Vanesa Danae Hernández Ramos y Otros.

Expediente 739/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
739/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Vanesa Danae Hernández Ramos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio con el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, hace partícipe de este juzgado, de la determinación emitida por tal alzada, en el amparo en revisión 316/2022, donde en sesión de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, por lo que a este toca se refiere. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, con relación a los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando quinto de la sentencia recurrida. Acúsese el recibo de estilo. Por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público tercero interesado, así como por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, hace partícipe de este juzgado el proveído veintinueve de los actuales, a través del cual ese Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo 739/2021, el cual se identificó con el consecutivo 316/2021. Lo anterior, se acuerda de conformidad con el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en apego a su artículo 2. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el escrito suscrito por los quejosos ******* y *******, a través del cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; se tiene por interpuesto tal medio de impugnación. Por tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86 de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de la interposición del recurso de revisión a las partes y una vez que obre en autos la totalidad de constancias de notificación, tanto de la sentencia como del recurso de revisión que ahora se atiende; remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el presente juicio de amparo, para que se resuelva el medio de defensa promovido. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua- veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.Visto para resolver el juicio de amparo 739/2021-II, promovido por *******, *******, ******* y *******.ResultandoPrimero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, *******, ******* y *******, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del auto de vinculación a proceso, emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, el siete de octubre de dos mil veintiuno.Segundo.Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violentados. Los peticionarios del amparo señalaron como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Tercero. Tramitación de la demanda. A través de auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.Cuarto. Acreditación de credenciales como licenciados en Derecho, de los profesionales que fungieron durante la audiencia inicial (primera parte y continuación) como defensores de los quejosos. En el propio auto de admisión a trámite de la demanda de amparo que originó este asunto, se solicitó al Juez responsable que remitiera las certificaciones respectivas respecto a si los defensores particulares de los imputados quejosos, cuentan con las credenciales pertinentes para ejercer como licenciados en Derecho, a efecto de tener la certeza de que el derecho fundamental de los aquí quejosos a ser defendidos por un licenciado en Derecho, fue respetado.Ello, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405/2017, en concatenación con la Contradicción 1/2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en Derecho, fue respetado.Al respecto, en proveídos de cinco y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez responsable cumpliendo la solicitud que se le efectuó, pues envió copia certificada de las cédulas profesionales de los licenciados en Derecho *******, ******* y *******, quienes tienen la calidad de defensores de los aquí quejosos y los diversos imputados.De manera que, tal como se acotó en dichos autos, ha quedado evidenciado que las profesionales en comento sí cuentan con las credenciales atinentes que las avalan como peritos en Derecho- de tal suerte que, la prerrogativa constitucional de los aquí quejosos, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada.ConsiderandoPrimero.Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo- 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación- así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que los quejosos reclamaron lo siguiente, de la autoridad señalada enseguida:Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad:El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión de los siguientes delitos:Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos c) y l), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia.Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia.Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, con relación al diverso 11, incisos a) y b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, incisos c) y f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.Posesión de cargadores de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y-Contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal- y la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio de cannabis sativa l. (marihuana), en su variante de venta, prevista y sancionada en el artículo 476 de la Ley General de Salud.Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos combatidos por el accionante del amparo, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación, así lo aceptó.Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice:INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la constancia inicial verificada en la causa penal de origen, de la que los actos combatidos en este juicio, se deducen- misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Asimismo, envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en un disco compacto, al que se le reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo.Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo- y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido.Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala:VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por los quejosos, a la autoridad en cita.Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo.Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por los quejosos, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.Quinto. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Previo a efectuar el análisis atinente, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentran los aquí quejosos, esto es, en su carácter de imputados en la causa penal *******, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico.Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013).Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone:Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado- el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.(.)La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente:1. El delito que se impute al acusado-2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél- y,3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso.Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa:Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a procesoEl Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:I. Se haya formulado la imputación-II.Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar-III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, yIV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso:a) Que se haya formulado imputación-b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar-c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo.En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone:Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.(.)Es decir, que:a) Debe constar por escrito- b) Provenir de autoridad competente- y,c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento.Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente:1.Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión.2.Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto.3.Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho.Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: a) permiten resolver el problema planteado, b) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y c) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables.Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la constancia relativa a la vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso- (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (Es propio lo destacado.) De cuya intelección se desprende, que el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el propio día de continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual dictó auto de vinculación a proceso en contra de diversas personas, entre quienes se encuentran los aquí quejosos. Además, fue dictado por autoridad competente de conformidad con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal como lo acotó el propio Juez responsable, en virtud de que los delitos de que se trata fueron previstos como tal en ordenamientos federales, como lo son a) la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y b) el Código Penal Federal- presuntamente ocurridos en esta ciudad, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción el Juez responsable, de conformidad con el Acuerdo General 29/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se creó el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público- los aquí quejosos estuvieron asistidos en todo momento de sus defensores- asimismo, se les dio la oportunidad de emitir su declaración, haciéndoles saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quienes optaron por ejercerlo. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos de los siguientes delitos: Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos c) y l), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia. Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia. Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, con relación al diverso 11, incisos a) y b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, incisos c) y f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Posesión de cargadores de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y- Contra la salud- por lo que hace a la metanfetamina, en la modalidad de posesión, con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal- y la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio de cannabis sativa l. (marihuana), en su variante de venta, prevista y sancionada en el artículo 476 de la Ley General de Salud. Asimismo, estimó que de los datos de prueba expuestos hasta ese momento procesal, se desprendía la probabilidad de que los aquí quejosos hubieran cometido tales ilícitos, con la calidad de autores materiales. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 11- 83- 83 Quat- así como 83 Quintus- todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- disponen lo siguiente: Artículo 11. Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: a).-Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial. b).-Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores. c).-Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223-, 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30-en todos sus modelos. d).-Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres. e).-Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial. f).-Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta. g).-Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones. h).-Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento i).-Bayonetas, sables y lanzas. j).-Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento. k).-Aeronaves de guerra y su armamento. l).-Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra. Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría dela Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley. Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley- II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble. Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. Artículo 83 Quintus. Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará: I. Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores. (.) De tales dispositivos se desprende, en lo que aquí interesa y tal como lo resaltó el Juez responsable, que: a) el material bélico descrito en el primero de tales artículos, es catalogado como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- b) que de conformidad con la fracción II del artículo 83, se sancionará con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esa Ley- c) que se sancionará con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esa Ley, no contempladas en las primeras dos fracciones del numeral en cuestión- d) asimismo, se considerarán como agravantes, de conformidad con los dos últimos párrafos del citado artículo, cuando se porten dos o más armas, pues la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes- o bien, cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III de tal artículo, ya que la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble- d) que a quien posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de dicha legislación- o de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de dicha Ley- e) que a quien de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores. Ahora bien, los elementos para la configuración de los ilícitos de que se trata relativos a la portación de los objetos bélicos de referencia, como acertadamente concluyó el Juez responsable, son los siguientes: Sin el permiso correspondiente- Se porte un artefacto bélico (armas, cartuchos o cargadores) de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea- esto es, que lo tenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata. Enseguida, los artículos 195, párrafos primero y tercero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, son del siguiente contenido: Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código. (.) Cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código. Artículo 193. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios ode otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables. Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.-Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud- Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos. El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. (.). Los elementos para la configuración del ilícito contra la salud, relativo a la posesión de la metanfetamina, son los siguientes: A quien sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud- Posea narcóticos tales como estupefacientes y psicotrópicos de los contemplados en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en dosis superiores a las ahí estipuladas- En cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas, entre otras, con finalidad de comercializarlos. En cuanto a la marihuana, señaló el Juez responsable que resulta aplicable lo estipulado en el artículo 476 de la Ley General de Salud- cuyos elementos para su configuración, son idénticos que para la posesión del diverso narcótico arriba invocado. Al respecto, el Juez responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, los mencionados hechos ilícitos -en grado de probabilidad-. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público (pues la defensa, fue omisa en ofrecer medio de prueba alguno) consistentes en: Informe policial homologado del cual se desprende, que en esta ciudad, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, los agentes de seguridad pública municipal de nombres *******, *******, *******, *******, ******* y *******, se encontraban realizando su recorrido de prevención y vigilancia, cuando circulaban por la calle *******, en un sentido de oriente a poniente- y al llegar al cruce de la avenida *******, de la colonia *******, realizaron el alto correspondiente- y observaron que sobre la avenida de *******, se encontraba un vehículo de la marca ******* color ******* ******* de circulación- el cual iba tripulado por varias personas. En ese momento se percatan que el copiloto que vestía una *******, maniobraba lo que al parecer era un arma de fuego larga- razón por la que aceleraron la marcha de la unidad y mediante señales audibles y visibles solicitaron al conductor del vehículo, detener su marcha- pero éste aceleró la velocidad no obstante dicha instrucción. Así, comenzaron a seguir el vehículo por tal avenida, hacia el sur. Después giraron hacia el poniente por *******- y posteriormente giraron al sur, por la calle *******- y al llegar al cruce con la calle, dos unidades cerraron el paso al vehículo y detuvieron su marcha- acercándose al automotor en cuestión. Luego, que al iluminar al interior, observaron en la tercera fila de asientos, en el piso, lo que al parecer era un arma de fuego en color negro y varias prendas de vestir tipo militar. De modo que, a efecto de evitar alguna situación de riesgo y salvaguardar su integridad y la de diversas personas, indicaron a los tripulantes del vehículo que realizarían una inspección tanto a sus personas como del automóvil, a lo cual accedieron de forma voluntaria. Así, se acotó que descendió del asiento del piloto quien refirió llamarse *******- del lado del copiloto, descendió ******* (aquí quejoso)- del asiento de atrás del piloto bajó quien dijo llamarse *******- del asiento de atrás del copiloto descendió quien dijo llamarse ******* (aquí quejoso)- del último asiento bajaron ******* (aquí quejosa), ******* (aquí quejosa) y una menor de edad de iniciales *******. Acto seguido practicaron una inspección del vehículo, donde encontraron lo siguiente: Un arma de fuego tipo fusil, calibre Multi 5.56 (.223-/5.56x45 milímetros), marca YHM, modelo YHM-15, con número de serie *******, con sistema de disparo semiautomático. Un arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62x39mm, marca Century Arms Inc., modelo GP 1975 Sporter, con número de serie *******, con sistema de disparo semiautomático. Un arma de fuego tipo fusil, calibre 5.56 (.223-/5.56x45 milímetros), marca Delton Inc., modelo DTI-15, con número de serie *******, con sistema de disparo semiautomático. Un arma de fuego tipo carabina, calibre .45- ACP, marca Masterpiece, modelo no visible, con número de serie A6609, con sistema de disparo semiautomático. Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9x19 mm (9 milímetros parabellum/9 milímetros luger), marca Sig Sauer, modelo P250, con número de serie *******, con sistema de disparo semiautomático, con cargador abastecido con quince cartuchos calibre 9 mm Luger. Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9x19 mm (9mm parabellum/9 milímetros luger), marca Star, Bonifacio Echeverria S.A., modelo BM, con número de serie *******, con sistema de disparo semiautomático, con un cargador para arma de fuego calibre 9 milímetros (9x19 milímetros), desabastecido. Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9x19 milímetros (9 milímetros parabellum/9 milímetros luger), marca Stoeger, modelo STR-9, con número de serie *******, con sistema de disparo semiautomático. Cuarenta y dos (42) cartuchos calibre .22- Short- ciento sesenta y uno (161) cartuchos calibre .22- LR 8.3- cincuenta (50) cartuchos calibre .38- Especial- dos (2) cartuchos calibre .38- Especial- cinco (5) cartuchos calibre 12 GA- ciento diez (110) cartuchos calibre .22- Short- trescientos sesenta y seis (366) cartuchos calibre .22- LR- dieciséis (16) cartuchos calibre 9 milímetros Mak- quince (15) cartuchos calibre .38- Especial- cuarenta y tres (43) cartuchos calibre .357- Magnum- tres (3) cartuchos calibre 4.5- Auto- sesenta y tres (63) cartuchos calibre .223- veinte (20) cartuchos calibre .22-- 250- diez (10) cartuchos calibre .270- Win- trescientos setenta y dos (372) cartuchos calibre 7.62x39 milímetros- dieciocho (18) cartuchos calibre .308- Win- seis (06) cartuchos calibre .30--30. Los cuales suman un total de un mil trescientos dos (1,302) cartuchos para armas de fuego. Tres cargadores para arma de fuego calibre 7.62x39 milímetros. Estructura de cargador para arma de fuego, la cual carece de base y resorte elevador de cartuchos. Un cargador para arma de fuego calibre .380- auto. Un cargador para arma de fuego calibre .45- auto. Una bolsa transparente con lo que resultó ser clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 237.4 gramos. Una bolsa transparente con lo que resultó ser cannabis sativa l., con un peso neto de 20.6 gramos. Dos chalecos tácticos color verde soldado pixelados (tipo militar), una funda con dos portas cargadores color verde pixeleado- tres camisolas y tres pantalones color verde pixeleado. ******* portaba fajada a la altura de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9x19 milímetros (9 milímetros parabellum/9 milímetros luger), marca Beretta, modelo 92 FS, con número de serie *******, con sistema de disparo semiautomático, con un cargador abastecido con doce cartuchos calibre 9 milímetros Luger. Ante dicho hallazgo, previa lectura de sus derechos, se acotó que se les informó que serían detenidos por la aparente comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos- y que serían consignados ante el agente del Ministerio Público de la Federación- ello, en el cruce de las calles ******* y ******* de la colonia *******, en esta ciudad. Enseguida, anotaron tales agentes que se procedió al aseguramiento de los objetos descritos. Dictamen en materia de balística forense, de dos de octubre de dos mil veintiuno, con folio ******* del cual se dijo, se desprende que la perito *******, determinó, previo estudio de los artefactos bélicos ya señalados, lo siguiente: Primero, a) que el arma de fuego tipo fusil con número de serie *******- el arma de fuego tipo fusil con número de serie *******- y, el arma de fuego tipo fusil con número de serie *******- por sus características y calibre son de las que se contemplan en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente en el artículo 11, inciso c)- como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Enseguida, b) respecto al de fuego tipo carabina, calibre .45- con número de serie *******- que son de las que se contemplan en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente en el artículo 11, inciso l), párrafo segundo- como de uso exclusivo de las fuerza castrenses del país. Luego, c) respecto al arma de fuego tipo pistola, con número de serie *******- el arma de fuego tipo pistola, con número de serie *******- el arma de fuego tipo pistola, con número de serie *******- y, el arma de fuego tipo pistola con número de serie *******- la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las contempla, específicamente en el artículo 11, inciso b), como de uso reservado de las fuerzas armadas nacionales. Por lo que respecta d) a los cuarenta y dos (42) cartuchos calibre .22- Short- ciento sesenta y uno (161) cartuchos calibre .22- LR 8.3- cincuenta (50) cartuchos calibre .38- Especial- dos (2) cartuchos calibre .38- Especial- y, cinco (5) cartuchos calibre 12 GA- determinó que son para armas de fuego de las contempladas en el artículo 10 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En cuanto e) a los ciento diez (110) cartuchos calibre .22- Short- y los trescientos sesenta y seis (366) cartuchos calibre .22- LR- la experta determinó que presentaban un artificio especial, es una modalidad expansiva y son clasificados para las armas de fuego previstas en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Enseguida, f) que los dieciséis (16) cartuchos calibre 9 milímetros Mak- son de los que se usan en armas contempladas en el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- al igual que los tres (3) cartuchos calibre 4.5- Auto. Que por lo que respecta a g) los quince (15) cartuchos calibre .38- Especial- seis (6) de ellos presentan artificio especial, esto es, punta hueca expansiva, que se clasifican en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- mientras que los nueve (9) restantes son para armas contempladas en el artículo 10 bis del citado ordenamiento. Que con relación h) a los cuarenta y tres (43) cartuchos calibre .357- Magnum- son para armas contempladas en el artículo 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Después, i) la experta determinó que de los sesenta y tres (63) cartuchos calibre .223- cuarenta y tres (43) de ellos son normales sin artificios especiales, para armas de fuego contempladas en el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Veinte (20) de ellos son expansivos, que se encuadran en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Luego, j) en torno a los veinte (20) cartuchos calibre .22-- 250- que presentan punta blanda y que se encuentran clasificados en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Enseguida, k) que los diez (10) cartuchos calibre .270- Win, que presentan punta blanda, se encuentran clasificados en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con relación a l) los trescientos setenta y dos (372) cartuchos calibre 7.62x39 milímetros- trescientos sesenta y dos (362) son punta normal son normales sin artificios especiales, para armas de fuego contempladas en el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- mientras que diez (10) presentan punta blanda y que se encuentran clasificados en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Respecto a m) los dieciocho (18) cartuchos calibre .308- Win- 14 son normales sin artificios especiales, para armas de fuego contempladas en el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- tres (3) con punta cerrada y uno (1) con punta blanda- catalogados en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con relación n) a los seis (06) cartuchos calibre .30--30- 2 presentan punta encerada y 4 punta blanda y que por su artificio se encuentran en el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Enseguida, o) por lo que hace a los tres (3) cargadores para arma de fuego calibre 7.62x39 milímetros, son para arma de las contempladas en el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- y desde luego, son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos. En torno p) al cargador (1) para arma de fuego calibre .45- auto- es para arma de las contempladas en el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- de uso especial de las fuerzas castrenses del país. Con respecto q) al cargador (1) para arma de fuego calibre .380- auto, la experta determinó que no es de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, sino que puede portarse con la licencia respectiva. Por lo que hace a r) la estructura de cargador para arma de fuego, no fue considerada como un artefacto bélico, pues carece de base y resorte elevador de cartuchos. Dictamen en materia de química forense, practicado el dos de octubre de dos mil veintiuno, con número de folio *******, elaborado por la perito oficial de la Fiscalía General de la República ******* quien previo análisis de las sustancias aseguradas, determinó lo siguiente: Con relación a la sustancia sólida cristalina de color blanco que contenía una de las bolsas, a) determinó que se trata de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 237.4 gramos (sustancia considerada como psicotrópico en la Ley General de Salud)- asimismo, respecto del vegetal seco y color verde, resultó ser cannabis sativa l., con un peso neto de 20.6 gramos (sustancia considerada como estupefaciente en la Ley General de Salud). Inspección en el lugar de la detención practicada por el policía federal ministerial *******, el dos de octubre del año en curso, en que dio cuenta de la existencia del cruce de las calles ******* y ******* de la colonia *******, en esta ciudad- en la que asentó que se trata de un lugar con calles pavimentadas con alta afluencia vehicular- con servicio de alumbrado público- casas habitaciones de diferentes colores, sin cámaras de vigilancia. Inspección de objetos practicada por dicho agente en la misma fecha, con que dio cuenta de las características y existencia de la cantidad de objetos bélicos asegurados así como del narcótico y estupefaciente asegurado- así como del vehículo que tripulaban (******* color ******* sin placas de circulación), que también fue incautado. La propia evidencia material de referencia (los materiales bélicos, las sustancias ilícitas ya aludidas y el vehículo automotor previamente descrito). Oficio número ******* de dos de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el teniente *******, Jefe de la Sección Administrativa de la Guarnición Militar, quien señaló que los imputados no cuentan con licencia particular o colectiva para poseer armas de fuego, cartuchos o cargadores. Precisado lo anterior, refirió el Juez responsable que los anteriores artefactos bélicos y sustancias ilícitas fueron aparentemente encontrados dentro del radio de disponibilidad inmediata de quienes tripulaban la unidad automotora, esto es, de los imputados, entre los que se encuentran los aquí quejosos (*******,*******,******* y *******), en la camioneta tipo van ******* color ******* sin placas de circulación- ello, pues señaló que bastaba con que realizaran ciertos movimientos corporales para encontrarse con la posibilidad de manipularlos, al estar dentro de dicho vehículo automotor en el cual ellos se encontraban (******* color ******* sin placas de circulación)- mismos que fueron asegurados luego de una persecución que inició en el cruce de las calles Francisco I. Madero y avenida de Los Aztecas, de la colonia Santa María, en esta ciudad- que en culminó en el cruce de las calles ******* y *******, de la misma colonia- aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno. Luego, refirió el Juez responsable que no obraba dato de prueba alguno que revelara que dichas personas tenían permiso otorgado por la Secretaría de Salud o por la Secretaría de la Defensa Nacional, para poseer las sustancias psicotrópica (metanfetamina) y estupefaciente (marihuana) de referencia, ni para portar los aparatos bélicos ya descritos de uso exclusivo de las fuerzas armadas del país, respectivamente. Aludió que se acreditaban los elementos para estimar que se cometió el delito contra la salud, respecto a la sustancia denominada metanfetamina- pues existe el narcótico, se carece de licencia para poseerla y se estimó, dado su pesaje, que el destino del narcótico era para el comercio. Sustancia que fue objeto de inspección y del dictamen en medicina forense, en las que se concluyó ser la ya referida. Continuó diciendo, que el uno de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, los agentes de seguridad pública municipal de nombres *******, *******, *******, *******, ******* y *******, incautaron las sustancias narcóticas y objetos bélicos en comento, luego de una persecución que culminó en el cruce de las calles ******* y *******, de la colonia *******, donde cerraron el paso al vehículo ******* color ******* sin placas de circulación, que tripulaban los imputados, entre los que se encuentran los aquí quejosos. Expuso que dichos agentes, de forma personal y directa depusieron en contra de los imputados, al señalar que éstos ocupaban el vehículo automotor en el cual, luego de una revisión, se encontraron los ya indicados objetos bélicos y narcóticos. Que en cuanto a la finalidad comercial del enervante, se satisface con las circunstancias de la detención y que tiene preponderancia el último párrafo del artículo 195 del Código Penal Federal, que establece que existe una presunción de que el narcótico está destinado al comercio, cuando la cantidad de alguno de ellos exceda la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud sea mayor a la multiplicada por mil. En cuanto a la metanfetamina, de acuerdo a ese silogismo, señaló que corresponde a 40 gramos y que a partir de esa cantidad surge la presunción de que se trata de delitos en términos del artículo 194 de la primera normatividad- cantidad que se supera en exceso en el caso concreto, que resultó ser de 237.4 gramos. Ello, adujo el Juez responsable, aunado a las circunstancias particulares que se desprendieron del informe policial homologado, esto es, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención: por la noche, en un vehículo, cuando trataban de escapar de la policía, que además llevaban armas de fuego, por lo que, adujo, fue dable concluir que el fin era diverso al autoconsumo. Respecto a la modalidad de narcomenudeo, variante en la posesión de marihuana, refirió que como indicó previamente, los elementos que la constituyen son los mismos que de la diversa sustancia ilícita. Que el elemento objetivo fue acreditado con la propia existencia del vegetal verde y seco, con un peso neto de 20.6 gramos- que con el informe policial homologado se detallaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, que alrededor de las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, elementos policiales incautaron dicha sustancia en el interior del vehículo ******* color *******, en el cruce de las calles ******* y *******, de la colonia *******- donde detuvieron a los imputados- que la denuncia de los agentes aprehensores no fue controvertida por prueba alguna por lo que genera presunción de que lo relatado por éstos, es veraz. Que ante la carencia de prueba de que gozaban de permiso para poseer marihuana, se presume que no contaban con ella. Refirió que la cantidad que se incautó de cannabis sativa l. no superó los 5 kilogramos, que se obtiene de multiplicar el elemento relativo a dicho narcótico de la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud- empero, que debido a que la metanfetamina sí fue una cantidad superior, aunado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención e incautación, lo llevaron a concluir que el destino era también la venta del narcótico denominado comúnmente como marihuana. Aunado a ello, reiteró que respecto a los artefactos bélicos ya descritos, los imputados, por sí ni a través de sus defensores, acreditaron contar con las licencias respectivas para portarlos- y que los mismos, como se advirtió del informe policial homologado, se encontraban de forma directa, en su radio de acción, en el vehículo automotor que todos los imputados tripulaban. Asimismo, el Juez responsable manifestó que del informe policial homologado se establecía la probabilidad de que los indiciados, entre quienes se encuentran los aquí quejosos (*******,*******,******* y *******), hubieren cometido los hechos delictivos en comento, según se desprendió además de los diversos medios de prueba arriba reseñados. Lo previo, a título de autores materiales, en grado de coparticipación, en términos del artículo 13, fracciones II y III, del Código Penal Federal, pues además de que se establecieron las circunstancias de modo tiempo y lugar, dijo, también existía la imputación directa de que eran las personas que tripulaban la unidad en donde se logró el hallazgo de los instrumentos bélicos y las sustancias ilícitas de referencia, quienes los tenían bajo su radio directo de disponibilidad. Así, aludió el Juzgador responsable que no se encontraba extinción de la acción penal o excluyente de los delitos de referencia. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, *******, *******, ******* y *******, hayan cometido los delitos de referencia, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad. En efecto, como adecuadamente determinó el Juez responsable, previo a emitir el auto de vinculación a proceso, es preciso que se hubiera formulado imputación, lo cual ocurrió el tres de octubre de dos mil veintiuno- que se haya otorgado a los imputados la oportunidad de declarar, lo cual ocurrió, como lo acotó aquél- y, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Tales extremos, como indicó el Juez responsable, están actualizados. Así, fueron valorados por el Juez responsable la totalidad de datos de prueba aportados (únicamente por la agente del Ministerio Público, pues la defensa omitió ofertar medio de prueba alguno)- y consideró, acertadamente, al analizarlos armónicamente y en su conjunto, que esos hechos actualizan los supuestos de a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos c) y l), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia. b) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia. c) Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, con relación al diverso 11, incisos a) y b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. d) Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, incisos c) y f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. e) Posesión de cargadores de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. f) Contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal- y la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio de cannabis sativa l. (marihuana), en su variante de venta, prevista y sancionada en el artículo 476 de la Ley General de Salud. Por lo que, dictó auto de vinculación a proceso, ante tal probabilidad de la comisión de los delitos de referencia. Impuso la medida cautelar de prisión oficiosa a los imputados, por la duración que dure del proceso, sin exceder por el periodo de dos años- y, por último, fijó como plazo para el cierre de investigación complementaria, el lapso de un mes. Con lo que se estima además, que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación- pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, *******, *******, ******* y *******, hayan cometido los ilícitos de que se trata. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados con los medios de prueba- las circunstancias consideradas por las partes- y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso de los imputados, entre quienes se encuentra a los aquí quejosos Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto- siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados- máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los motivos de disenso vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación En el primer concepto de violación formulado por los quejosos, con relación al auto de vinculación a proceso combatido, argumentaron concretamente lo siguiente: Que el Juez responsable violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a que, estiman, no fundó ni motivó su determinación. Es infundado tal motivo de disenso. Como ya se dijo supra líneas, se estima que en el caso, contrario a lo señalado por los quejosos, el Juez responsable no vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- cuyo texto, es el siguiente: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, éste regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados, en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Además, tal numeral precisa que es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos (mismos que ya fueron previamente precisados y definidos, sucintamente). Ahora, de lo expuesto luego del análisis oficioso del auto de vinculación a proceso aquí combatido, contrario a lo alegado por los quejosos, se considera que tal decisión judicial no vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, y contextualizado a la luz del principio de legalidad jurisdiccional. Primero, pues el Juez responsable, es autoridad competente para dictar actos de esa índole, de conformidad con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el delito de que se trata fue previsto como tal en ordenamientos federales- presuntamente ocurridos en esta ciudad, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción el Juez responsable, de conformidad con el Acuerdo General 29/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habida cuenta que se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, para sustentar su determinación, numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión- además, expuso con precisión las consideraciones que estimó pertinentes para establecer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para su emisión- expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente -para en esa etapa procesal- provocar el acto de autoridad. De ahí lo ineficaz de tal aspecto del primer motivo de disenso. De tal forma que, adverso a lo estimado por los quejosos, el Juez responsable, luego del análisis pertinente, estimó acertadamente que se encontraban elementos bastantes para -en esa etapa procesal- estimar en grado de probabilidad, que cometieron los ilícitos que se les atribuyen- de manera que, se itera, no debía tener plenamente acreditados los delitos ni que fueron ellos quienes participaron en su comisión, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que en el caso, como se ha venido exponiendo, se considera que así aconteció. Segundo concepto de violación En su segundo motivo de disenso, los accionantes del amparo adujeron lo siguiente: Que hay una -falla- en la formulación de imputación, porque no reúne los requisitos del -artículo 20, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- ni del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales- y que no fue emitida en términos claros, precisos ni completos. Que le faltó a la agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal de origen (aquí tercero interesada), relacionar diversos datos de prueba -además del informe homologado, que fue el único que invocó- al momento de solicitar la formulación a imputación- pues al instar su vinculación a proceso, expuso diversos medios de prueba. Asimismo, que no señaló a todas las personas que depusieron en su contra, al momento de formularse imputación- pues en su consideración, también lo hicieron *******, al emitir el dictamen en materia de química forense- *******, policía federal ministerial, quien practicó inspección de los objetos asegurados y del lugar de la detención- la perito *******, al emitir el dictamen en materia de balística forense- y, el perito *******, al emitir el dictamen de medicina forense. Que se infringió el principio de oralidad porque la agente del Ministerio público aquí tercero interesada, no explicó las circunstancias fácticas de la aparente comisión de los ilícitos de que se trata. Es infundado en su totalidad dicho motivo de disenso. Primero, de acuerdo a la transcripción del numeral de que se trata, en la parte respectiva del ocurso de amparo, se desprende que, el artículo al que -de forma incompleta- se refirieron los quejosos como -artículo 20, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, corresponde al apartado B, fracción III, del aludido numeral- mismo que es del contenido siguiente: Artículo 20. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. (.) De dicho artículo se desprende, que toda persona imputada, entre otros, tiene el derecho a que se hagan de su conocimiento, en su comparecencia ante el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Por su parte, el dispositivo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del tenor: Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. De su intelección, en lo que interesa, se colige que el agente del Ministerio Público, al formular la imputación, deberá señalar al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad. Además, se advierte que, el Juez de control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Ahora bien, debe precisarse que ambos numerales destacan que es un derecho del imputado, a) conocer los hechos que se le imputan- y otros aspectos, tales como b) la calificación jurídica preliminar, c) la fecha, lugar y modo de su comisión, d) la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como e) el nombre de su acusador (con la salvedad arriba acotada). Determinado lo previo, contrario al sentir de los quejosos, no existe -falla- alguna, en cuanto a tales puntos, en la formulación a imputación desplegada por la representación social- ni se dio, alguna violación procesal en su perjuicio (que, se estima que es en realidad lo que pretendieron aducir los quejosos). Ello es así, pues como ya fue expuesto, previo a la solicitud de vinculación a proceso- en la etapa previa, de formulación a imputación, la agente del Ministerio Público, invocó el informe policial homologado, del cual aludió que en esta ciudad, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, los agentes de seguridad pública municipal de nombres *******, *******, *******, *******, ******* y *******, se encontraban realizando su recorrido de prevención y vigilancia, cuando circulaban por la calle *******, en un sentido de oriente a poniente- y al llegar al cruce de la avenida de *******, de la colonia *******, realizaron el alto correspondiente- y observaron que sobre la avenida de *******, se encontraba un vehículo de la marca ******* color ******* sin placas de circulación- el cual iba tripulado por varias personas. En ese momento, se refiere, se percataron que el copiloto que vestía una camiseta azul, maniobraba lo que al parecer era un arma de fuego larga- razón por la que aceleraron la marcha de la unidad y mediante señales audibles y visibles solicitaron al conductor del vehículo, detener su marcha- pero éste aceleró la velocidad no obstante dicha instrucción. Así, comenzaron a seguir el vehículo por tal avenida, hacia el sur. Después giraron hacia el poniente por *******- y posteriormente giraron al sur, por la calle *******- y al llegar al cruce con la calle, dos unidades cerraron el paso al vehículo y detuvieron su marcha- acercándose al automotor en cuestión. Luego, que al iluminar al interior, observaron en la tercera fila de asientos, en el piso, lo que al parecer era un arma de fuego en color negro y varias prendas de vestir tipo militar. De modo que, a efecto de evitar alguna situación de riesgo y salvaguardar su integridad y la de diversas personas, indicaron a los tripulantes del vehículo que realizarían una inspección tanto a sus personas como del automóvil, a lo cual accedieron de forma voluntaria. Así, se acotó que descendió del asiento del piloto quien refirió llamarse *******- del lado del copiloto, descendió ******* (aquí quejoso)- del asiento de atrás del piloto bajó quien dijo llamarse *******- del asiento de atrás del copiloto descendió quien dijo llamarse ******* (aquí quejoso)- del último asiento bajaron ******* (aquí quejosa), ******* (aquí quejosa) y una menor de edad de iniciales *******. Y que, posteriormente a ello, efectuaron la inspección de la que advirtieron, en el vehículo automotor en comento, tanto los artefactos bélicos de uso restringido de las fuerzas castrenses del país, como los narcóticos, ya referidos en varias ocasiones supra líneas. Para lo cual, la agente del Ministerio Público efectuó una clasificación jurídica preliminar de los ilícitos, misma que, al emitir su resolución, el Juez responsable varió someramente, en cuanto a los cartuchos que fueron incautados -pues, mientras aquélla refirió que, dadas las características de los cartuchos que fueron asegurados, se había cometido el delito de posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, incisos a), b), c) y f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- el Juez responsable, precisó que, dadas las peculiaridades de los mismos, se trataba de dos ilícitos diversos en torno a tales artefactos bélicos: a) posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, con relación al diverso 11, incisos a) y b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y b) posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, incisos c) y f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos-. Además, la representación social precisó que, en el caso, los denunciantes fueron precisamente los agentes de seguridad pública municipal de nombres *******, *******, *******, *******, ******* y *******. Y, que los imputados tuvieron participación en los delitos de que se trata, en grado de probabilidad, como autores materiales. De modo que, como quedó evidenciado, contrario a lo aducido por los quejosos, la agente del Ministerio Público aquí tercero interesada sí acató las pautas para la formulación a imputación, al haber a) hecho de su conocimiento los hechos que se les imputaron- b) la calificación jurídica preliminar- c) la fecha, lugar y modo de su comisión- d) la forma de intervención que presuntivamente se tuvo en el mismo- así como e) el nombre de sus acusadores. De modo que, adverso a lo expuesto por los peticionarios del amparo, se estima que la formulación a imputación fue emitida en términos claros, precisos y completos, en acatamiento precisamente a los numerales que el quejoso invocó, de conformidad a lo analizado previamente. Enseguida, por lo que hace al siguiente argumento que compone el presente concepto de violación, es preciso aclarar a los accionantes del amparo, que las etapas de control de la detención, formulación de imputación y la vinculación a proceso, aunque se desarrollan dentro de la audiencia inicial, son etapas independientes y diferenciadas entre sí- respecto a lo que, en cada una, el agente del Ministerio Público se encuentra obligado a exponer y motivar sus peticiones, pudiendo elegir, para sustentar cada una en lo particular, libremente, los datos de prueba que obren dentro de la carpeta de investigación que estime, la sustentan. Sin que sea una fórmula sacramental que dentro de todas y cada una de dichas etapas, se deban relacionar los mismos datos de prueba- pues, se insiste, al ser momentos independientes y diferenciados entre sí, el agente del Ministerio Público, puede, de acuerdo a sus facultades, sustentar sus pretensiones en los datos de prueba que escoja del arsenal que compone la carpeta de investigación, para sustentar sus pretensiones- máxime que, en la formulación a imputación medularmente se debe comunicar que se lleva a cabo una investigación en su contra, debiéndose precisar el hecho concreto que se atribuye, su clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, así como la forma de intervención que estima se actualiza y el nombre de los acusadores- mientras que, en la diversa etapa, es decir, al solicitarse la vinculación a proceso, sí se relacionan como tal los medios de prueba que estime atinentes el Ministerio Público, para encaminar su motivación. En efecto, como se señaló previamente aunque ambas actuaciones provienen del Ministerio Público y tienen verificativo en la audiencia inicial, no son idénticas. La primera, es decir, la imputación, consiste en una comunicación formal que el mencionado representante social efectúa al imputado en presencia del Juez de Control, en el sentido de que lleva a cabo una investigación en su contra en torno a uno o más hechos que la ley señala como delito, debiéndose precisar en ésta, se repite, el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, así como la forma de intervención que estima se actualiza y el nombre de sus acusadores -a menos que sea procedente reservar su identidad-. La segunda, esto es, la solicitud de vinculación a proceso, exige un ejercicio de motivación acerca de cómo es que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el o los imputados hubiera(n) intervenido en su comisión. Con relación a esto último, se insiste, los datos de prueba específicos que a criterio del Ministerio Público justificarían vincular al imputado a proceso, dependerán de lo que el propio Ministerio Público exponga oralmente en la audiencia y no de lo que exista materialmente en la citada carpeta. Enseguida, respecto a lo aducido por los quejosos, en el sentido de que la representación social no señaló a todas las personas que depusieron en su contra, al momento de formularse imputación- pues en su consideración, también lo hicieron *******, al emitir el dictamen en materia de química forense- *******, policía federal ministerial, quien practicó inspección de los objetos asegurados y del lugar de la detención- la perito *******, al emitir el dictamen en materia de balística forense- y, el perito *******, al emitir el dictamen de medicina forense- se advierte que los quejosos parten de una premisa incorrecta. Dichas personas, contrario a su sentir, no depusieron en contra suya, sino que rindieron los dictámenes o informes que les fueron instados por parte de la Fiscalía General de la República, a la que se encuentran adscritos. Se reitera, quienes denunciaron a los imputados, fueron únicamente los agentes de seguridad pública municipal de nombres *******, *******, *******, *******, ******* y *******. No así los profesionales ni el policía federal ministerial arriba señalados- pues, se reitera, tales personas, de forma posterior a la detención de los ahora imputados y aseguramiento de artefactos bélicos y sustancias ilícitas multicitadas, así como de su denuncia, fueron instados a proyectar sus conocimientos profesionales y/o de campo, para la elaboración de tales periciales, en lo particular, con el objeto de, en su momento, enriquecer la motivación de la representación social sobre su teoría del caso. Finalmente, en cuanto al último aspecto del segundo motivo de disenso en análisis, en que los quejosos dicen que se infringió el principio de oralidad porque la agente del Ministerio Público aquí tercero interesada, no explicó las circunstancias fácticas de la aparente comisión de los ilícitos de que se trata, como se anunció, no les asiste la razón. Ello es así, pues contrario a sus manifestaciones, la licenciada agente del Ministerio Público sí les explicó las circunstancias contextuales de la supuesta comisión de las conductas ilícitas de que se trata, como arriba fue señalado- respecto a lo cual, el Juez responsable, dio oportunidad -en la primera parte de la audiencia inicial, de tres de octubre de dos mil veintiuno, donde se verificó precisamente dicha etapa de formulación a imputación- a efecto de que la defensora pública de nombre ******* (quien fue la única defensora que acudió a tal audiencia, pues los diversos defensores comparecieron únicamente a la continuación, donde les fue conferido tal carácter) se manifestara en torno a lo señalado al respecto por la representación social, sin que así lo hubiere hecho- asimismo, ante la presencia de la defensora, el Juez responsable cuestionó, en lo particular, a todos y cada uno de los imputados, respecto a si les había quedado clara la formulación a imputación que se vertió en su contra, a lo que, todos ellos, contestaron de manera afirmativa. De modo que, como se anunció previamente, es infundado en su totalidad el previo motivo de disenso. Tercer concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, los accionantes del amparo adujeron lo siguiente: Que se omitió anotar en la cadena de custodia, el nombre de las personas a quienes entregaron, para su manejo, los artefactos bélicos y sustancias narcóticas que fueron incautadas- lo que hace -inexistente e ilegal-, tal cadena de custodia. Es infundado tal concepto de violación. En primer lugar, es evidente que los quejosos caen en una contradicción en la afirmación que compone el motivo de disenso en estudio: pues, mientras en primer término aducen que adolece de los elementos que refieren (con lo cual, indirectamente, aceptan su existencia), enseguida, aducen que es inexistente- para, finalmente, referir que es ilegal, con lo cual nuevamente, se acepta su existencia. Pues bien, es pertinente acotar que el referido aspecto, fue materia de debate por las partes y análisis judicial, en la continuación de la audiencia inicial, de siete de octubre de dos mil veintiuno. En dicha audiencia, sobre el tema en comento, uno de los defensores particulares del aquí quejoso, licenciado *******, expuso el mismo argumento. Al respecto, el Juez responsable, al otorgar el uso de la voz a la representación social, ésta le expuso que el inventario de objetos asegurados -que es el que obra en la carpeta de investigación- no es lo mismo que la denominada cadena de custodia (inicia en minuto 42:12, segunda parte del disco -relativa a la continuación de la audiencia inicial de siete de octubre de dos mil veintiuno-, en su parte uno). Reiteró que, en la primera parte de la audiencia inicial -a la cual no compareció dicho abogado, empero, adujo éste haberse impuesto de su contenido- se acotó que todos los elementos bélicos y narcóticos incautados se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad, acompañados de sus cadenas de custodia, que evidencian la mismidad y adecuada preservación. Asimismo, aludió a que los defensores de los imputados, ni los privados ni la pública, le habían solicitado ver tales indicios ni se habían impuesto de sus cadenas de custodia. Añadió, que no se había acreditado de forma alguna, que tales cadenas de custodia tuvieran deficiencias técnicas de algún tipo- y resaltó nuevamente que el abogado estaba confundido respecto a dicho concepto y el inventario de objetos con que se acompañó el informe policial homologado, que obra en la carpeta de investigación. A lo que, al momento de resolver, previo a emitir su determinación en torno a la vinculación a proceso, el Juez responsable le precisó a dicho profesional que, tal como lo refirió la representación social, lo que aquél señaló como -cadena de custodia- que obraba en la carpeta de investigación, era en realidad el inventario de objetos con que se acompañó el informe policial homologado, que obra en la carpeta de investigación. Asimismo, acotó el Juez responsable que, es en momento diverso en el proceso penal, es decir, en la audiencia de juicio, donde se acompaña y valora esa cadena de custodia. En efecto, fue correcta la acotación emitida en audiencia por el Juez responsable y por ende, no asiste la razón a los quejosos. La cadena de custodia, en términos del artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, desde su localización en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado- lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado- igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Así, la cadena de custodia debe acompañar materialmente a los indicios incautados. Al respecto, no basta aducir que se ha roto o contaminado la aludida cadena de custodia, sino que, en su caso, es preciso demostrar sus deficiencias técnicas o de otra índole, para restarle en su momento credibilidad, esto es, para establecer una incertidumbre racional sobre el origen, fuente y resguardo de los elementos ilícitos incautados, lo cual no realizó la defensa de los imputados quejosos, pues, como ya se dijo, no ofertó dato de prueba alguno- además, dicho sea de paso, como lo acotó el Juez responsable, la validez de la cadena de custodia, no se analiza en tal etapa del proceso, sino en la intermedia. De modo que, no existen indicios para suponer de forma razonable que no exista mismidad entre los elementos ilícitos asegurados- pues ellos fueron incluso analizados la perito *******, al emitir el dictamen en materia de química forense- *******, policía federal ministerial, quien practicó inspección de los objetos asegurados- y, la perito *******, al emitir el dictamen en materia de balística forense. Ahora bien, el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del siguiente contenido: Artículo 228. Responsables de cadena de custodia La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este procedimiento. Al respecto, se estima pertinente citar la tesis I.4o.P.36 P (10a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5981, del contenido siguiente: CADENA DE CUSTODIA. SU TRANSGRESIÓN NO TORNA ILÍCITOS LOS DATOS DE PRUEBA. La transgresión a los principios legales de cadena de custodia, no torna ilícitos los datos de prueba relacionados con la evidencia respectiva. La ilicitud es un tema que atañe a la manera en que se obtiene la prueba en tanto que la cadena de custodia es la manera en que se preserva la misma. Conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba obtenidos contra derechos fundamentales conllevan su exclusión o nulidad- en cambio, los indicios alterados por violación a la cadena de custodia repercuten en su valoración, pues el numeral 228 del mismo código, determina que aquéllos no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que pierdan su eficacia. Conforme a lo anterior, se obtiene sustancialmente, que la eventual transgresión a los principios legales de cadena de custodia, no torna ilícitos los datos de prueba relacionados con la evidencia respectiva, porque de conformidad con el numeral 228, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aquéllos no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que pierdan su eficacia. En ese contexto, durante la audiencia inicial -es decir, tanto en la primera parte como en su continuación- la defensa de los imputados no ofreció ningún medio de prueba- de modo que no existía evidencia fehaciente de que los indicios de los objetos bélicos y narcóticos asegurados, hubieran sido alterados o de alguna forma contaminados. Ahora bien, sobre el tema en estudio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la intención de recabar indicios en una escena del crimen es que generen el mayor grado de convicción en el juzgador, por lo que es necesario respetar la llamada cadena de custodia, que consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, el historial de vida de un elemento de evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita. Dijo también que su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciban posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto el itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo. Tales asertos encuentran sustento en la tesis 1a. CCXCV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, octubre 2013, tomo 2, página 1043, registro 2004653, del rubro: CADENA DE CUSTODIA. DEBE RESPETARSE PARA QUE LOS INDICIOS RECABADOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN GENEREN CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR. Es cierto que la falta de preparación de las personas que intervienen en el estudio de las escenas de crimen, así como la carencia de protocolos adecuados en las respectivas instituciones públicas, puede provocar que se cometan errores en la cadena de custodia, que pudieran llegar a comprometer la investigación que se está llevando a cabo. Entre tales errores se encuentran la falta de organización del equipo, la débil protección de la escena, la falta de aseguramiento de ésta para evitar que entren personas no autorizadas, la falla en la toma de anotaciones adecuadas, la toma de pocas fotografías, el uso de técnicas incorrectas y la manipulación, recolección y empaque inadecuados de la evidencia, entre otras. Por tanto, el registro de la cadena de custodia resulta un aspecto indispensable dentro de la investigación criminal, pues es recomendable que las personas que intervengan en el manejo de la escena del crimen describan la forma en que se realizó la recolección, el embalaje y el etiquetado de evidencias, las medidas puestas en práctica para garantizar su integridad, así como la identificación de quienes intervinieron en las acciones, recabando el nombre, cargo y proceso realizado con cada una de las evidencias, incluyendo la firma respectiva. Empero, también es verdad que tales circunstancias no tienen el alcance necesario para invalidar los datos de prueba que dan cuenta de la existencia y características de los objetos que se analizan. Lo anterior es así, pues a partir del nuevo sistema de justicia penal, cambiaron las exigencias para la legal apertura del periodo de investigación- porque mientras que en el sistema tradicional el auto de formal prisión exigía la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado- en el nuevo paradigma el auto de vinculación a proceso sólo exige el establecimiento de datos que presuman la posible participación del imputado en el hecho por el cual se seguirá la investigación, evitándose la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento y, por ende, se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación, esto es, un bajo estándar probatorio, cuya razón adujo el constituyente permanente para el cambio constitucional de los artículos 16 y 19. Por lo que, se itera, en su caso, ello será materia de análisis en diversa etapa del proceso penal- máxime cuando la defensa, no apoyó sus manifestaciones en cuanto a la rotura de la cadena de custodia de los objetos asegurados, mediante dato de prueba alguno. En razón de lo anterior, como se anunció, devienen infundado el citado concepto de violación. Cuarto concepto de violación En su último motivo de disenso, el quejoso alude lo siguiente: Que los datos incorporados en la audiencia de vinculación a proceso son incongruentes, con respecto al contenido de la carpeta de investigación- pues en ésta se habla de un vehículo distinto en que aparentemente, se trasladaban los imputados al momento de la persecución que culminó en su detención (*******, línea *******, modelo *******, con número de placas *******, fronterizas) y en la audiencia inicial, se habló del vehículo marca ******* línea *******, color *******, sin placas de circulación- por lo que estima, que el auto de vinculación a proceso emitido es deficiente en cuanto a su congruencia. No le asiste la razón a los quejosos. Sucintamente, la congruencia externa, consiste en la conformidad entre lo resuelto y lo instado- y la interna, es la coherencia entre las afirmaciones y determinaciones contenidas en la resolución dictada. Tanto la congruencia interna de la resolución aquí combatida, como la externa, se encuentran colmadas- al haberse estimado, como se advierte de lo expuesto previamente, que la determinación combatida se ocupó de lo expuesto por las partes en audiencia y, contrario a lo estimado por la parte quejosa, sí fue fundada y motivada- y el resultado arribado, como se dijo, se estima correcto. Ahora bien, es preciso acotar que durante la continuación de la audiencia inicial, el licenciado *******, expuso el mismo argumento, refiriendo que la agente del Ministerio público, al solicitar la audiencia inicial de los imputados en la causa penal de origen, acotó que se les detuvo en el vehículo *******, línea *******, modelo *******, con número de placas *******, *******- lo cual, incorrectamente, así se acotó en la versión escrita del control de la detención. -Empero, durante la primera parte de la audiencia inicial -en la cual, como ya se expuso, el citado profesional no compareció, pues no tenía aún la calidad de defensor, sino únicamente la diversa licenciada ya referida- en todo momento, se expuso que los imputados tripulaban un vehículo marca ******* línea *******, color *******, sin placas de circulación, al momento de la detención, como se evidencia para este juzgado Federal de las videograbaciones respectivas-. Al respecto, el Juez responsable adujo que durante la audiencia inicial, en todo momento, se refirió al citado vehículo automotor como marca ******* línea *******, color *******, sin placas de circulación- lo cual esta Juzgadora, como se dijo en el párrafo previo, corroboró de la videograbación respectiva- y que, ante tal inconsistencia en la versión escrita del control de la detención, debía imperar lo expuesto en la versión oral de la misma, donde, insiste, únicamente se habló del vehículo automotor como marca ******* línea *******, color *******, sin placas de circulación- no del diverso automotor. Además, la representación social refirió que efectivamente, al solicitar la audiencia inicial, por un error involuntario, dejó en su formato el dato del diverso automotor: *******, línea *******, modelo *******, con número de placas *******, fronterizas, correspondiente a un diverso asunto. A lo que, el Juez responsable, reiteró que en el informe policial homologado y en los diversos medios de prueba respectivos únicamente se habló del vehículo ******* línea *******, color *******, sin placas de circulación, no del diverso automotor, que incorrectamente se asentó, dijo, en el -machote- que usó la agente del Ministerio Público y que, también incorrectamente se acotó en la versión escrita del control de la detención, verificado en la primera parte de la audiencia inicial. Empero, reiteró que todas las partes, a lo largo de la audiencia inicial en su versión oral, únicamente aludieron al vehículo ******* línea *******, color *******, sin placas de circulación- no a diverso automóvil. Con relación a ello, como se advierte de las constancias remitidas por el Juez responsable, el siete de octubre de dos mil veintiuno, saneó dicha circunstancia, con sustento en el artículo 99, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiriendo que se trataba de un error puramente formal y que lo correcto, fue lo expuesto de forma oral en audiencia, por lo que esto último debía imperar.Determinado lo anterior, tal como lo expuso el Juez responsable al responder a las alegaciones vertidas en la continuación de la audiencia inicial, por el licenciado *******, y, se itera, como se corrobora de las videograbaciones respectivas, las partes -únicamente- se refirieron al vehículo ******* línea *******, color *******, sin placas de circulación, como el que tripulaban los imputados al momento de la detención, no a diverso automotor.De modo que, ciertamente, debe prevalecer lo expuesto en audiencia oral, pues es evidente para esta Juzgadora Federal que al aludirse al diverso vehículo a) en la solicitud de audiencia inicial, por la agente del Ministerio Público de la Federación y b) -en la versión escrita- del control de la detención, emitida por el Juez responsable, se trató de un error meramente formal que no ocasiona impacto alguno perjudicial a los aquí imputados quejosos, ni detrimento la probabilidad actual, de que hayan participado en la comisión de los ilícitos de que se trata- aunado a lo anterior, el error de que se trata, fue subsanado mediante el saneamiento respectivo, efectuado por el Juez responsable.Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión de los delitos mencionados y la participación de los aquí quejosos en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos- lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los aquí quejosos, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable comisión de los delitos de a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, con relación al diverso numeral 11, incisos c) y l), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia. b) Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al diverso numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafo del primer numeral de referencia. c) Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, con relación al diverso 11, incisos a) y b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. d) Posesión de cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea- previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, con relación al diverso 11, incisos c) y f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. e) Posesión de cargadores de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, con relación al diverso numeral 11 incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. f) Contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero, con relación a los diversos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal- y la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio de cannabis sativa l. (marihuana), en su variante de venta, prevista y sancionada en el artículo 476 de la Ley General de Salud.Sin que sea óbice para las anteriores consideraciones que los quejosos hayan invocado en su demanda de amparo la tesis aislada XIII.1o.P.T.7 P (10a.), emitida por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, por virtud de la cual, en suma, alude a que si el Ministerio Público dio lectura íntegra a la formulación de la imputación y no expuso los argumentos por los cuales demuestra su postura ni explicó al imputado ni al órgano jurisdiccional en proposiciones concisas las circunstancias fácticas que pretende imputarle, con ello se infringe el principio de oralidad a que se refiere el citado precepto constitucional y, en consecuencia, las formalidades esenciales del procedimiento exigidas por el diverso artículo 14 de la Constitución Federal.Ello es así, pues contrario a lo indicado por los quejosos, la representación social no dio lectura íntegra a la formulación a imputación, sino que, como ya fue aludido previamente, sí expuso un aparato argumentativo oral tendente a demostrar su postura, de acuerdo a los parámetros de la etapa procesal en que se encuentra el asunto- además, sí explicó las circunstancias fácticas que atribuyó, en grado de probabilidad, a los imputados, como fue previamente destacado.Tampoco lo es que el quejoso, al momento de exponer su último motivo de disenso, relativo a la aparente incongruencia en torno a los vehículos arriba señalados, haya invocado la tesis I.1o.A. J/9, del contenido:PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.Pues como ya se expuso, no existió sobre el tópico una incongruencia como tal, sino sencillamente un error de tipo formal en la transcripción de la calificación de legal detención de los imputados, que fue subsanado con el saneamiento respectivo que, con sustento en el artículo 99, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectuó el Juez responsable.Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, *******, ******* ni a *******, con relación a los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando quinto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas.Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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