Uriel Lara Franco
Expediente 835/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2021
Partes del expediente
- Uriel Lara Franco
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, remite el escrito presentado por el quejoso ** al considerar se trata de una nueva demanda de amparo. En consecuencia, fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 835/2021-VI. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión del quejoso está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: El oficio 208C0101113200T-07493/2021, de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Director del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", a través del cual, solicita al quejoso un certificado negativo de prueba Covid-19, para poder ser valorado por el médico especialista en gastroenterología. Así las cosas, con fundamento en los artículos 125, 126 y 147, todos de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano el acto reclamado, para el efecto de que se le otorgue la atención médica que en su caso requiera el quejoso Uriel Lara Franco, en la especialidad de gastroenterología, acorde a los padecimientos que presente y al expediente clínico del mismo; lo anterior, a efecto de salvaguardar su vida e integridad física del agraviado; en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la salud del agraviado. Además, dado que en la actualidad nos encontramos frente a una crisis sanitaria con motivo de la enfermedad generada por el virus SARS-COVI2 (COVID-19), las autoridades responsables deberán atender las estrategias necesarias al momento de proporcionar la atención médica al quejoso, a efecto de evitar la propagación del mismo, de acuerdo con los diversos acuerdos emitidos por el Gobierno Federal y la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que si bien, la atención médica no encuadra de manera expresa dentro de los supuestos que al efecto contempla el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos cierto es, que al tratarse de una urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete a la parte quejosa a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, se considera que los actos aquí reclamados son materia de suspensión de plano. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: "Artículo 4o. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. [.]" Dicha prerrogativa fundamental, también se encuentra contenida en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 25, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.1, en los cuales se indica que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que asegure su salud y que el Estado reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2009, sostuvo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana va más allá en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo; es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental relativo a la integridad físico-psicológica, derivando de ello la tesis de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL.". Incluso, el propio Tribunal Pleno, en el amparo en revisión 315/2010, estableció que la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización, tal y como lo expuso en la tesis P. XVI/2011., visible en la página 29, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Hágaseles saber a las responsables que la violación a estas medidas suspensionales, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en el Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. La determinación antes descrita, encuentra sustento en el hecho de que el Juzgador Federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por la parte promovente y los resultados dañinos temidos por ésta, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, como en el caso acontece. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda, así como de la presente determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos, en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las quince horas con cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en dicha audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha señalada, sin perjuicio de que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, dadas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en el presente juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx., o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Asimismo, dado que del escrito que se provee no se advierte domicilio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, obra el domicilio particular del directo quejoso, se tiene éste para tales efectos, en la inteligencia que podrá nombrar uno diverso en cualquier momento. Luego, tocante a las pruebas que ofrece el promovente, consistentes en: La instrumental de actuaciones del expediente principal en que se actúa, y presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que favorezca a los intereses del quejoso, relativo al informe justificado bajo el número de oficio 208C0101113200T-07494/2021 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, de la autoridad responsable (Director del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos" de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México) que obra en autos del expediente principal en la que incluye en sus pruebas y/o anexos el acto reclamado de la presente ampliación. La documental privada, consistente en el acuse de recibo de la autoridad responsable de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, con sus anexos y/o pruebas, referente a la petición de proporcionar atención médica al suscrito en forma gratuita, la cual se anexó como adjunto A, a la demanda inicial motivo del presente asunto en formato digital y la cual fue admitida por auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Dado que las mismas constituyen constancias que obran dentro del expediente 773/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se reserva acordar lo conducente con relación a su admisión hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable; sin perjuicio de que la parte promovente, pueda exhibirlos dentro de los plazos señalados en la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual, así como enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Para efecto de notificar a las autoridades responsables del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique los oficios derivados de la presente determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcione, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio), y las restantes se les notificarán por medio de lista electrónica, salvo que proporcione el usuario referido en párrafos precedentes o su habilitación por interconexión; en el entendido que dicha circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país, por lo que subsistirá a la par de la misma, es decir, una vez que se levante el estado de contingencia se reanudarán las notificaciones por los medios tradicionales que contempla la Ley de Amparo; además, se les requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación, brinden un correo electrónico al que, en su caso, se le puedan hacer llegar las notificaciones mediante oficio que por dicho medio se ordenen.
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