Vanessa García Flores
Expediente 397/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Vanessa García Flores
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede, realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 26/04/2023 1.Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito signado por ...contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad. 2. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 397/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Análisis previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia ...Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto reclamado. En el caso a estudio, la parte aquí quejosa reclama la resolución de no vinculación a proceso emitida el treinta de marzo de dos mil veintitrés, por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del proceso penal 0220/2023, que se instruye en contra del imputado ...por su posible participación en los hechos delictivos de omisión de auxilio médico y lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida por culpa por no asunción de riesgo. 4. Improcedencia de la demanda de amparo. Ante ello, este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, porque respecto del citado acto reclamado, de acuerdo a lo expresado por la promovente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo4 . 4.1 Principio de definitividad. Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ante ello, resulta importante destacar que los artículos 459 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen5 . De dichos preceptos legales, en específico el artículo 467, fracción VII, se desprende que en contra de las resoluciones del juez de control en las que se resuelva sobre la vinculación a proceso del imputado, procede el recurso de apelación; luego, si el ordenamiento adjetivo penal prevé de manera expresa que en contra de dichas determinaciones es procedente el recurso de apelación, mediante el cual las partes que integren la causa penal o los que así se hayan incorporado a la litis, tienen la oportunidad de enderezar su defensa, es inconcuso que este debe agotarse previo a la promoción del amparo. De igual forma, resulta meridiano que la víctima está facultada por la legislación adjetiva a apelar o en su defecto solicitar por escrito al fiscal que apele a su nombre, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 459 del citado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito6 . 5 Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; II. Las que pongan fin al proceso, y III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. Cabe hacer mención que la tesis antes transcrita fue materia de la contradicción de tesis 355/2019, cuya resolución correspondió a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesionada el cinco de agosto de dos mil veinte, en la que resolvió que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido del delito tienen legitimación para interponer de manera directa el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, con independencia de que se hayan constituido o no como coadyuvantes del Ministerio Público, toda vez que tal determinación afecta de manera indirecta su derecho a la reparación del daño. Así, la Primera Sala consideró que el auto de no vinculación a proceso implica que no se continúe con la investigación en su fase complementaria y, por ende, que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y su correspondiente condena de reparar el daño; y que el reconocer la legitimación de la víctima para el efecto precisado garantiza el respeto y cumplimiento de sus derechos de acceso a la justicia, a un recurso efectivo, y a participar en el proceso penal y de reparación del daño. La resolución de la contradicción de tesis mencionada es localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación7 . En ese sentido, dado que la aquí quejosa le reviste el carácter de víctima directa en la causa penal de origen, es inconcuso que resultaba obligada agotar el principio de definitividad previo a instar la presente acción constitucional, a través de la promoción del recurso de apelación, a fin de estar en condiciones de lograr la revocación o modificación de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la que se determinó la no vinculación a proceso de Raymundo Antonio Ramón Rojas, por su posible participación en los hechos delictivos de omisión de auxilio médico y lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida por culpa por no asunción de riesgo. Sin que en el caso se esté ante alguno de los supuestos de excepción del multicitado principio, contemplados en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en el asunto en estudio el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto analizado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, niega la libertad bajo caución o establece requisitos para su disfrute, decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, ni es una orden de arresto o afecta la libertad personal de la parte quejosa; igualmente, la amparista no es persona extraña al procedimiento; finalmente, el recurso de apelación que debió interponer previo al juicio de amparo, no se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En ese tenor, es claro que contra el auto de no vinculación a proceso, debió de agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es claro que antes de la promoción del juicio constitucional, era necesario que la quejosa agotara el medio de impugnación en cita, para así poder dar cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Ante ello, se invoca la tesis IV.2o.P.4 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 5. Se desecha demanda. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 6. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paseo de las Gardenias, número 1314, colonia Lomas de Santiago, en esta ciudad...
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