcuso que los efectos de dicho acto reclamado desaparecieron total e incondicionalmente. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por ende, se concluye que el juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia por lo que al citado acto concierne. Por lo que hace al diverso acto reclamado, consistente en la omisión y/o negativa de otorgarle el servicio médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás servicios médicos necesarios, para tratar su padecimiento de cáncer gástrico, mientras se resuelve el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la negativa a otorgarle pensión por viudez, también se actualiza la causa de improcedencia antes aludida, por lo siguiente. Atento a lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa en el escrito de cuenta y a las documentales, allegadas tanto al presente expediente como al cuaderno incidental, se desprende lo siguiente: - Ya se calendarizaron las citas a la quejosa para darle tratamiento y quimioterapia respecto del cáncer gástrico que padece, cuya omisión fue motivo de esta instancia constitucional; - Concluidas las cuales, se programaron citas para valoración y realización de estudios de laboratorio; - Se ha brindado a la quejosa la atención médica respectiva, tanto por la autoridad responsable como por la Unidad Médica de Alta Especialidad, hospital de Especialidades número 1 del Centro Médico Nacional del Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en León; y, - Se han otorgado a la quejosa los medicamentos prescritos por el médico especialista. De lo anterior emerge que en el caso se actualiza en forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que ha cesado la omisión reclamada. Efectivamente, en la demanda de amparo la promovente señaló como acto reclamado la omisión y/o negativa de otorgarle el servicio médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás servicios médicos necesarios, para tratar su padecimiento de cáncer gástrico. En ese sentido, se concluye que fue atendida para su diagnóstico y seguimiento, que le fueron fijadas fechas próximas para otorgarle quimioterapia del padecimiento de cáncer gástrico requerido y una vez pasadas estas, se están programando citas para su valoración y estudios de laboratorios. En tal virtud, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión reclamada ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable a lo anterior la tesis: 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala, visible a fojas 38, tomo IX, junio de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el veinte de julio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidad Número 1, del Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos señala: Con las manifestaciones vertidas por la autoridad oficiante, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga. En razón de lo antes expuesto, se requiere tanto a la quejosa **** como a la autoridad oficiante, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, siguientes a las fechas programadas, informen si la quejosa acudió a las mismas, así como el resultado de su valoración y tratamiento médico a seguir en caso de que lo requiera. Apercibidas que de no hacerlo, o de hacerlo de forma inexacta, se le impondrá, a la que incumpla, una multa de cincuenta días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las catorce horas con veinte minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno, para su verificativo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, informa que su representada no acudió a la cita programada para el dieciocho de junio actual, en virtud que personal de la autoridad responsable le llamó vía telefónica para que acudiera al Hospital General de Zona 4 de esta ciudad, el dieciséis de junio de la presente anualidad, para revisión médica, fecha en la cual, se le pidió se realizara varios estudios y se le indicó que debía presentarse hasta el veintitrés del presente mes y año, para lo cual exhibe copia de las constancias médicas relativas. De igual forma señala que el veintitrés de los corrientes, al acudir a la cita programada, se le informó las fechas que indica para su revisión médica; con lo cual se le tiene por desahogado el aludido requerimiento. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica, la documental allegada por la parte quejosa en el escrito que se atiende; la que deberá relacionarse en la audiencia constitucional.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de Luz María Martínez Vega, secretaria que autoriza y da fe.

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