Valentín Franco Flores

Expediente 243/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
243/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Valentín Franco Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha providencia ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; del análisis de las constancias procesales del sumario, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Acorde con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, del invocado ordenamiento legal, se precisa que el quejoso ******: i) El proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado por el juez responsable en la causa penal ****que se instruye al ahora quejoso -por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en agravio de la persona menor de edad identificada con iniciales C.G.C.Y.; así como por el hecho que la ley define como homicidio calificado en grado de tentativa y daños, ambos en agravio de *****-, a través del cual radicó dicho asunto en la etapa de juicio y, entre otras cuestiones, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral, las doce horas del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Este acto se reclama a la siguiente autoridad: 1. Juez Unitario del Tribunal de Juicio Oral de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro. Al respecto, este juzgado federal considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que no se agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado. Para corroborar lo anterior, es necesario destacar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". En tal precepto legal se reconoce el principio de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En la especie, la parte quejosa reclama el auto dictado el siete de abril de dos mil veintiuno, por el juez designado como Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede en Acámbaro, en la causa penal ******, en la que se fijaron las doce horas del catorce de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de juicio oral en procedimiento ordinario. De igual forma, es necesario destacar que en la causa penal de origen se instruye al hoy quejoso ******, por los hechos que la ley señala como delito de homicidio en calificado en agravio de la persona menor de edad identificada con iniciales C.G.C.Y.; así como por homicidio calificado en grado de tentativa y daños, ambos en agravio de *****. Bajo este panorama, el peticionario no está relevado de agotar el recurso ordinario pertinente e idóneo, lo que en el caso se traduce en la obligación de interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación es uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Además, de dicho dispositivo legal se advierten dos requisitos en cuanto a su procedencia, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. De lo anterior, se evidencia que el medio de impugnación idóneo para que el quejoso esté en aptitud de combatir el acto que ahora reclama es el recurso de revocación. Ello es así, pues el auto que ahora se combate cumple con los requisitos de procedencia antes señalados, se explica. Por lo que respecta al primer requisito, se cumple debido a que el proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, lo dictó el juez designada como Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Acámbaro, dentro de la causa penal ***** (la cual se encuentra en la etapa de juicio oral), en donde fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio; de ahí que, el auto reclamado se emitió dentro de una etapa del procedimiento penal. Por lo que ve al segundo requisito, este se cumple en virtud de que se está en presencia de una resolución de mero trámite, pues en el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable radicó la causa penal en la etapa de juicio oral y, sin mayor substanciación, señaló las doce horas del catorce de octubre de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de juicio oral, para lo cual ordenó la notificación de las partes. De ahí que su actuación se constriñó a recibir las constancias, radicar el expediente que le turnaron y señalar fecha y hora para la celebración de tal audiencia. Por tanto, sí se cubren los requisitos de procedencia que establece el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, este juzgador federal considera que el auto reclamado en esta instancia constitucional debió impugnarse, previo a la promoción del juicio de amparo, a través del recurso de revocación, en el cual se demostrara, en su caso, su ilegalidad. Por tanto, es necesario que el quejoso impugne la legalidad del auto de siete de abril de dos mil veintiuno a través del medio ordinario de defensa -revocación-, previo a la promoción del juicio de amparo; tanto más, que no se encuentra en los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño a procedimiento, porque el quejoso es parte en la causa penal de origen. IV. Además, la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal no es insuficiente para determinarlo, pues se observa que el texto legal que prevé el recurso de revocación no es confuso y tampoco permite razonablemente distintas interpretaciones, ni utiliza términos ambiguos o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. Por las razones expuestas, se concluye que el quejoso no agotó el principio de definitividad antes de acudir a solicitar la protección de la justicia federal; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las trece horas con cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el catorce de mayo del año en curso, se agregó al sumario el informe justificado rendido por la autoridad responsable juez Unitario del Tribunal de Juicio Oral de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede de Acámbaro, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días, previsto en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las trece horas con cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio electrónico (registro 3723), que firma el encargado de sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de veintisiete de abril pasado, pues al efecto remite las constancias de emplazamiento de los terceros interesados agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado -causa penal ***- así como de ****, **** y ****-ofendidos en la causa penal subyacente-. Diligencias de emplazamiento que se efectuaron, por su orden, el doce de mayo del año actual, a la representación social y el ocho del presente mes y año, a los ofendidos de referencia. Se tienen por emplazados al presente asunto a los terceros interesados de referencia; por tanto, se deja insubsistente el apercibimiento legal decretado en el auto de veintisiete de abril pasado al juez de control responsable. Con respecto a la manifestación que realiza la tercera interesada ***** en la diligencia de emplazamiento al presente asunto, por cuanto a señalar como domicilio para recibir notificaciones de índole personal la línea telefónica 442-581-3865, dígasele que no procede tenerle dicho medio para tal efecto, dado que esa figura no se encuentra regulada en la normatividad que rige el juicio de amparo; no obstante, se tiene proporcionado ese número telefónico a través del cual, de estimarlo pertinente, se puede establecer comunicación con esa parte. Así también, intégrese al sumario el oficio electrónico (registro 3724), que firma el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios Región "C", con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en tal misiva de cuenta. Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se tiene a la representación social de referencia proporcionando el correo electrónico y la línea telefónica a través de los cuales se puede establecer comunicación con esa parte.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano