Valia Yadira Ortíz Cruz
Expediente 31/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- Valia Yadira Ortíz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
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HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE...
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AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL... RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA FEDERAL NO AMPARA NI PROTEGE A ***... SEGUNDO. LA PRESENTE RESOLUCION SERA PUBLICABLE...
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, primero de junio de dos mil dieciocho. Visto, el oficio firmado por la Secretaria General en Suplencia del Titular de la Presidencia y el Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de veintitrés de abril de este año, emitido en el incidente de reposición de actuaciones relativo al expediente laboral J/O/569/2013, en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional mediante oficio 8658/2018 que tiene inserto el acuerdo de diecisiete de mayo pasado. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta y en atención a su contenido este juzgado queda enterado, para los efectos legales conducentes.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional que difirió la audiencia de pruebas y alegatos del incidente de reposición de actuaciones para lo cual señaló las once horas con treinta minutos del veintitrés de abril del año en curso, sin que a la fecha haya remitido las constancias respectivas. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, de la Ley de Amparo, solicítese a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remita a la brevedad posible copia certificada de la citada audiencia en el expediente laboral J/O/569/2013, así como de las pruebas aportadas por las partes, con el fin de resolver lo que conforme a derecho corresponda en este juicio de amparo. Cobra aplicación a lo acordado la tesis de rubro y contenido es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 75 fracción III de la Ley de amparo, el Juez de distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio a todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto.. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconocer en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas que se haya fundado el propio acto. Para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del cuatro de junio de dos mil dieciocho, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.
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