Vanesa García Flores
Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Vanesa García Flores
Actuaciones
- Principal
1. Comparecencia. Vista la comparecencia de dieciocho de mayo del año en curso, se advierte que la quejosa directa ... manifestó que ratificaba en todas y cada una de sus partes el escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, así como la firma que obra en el mismo por haber sido puesta de su puño y letra. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, relativo a la prevención de la demanda. 2. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diez de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó proveer respecto a la admisión del escrito de demanda. 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La tesis citada explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Primer Turno, Región Norte I, de la Fiscalía General del Estado, de dictar acuerdos dentro de la carpeta de investigación 269/PIN/UTMC/2021 al no acordar la solicitud presentada por escrito el seis de abril de dos mil veintidós dentro de esa carpeta para la practicada de actos de investigación, siendo omiso también, señala la parte quejosa, en realizar la investigación correspondiente y la recolección de datos de prueba. 4. Improcedencia de la demanda. En esas condiciones, en el caso operan la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La fracción invocada del citado precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio legal de defensa, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los previsto en la Ley de Amparo, así como si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Definitividad. De lo anterior se puede advertir uno de los principios rectores del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, esto es, el principio de definitividad, que consiste en que la parte que busca la protección constitucional, previo a accionar la misma, debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, como lo prevee el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial con número de registro 2000300, establece que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, por lo que establece en otras palabras, la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a acudir a la instancia de protección constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte promovente estime afecta su esfera jurídica. Establecido lo anterior, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el derecho que tiene la victima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación de los posibles hechos que la ley señale como delito, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien de los preceptos 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que contra las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la victima u ofendido cuenta con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro del término previsto en el citado ordenamiento legal; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Tras la interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se concluye que la parte quejosa puede impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de impugnación innominado que prevee el artículo 258 del Código nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo lo el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2017640. Por lo que es posible estimar tras el estudio realizado por este Juez de Distrito, que en el caso concreto toda omisión o inactividad por parte de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser necesariamente impugnada ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, debido a que en este juicio de amparo quien comparece como parte quejosa es la víctima u ofendido de un delito, reclamando esencialmente la omisión del Agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación relativa a la denuncia interpuesta, quien a diferencia del imputado, debe agotar obligatoriamente el principio de definitividad, mediante el medio de impugnación innominado en comento, tal y como se acotó en la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Desechamiento. Tales circunstancias motivan la actualización de las causales de improcedencia advertidas, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los preceptos invocados en el estudio hecho en los párrafos que anteceden.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito a nombre de ...mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo de diez de este mes y año. 1.1 Acuerdo. Previo acordar lo que en derecho corresponda, toda vez que la firma que aparece al calce del ocurso de cuenta difiere notoriamente de la que fue asentada en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a fin de que notifique personalmente a ...el presente proveído, y en ese mismo acto, lo requiera a efecto de que manifieste si reconoce o no, según sea el caso, la firma que obra en al calce del ocurso de cuenta, y refiera si ratifica el contenido del escrito en mención, o bien, comparezca dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación ante este órgano jurisdiccional para ello. 1.2 Presentación. Ahora bien, para el caso de que se presente dicho quejoso ante este órgano jurisdiccional a ratificar el citado ocurso, dígasele que deberá realizar previo trámite para la obtención de cita, mismo que se deberá hacerse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), en el horario de ocho horas con treinta minutos a quince horas exclusivamente, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 1.3 Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado dicho escrito, con las consecuencias legales que ello contrae. 2. Subsiste prevención. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento contenido en el mencionado proveído; en consecuencia, subsiste el apercibimiento decretado el diez de marzo de este año. 2.1 Plazo restante para cumplimiento. En el entendido que el plazo para desahogar la prevención se interrumpió el día trece de los actuales, con la presentación del escrito que hoy se provee, con el cual se pretende desahogar; en consecuencia, contará con cinco días hábiles para cumplir en sus términos dicha prevención, que comenzará a computarse una vez que surta efectos la notificación del presente proveído. 3. Criterios legales aplicables. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias con número de registro digital 207437 y 2000702.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Piedras Negras del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Efectos para los que se concedió el amparo. La protección constitucional se concedió para los efectos que a continuación se transcriben: i) Deje insubsistente el acto de aplicación del artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social, consistente en la resolución de negativa de pensión de dos de noviembre de dos mil veintiuno, identificada con el folio ******. ii) Con libertad de jurisdicción, emita otra resolución, prescindiendo de aplicar a la parte quejosa el artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social declarado inconstitucional. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el veintiocho de abril del año en curso, el Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano Administrativa Desconcentrada en el Estado de Coahuila de Zaragoza del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en representación de la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Piedras Negras del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó el cumplimiento al fallo protector. Con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo cual realizó mediante escrito recibido el tres de mayo del año en curso, en el sentido de que estaba de acuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizado por la autoridad responsable. 3.1. Primer Efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, el Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano Administrativa Desconcentrada en el Estado de Coahuila de Zaragoza del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en representación de la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Piedras Negras del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante resolución número 22/058216 de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto de aplicación del artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social, consistente en la resolución de negativa de pensión de dos de noviembre de dos mil veintiuno, identificada con el folio **********. 3.2 Segundo efecto. Con libertad de jurisdicción, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió una nueva la resolución número 22/058216, prescindiendo de aplicar a la parte quejosa el artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social declarado inconstitucional. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y los anexos remitidos por la autoridad responsable, se concluye que ésta atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, con lo cual está de acuerdo la parte quejosa, pues así lo manifestó en su escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 5.1 Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 5.2. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5.3. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 5.4 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original.
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