Vanessa Cristina Morillo Pérez y Otros.

Expediente 643/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
643/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • E.D. M. M.
  • Vanessa Cristina Morillo Pérez y Otros.
  • Vanessa Cristina Morillo Pérez
  • Juez Segundo Civil de Primera Instancia de la Piedad, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación que antecede, así como de una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, se advierte que el veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia. En ese contexto, se tiene que no obra constancia de que las autoridades responsables foráneas, hayan sido notificadas de la sentencia que determinó sobreseer en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, se está en condiciones de emitir el pronunciamiento que legalmente procede y que es relativo a causar ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, porque en términos del artículo 87 de la Ley de amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; y, es el caso, que en el presente asunto, se sobreseyó en el juicio porque cesaron los efectos del acto reclamado. Sentencia causa ejecutoria. En ese sentido, y vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que los autos originales y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 643/2021. PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El seis de julio de dos mil veintiuno, Vanessa Cristina Morillo Pérez presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 33 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 643/2021. Previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos el acta que antecede, quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán y Actuario adscrito: El auto dictado el once de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ordinario oral familiar 888/2019, en el que el juez responsable, entre otras determinaciones, ordenó el pago de pensión alimenticia únicamente de la menor A.C.M.M.; y, que la guarda y custodia de los menores fuera de forma compartida. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio ordinario oral familiar 888/2019, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Vanessa Cristina Morillo Pérez, contra Ernesto Mendoza González. Aquí resulta oportuno también valorar las documentales allegadas al presente juicio de amparo y recibidas en proveído de trece de octubre anterior, de las que advierte que dentro del referido juicio familiar, los contendientes Vanessa Cristina Morillo Pérez y Ernesto Mendoza González, celebraron convenio judicial para concluir dicho asunto. Tal convenio fue presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que en audiencia judicial de esa fecha, ambas partes comparecieron ante el juez responsable a reconocer las firmas que lo calzan y a ratificar su contenido. Por ello, el juez responsable, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, acordó que en vista de que en esa fecha se ratificó el convenio judicial por la actora y el demandado; asimismo, considerando -dijo- que con el mismo pretendían dar por concluido el juicio familiar, determinó que previamente a proveer en cuanto al fondo, dar vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción y al Tutor de los menores de edad, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, hecho lo cual -dijo- se daría cuenta con tal consenso de voluntades. Así, en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Tutor de los menores manifestando su conformidad con el convenio exhibido en autos por las partes, por encontrarse -dijo- garantizados los derechos correspondientes a sus menores de edad tutorados A.C.M.M. y E.D.M.M. Por ello, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable retomó el estado procesal del juicio familiar y considerando concluido el término concedido al Agente del Ministerio Publico de su adscripción; asimismo, la conformidad el Tutor de los menores, es que procedió a dar nueva cuenta con el convenio exhibido y tener por celebrado convenio judicial para concluir el asunto familiar, declarándose ejecutoriado en todas y cada una de sus partes. Ahora, como de dicho convenio se advierte acuerdo de voluntades respecto de la pensión alimenticia, así como de la guarda y custodia de los menores de iniciales A.C.M.M. y E.D.M.M., que resultan ser cuestiones relacionadas con el acto aquí reclamado; entonces, se determina que dichas constancias que en copia certificada remitió el Juez responsable, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, para ser analizadas y resolver el presente asunto. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado, la suscrita juzgadora estima que sobrevino la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: I. .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Cobra aplicación la siguiente Jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, para justificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene narrar lo que se desprende de las constancias allegadas al presente asunto, así como de las diversas que obran en el juicio de amparo 653/2021, promovido por Ernesto Mendoza González -aquí tercero interesado- por conducto de sus mandatarios, mismo que constituye un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, porque se tramita ante este juzgado. Lo anterior, porque permiten complementar los antecedentes de los actos procesales dictados en el juicio ordinario oral familiar 888/2019, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Vanessa Cristina Morillo Pérez, contra Ernesto Mendoza González, de donde deriva y hasta el momento en que fue dictado el acto aquí reclamado, y que a saber son: El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, Vanessa Cristina Morrillo Pérez -aquí tercera interesada- presentó en la vía ordinaria familiar demanda de divorcio sin expresión de causa frente a Ernesto Mendoza González -aquí quejoso-, en la que además solicitó fijación de alimentos, declaración del cincuenta por ciento del valor de bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio y aprobación del convenio; asimismo, como medidas cautelares pidió pensión alimenticia provisional a favor de los menores E.D.M.M. y A.C.M.M.; la separación de los cónyuges; y, orden de restricción dirigida a su cónyuge; demanda que le correspondió conocer al aquí juez responsable. El veintinueve de noviembre de dos mil veinte -previo cumplimiento de prevención-, se admitió a trámite la demanda y fijó como medida provisional de alimentos $6,160.80 (seis mil ciento sesenta pesos 80/100 moneda nacional); se ordenó la separación de los cónyuges asignando el domicilio conyugal a la quejosa y los menores; se prohibió a Ernesto Mendoza González acudir al domicilio conyugal y acercarse a su cónyuge en un radio de cien metros de distancia. Mediante ocurso de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, Vanessa Cristina Morrillo Pérez solicitó medida cautelar de guarda y custodia provisional respecto de los menores; por lo que el dieciocho de propio mes y año, el juez responsable negó la medida solicitada al no haber justificado, ni acreditado la necesidad y urgencia de la propia medida, considerando insuficiente el sólo dicho de la quejosa y al no advertirse evidencia que acreditara la "situación real" de los menores. Asimismo, en diverso escrito de diecisiete del mes y año señalados, el demandado contestó la demanda, solicitando medida cautelar sobre custodia provisional de los menores, por lo que el seis de enero de dos mil veinte, se le tuvo por dando contestación y negando la medida cautelar solicitada en idénticos términos a lo manifestado a la aquí tercera interesada. Mediante ocurso de diez de enero de dos mil veinte, la quejosa dio respuesta a la vista otorgada con la contestación de demanda de Ernesto Mendoza González y solicitó la medida de guarda y custodia de los menores, pidiendo que se giraran oficios al Registro Público de la Propiedad y Comercio en el Estado, a la Administración de Rentas y a la institución bancaria BBVA BACOMER; lo que fue negado mediante auto de catorce de enero de dos mil veinte por el juez responsable y respecto a los oficios solicitados se determinó que se proveería sobre su admisión en la audiencia respectiva. El veinte de enero de dos mil veinte, Ernesto Mendoza González solicitó medida de guarda y custodia respecto de los menores, a lo que recayó el acuerdo de veintiuno de enero de ese año, en el que se proveyó que previamente a dar cuenta con el fondo de su solicitud, se debía desahogar prueba testimonial, hecho lo anterior, se daría cuenta con la solicitud planteada. El propio veinte de enero de dos mil veinte, el mandatario de Vanessa Cristina Morrillo Pérez solicitó se requiriera a Ernesto Mendoza González, la cantidad de $19,714.80 (diecinueve mil setecientos catorce pesos 80/100 moneda nacional), por concepto adeudado de medida provisional de alimentos en favor de los menores; solicitando además, se remitieran los oficios pedidos el diez de enero de dos mil veinte; a esta petición recayó el auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, en el que se requirió al demandado dicho pago, que se dijo era correspondiente a la pensión alimenticia desde el mes de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, y hasta el enero del año dos mil veinte, y que en el término de tres días la entregara a la actora o consignara a ese órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que de no hacerlo en dicho lapso, se le embargarían bienes de su propiedad, suficientes a garantizar dicha suma. El veintisiete de enero de dos mil veinte, el mandatario de la actora manifestó que la menor A.C.M.M. se encontraba con su madre Vanessa Cristina Morrillo Pérez; asimismo, pidió se enviara oficio a Seguridad Pública Municipal a efecto que se presentaran videos de las cámaras de seguridad de las inmediaciones al lugar de los hechos narrados y diera vista al Agente del Ministerio Público por el delito de desobediencia judicial; y, nuevamente pidió medida provisional sobre guarda y custodia de los menores E.D.M.M. y A.C.M.M.; a lo que recayó el auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, en el que se le tuvo informando que la menor A.C.M.M., se encontraba al lado de la actora. El siete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 104/2020 que envío el Facilitador del Poder Judicial del Estado, adscrito al Distrito Judicial de La Piedad Michoacán, juntamente con un convenio celebrado entre las partes. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se celebró audiencia de preliminar y en la segunda etapa (Fase de mediación o conciliación), ambas partes manifestaron su voluntad de llegar a un convenio, por ello el juzgador responsable les otorgó el término de un mes; es decir, hasta el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que con sus mandatarios jurídicos establecieran y elaboraran un convenio para solucionar el juicio, y una vez elaborado, lo presentaran ante ese órgano jurisdiccional. En esa fecha -diecisiete de septiembre de dos mil veinte- se dictó sentencia definitiva en la que se resolvió: ".SEGUNDO. Se declara procedente la acción del estado civil que en la vía oral ordinaria familiar dedujo Vanessa Cristina Morillo Pérez por su propio derecho frente a Ernesto Mendoza González, sobre divorcio sin expresión de causa. TERCERO. Se decreta la disolución del vínculo matrimonial. CUARTO. La patria potestad de los menores la ejercerán ambos progenitores en los términos expuestos en el considerando relativo. Este juzgado se reserva pronunciarse respecto a los alimentos, y en especial a la custodia y cuidado de menores involucrados,.así como respecto a los alimentos e indemnización solicitadas por la actora, quedando como litis pendiente por resolver en audiencia correspondiente, en los términos que han quedado precisados." Luego, el tres de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable decretó medida provisional sobre la guarda y custodia de los menores, en el sentido de quedar a cargo del demandado -aquí quejoso- la del menor E.D.M.M. y a cargo de la actora -aquí tercera interesada- la menor A.C.M.M.; y, se autorizó al actuario para que se constituyera en el domicilio del enjuiciado y le requiriera del pronto y efectivo pago de $19,714.80 (diecinueve mil setecientos catorce pesos 80/100 moneda nacional), que corresponde a la pensión alimenticia provisional adeudada, relativa a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, así como enero de dos mil veinte, en el entendido que de no verificarlo en el momento mismo de la diligencia, se procedería en su contra con embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar dicha cifra. El once de junio de dos mil veintiuno (ACTO RECLAMADO), retomando esencialmente el contenido del anterior acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, la responsable determinó lo siguiente: ".Visto el escrito que presenta el licenciado Javier Ramírez López, mandatario judicial de la actora, dígasele que en proveído del tres de junio de este año, visible a en la foja trescientos siete y trescientos ocho del expediente, se dio cumplimiento con la sentencia dictada en el juicio de amparo número 135/2020, promovido por Vanessa Cristina Morillo Pérez, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, y solamente se ordenó requerir al demandada y obligado alimentista Ernesto Mendoza González, del pronto y efectivo pago de la suma de $19,714.80 -diecinueve mil setecientos catorce pesos ochenta centavos moneda nacional- que correspondía a la pensión alimenticia provisional adeudada, relativa a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, así como enero de dos mil veinte, ello, considerando que la medida provisional de alimentos decretada en autos, en esa fecha que se pidió no había sido revocada, nulificada, ni modificada, pues incluso, solamente esa cantidad fue la que había sido negada en el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, visible a foja ciento cuarenta del expediente, que fue motivo del acto reclamado, dado que los alimentos fueron decretados a favor de los menores de edad citados, de aquí que este tribunal solamente atendió aquella petición al dejar sin efectos la negativa contenida en el proveído de treinta y uno de enero de la anualidad próxima pasada." Ahora bien, en atención a que de las constancias que integran el asunto en que se actúa, se observa que el menor de edad E.D.M.M., desde el día 2 dos de enero de 2020 dos mil veinte, se encuentra bajo la guarda y custodia de su padre el demandado Ernesto Mendoza González, y que la infante A.C.M.M., se encuentra actualmente al lado de su madre la accionante Vanessa Cristina Morillo Pérez, dado que es ella quien tiene su guarda y custodia, pues en proveído del veintinueve de enero de dos mil veinte, visible en la foja 127 ciento veintisiete, se advierte que el compareciente desde aquel entonces así lo manifestó; por tanto, al constatarse de los antecedentes del asunto en que se gestiona, que la menor A.C.M.M., desde esa fecha habita con su madre, y que el enjuiciado no ha cumplido con el pago de la pensión alimenticia decretada, como lo pide el ocursante, se ordena requerirle también al demandado y obligado alimentista Ernesto Mendoza González, del pronto y efectivo pago de $66,168.60 (sesenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos 60/100 m.n.), que corresponde a la pensión alimenticia provisional adeudada, relativa a los meses de febrero a diciembre de dos mil veinte y de enero a junio del año que transcurre, dado que el año próximo pasado dicha pensión ascendía a $3,696.60 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100 m.n.), para cada uno de sus hijos, y en la presente anualidad corresponde a $4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) para cada infante. . Por otra parte, reitérese al compareciente que contrario a lo que señala en su ocurso, éste órgano jurisdiccional en el acuerdo del 3 tres de junio de este año, dio cabal y total cumplimiento con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo referido, pues se decretó como medida provisional respecto de la guarda y custodia de los menores E.D.M.M. y A.C.M.M., la ahí establecida, atendiendo por supuesto al interés superior de dichos infantes, implicando además su interés social, así como la protección de su integridad, seguridad y sano desarrollo, y a su vez, tomando en consideración las circunstancias acontecidas en el asunto en que se actúa, ya que resultaba más benéfico que los infantes no cambien constantemente de hogar, para no causarles un desequilibrio y desestabilidad en su situación particular, determinando por ello que la guarda y custodia provisional de los menores E.D.M.M. y A.C.M.M., quedará a cargo del demandado Ernesto Mendoza González, respecto del primero, y a cargo de la accionante Vanessa Cristina Morillo Pérez, respecto de la segunda, dada la convivencia que han tenido con sus progenitores desde hace 1 un año 4 cuatro meses.." Hasta aquí, los antecedentes del acto reclamado. Ahora, las diversas documentales allegadas al presente juicio de amparo, son tomadas en consideración porque en el caso concreto, sirven para tener actualizada la causal de improcedencia, misma que por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estiman justificadas para ser atendidas en cuanto a su contenido, de acuerdo con el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causa de improcedencia. Sentado lo anterior, de dichas documentales se advierte que: Dentro del juicio ordinario oral familiar 888/2019, sobre divorcio sin expresión de causa, los contendientes Vanessa Cristina Morillo Pérez y Ernesto Mendoza González, celebraron convenio judicial para concluir dicho asunto. Tal convenio fue presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que en audiencia judicial de esa fecha, ambas partes comparecieron ante el juez responsable a reconocer las firmas que lo calzan y a ratificar su contenido, en los siguientes términos: ".Sí ratificamos el contenido del convenio que se nos muestra, reconocemos las firmas que se nos enseñan por ser las nuestras, nosotros las asentamos, manifestando que estamos totalmente de acuerdo en su totalidad con todo lo expuesto en el convenio que ahora se nos muestra, lo anterior para todos los efectos a que haya lugar.". Por ello, el juez responsable, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, acordó que en vista de que en esa fecha se ratificó el convenio judicial por la actora y el demandado; asimismo, considerando -dijo- que con el mismo pretendían dar por concluido el juicio familiar, determinó que previamente a proveer en cuanto al fondo, dar vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción y al Tutor de los menores de edad, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, hecho lo cual -dijo- se daría cuenta con tal consenso de voluntades. Así, en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Tutor de los menores, manifestando su conformidad con el convenio exhibido en autos por las partes, por encontrarse -dijo- garantizados los derechos correspondientes a sus menores de edad tutorados A.C.M.M. y E.D.M.M. Por ello, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable retomó el estado procesal del juicio familiar y considerando concluido el termino concedido al Agente del Ministerio Publico de su adscripción; asimismo, la conformidad el Tutor de los menores, es que procedió a dar nueva cuenta con el convenio exhibido y ratificado; por tanto, determinó tener por celebrado convenio judicial para concluir el asunto familiar, declarándose ejecutoriado en todas y cada una de sus partes. Ahora, corresponde analizar el convenio, de cuyo contenido se advierte que se llegó a un acuerdo de voluntades respecto a la pensión alimenticia, así como de la guarda y custodia de los menores de iniciales A.C.M.M. y E.D.M.M., que resultan ser cuestiones relacionadas con el acto aquí reclamado; pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que en esencia de lo que se duele la quejosa, es que el juez responsable, entre otras determinaciones, ordenara el pago de pensión alimenticia únicamente de la menor A.C.M.M.; y, que la guarda y custodia de los menores fuera de forma compartida en aquella temporalidad; de ahí que es incuestionable han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, porque en el convenio se pactó lo siguiente: "Los que suscriben ERNESTO MENDOZA GONZÁLEZ y VANESSA CRISTINA MORILLO PÉREZ.Por medio del presente ocurso venimos a manifestar que los suscritos hemos llegado a un acuerdo de manera pacífica sobre el juicio que nos ocupa, y por tanto los suscritos venimos a indicar a este H. Tribunal que las partes hemos decidido llegar a un acuerdo, para poner fin al presente juicio, por lo cual celebramos el convenio, sin que exista algún motivo en particular para ello más que cuidar el interés superior de los menores, al igual que tener un acuerdo entre las partes de manera consensual y dar por terminada la presente contienda judicial que se sujeta a las siguientes cláusulas y consideraciones de derecho, lo que a continuación manifestamos sobre: LOS INTERESES SUPERIORES DE LOS MENORES:.". Luego, en el punto PRIMERO se pactó lo relativo a la guarda y custodia de los menores, la cual se determinó será compartida, en igualdad de derechos y obligaciones para las partes. Ello se reiteró en el punto TERCERO al establecer de manera textual: "Ambas partes acuerdan que la guarda y custodia será compartida,.", señalando la forma y términos en los que quedará distribuida. En el punto SEXTO se estipuló lo relativo a la pensión alimenticia, y sobre ella acordaron que los alimentos en general, excluyendo los conceptos de educación y gastos médicos, correrán a cargo de cada una de las partes; es decir, de cada progenitor en los días de la semana y periodos que tenga bajo su guarda y custodia a sus menores hijos; esto es, cada uno tendrá el cuidado que todos los rubros que integran el concepto de alimentos, cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 446 del Código Familiar. En el punto SÉPTIMO de manera textual se pactó que: "El señor ERNESTO MENDOZA GONZÁLEZ, está de acuerdo en que realizara el pago de la pensión alimenticia únicamente por la cantidad de $15,000.00 quince mil pesos 00/100 moneda nacional, los cuales se pagaran al momento de la firma del presente documento, sirviendo este instrumento como el recibo más eficaz que en derecho corresponda por dicho monto. Del mismo modo se acuerda que los bienes muebles que le fueron embargados al demandado quedaran en favor de la señora VANESSA CRISTINA MORILLO PÉREZ, firmando ambas partes de común acuerdo. La cantidad antes acordada es el pago de la pensión alimenticia que el señor Ernesto Mendoza Morillo tiene a cargo de al menor ANABELLA CRISTINA MENDOZA MORILLO, desde la fecha en que la madre tiene la custodia y hasta la fecha de la firma del presente convenio, reconociendo que con ello queda saldada las cantidades que por ese concepto se adeudara a favor de cada uno de los menores, no existiese cantidad alguna que reclamar en lo presente ni en lo futuro. En la cláusula DÉCIMA PRIMERA ambas partes solicitaron se levantaran todas y cada una de las medidas provisionales que se dictaron en el juicio familiar, por lo que las mismas deberían ser declaradas insubsistentes. Finalmente, en la diversa DÉCIMA CUARTA textualmente señalaron: "Ambas partes acordamos que el presente convenio es justo y equitativo para las partes, por lo que no existe vicio del consentimiento que lo llegue a viciar, por lo cual el mismo se encuentra debidamente fundado en derecho, por lo que solicitaron del mismo modo que se le gire atento oficio con los insertos necesarios al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, a fin de que queden sin efectos el Juicio de Ampro que se tramitó por parte del demandado y el Recurso de Queja que se tramitó por parte de la actora, esto por haberse llegado a un convenio entre las partes litigantes, el cual solicitamos sea elevado a la categoría de cosa juzgada y obliga a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar." En ese contexto, con el convenio judicial ratificado y declarado ejecutoriado dentro del juicio familiar, se tiene que, dejaron de surtir efectos las determinaciones dadas en el acuerdo reclamado; lo anterior, porque si en él se ordenó el pago de pensión alimenticia únicamente de la menor A.C.M.M.; y, que la guarda y custodia de los menores fuera de forma compartida, éstas dejaron de surtir efectos virtud al convenio celebrado, para que al amparo del pacto de voluntades, los gastos por pensión alimenticia ahora correrán a cargo de cada progenitor durante el tiempo que tengan a cada uno los menores; y, que la guarda y custodia si bien seguirá siendo compartida por ambos, será en la forma y términos pactados. No resta decir, que también pactaron lo relativo a los adeudos de pensión alimenticia, pues de manera expresa reconocieron que con el pago de $15,000.00 quince mil pesos a la firma del convenio, quedaban saldadas las cantidades que por ese concepto se adeudaba a favor de cada uno de los menores, no existiendo -dijeron- cantidad alguna que reclamar en lo presente ni en lo futuro. Y, respecto al embargo de bienes, acordaron que los bienes muebles embargados al demandado quedarían en favor de la actora; lo que se reitera firmaron de común acuerdo. Ahora, no se inadvierte que si bien es cierto las diversas medidas sobre guarda y custodia a favor del padre y en otras a favor de la madre, así como la falta de pago oportuno de pensión alimenticia, dejaron huella o causaron lesión en la esfera jurídica de las partes, ya que durante el tiempo que estuvieron vigentes no pudieron convivir con sus hijos y viceversa; y, pudieron sufrir un perjuicio económico, también lo es que, sobre ello, no existe mayor pronunciamiento que hacer; porque esas circunstancias ya no pueden restituirse, pues es claro que son actos que se encuentran consumados de manera irreparable; pero, que al mismo tiempo, cesaron con el convenio relativo a la pensión alimenticia y a la guarda y custodia; por tanto, dejaron de surtir sus efectos a la fecha en que se resuelve el presente juicio constitucional. De ahí que a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad de esos actos, pues no puede soslayarse que ya no existe la posibilidad de que ante una eventual concesión puedan restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación en concreto, pues quedaron consumados de modo irreparable; incluso el tiempo de convivencia del cual fueron privados. Consecuentemente, las determinaciones dadas en el auto reclamado, tanto de pensión alimenticia de la menor de iniciales A.C.M.M., como de guarda y custodia de ambos menores de iniciales A.C.M.M. y E.D.M.M., dictadas dentro del juicio ordinario oral familiar 888/2019, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Vanessa Cristina Morillo Pérez, contra Ernesto Mendoza González, han dejado de interferir en la esfera jurídica de la quejosa. Por todas esas razones, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, no se desconocen las diversas manifestaciones realizadas por la asesora jurídica federal en cuanto representante especial de los menores; sin embargo, resulta innecesario emitir un pronunciamiento de fondo dado el sentido en el que se resuelve el presente asunto; no obstante ello y sin prejuzgar se considera que el juez responsable es quien, en atención al interés superior de los menores y como rector del juicio familiar, se encuentra obligado a hacer cumplir sus determinaciones y, en el caso concreto, a seguir garantizando que lo convenido por las partes sea en los términos pactados; o, en caso contrario, a resolver el incumplimiento en el que se incurra, sobre lo acordado por ambos padres. Al margen de lo anterior, no resta decir que los alegatos formulados por las partes, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional abordar su estudio, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la jurisprudencia 27/94, del Pleno del Máximo Tribunal del País, del tenor siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 643/2021, promovido por Vanessa Cristina Morillo Pérez, por el acto, autoridad; y, razones precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando quinto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede se provee: Pruebas documentales remitidas por la autoridad responsable. Agréguese el oficio -con anexos-, que remite el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; y, atento a su contenido, téngasele informando que dentro del juicio ordinario oral familiar 888/2019, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Vanessa Cristina Morillo Pérez, contra Ernesto Mendoza González, ambos contendientes celebraron convenio judicial para concluirlo. Por ello -refiere el juez responsable-, les tuvo celebrando convenio judicial, mismo que por no ser contrario a derecho, a la moral ni a las buenas costumbres, aprobó en sus términos, declarándose ejecutoriado, en todas y cada una de sus partes, en el entendido -dijo- que para su ejecución se obliga respecto de aquellos actos que le competan y no de aquellos a los que las partes se comprometan por virtud de ese pacto de voluntades. Y, para acreditarlo, remitió las copias certificadas correspondientes. Todo lo anterior -puntualizó-, para los efectos legales a que haya lugar en el presente juicio de amparo 643/2021, así como en el diverso 653/2021, también del índice de este órgano jurisdiccional. Por ello, y sobre este último aspecto, con copia certificada de dicho oficio -con anexos-, acuérdese lo relativo en el referido expediente. Diferimiento anticipado. Ahora, en contexto de lo informado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, ténganse por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la responsable allegó, con las que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, a fin de que transcurra el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación del presente proveído en el que se da vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable y la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para garantizar y conferir a las partes la verdadera oportunidad de imponerse debidamente de dichas constancias, la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO se difiere de manera anticipada, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Autoridad devuelve despacho diligenciado. Agréguense a los autos los oficios enviados por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y atento a su contenido, con el primero de ellos, informa que a través de diverso comunicado 1177/2021, de fecha veintidós de septiembre del año en curso, ya fue devuelto el despacho 203/2021, número de orden 411/2021, que le fue remitido para que en auxilio de este Órgano Jurisdiccional realizara el emplazamiento del tercero interesado Ernesto Mendoza González; y, por lo que respecta al segundo, se tiene por recibida la comunicación de que se trata, debidamente diligenciada en sus términos. Háganse las anotaciones que corresponden y dése de baja la comunicación de que se trata. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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