Valentin Mancera Gómez
Expediente 156/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Valentin Mancera Medrano
- Valentin Mancera Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que obra en la caja de valores el billete de depósito ********************, que sirvió para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión derivado del presente juicio. Atento a lo anterior, en virtud de que ha transcurrido el término de dos años previsto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, sin que el depositante ******************** haya acudido a recoger el aludido título; se declara la prescripción a favor del erario federal de la suma que ampara el mencionado billete de depósito. Se instruye al secretario para que, con transcripción de este proveído, de inmediato envíe dicho documento transferido al Tesorero de la Federación. Solicítese acuse de recibo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que negó el amparo -en el expediente principal-, y se concedió la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Billete a disposición De autos se desprende que desde el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se puso a disposición de la parte quejosa el billete de depósito ********************, valioso por la cantidad de cinco mil pesos, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, sin que haya acudido para su entrega. Por ende, hágase de su conocimiento que el referido billete está a disposición del depositante y, a partir de que surta efectos la notificación que se le hace de este auto, comenzará a computarse el plazo de dos años para que prescriba a favor de la Federación. Apercibido que en caso de no acudir a su recepción dentro de la temporalidad indicada a fin de que le sea entregado, como se dijo, se declarará de oficio la prescripción del detallado billete de depósito, ordenándose enviar a la Tesorería de la Federación para que su importe sea ingresado a favor del erario federal; ello con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Protocolo para su entrega. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación(https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y confirmar con anticipación su asistencia al número telefónico 461 191 0258; asimismo, deberá acudir en un horario de trece a quince horas, únicamente los días martes. Medidas que se adoptan de forma temporal, ante las restricciones generadas con motivo de la contingencia de salud, derivadas del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las trece horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados en auto de quince de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 156/2020, promovido por Valentín Mancera Gómez y Valentín Mancera Medrano; se encuentra en audiencia pública el maestro en derecho, Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido del maestro en derecho, Antonio Guiza Cabrera, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias relevantes de autos, entre las que destacan la demanda y los informes justificados de las autoridades responsables. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias relevantes de autos, y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Periodo probatorio. Seguidamente, se abre la etapa de pruebas, en la que el secretario da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como las que allegaron las autoridades responsables como justificación a sus informes de ley, y que obran por separado en tomos de pruebas. A lo que el juez acuerda: Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales exhibidas por las partes precisadas con antelación. Con lo anterior se cierra la etapa probatoria. Etapa de alegatos. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la se hace da cuenta con la promoción registrada con el número 4842, mediante el cual, la parte quejosa formula alegatos. Téngasele formulándolos, sin perjuicio de que podrán ser, en su caso, tomados en consideración al resolver; con lo que se cierra esta etapa, y se da por concluida la presente audiencia. Luego al no tener diligencias pendientes de desahogar, ni promociones por acordar, enseguida se dicta sentencia. V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 156/2020, promovido por *** y ****; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, **** y ****, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como del actuario de su adscripción, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. En acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte se admitió, solicitó informe justificado a las autoridades responsables y otorgó legal intervención al fiscal adscrito (foja 6). TERCERO. Mediante auto de diecisiete del mismo mes y año (foja 79), se mandó emplazar a la parte tercera interesada, *****, por conducto de la autoridad responsable. En diverso de veinte de agosto de dos mil veinte se tuvo a la responsable, remitiendo las constancias del llamamiento y se tuvo como tal, al citado (foja 99). CUARTO. El veintidós de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se negó la protección federal. QUINTO. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosexto Circuito. En resolución dictada en el amparo en revisión laboral 36/2020, ordenó reponer "el procedimiento para que se les notifique personalmente a los quejosos los informes justificados y se les requiera para que manifiesten si es su deseo ampliar su demanda de amparo." SEXTO. En cumplimiento de lo mandado por la superioridad, se formuló la prevención respectiva, sin que la parte quejosa haya ampliado la demanda, según se asentó en auto de trece de los corrientes. SÉPTIMO. Finalmente, al tenor del acta que antecede se verificó la audiencia constitucional; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado es de carácter positivo (emplazamiento a juicio laboral) y tuvo ejecución en la ciudad de Cortazar, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado. Al efecto, el quejoso señaló como tal: "De la junta de conciliación y arbitraje de la ciudad de Celaya, reclamo el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el expediente laboral número *****, radicado ante la junta de conciliación y arbitraje de la ciudad de Celaya, Gto. Del actuario adscrito a la junta de conciliación reclamo el ilegal emplazamiento y la ilegal notificación del laudo que recayó a dicho expediente, ya que se han notificado en un domicilio que no corresponde al de los suscritos, sino que corresponde a un establecimiento comercial de Bar, el cual es propiedad de una persona física diversa al de los suscritos." Bajo esa perspectiva, se tienen como actos reclamados: El ilegal emplazamiento practicado a los quejosos, en su calidad de demandados en el juicio ordinario laboral *****. A manera de consecuencia, todo lo actuado en el procedimiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende en lo que interesa: El tercero interesado, *****, demandó en la vía ordinaria laboral a los quejosos, el pago de diversas prestaciones de esa naturaleza, con motivo del despido injustificado de que dice que fue objeto (fojas 14-18). Una vez radicada la demanda, la Junta mandó emplazar a los quejosos en el "lugar conocido como ****" (foja 38). Los días ocho y nueve de julio de dos mil diecinueve, previo citatorio que se dejó con un tercero, se les emplazó mediante cédula (fojas 39-48). Éstos son los actos reclamados en forma destacada. Seguido el juicio por su cauce legal, el veintitrés de enero de dos mil veinte se dictó el laudo condenatorio en contra de los quejosos (foja 68), sin que obre constancia de su ejecución. QUINTO. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación. A la letra, los quejosos expusieron: "ÚNICO CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Causa agravio y menoscaba mi esfera jurídica el acto que aquí se reclama, ya que vulnera lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Federal, prevé entre otras cosas, que la sentencia que se dicte en un juicio civil será conforme a la letra de la ley, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo párrafo de la máxima constitucional regula lo siguiente: Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El actuar de las autoridades responsables quebranta el dispositivo invocado, ya que a los suscritos no se les ha emplazado a juicio; sin embargo, de conformidad con la cédula de notificación de fecha 04 de febrero de 2020 se desprende que existe un laudo laboral que afecta nuestros derechos. Toda vez que no hemos sido emplazados a juicio, solicitamos la protección y amparo de la justicia federal." Como puede advertirse, los quejosos se limitaron a formular afirmaciones dogmáticas, en torno a la vulneración al artículo 14 constitucional; sin precisar por qué. Al respecto, es menester explicar que el emplazamiento se rige por disposiciones normativas previstas en la Ley Federal del Trabajo; de tal forma que se trata de normas que contienen a su vez porciones normativas que pudieron ser vulneradas en lo particular de forma directa para, a su vez, atentar indirectamente contra el derecho fundamental consagrado en el artículo en mención. Estimar que basta enunciar el artículo, para considerarlo causa de pedir, se traduce necesariamente en una revisión oficiosa de todas y cada uno de las particularidades del acto reclamado. Ello, contraviene el estricto derecho en los conceptos de violación a que se refiere la Ley de Amparo, cuando en su artículo 79 regula los supuestos de la deficiencia de la queja y, tácitamente, excluye al patrón-quejoso. Por ello, no se advierte elemento alguno en su dicho, que permita contrastarse en lo particular o individualizarse como causa de pedir, con las conductas tildadas de inconstitucionales; se insiste, se está ante una afirmación dogmática imposible de ser analizada jurídicamente. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 81/2002, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 61, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." También orienta la jurisprudencia I.4o.A. J/48, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2121, tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil siete que, a la letra, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." No es óbice su manifestación en el sentido de que no fueron llamados a juicio pues, como se vio, su reclamo es respecto del "ilegal emplazamiento"; máxime que, como se desprende de los antecedentes narrados, sí fueron practicados. De ahí que la mera afirmación dogmática, también se torna inoperante. Tampoco pasan inadvertidos los alegatos presentados y acordados en la audiencia constitucional que, a la letra, dicen: "En mi escrito de garantías reclame De la junta de conciliación y arbitraje de la ciudad de Celaya reclamo El ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el expediente laboral número *****, radicado ante la junta de conciliación y arbitraje de la ciudad de Celaya, Gto. De las instrumentales que la responsable agregó a juicio constitucional se desprende que se trató de emplazarme en diversos domicilios y al final se me emplazó ilegalmente en el ubicado en paseo ****. El emplazamiento realizado por personal de la junta de conciliación y arbitraje es inconstitucional ya que no se realizó un cercioramiento exhaustivo de que dicho lugar fuera mi domicilio, amén de que el actuario asentó que se cercioró con una persona que no se identificó y de la cual sus características son muy imprecisas. Obra en el juicio las manifestaciones y documentales que aporta el ciudadano *****, quien manifiesta ante la responsable que dicho domicilio corresponde a un domicilio de su propiedad y exhibe copia de licencia de alcoholes y recibo de Telmex y manifiesta expresamente que los aquí quejosos no tenemos ninguna relación jurídica en dicho establecimiento comercial. Con las documentales que agrego la responsable con su informe justificado se acredita que existe un ilegal emplazamiento motivo por el cual deberá de amparárseme." Sus manifestaciones se corresponden con una eventual causa de pedir; sin embargo, no pueden ser analizadas, sin vulnerar el principio de estricto derecho que rige este juicio, así como los plazos previstos en la Ley de Amparo. Lo anterior, en la medida en que si los quejosos se ostentaron terceros extraños al procedimiento y, de constancias se desprende que fueron notificados del contenido del informe justificado, en los términos en los que se ordenó en la ejecutoria que mandó reponer el procedimiento, es inconcuso que no solo estuvieron en posibilidad de presentar formalmente un escrito de ampliación de demanda, en lo que corresponde a los conceptos de violación, sino que debieron hacerlo dentro de los quince días a que se refieren los artículos 111 y 17 de la Ley de Amparo, sin que haya ocurrido. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 53, tomo I, página 10, abril de dos mil dieciocho, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Es importante destacar que, si bien es cierto, en el nuevo marco de los derechos fundamentales motivado con la reforma constitucional de junio de dos mil once, se flexibiliza el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, acorde inclusive con la jurisprudencia internacional vinculatoria de la Corte Interamericana en materia protectora de los derechos humanos; también lo es, que el juicio de amparo sigue constituyendo un medio extraordinario de defensa que no puede erigirse como una tercera instancia, lo que imposibilita a hacer pronunciamiento sobre violaciones indirectas a la constitución (legalidad) de cuestiones no controvertidas. Además, no debe pasar inadvertido que las reglas alusivas a los mecanismos de impugnación, también son una garantía protectora del derecho humano a la igualdad que debe regir entre las partes, en el entendido de que en todo proceso existen dos o más contendientes a los que debe respetarse su oportunidad de controvertir lo resuelto en igualdad de condiciones; en esa medida, dejar de lado las inoperancias aduciendo vulneración a prerrogativas fundamentales, podría generar un desequilibrio entre las partes que, a la postre, vulneraría esa igualdad que se predica como principio toral del sistema de derechos humanos. En suma, ante lo inoperante de los conceptos de violación, se impone negar la protección federal; en el entendido de que el sentido del fallo se hace extensivo al resto de los actos que fueron reclamados, en tanto que no se les atribuyeron vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **** y *****, en contra de los actos precisados en el considerando segundo, por las razones indicadas en el último.
- Principal
Efectivo apercibimiento. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que se concedió a la parte quejosa, en proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara si desea señalar ampliar su demanda de amparo acorde a lo mandado por Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, sin que haya hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se continúa el juicio únicamente por los actos y autoridades señaladas en su demanda de amparo.
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