Valentín Celestino Olivares
Expediente 905/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/09/2022
Partes del expediente
- Valentín Celestino Olivares
- Juez Penal de Primera lnstancia del Distrito Judicial De Ixtlahuaca, México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta elaborada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 29171/2022 (con anexo) de este índice, por las razones ahí expuestas. Atento a lo anterior, toda vez que, de conformidad con la circular 56/2022, a partir del uno de septiembre pasado, se determinó la competencia del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para continuar conociendo de los asuntos en trámite en materia penal del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México (autoridad responsable en este juicio de amparo), en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase el comunicado y anexo referidos en el párrafo precedente, al Juzgado citado en primer término, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), del referido numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 el mencionado Acuerdo. d) Devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado ese proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Por otro lado, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Jueza Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, solicita se le informe si las partes interpusieron recurso de inconformidad contra el auto en el que se tuvo por cumplida la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, comuníquese a la autoridad responsable, lo determinado en parrados precedentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual *****, defensor de *****, solicita que se le notifique a la autoridad responsable Jueza Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, el auto de veintiuno de junio del año en curso, en el que se declara el cumplimiento de la ejecución de la sentencia dictada en este juicio de amparo. Atento a lo anterior, dada las manifestaciones del ocursante, remítase oficio a la referida autoridad responsable, al que se adjunte copia del auto de veintiuno de junio del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mesa lV. Toluca, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de nueve de mayo del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, plazo en el cual, ****, defensor del quejoso **** presentó escrito respectivo, en el que refiere que no fue cumplida la ejecutoria de amparo. En ese sentido, ténganse por hechas las manifestaciones de la parte quejosa; asimismo, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "El auto de formal prisión dictado, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 192/2005, en contra del quejoso ****." Previa substanciación del juicio de amparo, el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: "1) Deje insubsistente el auto de plazo constitucional dictado el seis de septiembre de dos mil veintiuno; y, 2) Dentro del plazo constitucional que le restaba para resolver la situación jurídica del ahora quejoso, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales de motivación que fueron precisados en el cuerpo del presente Considerando, emita una nueva resolución en la que determine la situación jurídica del quejoso; la cual podrá ser en el sentido de la reclamada o en sentido diverso. Cabe precisar que no es motivo de esta concesión, el sentido en que resuelva la Jueza responsable, quien al hacerlo en el sentido que así estime, será con libertad de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad." El veinticinco de abril de del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el nueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 451, remitido por la Jueza Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, mediante el cual informó que dejó sin efectos el auto de formal prisión emitido en la causa penal 192/2005 de seis de septiembre de dos mil veintiuno y remitió copia certificada del auto de formal prisión en la misma fecha; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente el auto de plazo constitucional dictado el seis de septiembre de dos mil veintiuno; y, dentro del plazo constitucional con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que determinó la situación jurídica del quejoso. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Por otro lado, no se soslaya que ****, defensor del quejoso ****, mediante el escrito recibido en auto de dieciocho de mayo del año en curso, refirió que la ejecutoria no fue cumplida, dado que si bien dejó insubsistente el auto constitucional de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y en su lugar dictó uno nuevo, esta resolución fue realizada de forma incorrecta, pues refirió que a lo que se avocó la responsable lo fue a señalar las pruebas a las que se les concedió valor probatorio, más nunca señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas. Ello lo sostiene así, en el hecho de que al presentar su declaración preparatoria su defendido, de constancias se advertía que hubo un presunto coacusado con una sentencia absolutoria, por lo que la responsable debió de expresar de manera lógica las operaciones que empleó para valorar el material probatorio expuesto por la representación social, con el cual determinó que se acreditaron los elementos del delito imputado al quejoso, pues la agravante prevista en artículo 217 fracción primera del Código Penal del Estado de México estaba desvirtuada, en razón de la sentencia absolutoria dictada en el juicio a uno de los presuntos coparticipes, aunado a que la responsable jamás tomó en cuenta que la representación social nunca ejercitó acción penal de un sujeto de nombre "Oscar", por lo que no existe delito que perseguir en contra de su defendido. Asimismo, manifiesta que la responsable soslayó pronunciarse sobre las pruebas desahogadas dentro del término constitucional, principalmente la ampliación de la declaración de la ofendida por parte de la defensa, pues en la respuesta que diera a la pregunta 3 formulada contestó "porque no corría peligro, iba a platicar con él, no salí amenazada, por eso no pedí auxilio"; asimismo, al contestar la pregunta 5, manifestó "ahí no hizo nada por que le estaban apuntando con una pistola, y si hacia algo la mataban"; precisando que de esa probanza se desprende que la ofendida, el día de los hechos, salió de manera voluntaria del lugar acompañada de ****ya que iban a platicar voluntariamente y sin presión alguna, pues así lo manifestó la denunciante. Es por ello que concluye que, a pesar de uno de los lineamientos que solicitó este Juzgado de Distrito, lo fue que concatenara la participación del quejoso en el ilícito previsto y sancionado en el artículo 274 fracción primera el Código para el Estado de México (sic), de constancias se desprende que no existe tal ilícito, en cuanto a su hipótesis, pues al darse una sentencia absolutoria de un supuesto partícipe, la declaración de la ofendida resulta increíble, pues aún más la representación social no ejercitó acción penal por otra persona que según su declaración de la ofendida participó con el nombre de "***", sin que la responsable analizara en forma adecuada esta circunstancia. En ese sentido, no ha lugar a acordar de conformidad su petición del ocursante, dado que dichas manifestaciones son apreciaciones subjetivas; aunado a que las mismas se encuentran encaminadas a cuestiones meramente procesales, con las cuales pretende que la autoridad responsable dicte una sentencia absolutoria a favor del aquí quejoso, ello en razón a la sentencia absolutoria dictada a favor de diversa persona que fue copartícipe en los hechos acaecidos. Por tanto, dígasele al ocursante que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes, en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, dictada en el presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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