Valeria Vianey Zúñiga González

Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
44/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Valeria Vianey Zúñiga González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de siete de junio de dos mil veintidós, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado el amparo y la protección de la justicia federal es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 44/2022-V, promovido por ************, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado el veinticuatro siguiente a este órgano jurisdiccional, ************, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, a quienes les reclamó: (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como RESPONSABLE ORDENADORA se señala como acto reclamado el acuerdo del día 16 de diciembre del 2021 dentro del expediente número 9/2021 del Juzgado Tercero Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos mediante el cual se ordena poner en posesión al Tercer interesado un bien inmueble propiedad de la suscrita, sin que hubiese sido oída y vencida en juicio. Así mismo se reclama de la Autoridad Ejecutora la inminente ejecución del auto reclamado a la Autoridad Ordenadora de fecha 16 de diciembre del 2021, toda vez que de llegarse a ejecutar el mismo, sería de imposible reparación a la suscrita. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 44/2022-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó al tercero interesado ************, sociedad anónima de capital variable. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La transgresión al derecho de propiedad que aduce tener la disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, esto es, el ubicado en calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres, del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, en esta ciudad; al no haber sido oída, ni vencida dentro del juicio oral ordinario civil 9/2021, del índice del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, respecto del que se ostenta tercero extraña, y del que reclama su falta de emplazamiento, así como el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó poner en posesión del inmueble al aquí tercero interesado ************, sociedad anónima de capital variable; y, su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero Civil por Audiencias y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez de origen, relativas al juicio oral ordinario civil, radicado bajo el expediente 9/2021, promovido por Jorge Fernando García Gutiérrez, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, en el que se reclamó que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres (7043), colonia Jardines del Aeropuerto, en esta ciudad (fojas 1 a 55). Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 268439, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVIII, Tercera Parte, página 34, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. Si bien es cierto que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos proceden, también lo es que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal, de tal manera que lo hecho constar en un documento público puede ser desvirtuado por otras pruebas que, en concepto, del juzgador, sean plenas para contradecir lo asentado en aquel documento. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. La parte tercero interesada, aduce que a la quejosa no le reviste el carácter de tercero interesada en este asunto, pues en el juicio de origen, fue emplazada a juicio ********************, quien es madre de la promovente y habita el mismo inmueble, de ahí que tuvo conocimiento del juicio instaurado en contra de aquélla. Causal de improcedencia que debe desestimarse, pues si el apoderado legal de la moral tercero interesada conjetura que la quejosa tuvo conocimiento del juicio natural instruido en contra de su madre previo a presentar su demanda de amparo, está obligada a aportar las pruebas que acrediten los hechos que controvierte, siempre bajo su propio interés, sobre todo si, como en el caso, estuvo en condiciones de aportar los medios de convicción que estimara conducentes en el periodo que se aperturó para tal efecto, pues no basta dicha manifestación, sino que con las pruebas correspondientes deberá probar su dicho; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba, máxime que esta Juzgadora de amparo no puede perfeccionar su planteamiento. QUINTO. Examen de los conceptos de violación. Los mismos se tienen por reproducidos, en obvio de repeticiones innecesarias y por no exigir la ley su trascripción, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, cuyos rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente sintetizar los argumentos que hace valer la quejosa para combatir los actos reclamados. Que se violentó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que se pretende privarla de la propiedad, posesión y pertenencias, sin que hubiere un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Que la autoridad vulneró su derecho de audiencia, pues a pesar de ser propietaria del inmueble ubicado en la calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres, fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, no fue emplazada al proceso de origen a efecto de defender sus derechos de propietaria y poseedora del inmueble en comento. Los conceptos de violación que se estudian en conjunto dada la estrecha relación que guardan, conforme a la facultad que confiere el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados por insuficientes como a continuación se explica. El artículo 14 de la Constitución Federal dispone, que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Así, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etc., que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran. Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, la quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico de manera personal y directa, el cual consiste en la titularidad que a la quejosa corresponde respecto a los derechos o propiedades afectadas por los actos reclamados. Lo anterior es así, porque tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; de ahí que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo, consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico y, por ende, el derecho de que se considera afectado con motivo de los actos reclamados, puesto que quien promueve el juicio de amparo tiene la carga de acreditar la afectación que dichos actos causan a su interés jurídico, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Así, para efectos del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar el hecho o acto jurídico del que deriva su derecho de propiedad cuya afectación constituye el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por mayoría de razón la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, materia civil, página 5, con registro digital 187733, de rubro y texto siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Conforme a la jurisprudencia trascrita, para que la propiedad sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho de propiedad del bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa propiedad. Por su parte, los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se refieren al valor probatorio de los documentos privados y conforme a esas normas, a los documentos privados que consignan contratos o actos traslativos de dominio sólo puede concedérseles valor probatorio si son de fecha cierta. A continuación se transcriben los preceptos citados para una mejor comprensión: 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso Contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado. 205.- Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado subscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la subscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como subscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la fecha por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la subscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores. Si la subscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquier otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado. La jurisprudencia ha reconocido que la fecha cierta tiene lugar cuando se presenta el documento privado a un registro público, ante un funcionario con motivo de sus funciones o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 220 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en el apéndice 2000, Tomo IV, página 180, que a continuación se transcribe: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 52/97, en sesión correspondiente al día veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo que los contratos traslativos de dominio no objetados gozan de efectos probatorios plenos cuando cuentan con fecha cierta. En la parte que interesa de la sentencia referida se estableció que: "...es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando éstos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, como lo ha sustentado en reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia (.) (.) Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes...". Resulta aplicable al caso, precisamente, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis aducida, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre 1999, página 78, registro digital 192662, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Así las cosas, para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa, debe juzgarse sobre la eficacia de las pruebas, en este caso, de la propiedad aducida por la peticionaria del amparo, frente a la autoridad responsable y no frente a los terceros, ya que la consideración de los derechos que pueda haber a favor de ésta, es, en todo caso, materia de un juicio de contradicción sobre el dominio que corresponde resolver a un tribunal del fuero común y no una situación sobre la cual deba pronunciarse el Juez de amparo. Sobre el tema resulta ilustrativa la jurisprudencia 396 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común, página 266, registro 394352, de rubro y texto siguiente: PROPIEDAD, PROTECCION AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO. Cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquel derecho, se mantenga en su goce el propietario, mientras se resuelve en un juicio contradictorio, si su derecho debe subsistir. Así pues, con relación a la propiedad aducida por la quejosa, procede estudiar las pruebas, no para resolver quién resulte el legítimo dueño definiendo la propiedad, sino para que, reconocido tal derecho en forma suficiente y con base en los medios probatorios ofrecidos, se establezca si hubo o no violación de derechos fundamentales en perjuicio del aparente propietario, que en la especie analizada resulta, además, ser tercera extraña al juicio de origen. En el caso, la quejosa sustenta su pretensión en lo siguiente: a) Su condición de tercera extraña al juicio del que derivan los actos reclamados; b) Su calidad de propietaria del inmueble que señala en su demanda; y, c) La afectación de ese derecho de propiedad mediante los actos reclamados. Ahora bien, de manera primigenia debe decirse que la quejosa reclama las actuaciones que emanan del expediente 9/2021 de la estadística del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; a su vez, la justiciable promovió la acción de prescripción positiva, que fue radicada bajo el expediente 1100/2021, ante el Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, del cual exhibió copia certificada. Así, de las copias certificadas del expediente relativo al expediente 9/2021 (acción reivindicatoria), que remitió la autoridad señalada como responsable, Jueza Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en apoyo a su informe, se advierte que la quejosa no figura como parte en el juicio del que provienen los actos reclamados y que existe identidad entre el inmueble señalado con motivo de dicho procedimiento y el mencionado en el escrito de demanda; por tanto, se considera que se encuentra demostrada la condición de tercera extraña con la que se ostenta la peticionaria del amparo, en relación con el juicio del que derivan los actos reclamados. Del mismo modo, el segundo de los elementos en que se funda la acción constitucional se encuentra acreditado. Como ya se dijo, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico, pues quien promueve el juicio de amparo como persona extraña al juicio del que provienen los actos reclamados, tiene la carga de acreditar la afectación a su esfera jurídica causada precisamente por los actos que reclama, como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional. En el caso, la quejosa acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo, en contra de los actos realizados en una controversia a la que es extraña, en virtud de que sí demostró, para efectos del presente juicio de amparo, que tiene un derecho de propiedad sobre el inmueble materia del juicio de origen. Lo anterior es así, ya que en estos autos obra la documental consistente en la copia certificada del expediente 1100/2021, del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, del que destaca que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda presentada en la vía ordinaria civil, con motivo de la acción de prescripción positiva, presentada por ********************, en contra de ************, sociedad anónima de capital variable y Concepción ********************, respecto del inmueble ubicado en la calle ************. Para lo cual, la promovente presentó el contrato privado de cesión de derechos celebrado el diez de marzo de dos mil diez, entre ******************** "cedente" y ******************** "cesionaria", respecto del inmueble precisado con antelación; documental que se exhibió adjunto a su demanda ante la autoridad jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veintiuno. El anterior medio de convicción, valorado en términos de lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; demuestra para efectos de este juicio de amparo, que el contrato de cesión de derechos presentado por la quejosa, es de fecha cierta a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno, en que se presentó ante la oficialía de turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. Es aplicable la jurisprudencia PC.VI.C. J/7 C (10a.), con registro digital 2020952, del Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, de noviembre de 2019, Tomo II, página 1110, que a la letra dice: CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, OBJETO DE LA ACCIÓN PRO FORMA. PARA DETERMINAR LA "FECHA CIERTA" DEL CONVENIO, CON EL FIN DE TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO (TERCERO EXTRAÑO) EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LA DATA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y NO A LA DE SU CELEBRACIÓN POR LOS FIRMANTES. Cuando en el juicio de amparo el quejoso reclama la afectación de un derecho real de propiedad que asegura fue conculcado por el acto de autoridad reclamado, a fin de acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular de dicho derecho en relación con el bien inmueble en cuestión; y si bien es cierto que la propiedad puede acreditarse mediante un documento privado, también lo es que para que sea eficaz respecto de personas ajenas a los contratantes, es necesario que sea de fecha cierta que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN OPONERSE A TERCEROS SI TIENEN FECHA CIERTA.", se adquiere: 1. Mediante la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 2. A través de su presentación o elaboración ante funcionario público por razón de su oficio; y, 3. Por la muerte de cualquiera de los firmantes. De ahí que en caso de que el contrato privado de compraventa sea objeto de ejercicio de la acción pro forma, la certeza de su data con respecto a terceros será aquella en la que se presente con la demanda como documento fundatorio ante la autoridad judicial y no la de su celebración por los firmantes; de ahí que no puedan retrotraerse sus efectos con motivo del fallo que condena a su formalización a la fecha en que aparece signado por quienes lo celebraron, conforme a lo establecido por el artículo 164, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues este precepto es aplicable exclusivamente para el vendedor y el comprador, pero no para terceros, si se toma en cuenta que de acuerdo con el diverso 2122 del Código Civil local, la venta es perfecta y obligatoria por cuanto a las partes -exclusivamente- por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio; de ahí que la sentencia del juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa, para oponerse a terceros, no retrotrae sus efectos al día de celebración del contrato privado, sino al de su presentación ante la autoridad judicial. No obstante lo anterior, y aun cuando se tiene a la vista el referido contrato de cesión de derechos, se considera que el derecho de propiedad no es susceptible de ser oponible a la cosa juzgada en el juicio de origen, sobre el inmueble que defiende la quejosa por esta vía de amparo. En efecto, en la jurisprudencia 1a./J. 69/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. Materia Común, Civil, página 287, con registro digital 2004905, aplicada por analogía, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció: EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad. De acuerdo con el criterio trascrito, el contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de una hipoteca sobre el mismo bien, carente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Lo anterior, porque al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no es oponible al actor hipotecario, por lo cual debe negarse el amparo. De igual modo, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia en comento se estableció, que es mandato del juez constitucional verificar si el derecho de propiedad que ostenta el quejoso, es susceptible de oponerse al titular de un derecho de hipoteca anterior, quien sí inscribió su título. Por tanto, es necesario que se corrobore dicha circunstancia a efecto de establecer si se vulneró el derecho de audiencia del peticionario del amparo, en virtud de que el citado derecho fundamental no puede afectar otros derechos o principios de igual rango, como el de certeza jurídica que brinda el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, porque si bien el registro no tiene efectos constitutivos, también otorga certeza y veracidad respecto de los titulares de la propiedad de inmueble; de ahí que no pueda oponerse al titular de un derecho real de hipoteca que sí está inscrito, un derecho de propiedad posterior a la inscripción de hipoteca. Sobre esa base, se tiene que en las constancias remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia lo siguiente: EXPEDIENTE 9/2021 JUZGADO TERCERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS 1. El trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada en la vía oral ordinaria civil, en la acción reivindicatoria, presentada por ************, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, peticionando que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad (fojas 1 a 55). 2. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, Concepción ********************, contestó la demanda entablada en su contra, y de manera expresa, señaló lo siguiente (fojas 63 a 139): (.) CONTESTACIÓN A LAS PRESTACIONES Respecto de la prestación señalada como A) y que se contesta, niego que la actora tenga derecho a solicitar esta prestación a la suscrita, pues el inmueble materia del presente juicio la suscrita lo poseo en calidad de propietaria a través del contrato de compraventa celebrado en fecha 23 de mayo del año 2000 ante la fe del licenciado Eduardo Romero Ramos, notario público número 4 en ejercicio para este Distrito Bravos, ASIMISMO POR SER NULA LA COMPRAVENTA CELEBRADA ENTRE LA PARTE ACTORA Y LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN a través de su auxiliar el "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" (SAT FISCO FEDERAL), POR MEDIO DE SU MANDATARIO QUE FORMALIZA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, toda vez que dicha autoridad violó el debido proceso, lo cual demostraré en el momento procesal oportuno. (.) Del mismo modo, anexó a su escrito, exhibió copia de la demanda de amparo radicada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, bajo el número 10/2021, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en la que señaló como acto reclamado, entre otros, la orden de remate de la finca ubicada en la calle ************, en esta ciudad, actos que endilgó a la Administración Local de recaudación de Ciudad Juárez, del Servicio de Administración Tributaria en esta ciudad, y otras; asimismo, bajo protesta de decir verdad, señaló ser propietaria del inmueble en comento, exhibiendo para tal efecto copia de la escritura pública número 17,932 diecisiete mil novecientos treinta y dos, otorgada ante la fe del Notario Público Número Cuatro, en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, de veintitrés de mayo de dos mil, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre Urbanizadora Vin, sociedad anónima de capital variable "la parte vendedora" y ******************** "parte compradora"; así como el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del inmueble descrito con antelación. 3. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, se determinó que la contestación de la demanda presentada por ********************, resultaba extemporánea (fojas 140). 4. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se declaró que ************, sociedad anónima de capital variable, es legítima propietaria del inmueble multicitado, condenando a la demandada a su entrega; fallo que causó ejecutoria el trece de diciembre siguiente y el dieciséis del citado mes y año, se ordenó poner en posesión del inmueble a la parte actora, diligencia que se llevó a cabo el veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 164 a 168, 173, 175 y 176). Del mismo modo, anexó a dicho juicio obran las constancias siguientes: EXPEDIENTE 1100/2021 JUZGADO DÉCIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS 1. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda presentada en la vía ordinaria civil, en la acción de prescripción positiva, presentada por Valeria Vianey ********************, en contra de GIZA Grupo Inmobiliario, sociedad anónima de capital variable; misma que se ordenó aclarar. Por lo que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora, demandando a ************, sociedad anónima de capital variable y a ************ ********************, respecto del inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad; para lo cual en el punto dos del apartado de hechos del escrito primigenio de demanda, de manera expresa señaló lo siguiente: (.) 2.- la posesión que detentó del inmueble en cuestión y que se hace valer mediante el presente juicio tuvo como causa generadora un contrato de CESIÓN DE DERECHOS celebrado con mi madre la señora ************ el día 10 de Marzo del 2010, tal y como se acredita con la documental privada que se acompaña consistente en el citado CONTRATO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS, quien a su vez adquirió el inmueble materia del presente juicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, documentales que se acompañan a mi escrito inicial de demanda como prueba de la causa generadora de la posesión que detentó. La posesión inmueble materia del presente juicio la detentó desde el 10 de Marzo del año 2010, fecha en que se adquirió por parte de la suscrita el inmueble a que se refiere el presente Juicio por virtud de la Cesión de Derechos que me hiso mi madre CONCEPCIÓN ZUÑIGA GONZÁLEZ, es decir detentó la posesión desde hace más de 11 años, por lo que no cabe la menor duda de que he generado efectos prescriptivos a mi favor. Para lo cual exhibió el citado contrato privado de cesión de derechos, así como los avisos-recibo, expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Gas Natural del Norte, Comisión Federal de Electricidad y Cablemas Telecomunicaciones, s.a. de c.v. en los que aparece el nombre de ******************* y el domicilio ya precisado; así como estados de cuenta bancarios y aviso recibos de telcel a nombre de la quejosa, en los que consta el domicilio precisado a lo largo de esta sentencia; y copia de la escritura pública tres mil setecientos sesenta y cinco, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa del inmueble en comento, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y ************, sociedad anónima de capital variable, ante el Notario Público Número Cinco para el Distrito Judicial Bravos. Este es el estado que guarda el juicio del cual derivan los actos reclamados. Ahora bien, de las constancias mencionadas se advierte, que el trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada en la vía oral ordinaria civil, en la acción reivindicatoria, presentada por ************, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de Concepción ********************, peticionando que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad (fojas 1 a 55); por lo que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el expediente 9/2021, en la que se declaró que ************, sociedad anónima de capital variable, es legítima propietaria del inmueble multicitado, condenando a la demandada a su entrega; fallo que causó ejecutoria el trece de diciembre siguiente y el dieciséis del citado mes y año, se ordenó poner en posesión del inmueble a la parte actora. Asimismo, de las documentales presentadas ante el Juzgador de origen, destaca la que la Juez de origen en su sentencia de manera expresa señaló: (.) Siendo las trece horas con dieciséis minutos, se admitió la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en Primer Testimonio de la Escritura Pública 3,765 (Tres mil setecientos sesenta y cinco), del Volumen 117 (Ciento diecisiete), otorgada el día dos de diciembre del año dos mil diecinueve, ante la fe del Licenciado Ricardo Alonso Aguirre Pérez, Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial Bravos, en la cual se hizo constar entre diversos actos jurídicos, la Formalización de la Compraventa Ad Corpus, que otorgaron el Ingeniero ************ y el Licenciado ************, en representación del "Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos", por conducto de la "Tesorería de la Federación", a traces (sic) de su auxiliar el "Servicio de Administración Tributaria" ("SAT Fisco Federal") por medio de su Mandatario, que formaliza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, hoy Instituto de Administración de Bienes y Activos, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, como la parte Vendedora y la moral ************ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como la parte Compradora, respecto el inmueble materia del presente juicio, documental que obra de foja 10 a 48 del sumario. (.). En ese sentido, de las pruebas aportadas por las partes, se advierte que la moral aquí tercero interesada, protocolizó su contrato de compraventa el dos de diciembre de dos mil diecinueve; mientras que el contrato privado de cesión de derechos exhibido por la quejosa adquirió fecha cierta el siete de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, en fecha posterior a la celebración del contrato celebrado por la parte tercero interesada. Por lo anterior, si el contrato privado de cesión de derechos con el que la quejosa pretende acreditar su derecho de posesión sobre el inmueble sobre el cual procedió la acción reivindicatoria en el juicio natural, adquirió fecha cierta a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a que quedara formalmente protocolizado el contrato de compraventa celebrado por la tercero interesada; se considera para efectos del presente juicio de amparo, que el contrato exhibido por la quejosa no es susceptible de ser oponible al derecho real adquirido por la parte actora en el juicio de origen. En esas condiciones, al no ser oponible el derecho de propiedad aducido por la quejosa al derecho real emanado del juicio del cual derivan los actos reclamados, resultan infundados por insuficientes los conceptos de violación en estudio; toda vez que no existe una causa jurídica por la cual deba estimarse que la aquí quejosa debió formar parte de la relación jurídica procesal del procedimiento de origen. Así, al haberse desestimado los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, ya que no se reclaman por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, octubre de 1994, tesis II.1o. J/12, página 41, del rubro y contenido siguientes: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. Se hace la precisión que no se analizarán las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer el tercero interesado en el escrito con registro 4705, ya que éstos no forman parte de la litis. Confirma lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74 al 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******************, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero Civil por Audiencias y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos adscritos al Distrito Judicial Bravos; por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en los Libros de Gobierno. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************, hoy siete de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    ISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 44/2022-V, promovido por ************, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado el veinticuatro siguiente a este órgano jurisdiccional, ************, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, a quienes les reclamó: (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como RESPONSABLE ORDENADORA se señala como acto reclamado el acuerdo del día 16 de diciembre del 2021 dentro del expediente número 9/2021 del Juzgado Tercero Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos mediante el cual se ordena poner en posesión al Tercer interesado un bien inmueble propiedad de la suscrita, sin que hubiese sido oída y vencida en juicio. Así mismo se reclama de la Autoridad Ejecutora la inminente ejecución del auto reclamado a la Autoridad Ordenadora de fecha 16 de diciembre del 2021, toda vez que de llegarse a ejecutar el mismo, sería de imposible reparación a la suscrita. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 44/2022-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó al tercero interesado ************, sociedad anónima de capital variable. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La transgresión al derecho de propiedad que aduce tener la disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, esto es, el ubicado en calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres, del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, en esta ciudad; al no haber sido oída, ni vencida dentro del juicio oral ordinario civil 9/2021, del índice del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, respecto del que se ostenta tercero extraña, y del que reclama su falta de emplazamiento, así como el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó poner en posesión del inmueble al aquí tercero interesado ************, sociedad anónima de capital variable; y, su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero Civil por Audiencias y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez de origen, relativas al juicio oral ordinario civil, radicado bajo el expediente 9/2021, promovido por Jorge Fernando García Gutiérrez, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, en el que se reclamó que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres (7043), colonia Jardines del Aeropuerto, en esta ciudad (fojas 1 a 55). Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 268439, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVIII, Tercera Parte, página 34, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. Si bien es cierto que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos proceden, también lo es que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal, de tal manera que lo hecho constar en un documento público puede ser desvirtuado por otras pruebas que, en concepto, del juzgador, sean plenas para contradecir lo asentado en aquel documento. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. La parte tercero interesada, aduce que a la quejosa no le reviste el carácter de tercero interesada en este asunto, pues en el juicio de origen, fue emplazada a juicio ********************, quien es madre de la promovente y habita el mismo inmueble, de ahí que tuvo conocimiento del juicio instaurado en contra de aquélla. Causal de improcedencia que debe desestimarse, pues si el apoderado legal de la moral tercero interesada conjetura que la quejosa tuvo conocimiento del juicio natural instruido en contra de su madre previo a presentar su demanda de amparo, está obligada a aportar las pruebas que acrediten los hechos que controvierte, siempre bajo su propio interés, sobre todo si, como en el caso, estuvo en condiciones de aportar los medios de convicción que estimara conducentes en el periodo que se aperturó para tal efecto, pues no basta dicha manifestación, sino que con las pruebas correspondientes deberá probar su dicho; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba, máxime que esta Juzgadora de amparo no puede perfeccionar su planteamiento. QUINTO. Examen de los conceptos de violación. Los mismos se tienen por reproducidos, en obvio de repeticiones innecesarias y por no exigir la ley su trascripción, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, cuyos rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente sintetizar los argumentos que hace valer la quejosa para combatir los actos reclamados. Que se violentó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que se pretende privarla de la propiedad, posesión y pertenencias, sin que hubiere un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Que la autoridad vulneró su derecho de audiencia, pues a pesar de ser propietaria del inmueble ubicado en la calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres, fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, no fue emplazada al proceso de origen a efecto de defender sus derechos de propietaria y poseedora del inmueble en comento. Los conceptos de violación que se estudian en conjunto dada la estrecha relación que guardan, conforme a la facultad que confiere el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados por insuficientes como a continuación se explica. El artículo 14 de la Constitución Federal dispone, que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Así, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etc., que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran. Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, la quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico de manera personal y directa, el cual consiste en la titularidad que a la quejosa corresponde respecto a los derechos o propiedades afectadas por los actos reclamados. Lo anterior es así, porque tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; de ahí que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo, consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico y, por ende, el derecho de que se considera afectado con motivo de los actos reclamados, puesto que quien promueve el juicio de amparo tiene la carga de acreditar la afectación que dichos actos causan a su interés jurídico, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Así, para efectos del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar el hecho o acto jurídico del que deriva su derecho de propiedad cuya afectación constituye el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por mayoría de razón la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, materia civil, página 5, con registro digital 187733, de rubro y texto siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Conforme a la jurisprudencia trascrita, para que la propiedad sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho de propiedad del bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa propiedad. Por su parte, los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se refieren al valor probatorio de los documentos privados y conforme a esas normas, a los documentos privados que consignan contratos o actos traslativos de dominio sólo puede concedérseles valor probatorio si son de fecha cierta. A continuación se transcriben los preceptos citados para una mejor comprensión: 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso Contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado. 205.- Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado subscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la subscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como subscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la fecha por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la subscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores. Si la subscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquier otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado. La jurisprudencia ha reconocido que la fecha cierta tiene lugar cuando se presenta el documento privado a un registro público, ante un funcionario con motivo de sus funciones o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 220 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en el apéndice 2000, Tomo IV, página 180, que a continuación se transcribe: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 52/97, en sesión correspondiente al día veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo que los contratos traslativos de dominio no objetados gozan de efectos probatorios plenos cuando cuentan con fecha cierta. En la parte que interesa de la sentencia referida se estableció que: "...es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando éstos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, como lo ha sustentado en reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia (.) (.) Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes...". Resulta aplicable al caso, precisamente, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis aducida, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre 1999, página 78, registro digital 192662, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Así las cosas, para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa, debe juzgarse sobre la eficacia de las pruebas, en este caso, de la propiedad aducida por la peticionaria del amparo, frente a la autoridad responsable y no frente a los terceros, ya que la consideración de los derechos que pueda haber a favor de ésta, es, en todo caso, materia de un juicio de contradicción sobre el dominio que corresponde resolver a un tribunal del fuero común y no una situación sobre la cual deba pronunciarse el Juez de amparo. Sobre el tema resulta ilustrativa la jurisprudencia 396 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común, página 266, registro 394352, de rubro y texto siguiente: PROPIEDAD, PROTECCION AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO. Cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquel derecho, se mantenga en su goce el propietario, mientras se resuelve en un juicio contradictorio, si su derecho debe subsistir. Así pues, con relación a la propiedad aducida por la quejosa, procede estudiar las pruebas, no para resolver quién resulte el legítimo dueño definiendo la propiedad, sino para que, reconocido tal derecho en forma suficiente y con base en los medios probatorios ofrecidos, se establezca si hubo o no violación de derechos fundamentales en perjuicio del aparente propietario, que en la especie analizada resulta, además, ser tercera extraña al juicio de origen. En el caso, la quejosa sustenta su pretensión en lo siguiente: a) Su condición de tercera extraña al juicio del que derivan los actos reclamados; b) Su calidad de propietaria del inmueble que señala en su demanda; y, c) La afectación de ese derecho de propiedad mediante los actos reclamados. Ahora bien, de manera primigenia debe decirse que la quejosa reclama las actuaciones que emanan del expediente 9/2021 de la estadística del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; a su vez, la justiciable promovió la acción de prescripción positiva, que fue radicada bajo el expediente 1100/2021, ante el Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, del cual exhibió copia certificada. Así, de las copias certificadas del expediente relativo al expediente 9/2021 (acción reivindicatoria), que remitió la autoridad señalada como responsable, Jueza Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en apoyo a su informe, se advierte que la quejosa no figura como parte en el juicio del que provienen los actos reclamados y que existe identidad entre el inmueble señalado con motivo de dicho procedimiento y el mencionado en el escrito de demanda; por tanto, se considera que se encuentra demostrada la condición de tercera extraña con la que se ostenta la peticionaria del amparo, en relación con el juicio del que derivan los actos reclamados. Del mismo modo, el segundo de los elementos en que se funda la acción constitucional se encuentra acreditado. Como ya se dijo, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico, pues quien promueve el juicio de amparo como persona extraña al juicio del que provienen los actos reclamados, tiene la carga de acreditar la afectación a su esfera jurídica causada precisamente por los actos que reclama, como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional. En el caso, la quejosa acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo, en contra de los actos realizados en una controversia a la que es extraña, en virtud de que sí demostró, para efectos del presente juicio de amparo, que tiene un derecho de propiedad sobre el inmueble materia del juicio de origen. Lo anterior es así, ya que en estos autos obra la documental consistente en la copia certificada del expediente 1100/2021, del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, del que destaca que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda presentada en la vía ordinaria civil, con motivo de la acción de prescripción positiva, presentada por ********************, en contra de ************, sociedad anónima de capital variable y Concepción ********************, respecto del inmueble ubicado en la calle ************. Para lo cual, la promovente presentó el contrato privado de cesión de derechos celebrado el diez de marzo de dos mil diez, entre ******************** "cedente" y ******************** "cesionaria", respecto del inmueble precisado con antelación; documental que se exhibió adjunto a su demanda ante la autoridad jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veintiuno. El anterior medio de convicción, valorado en términos de lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; demuestra para efectos de este juicio de amparo, que el contrato de cesión de derechos presentado por la quejosa, es de fecha cierta a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno, en que se presentó ante la oficialía de turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. Es aplicable la jurisprudencia PC.VI.C. J/7 C (10a.), con registro digital 2020952, del Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, de noviembre de 2019, Tomo II, página 1110, que a la letra dice: CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, OBJETO DE LA ACCIÓN PRO FORMA. PARA DETERMINAR LA "FECHA CIERTA" DEL CONVENIO, CON EL FIN DE TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO (TERCERO EXTRAÑO) EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LA DATA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y NO A LA DE SU CELEBRACIÓN POR LOS FIRMANTES. Cuando en el juicio de amparo el quejoso reclama la afectación de un derecho real de propiedad que asegura fue conculcado por el acto de autoridad reclamado, a fin de acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular de dicho derecho en relación con el bien inmueble en cuestión; y si bien es cierto que la propiedad puede acreditarse mediante un documento privado, también lo es que para que sea eficaz respecto de personas ajenas a los contratantes, es necesario que sea de fecha cierta que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN OPONERSE A TERCEROS SI TIENEN FECHA CIERTA.", se adquiere: 1. Mediante la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 2. A través de su presentación o elaboración ante funcionario público por razón de su oficio; y, 3. Por la muerte de cualquiera de los firmantes. De ahí que en caso de que el contrato privado de compraventa sea objeto de ejercicio de la acción pro forma, la certeza de su data con respecto a terceros será aquella en la que se presente con la demanda como documento fundatorio ante la autoridad judicial y no la de su celebración por los firmantes; de ahí que no puedan retrotraerse sus efectos con motivo del fallo que condena a su formalización a la fecha en que aparece signado por quienes lo celebraron, conforme a lo establecido por el artículo 164, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues este precepto es aplicable exclusivamente para el vendedor y el comprador, pero no para terceros, si se toma en cuenta que de acuerdo con el diverso 2122 del Código Civil local, la venta es perfecta y obligatoria por cuanto a las partes -exclusivamente- por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio; de ahí que la sentencia del juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa, para oponerse a terceros, no retrotrae sus efectos al día de celebración del contrato privado, sino al de su presentación ante la autoridad judicial. No obstante lo anterior, y aun cuando se tiene a la vista el referido contrato de cesión de derechos, se considera que el derecho de propiedad no es susceptible de ser oponible a la cosa juzgada en el juicio de origen, sobre el inmueble que defiende la quejosa por esta vía de amparo. En efecto, en la jurisprudencia 1a./J. 69/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. Materia Común, Civil, página 287, con registro digital 2004905, aplicada por analogía, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció: EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad. De acuerdo con el criterio trascrito, el contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de una hipoteca sobre el mismo bien, carente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Lo anterior, porque al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no es oponible al actor hipotecario, por lo cual debe negarse el amparo. De igual modo, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia en comento se estableció, que es mandato del juez constitucional verificar si el derecho de propiedad que ostenta el quejoso, es susceptible de oponerse al titular de un derecho de hipoteca anterior, quien sí inscribió su título. Por tanto, es necesario que se corrobore dicha circunstancia a efecto de establecer si se vulneró el derecho de audiencia del peticionario del amparo, en virtud de que el citado derecho fundamental no puede afectar otros derechos o principios de igual rango, como el de certeza jurídica que brinda el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, porque si bien el registro no tiene efectos constitutivos, también otorga certeza y veracidad respecto de los titulares de la propiedad de inmueble; de ahí que no pueda oponerse al titular de un derecho real de hipoteca que sí está inscrito, un derecho de propiedad posterior a la inscripción de hipoteca. Sobre esa base, se tiene que en las constancias remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia lo siguiente: EXPEDIENTE 9/2021 JUZGADO TERCERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS 1. El trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada en la vía oral ordinaria civil, en la acción reivindicatoria, presentada por ************, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, peticionando que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad (fojas 1 a 55). 2. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, Concepción ********************, contestó la demanda entablada en su contra, y de manera expresa, señaló lo siguiente (fojas 63 a 139): (.) CONTESTACIÓN A LAS PRESTACIONES Respecto de la prestación señalada como A) y que se contesta, niego que la actora tenga derecho a solicitar esta prestación a la suscrita, pues el inmueble materia del presente juicio la suscrita lo poseo en calidad de propietaria a través del contrato de compraventa celebrado en fecha 23 de mayo del año 2000 ante la fe del licenciado Eduardo Romero Ramos, notario público número 4 en ejercicio para este Distrito Bravos, ASIMISMO POR SER NULA LA COMPRAVENTA CELEBRADA ENTRE LA PARTE ACTORA Y LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN a través de su auxiliar el "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" (SAT FISCO FEDERAL), POR MEDIO DE SU MANDATARIO QUE FORMALIZA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, toda vez que dicha autoridad violó el debido proceso, lo cual demostraré en el momento procesal oportuno. (.) Del mismo modo, anexó a su escrito, exhibió copia de la demanda de amparo radicada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, bajo el número 10/2021, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en la que señaló como acto reclamado, entre otros, la orden de remate de la finca ubicada en la calle ************, en esta ciudad, actos que endilgó a la Administración Local de recaudación de Ciudad Juárez, del Servicio de Administración Tributaria en esta ciudad, y otras; asimismo, bajo protesta de decir verdad, señaló ser propietaria del inmueble en comento, exhibiendo para tal efecto copia de la escritura pública número 17,932 diecisiete mil novecientos treinta y dos, otorgada ante la fe del Notario Público Número Cuatro, en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, de veintitrés de mayo de dos mil, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre Urbanizadora Vin, sociedad anónima de capital variable "la parte vendedora" y ******************** "parte compradora"; así como el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del inmueble descrito con antelación. 3. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, se determinó que la contestación de la demanda presentada por ********************, resultaba extemporánea (fojas 140). 4. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se declaró que ************, sociedad anónima de capital variable, es legítima propietaria del inmueble multicitado, condenando a la demandada a su entrega; fallo que causó ejecutoria el trece de diciembre siguiente y el dieciséis del citado mes y año, se ordenó poner en posesión del inmueble a la parte actora, diligencia que se llevó a cabo el veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 164 a 168, 173, 175 y 176). Del mismo modo, anexó a dicho juicio obran las constancias siguientes: EXPEDIENTE 1100/2021 JUZGADO DÉCIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS 1. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda presentada en la vía ordinaria civil, en la acción de prescripción positiva, presentada por Valeria Vianey ********************, en contra de GIZA Grupo Inmobiliario, sociedad anónima de capital variable; misma que se ordenó aclarar. Por lo que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora, demandando a ************, sociedad anónima de capital variable y a ************ ********************, respecto del inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad; para lo cual en el punto dos del apartado de hechos del escrito primigenio de demanda, de manera expresa señaló lo siguiente: (.) 2.- la posesión que detentó del inmueble en cuestión y que se hace valer mediante el presente juicio tuvo como causa generadora un contrato de CESIÓN DE DERECHOS celebrado con mi madre la señora ************ el día 10 de Marzo del 2010, tal y como se acredita con la documental privada que se acompaña consistente en el citado CONTRATO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS, quien a su vez adquirió el inmueble materia del presente juicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, documentales que se acompañan a mi escrito inicial de demanda como prueba de la causa generadora de la posesión que detentó. La posesión inmueble materia del presente juicio la detentó desde el 10 de Marzo del año 2010, fecha en que se adquirió por parte de la suscrita el inmueble a que se refiere el presente Juicio por virtud de la Cesión de Derechos que me hiso mi madre CONCEPCIÓN ZUÑIGA GONZÁLEZ, es decir detentó la posesión desde hace más de 11 años, por lo que no cabe la menor duda de que he generado efectos prescriptivos a mi favor. Para lo cual exhibió el citado contrato privado de cesión de derechos, así como los avisos-recibo, expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Gas Natural del Norte, Comisión Federal de Electricidad y Cablemas Telecomunicaciones, s.a. de c.v. en los que aparece el nombre de ******************* y el domicilio ya precisado; así como estados de cuenta bancarios y aviso recibos de telcel a nombre de la quejosa, en los que consta el domicilio precisado a lo largo de esta sentencia; y copia de la escritura pública tres mil setecientos sesenta y cinco, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa del inmueble en comento, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y ************, sociedad anónima de capital variable, ante el Notario Público Número Cinco para el Distrito Judicial Bravos. Este es el estado que guarda el juicio del cual derivan los actos reclamados. Ahora bien, de las constancias mencionadas se advierte, que el trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada en la vía oral ordinaria civil, en la acción reivindicatoria, presentada por ************, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de Concepción ********************, peticionando que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad (fojas 1 a 55); por lo que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el expediente 9/2021, en la que se declaró que ************, sociedad anónima de capital variable, es legítima propietaria del inmueble multicitado, condenando a la demandada a su entrega; fallo que causó ejecutoria el trece de diciembre siguiente y el dieciséis del citado mes y año, se ordenó poner en posesión del inmueble a la parte actora. Asimismo, de las documentales presentadas ante el Juzgador de origen, destaca la que la Juez de origen en su sentencia de manera expresa señaló: (.) Siendo las trece horas con dieciséis minutos, se admitió la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en Primer Testimonio de la Escritura Pública 3,765 (Tres mil setecientos sesenta y cinco), del Volumen 117 (Ciento diecisiete), otorgada el día dos de diciembre del año dos mil diecinueve, ante la fe del Licenciado Ricardo Alonso Aguirre Pérez, Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial Bravos, en la cual se hizo constar entre diversos actos jurídicos, la Formalización de la Compraventa Ad Corpus, que otorgaron el Ingeniero ************ y el Licenciado ************, en representación del "Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos", por conducto de la "Tesorería de la Federación", a traces (sic) de su auxiliar el "Servicio de Administración Tributaria" ("SAT Fisco Federal") por medio de su Mandatario, que formaliza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, hoy Instituto de Administración de Bienes y Activos, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, como la parte Vendedora y la moral ************ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como la parte Compradora, respecto el inmueble materia del presente juicio, documental que obra de foja 10 a 48 del sumario. (.). En ese sentido, de las pruebas aportadas por las partes, se advierte que la moral aquí tercero interesada, protocolizó su contrato de compraventa el dos de diciembre de dos mil diecinueve; mientras que el contrato privado de cesión de derechos exhibido por la quejosa adquirió fecha cierta el siete de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, en fecha posterior a la celebración del contrato celebrado por la parte tercero interesada. Por lo anterior, si el contrato privado de cesión de derechos con el que la quejosa pretende acreditar su derecho de posesión sobre el inmueble sobre el cual procedió la acción reivindicatoria en el juicio natural, adquirió fecha cierta a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a que quedara formalmente protocolizado el contrato de compraventa celebrado por la tercero interesada; se considera para efectos del presente juicio de amparo, que el contrato exhibido por la quejosa no es susceptible de ser oponible al derecho real adquirido por la parte actora en el juicio de origen. En esas condiciones, al no ser oponible el derecho de propiedad aducido por la quejosa al derecho real emanado del juicio del cual derivan los actos reclamados, resultan infundados por insuficientes los conceptos de violación en estudio; toda vez que no existe una causa jurídica por la cual deba estimarse que la aquí quejosa debió formar parte de la relación jurídica procesal del procedimiento de origen. Así, al haberse desestimado los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, ya que no se reclaman por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, octubre de 1994, tesis II.1o. J/12, página 41, del rubro y contenido siguientes: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. Se hace la precisión que no se analizarán las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer el tercero interesado en el escrito con registro 4705, ya que éstos no forman parte de la litis. Confirma lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74 al 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******************, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero Civil por Audiencias y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos adscritos al Distrito Judicial Bravos; por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista electrónica

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 44/2022-V, promovido por ************, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado el veinticuatro siguiente a este órgano jurisdiccional, ************, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, a quienes les reclamó: (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como RESPONSABLE ORDENADORA se señala como acto reclamado el acuerdo del día 16 de diciembre del 2021 dentro del expediente número 9/2021 del Juzgado Tercero Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos mediante el cual se ordena poner en posesión al Tercer interesado un bien inmueble propiedad de la suscrita, sin que hubiese sido oída y vencida en juicio. Así mismo se reclama de la Autoridad Ejecutora la inminente ejecución del auto reclamado a la Autoridad Ordenadora de fecha 16 de diciembre del 2021, toda vez que de llegarse a ejecutar el mismo, sería de imposible reparación a la suscrita. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 44/2022-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó al tercero interesado ************, sociedad anónima de capital variable. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La transgresión al derecho de propiedad que aduce tener la disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, esto es, el ubicado en calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres, del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, en esta ciudad; al no haber sido oída, ni vencida dentro del juicio oral ordinario civil 9/2021, del índice del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, respecto del que se ostenta tercero extraña, y del que reclama su falta de emplazamiento, así como el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó poner en posesión del inmueble al aquí tercero interesado ************, sociedad anónima de capital variable; y, su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero Civil por Audiencias y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez de origen, relativas al juicio oral ordinario civil, radicado bajo el expediente 9/2021, promovido por Jorge Fernando García Gutiérrez, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, en el que se reclamó que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres (7043), colonia Jardines del Aeropuerto, en esta ciudad (fojas 1 a 55). Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 268439, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVIII, Tercera Parte, página 34, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. Si bien es cierto que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos proceden, también lo es que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal, de tal manera que lo hecho constar en un documento público puede ser desvirtuado por otras pruebas que, en concepto, del juzgador, sean plenas para contradecir lo asentado en aquel documento. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. La parte tercero interesada, aduce que a la quejosa no le reviste el carácter de tercero interesada en este asunto, pues en el juicio de origen, fue emplazada a juicio ********************, quien es madre de la promovente y habita el mismo inmueble, de ahí que tuvo conocimiento del juicio instaurado en contra de aquélla. Causal de improcedencia que debe desestimarse, pues si el apoderado legal de la moral tercero interesada conjetura que la quejosa tuvo conocimiento del juicio natural instruido en contra de su madre previo a presentar su demanda de amparo, está obligada a aportar las pruebas que acrediten los hechos que controvierte, siempre bajo su propio interés, sobre todo si, como en el caso, estuvo en condiciones de aportar los medios de convicción que estimara conducentes en el periodo que se aperturó para tal efecto, pues no basta dicha manifestación, sino que con las pruebas correspondientes deberá probar su dicho; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba, máxime que esta Juzgadora de amparo no puede perfeccionar su planteamiento. QUINTO. Examen de los conceptos de violación. Los mismos se tienen por reproducidos, en obvio de repeticiones innecesarias y por no exigir la ley su trascripción, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, cuyos rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente sintetizar los argumentos que hace valer la quejosa para combatir los actos reclamados. Que se violentó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que se pretende privarla de la propiedad, posesión y pertenencias, sin que hubiere un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Que la autoridad vulneró su derecho de audiencia, pues a pesar de ser propietaria del inmueble ubicado en la calle Aviador, número siete mil cuarenta y tres, fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, no fue emplazada al proceso de origen a efecto de defender sus derechos de propietaria y poseedora del inmueble en comento. Los conceptos de violación que se estudian en conjunto dada la estrecha relación que guardan, conforme a la facultad que confiere el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados por insuficientes como a continuación se explica. El artículo 14 de la Constitución Federal dispone, que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Así, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etc., que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran. Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, la quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico de manera personal y directa, el cual consiste en la titularidad que a la quejosa corresponde respecto a los derechos o propiedades afectadas por los actos reclamados. Lo anterior es así, porque tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; de ahí que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo, consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico y, por ende, el derecho de que se considera afectado con motivo de los actos reclamados, puesto que quien promueve el juicio de amparo tiene la carga de acreditar la afectación que dichos actos causan a su interés jurídico, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Así, para efectos del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar el hecho o acto jurídico del que deriva su derecho de propiedad cuya afectación constituye el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por mayoría de razón la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, materia civil, página 5, con registro digital 187733, de rubro y texto siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Conforme a la jurisprudencia trascrita, para que la propiedad sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho de propiedad del bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa propiedad. Por su parte, los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se refieren al valor probatorio de los documentos privados y conforme a esas normas, a los documentos privados que consignan contratos o actos traslativos de dominio sólo puede concedérseles valor probatorio si son de fecha cierta. A continuación se transcriben los preceptos citados para una mejor comprensión: 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso Contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado. 205.- Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado subscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la subscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como subscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la fecha por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la subscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores. Si la subscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquier otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un documento público indubitado. La jurisprudencia ha reconocido que la fecha cierta tiene lugar cuando se presenta el documento privado a un registro público, ante un funcionario con motivo de sus funciones o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 220 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en el apéndice 2000, Tomo IV, página 180, que a continuación se transcribe: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 52/97, en sesión correspondiente al día veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo que los contratos traslativos de dominio no objetados gozan de efectos probatorios plenos cuando cuentan con fecha cierta. En la parte que interesa de la sentencia referida se estableció que: "...es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando éstos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, como lo ha sustentado en reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia (.) (.) Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes...". Resulta aplicable al caso, precisamente, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis aducida, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre 1999, página 78, registro digital 192662, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Así las cosas, para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa, debe juzgarse sobre la eficacia de las pruebas, en este caso, de la propiedad aducida por la peticionaria del amparo, frente a la autoridad responsable y no frente a los terceros, ya que la consideración de los derechos que pueda haber a favor de ésta, es, en todo caso, materia de un juicio de contradicción sobre el dominio que corresponde resolver a un tribunal del fuero común y no una situación sobre la cual deba pronunciarse el Juez de amparo. Sobre el tema resulta ilustrativa la jurisprudencia 396 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común, página 266, registro 394352, de rubro y texto siguiente: PROPIEDAD, PROTECCION AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO. Cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquel derecho, se mantenga en su goce el propietario, mientras se resuelve en un juicio contradictorio, si su derecho debe subsistir. Así pues, con relación a la propiedad aducida por la quejosa, procede estudiar las pruebas, no para resolver quién resulte el legítimo dueño definiendo la propiedad, sino para que, reconocido tal derecho en forma suficiente y con base en los medios probatorios ofrecidos, se establezca si hubo o no violación de derechos fundamentales en perjuicio del aparente propietario, que en la especie analizada resulta, además, ser tercera extraña al juicio de origen. En el caso, la quejosa sustenta su pretensión en lo siguiente: a) Su condición de tercera extraña al juicio del que derivan los actos reclamados; b) Su calidad de propietaria del inmueble que señala en su demanda; y, c) La afectación de ese derecho de propiedad mediante los actos reclamados. Ahora bien, de manera primigenia debe decirse que la quejosa reclama las actuaciones que emanan del expediente 9/2021 de la estadística del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; a su vez, la justiciable promovió la acción de prescripción positiva, que fue radicada bajo el expediente 1100/2021, ante el Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, del cual exhibió copia certificada. Así, de las copias certificadas del expediente relativo al expediente 9/2021 (acción reivindicatoria), que remitió la autoridad señalada como responsable, Jueza Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en apoyo a su informe, se advierte que la quejosa no figura como parte en el juicio del que provienen los actos reclamados y que existe identidad entre el inmueble señalado con motivo de dicho procedimiento y el mencionado en el escrito de demanda; por tanto, se considera que se encuentra demostrada la condición de tercera extraña con la que se ostenta la peticionaria del amparo, en relación con el juicio del que derivan los actos reclamados. Del mismo modo, el segundo de los elementos en que se funda la acción constitucional se encuentra acreditado. Como ya se dijo, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico, pues quien promueve el juicio de amparo como persona extraña al juicio del que provienen los actos reclamados, tiene la carga de acreditar la afectación a su esfera jurídica causada precisamente por los actos que reclama, como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional. En el caso, la quejosa acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo, en contra de los actos realizados en una controversia a la que es extraña, en virtud de que sí demostró, para efectos del presente juicio de amparo, que tiene un derecho de propiedad sobre el inmueble materia del juicio de origen. Lo anterior es así, ya que en estos autos obra la documental consistente en la copia certificada del expediente 1100/2021, del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, del que destaca que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda presentada en la vía ordinaria civil, con motivo de la acción de prescripción positiva, presentada por ********************, en contra de ************, sociedad anónima de capital variable y Concepción ********************, respecto del inmueble ubicado en la calle ************. Para lo cual, la promovente presentó el contrato privado de cesión de derechos celebrado el diez de marzo de dos mil diez, entre ******************** "cedente" y ******************** "cesionaria", respecto del inmueble precisado con antelación; documental que se exhibió adjunto a su demanda ante la autoridad jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veintiuno. El anterior medio de convicción, valorado en términos de lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; demuestra para efectos de este juicio de amparo, que el contrato de cesión de derechos presentado por la quejosa, es de fecha cierta a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno, en que se presentó ante la oficialía de turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. Es aplicable la jurisprudencia PC.VI.C. J/7 C (10a.), con registro digital 2020952, del Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, de noviembre de 2019, Tomo II, página 1110, que a la letra dice: CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, OBJETO DE LA ACCIÓN PRO FORMA. PARA DETERMINAR LA "FECHA CIERTA" DEL CONVENIO, CON EL FIN DE TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO (TERCERO EXTRAÑO) EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LA DATA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y NO A LA DE SU CELEBRACIÓN POR LOS FIRMANTES. Cuando en el juicio de amparo el quejoso reclama la afectación de un derecho real de propiedad que asegura fue conculcado por el acto de autoridad reclamado, a fin de acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular de dicho derecho en relación con el bien inmueble en cuestión; y si bien es cierto que la propiedad puede acreditarse mediante un documento privado, también lo es que para que sea eficaz respecto de personas ajenas a los contratantes, es necesario que sea de fecha cierta que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN OPONERSE A TERCEROS SI TIENEN FECHA CIERTA.", se adquiere: 1. Mediante la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; 2. A través de su presentación o elaboración ante funcionario público por razón de su oficio; y, 3. Por la muerte de cualquiera de los firmantes. De ahí que en caso de que el contrato privado de compraventa sea objeto de ejercicio de la acción pro forma, la certeza de su data con respecto a terceros será aquella en la que se presente con la demanda como documento fundatorio ante la autoridad judicial y no la de su celebración por los firmantes; de ahí que no puedan retrotraerse sus efectos con motivo del fallo que condena a su formalización a la fecha en que aparece signado por quienes lo celebraron, conforme a lo establecido por el artículo 164, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues este precepto es aplicable exclusivamente para el vendedor y el comprador, pero no para terceros, si se toma en cuenta que de acuerdo con el diverso 2122 del Código Civil local, la venta es perfecta y obligatoria por cuanto a las partes -exclusivamente- por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio; de ahí que la sentencia del juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa, para oponerse a terceros, no retrotrae sus efectos al día de celebración del contrato privado, sino al de su presentación ante la autoridad judicial. No obstante lo anterior, y aun cuando se tiene a la vista el referido contrato de cesión de derechos, se considera que el derecho de propiedad no es susceptible de ser oponible a la cosa juzgada en el juicio de origen, sobre el inmueble que defiende la quejosa por esta vía de amparo. En efecto, en la jurisprudencia 1a./J. 69/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. Materia Común, Civil, página 287, con registro digital 2004905, aplicada por analogía, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció: EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad. De acuerdo con el criterio trascrito, el contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de una hipoteca sobre el mismo bien, carente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Lo anterior, porque al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no es oponible al actor hipotecario, por lo cual debe negarse el amparo. De igual modo, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia en comento se estableció, que es mandato del juez constitucional verificar si el derecho de propiedad que ostenta el quejoso, es susceptible de oponerse al titular de un derecho de hipoteca anterior, quien sí inscribió su título. Por tanto, es necesario que se corrobore dicha circunstancia a efecto de establecer si se vulneró el derecho de audiencia del peticionario del amparo, en virtud de que el citado derecho fundamental no puede afectar otros derechos o principios de igual rango, como el de certeza jurídica que brinda el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, porque si bien el registro no tiene efectos constitutivos, también otorga certeza y veracidad respecto de los titulares de la propiedad de inmueble; de ahí que no pueda oponerse al titular de un derecho real de hipoteca que sí está inscrito, un derecho de propiedad posterior a la inscripción de hipoteca. Sobre esa base, se tiene que en las constancias remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia lo siguiente: EXPEDIENTE 9/2021 JUZGADO TERCERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS 1. El trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada en la vía oral ordinaria civil, en la acción reivindicatoria, presentada por ************, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, peticionando que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad (fojas 1 a 55). 2. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, Concepción ********************, contestó la demanda entablada en su contra, y de manera expresa, señaló lo siguiente (fojas 63 a 139): (.) CONTESTACIÓN A LAS PRESTACIONES Respecto de la prestación señalada como A) y que se contesta, niego que la actora tenga derecho a solicitar esta prestación a la suscrita, pues el inmueble materia del presente juicio la suscrita lo poseo en calidad de propietaria a través del contrato de compraventa celebrado en fecha 23 de mayo del año 2000 ante la fe del licenciado Eduardo Romero Ramos, notario público número 4 en ejercicio para este Distrito Bravos, ASIMISMO POR SER NULA LA COMPRAVENTA CELEBRADA ENTRE LA PARTE ACTORA Y LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN a través de su auxiliar el "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA" (SAT FISCO FEDERAL), POR MEDIO DE SU MANDATARIO QUE FORMALIZA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, toda vez que dicha autoridad violó el debido proceso, lo cual demostraré en el momento procesal oportuno. (.) Del mismo modo, anexó a su escrito, exhibió copia de la demanda de amparo radicada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, bajo el número 10/2021, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en la que señaló como acto reclamado, entre otros, la orden de remate de la finca ubicada en la calle ************, en esta ciudad, actos que endilgó a la Administración Local de recaudación de Ciudad Juárez, del Servicio de Administración Tributaria en esta ciudad, y otras; asimismo, bajo protesta de decir verdad, señaló ser propietaria del inmueble en comento, exhibiendo para tal efecto copia de la escritura pública número 17,932 diecisiete mil novecientos treinta y dos, otorgada ante la fe del Notario Público Número Cuatro, en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, de veintitrés de mayo de dos mil, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre Urbanizadora Vin, sociedad anónima de capital variable "la parte vendedora" y ******************** "parte compradora"; así como el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del inmueble descrito con antelación. 3. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, se determinó que la contestación de la demanda presentada por ********************, resultaba extemporánea (fojas 140). 4. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se declaró que ************, sociedad anónima de capital variable, es legítima propietaria del inmueble multicitado, condenando a la demandada a su entrega; fallo que causó ejecutoria el trece de diciembre siguiente y el dieciséis del citado mes y año, se ordenó poner en posesión del inmueble a la parte actora, diligencia que se llevó a cabo el veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 164 a 168, 173, 175 y 176). Del mismo modo, anexó a dicho juicio obran las constancias siguientes: EXPEDIENTE 1100/2021 JUZGADO DÉCIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS 1. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda presentada en la vía ordinaria civil, en la acción de prescripción positiva, presentada por Valeria Vianey ********************, en contra de GIZA Grupo Inmobiliario, sociedad anónima de capital variable; misma que se ordenó aclarar. Por lo que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora, demandando a ************, sociedad anónima de capital variable y a ************ ********************, respecto del inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad; para lo cual en el punto dos del apartado de hechos del escrito primigenio de demanda, de manera expresa señaló lo siguiente: (.) 2.- la posesión que detentó del inmueble en cuestión y que se hace valer mediante el presente juicio tuvo como causa generadora un contrato de CESIÓN DE DERECHOS celebrado con mi madre la señora ************ el día 10 de Marzo del 2010, tal y como se acredita con la documental privada que se acompaña consistente en el citado CONTRATO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS, quien a su vez adquirió el inmueble materia del presente juicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, documentales que se acompañan a mi escrito inicial de demanda como prueba de la causa generadora de la posesión que detentó. La posesión inmueble materia del presente juicio la detentó desde el 10 de Marzo del año 2010, fecha en que se adquirió por parte de la suscrita el inmueble a que se refiere el presente Juicio por virtud de la Cesión de Derechos que me hiso mi madre CONCEPCIÓN ZUÑIGA GONZÁLEZ, es decir detentó la posesión desde hace más de 11 años, por lo que no cabe la menor duda de que he generado efectos prescriptivos a mi favor. Para lo cual exhibió el citado contrato privado de cesión de derechos, así como los avisos-recibo, expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Gas Natural del Norte, Comisión Federal de Electricidad y Cablemas Telecomunicaciones, s.a. de c.v. en los que aparece el nombre de ******************* y el domicilio ya precisado; así como estados de cuenta bancarios y aviso recibos de telcel a nombre de la quejosa, en los que consta el domicilio precisado a lo largo de esta sentencia; y copia de la escritura pública tres mil setecientos sesenta y cinco, de tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa del inmueble en comento, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y ************, sociedad anónima de capital variable, ante el Notario Público Número Cinco para el Distrito Judicial Bravos. Este es el estado que guarda el juicio del cual derivan los actos reclamados. Ahora bien, de las constancias mencionadas se advierte, que el trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada en la vía oral ordinaria civil, en la acción reivindicatoria, presentada por ************, en su carácter de apoderado de la moral ************, sociedad anónima de capital variable, en contra de Concepción ********************, peticionando que se declarara que su representada es propietaria y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en la calle ************, en esta ciudad (fojas 1 a 55); por lo que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el expediente 9/2021, en la que se declaró que ************, sociedad anónima de capital variable, es legítima propietaria del inmueble multicitado, condenando a la demandada a su entrega; fallo que causó ejecutoria el trece de diciembre siguiente y el dieciséis del citado mes y año, se ordenó poner en posesión del inmueble a la parte actora. Asimismo, de las documentales presentadas ante el Juzgador de origen, destaca la que la Juez de origen en su sentencia de manera expresa señaló: (.) Siendo las trece horas con dieciséis minutos, se admitió la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en Primer Testimonio de la Escritura Pública 3,765 (Tres mil setecientos sesenta y cinco), del Volumen 117 (Ciento diecisiete), otorgada el día dos de diciembre del año dos mil diecinueve, ante la fe del Licenciado Ricardo Alonso Aguirre Pérez, Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial Bravos, en la cual se hizo constar entre diversos actos jurídicos, la Formalización de la Compraventa Ad Corpus, que otorgaron el Ingeniero ************ y el Licenciado ************, en representación del "Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos", por conducto de la "Tesorería de la Federación", a traces (sic) de su auxiliar el "Servicio de Administración Tributaria" ("SAT Fisco Federal") por medio de su Mandatario, que formaliza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, hoy Instituto de Administración de Bienes y Activos, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, como la parte Vendedora y la moral ************ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como la parte Compradora, respecto el inmueble materia del presente juicio, documental que obra de foja 10 a 48 del sumario. (.). En ese sentido, de las pruebas aportadas por las partes, se advierte que la moral aquí tercero interesada, protocolizó su contrato de compraventa el dos de diciembre de dos mil diecinueve; mientras que el contrato privado de cesión de derechos exhibido por la quejosa adquirió fecha cierta el siete de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, en fecha posterior a la celebración del contrato celebrado por la parte tercero interesada. Por lo anterior, si el contrato privado de cesión de derechos con el que la quejosa pretende acreditar su derecho de posesión sobre el inmueble sobre el cual procedió la acción reivindicatoria en el juicio natural, adquirió fecha cierta a partir del siete de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a que quedara formalmente protocolizado el contrato de compraventa celebrado por la tercero interesada; se considera para efectos del presente juicio de amparo, que el contrato exhibido por la quejosa no es susceptible de ser oponible al derecho real adquirido por la parte actora en el juicio de origen. En esas condiciones, al no ser oponible el derecho de propiedad aducido por la quejosa al derecho real emanado del juicio del cual derivan los actos reclamados, resultan infundados por insuficientes los conceptos de violación en estudio; toda vez que no existe una causa jurídica por la cual deba estimarse que la aquí quejosa debió formar parte de la relación jurídica procesal del procedimiento de origen. Así, al haberse desestimado los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, ya que no se reclaman por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, octubre de 1994, tesis II.1o. J/12, página 41, del rubro y contenido siguientes: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. Se hace la precisión que no se analizarán las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer el tercero interesado en el escrito con registro 4705, ya que éstos no forman parte de la litis. Confirma lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74 al 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******************, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero Civil por Audiencias y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos adscritos al Distrito Judicial Bravos; por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista electrónica

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