Valeria Monserrat Córdova Abarca

Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
908/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Valeria Monserrat Córdova Abarca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por el que remite testimonio de la ejecutoria relativo al recurso de queja 161/2019, interpuesto por la quejosa Valeria Monserrat Córdova Abarca, anexando el juicio de amparo indirecto 908/2019. Al efecto, se acuerda. Por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Valeria Monserrat Córdova Abarca, contra el proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 908/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad." En relación al cuaderno de antecedentes, que se formó, no es necesario agregarlo en autos, dado que sus originales obran en el juicio, en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose únicamente las actuaciones originales. Acúsese recibo respectivo. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer al respecto de este rubro, toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Y/O TOMOS: Toda vez que no se advierten documentos o tomos para devolver, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual, acusa recibo del diverso 399/2019, del índice de este juzgado e informa que se admitió a trámite el recurso de queja, hecho valer por ***, recayéndole el número 161/2019. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2, glósese a los autos para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ++++ mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte impetrante del amparo. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la misma, en razón de que el tres de julio de dos mil diecinueve, en autos del juicio de amparo indirecto 908/2019, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Valeria Monserrat Córdova Abarca. Remítase de inmediato el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    +++Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Valeria Monserrat Córdova Abarca, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, con apoyo en el artículo 108, fracción I, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir citas y notificaciones, el que se menciona en el proemio de la demanda. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia a Amel Castro Hernández, Sylvia Keiko López Yamamoto, Roberto Horació López Guillén y Gerardo Otoniel Bautista Orantes, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda y por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso del medio que solicita la quejosa en su escrito inicial de demanda, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos del artículo 261, de la Ley de Amparo. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. Atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivado del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.

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