Vanessa Esmeralda Beltz Gallegos
Expediente 1318/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Vanessa Esmeralda Beltz Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad cumple ejecutoria de manera anticipada. Téngase por recibido el oficio que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del cual, informa las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento con la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Sin embargo, de la certificación secretarial que antecede se desprende que a la fecha no ha transcurrido el plazo de diez días de que disponen las partes, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, se ordena reservar el contenido del oficio de cuenta llegado el momento procesal oportuno. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1318/2023, promovido por Vanessa Esmeralda Beltz Gallegos, por alegada violación del artículo 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de emitir el laudo dentro del expediente ordinario laboral 3A-256/2022. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva cuya demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión que se le atribuye. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas constancia del juicio ordinario laboral 3A-256/2022, que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe justificado, con valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia; tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Estudio de fondo. Resulta fundado el único concepto de violación que se hace valer en la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En uno de sus conceptos de violación, la parte quejosa sustancialmente arguye que como la Junta responsable a la fecha no ha dictado el laudo en el juicio natural dentro de los términos legales, lo anterior viola flagrantemente sus derechos humanos, específicamente el de impartición de justicia pronta y expedita que contempla el artículo 17 de la Constitución Federal. El motivo de discrepancia es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. De los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación de la secretaria de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas. Asimismo señala que para el caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, se señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. En ese sentido, una vez desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Sucedido lo anterior, se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito proyecto de laudo; posteriormente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto de laudo, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad; fenecido este plazo el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de diligencias. En el caso particular, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que dentro del expediente laboral 3A-256/2022, desde el cuatro de julio de dos mil veintitrés, certificó que no existían más pruebas por desahogar, por lo que, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que mostraran su conformidad con dicha certificación, y los apercibió que de no hacerlo, para el caso de que hubiera pruebas pendientes, se les tendría por desistidos de las mismas, y se procedería al cierre de instrucción y emisión del laudo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha dictado resolución en el juicio laboral. En esas condiciones, es válido concluir que transcurrió un término excesivo para que la Junta responsable agotara el procedimiento correspondiente, que culminara con el dictado del laudo en el expediente especial laboral 3A-256/2022. Lo que hace evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Acorde con lo anterior, resulta claro que la Junta responsable no se ha ajustado a los términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo, conforme a lo dispuesto por los artículos 885, 886 y 887. Luego, la omisión de pronunciar el fallo respectivo por parte de la Junta señalada como responsable, provoca que el procedimiento de origen no se desarrolle dentro de los términos establecidos en la ley, en contravención al derecho de una administración de justicia pronta, contenida en el artículo 17 constitucional. Tiene aplicación, la Jurisprudencia: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional.". Asimismo, la tesis: "LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita; la prontitud se traduce en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes de la materia; así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consista en la omisión del dictado del laudo, el análisis de su constitucionalidad no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues es precisamente la expeditez en la impartición de justicia la que se reclama, y lo que hace susceptible de analizar la constitucionalidad de la omisión por el tiempo prolongado que subsista." Sin que obste para concluir en los términos señalados, que mediante auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, la responsable ordenó turnar los autos a efecto de que sea emitido el laudo; sin embargo, dicho pronunciamiento es posterior a la presentación de la demanda de amparo, pero sobre todo, porque la vulneración al derecho a la impartición de justicia deviene del tiempo en que se ha prolongado el juicio, más allá de los plazos establecidos en la ley que regula dicho procedimiento. En consecuencia, lo procedente es otorgar a la quejosa Vanessa Esmeralda Beltz Gallegos, la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos del amparo. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberá: Dictar laudo correspondiente en el juicio laboral 3A-256/2022 Lo anterior, a fin de restituir a la quejosa el goce de su derecho fundamental vulnerado, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Vanessa Esmeralda Beltz Gallegos, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, que quedaron precisados en el considerando tercero de la presente ejecutoria. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, rindiendo su informe justificado; con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofreciendo como prueba la documental que adjunta, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia de ley. 1.2 Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmense un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se fija fecha para audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba programada para las nueve horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que con motivo del paro nacional de labores convocado en toda la República Mexicana en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de 11/03/24 11:22:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.3d MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ARGÜELLO Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con la Circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó declarar inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veinticuatro de octubre de la presente anualidad, con motivo del citado paro nacional y como consecuencia, suspender labores, términos y plazos durante el citado periodo. Así como que, en la diversa Circular 29/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno dicho Consejo, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estableció que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales preservar el principio de continuidad de la función; pero que, dadas las condiciones que prevalecen en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, podrán declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la Federación. Es por ello que se declararon inhábiles los días que van del veinticinco al veintisiete de octubre del año actual; en consecuencia, a fin de reanudar el trámite del presente juicio de amparo se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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