Valentín Sánchez García

Expediente 121/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
121/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
01/06/2018

Partes del expediente

  • Valentín Sánchez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la cuenta Secretarial, se provee: Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio CJEO/JCP/707/2018-J, del Juez de Control, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, recibido por correo electrónico, mediante el cual remite lo actuado en el despacho 31/2018, de su índice, formado con el diverso despacho con número de origen 163/2018 y número de orden 528/2018, de once de mayo pasado, del índice de este juzgado, donde se le encomendó notificar el proveído de esa misma fecha, al quejoso VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA. Dése de baja la citada comunicación oficial en el Libro de Gobierno y acúsese el recibo respectivo.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de dieciocho de abril del año en curso (fojas 77 a 81), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el primer párrafo, del artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, dado que el aludido quejoso, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social (CERESO), con sede en San Pedro Pochutla, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que auxilio de las labores de este Juzgado, con copia autorizada de este auto, notifique su contenido personalmente al aludido quejoso.

  3. Principal

    Vista la cuenta Secretarial, se provee: Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio CJEO/JCP/583/2018-J, del Juez de Control de Legalidad, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, recibido por vía electrónica, mediante el cual remite lo actuado en el despacho 026/2018, de su índice, formado con el diverso despacho con número de origen 128/2018 y número de orden 424/2018, de dieciocho de abril del año en curso, del índice de este juzgado, donde se le encomendó notificar el proveído de esa misma fecha, al quejoso VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA. Dése de baja la citada comunicación oficial en el Libro de Gobierno y acúsese el recibo respectivo.

  4. Principal

    Vista la cuenta Secretarial, se provee: Agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, téngasele desahogando dentro del plazo legal concedido, el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de marzo del año en curso. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente , este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. El citado precepto legal autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, indep3endientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Atendiendo a lo anterior, y toda vez que del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso precisa que el acto que reclama en esta instancia constitucional es el auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, donde se designó a los jueces integrantes del Tribunal de Juicio Oral que conocería de la causa penal 05/2017, instaurada en su contra por el hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de Luis Reyes López. En primer término se establece que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.. De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto reclamado se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, toda vez que la resolución recurrida ha sido sustituida por la resolución de segunda instancia, respecto de la que está pomoviendo el juicio de garantías, entonces, el juicio de amparo es improcedente. De igual forma, es oportuno traer a colación que esta causa de improcedencia fue interpretada, aunque con otro matiz, por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que si la resolución reclamada en el amparo fue recurrida en sede ordinaria y el tribunal de alzada ya se pronunció al respecto, entonces el acto reclamado ya no existe y han cesado sus efectos, puesto que la resolución de segunda instancia sustituyó a la de primera instancia, contra la que se hizo valer el juicio de garantías, motivo por el cual debe desecharse la demanda de garantías, por haber cesado los efectos del específico y concreto acto reclamado. En el caso, de las manifestaciones del quejoso en su escrito de demanda, las cuales corroboró con diversos anexos en copia simple de los acuerdos de cuatro, veinte de diciembre de dos mil diecisiete, quince, veintidós de enero y siete de febrero del año en curso, mismos que tienen valor de indicio, se advierte lo siguiente: 1. En contra del quejoso se instruyó la causa penal 5/2017, del índice del Juzgado de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, por el delito de secuestro agravado, en agravio de Luis Reyes Pérez. 2. Una vez seguido el trámite de la causa citada, mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, los jueces integrantes del Tribunal de Debate de la Región de la Costa, tuvieron al Administrador Regional de la Costa, remitiendo el auto de apertura a juicio de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, y acordaron que consideraban que no podían integrar el tribunal de debate, que conociera de los hechos imputados al aquí quejoso, porque habían conocido de la causa penal 243/2015, integrada por el hecho que la ley señala como el delito de extorsión, relacionado con los hechos imputados al aquí quejoso y como consecuencia de ello, se excusaron de conocer de la causa penal 5/2017, integrada en contra del aquí promovente del amparo. (fojas 13 a la 15). 3. En atención a ello, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, acordó que el tribunal que conocería de la causa penal 5/2017, sería integrado por los licenciados José Gabriel Ramírez Montaño, Guillermo Martín Martínez Maldonado y Martha Catalina Cruz Bautista, Juez Presidente, Juez relator uno y Juez relator dos, respectivamente. 4. Inconforme con dicha determinación VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA, con el carácter de acusado en la causa penal 5/2017, registrada en dicho tribunal con el folio 0001/2018, manifestó por escrito su objeción en cuanto a la terna designada por el Departamento de Base de Datos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para integrar el Tribunal de Debate en dicho asunto, resolviendo el Juez Presidente del Tribunal del Juicio Oral, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, mediante proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, que no existía ninguna violación al debido proceso, con motivo del señalamiento de tribunal para conocer de la causa instaurada en su contra. 5. En desacuerdo con lo determinado en proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, por el Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, el veintidós de enero siguiente, el juez citado con antelación tuvo por recibido el escrito de VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA, por medio del cual interpuso recurso de revocación en contra de acuerdo de quince de ese mes y año. 6. Por lo cual, el siete de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral, con residencia en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, desechó por improcedente el recurso de revocación interpuesto por el imputado VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA, en contra del acuerdo de quince de enero de esta propia anualidad. Ahora, el aquí quejoso en su escrito inicial de demanda, el quejoso VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA, señaló como acto reclamado el siguiente: "De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo la designación de un Tribunal Especial para juzgarme como Tribunal de Juicio Oral en la causa penal número 5/2017, mediante acuerdo de fecha 20 de diciembre del 2017; ante el cual seguí el principio de definitividad y culminó mediante resolución de fecha 7 de febrero del año 2018, notificado por vía electrónica a mi abogado el día 16 de febrero del año 2018". Toda vez que no era claro el señalamiento del acto reclamado, mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se previno al quejoso para que precisara si el acto del que se dolía era el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, donde se designó a los jueces integrantes del Tribunal del Juicio Oral, que conocerían de la causa penal instaurada en su contra o la resolución de siete de febrero de esta propia anualidad, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de quince de enero del año en curso, y en atención a lo cual, en el escrito de cuenta, especificó lo siguiente: "2° En atención a sus requerimientos en su apartado PRIMERO: lo que reclamo es el auto de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, emitido por el Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral, con residencia en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, donde se designó a los Jueces integrantes del Tribunal de Juicio Oral que conocerían de la causa penal instaurada en mi contra. Quiero solo aclarar que si mencioné en mi demanda de amparo la resolución de fecha siete de febrero del año dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha quince de enero del año en curso, es porque he agotado el principio de definitividad en primera instancia, por ello, estoy en tiempo de combatir mediante el juicio de amparo el auto inicial por el cual se designó los Jueces integrantes del Tribunal de Juicio Oral. .. Lo subrayado es de la suscrita. Luego entonces, y atendiendo a que la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, fue sustituida procesalmente por el diverso de quince de enero de dos mil dieciocho, y esta última por la resolución de siete de febrero del año que transcurre; lo anterior, pone en relieve que han cesado los efectos del auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, al haber quedado sustituida por la resolución de siete de febrero de esta anualidad. Dicho de otra forma, el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dejó de tener efectos legales propios al ser sustituido por el diverso de quince de enero de dos mil dieciocho, y este último a su vez, fue sustituido por la diversa resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí promovente en contra de auto de quince de enero de este propio año, por lo cual, es esta última resolución la que ahora está vigente y, por ende, es la que rige la situación jurídica del aquí quejoso. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XXI, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA contra actos del Juez Presidente del Tribunal del Juicio Oral, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, y Administrador Regional de la Costa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la población citada con antelación. Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno en relación al correo electrónico y teléfono que proporciona, toda vez que las notificaciones en el juicio de amparo, se realizan de acuerdo a lo establecido en el capítulo correspondiente a las notificaciones de la Ley de Amparo. Como lo solicita el quejoso VALENTÍN SÁNCHEZ GARCÍA, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Independientemente a lo anterior, dado que el aludido quejoso, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social CERESO, con sede en San Pedro Pochutla, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que auxilio de las labores de este Juzgado, con copia autorizada de este auto, notifique su contenido personalmente al aludido quejoso.

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