Valentin López Flores y Otros.

Expediente 526/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
526/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Valentin López Flores y Otros.
  • Valentin López Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, remitido vía electrónica...a través del cual transcribe el acuerdo de doce del actual, dictado en autos del juicio de amparo 1140/2019 de su índice,...aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y admitió la demanda de amparo promovida por Ausencio Martínez Cortés y otros,...como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente,...archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno...se declara que este asunto carece de relevancia documental,.. se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales...que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro;...transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción...se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años;...una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Ausencio Martínez Cortés, Valentín López Flores, Mario Ramírez López, Pablo Martínez Cortés, Agapito Mendoza Martínez, Juvenal Díaz Mendoza, Ubaldo Cortés Flores, Eloy López Mendoza, Anastacio Ramírez, Venancio Cortés López, Longino Martínez López, Macario Cortés Martínez, Rogelio Lara Ramírez, José Martínez Cortés, Álvaro Mendoza Lara, Leonardo Cortés Flores, Rosalio Ramírez Flores, Joel Flores Mendoza, Javier García Chávez, Luis Mendoza Mendoza, Noé Cortés Ramírez, Genaro Martínez Cortés, Humberto Flores López, Juan Mendoza Cortés, Alfredo Ramírez Hernández, Gumersindo Cortés López, Oscar García Mendoza, Tomás Flores Martínez, Anastacio Martínez Cortés, Reynel Cortés Ramírez, Gregorio Flores Ramírez y Antonino Martínez Cortés, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Carlos Yautepec, Oaxaca, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Y como antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad manifestaron lo siguiente: "Que el día veintiséis de noviembre del año en curso, siendo aproximadamente como a las ocho de la mañana a nuestros domicilios particulares llegaron personas que d0eron ser Policías Ministeriales con la intención de detenernos; como en esos momento no nos encontrábamos en nuestros domicilios porque a temprana hora salimos a nuestras labores cotidianas de campo, a nuestras familias les dejaron dicho que: "si en esta ocasión no nos encontraron, en cualquier momento lo harían y a decir de estos era en cumplimiento a una orden judicial sin mostrar tal documento...". Asimismo, señalan los quejosos que sus domicilios se encuentran bien conocidos en la agencia de policía de San Pablo Topiltepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Ahora, toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por los promoventes. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII.- EI amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en ue el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para ja que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; En correlación, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37.- Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: A) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. B) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. C) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Como se observa, en este supuesto, es necesario que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora de acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie el acto que reclama la parte quejosa, es la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Luego, como la orden verbal y/o escrita reclamada trata de ejecutarse en la zona urbana de la Agencia de Policía de San Pablo Topiltepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca, pues los quejosos indican tener allí su domicilio y refieren que al mismo se han presentado elementos de la Policía Municipal pretendiéndolos privar de su libertad en cumplimiento de la orden de aprehensión que reclaman; ante ello, es evidente que en la especie se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se refiere a la regla contenida en el primer párrafo, del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juez de Distrito competente para conocer del asunto es aquél que ejerza jurisdicción en el lugar donde trate de ejecutarse el acto reclamado en este caso la orden de aprehensión. Por tanto, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En tales circunstancias, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto; por lo que se ordena remitir la demanda de amparo y las copias que se anexan, al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, a quien se estima competente, para los efectos legales a que haya lugar; solicítese el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Apoya lo anterior, por las razones esenciales que la informan; la jurisprudencia 1a./J. 52/2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, visible a página 383, libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo Uno, Décima Época, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ,ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SENALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRÍPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SENALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Le de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, e/ juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Asimismo, la tesis aislada con número de registro 805490, de la Segunda Sala, materia común, visible a página 97, fuente informes, de la Séptima Época, cuyo texto es el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. AI instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar hasta su último extremo la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, e lugar en ue vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en é/ las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. EI artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. EI que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así también, por identidad jurídica, se invoca la tesis visible en la página ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación 217-228 Séptima Parte, Sala Auxiliar, Séptima Época, que dice: "COMPETENCÍA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDÍENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. EI que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. No se hace pronunciamiento respecto a la suspensión provisional o de oficio de los actos reclamados, por no tratarse el presente asunto de los previstos por el artículo 'l 5 de la ley reglamentaria de los artículos 4 03 y 107 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Ausencio Mafünez Cortés. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el art¡culo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, especificamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Se impone destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el articulo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco,folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que de una revisión efectuada al contenido de la promoción de cuenta, y anexos, no se advierte algún documento que aparentemente deba ser clasificado como confidencial o sobre el cual se deba tener un tratamiento especial; en consecuencia, se hace del conocimiento de la parte promovente, que en caso de considerar lo contrario tiene expedito su derecho para hacerlo saber expresamente a este órgano de control constitucional, a fin de que tome las medidas de resguardo correspondiente. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el articulo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide la parte quejosa, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que refiere, en razón que no justifica estar legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, lo mismo que en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este Juzgado. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno en relación al teléfono y correo electrónico que proporcionan, toda vez que las notificaciones en el juicio de amparo, se realizan de acuerdo a lo establecido en el capítulo correspondiente a las notificaciones de la Ley de Amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario Judicial para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el articulo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judícatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposicíón puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, Ías pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción N del artículo 13 de la Ley,' de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de /as demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimjrán jos datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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