Valentin Camacho Horta
Expediente 1037/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Valentin Camacho Horta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa, y remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja laboral 261/2022; por tanto, hágase saber a las partes que dicho tribunal de alzada en la ejecutoria de que se trata, dictó el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ****, en contra del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 1037/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, a través del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso*****, por conducto de su apoderado legal *****, contra el acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, emitido en el juicio de amparo en que se actúa, habiéndose registrado como recurso de queja laboral 261/2022; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Principal 384/2020-IV CUENTA. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 18206. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias que integran este sumario; atento a su contenido y como lo solicita remítase copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de apoderado legal de ****, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada del proveído de cinco de marzo de dos mil nueve, emitido en el juicio laboral 380/2009, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro electrónico de registro de juicios de amparos con el número 1037/2022- III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el artículo 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo toda norma general, acto u omisión de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el Juez de Distrito el juicio biinstancial, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía indirecta. En el segundo precepto legal transcrito, la Ley de Amparo establece que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se muestra, para otorgar mayor seguridad jurídica a los gobernados en la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, el legislador proporcionó una fórmula legal, según la cual para que los actos puedan ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasen lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, registro digital 2006589, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, etcétera. Así, de no demostrarse ninguno de los supuestos contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de actos dentro del juicio será improcedente. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1 y 2.- H. PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE y PRESIDENTE EJECUTOR DE LA PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ambos con domicilio en J.R. Cabrillo sin número (Edificio 22 de agosto), Fraccionamiento Hornos de la Ciudad de Acapulco, Guerrero. 3.- JUEZ SEPTUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio en Avenida Niños Héroes, número 132, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06720 de la Ciudad de México o el que le corresponda a la fecha de su notificación. 4.- DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio en Calzada Manuel Villalongín número 15, Colonia Renacimiento, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06500 de la Ciudad de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- De la H. PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE y PRESIDENTE EJECUTOR DE LA PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, reclamo el contenido del acuerdo de fecha 21 de septiembre del 2022, dictado en el expediente laboral 380/2009. b).- Del JUEZ SEPTUAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, reclamo el contenido del acuerdo de fecha 18 de noviembre del 2014, de la comparecencia de fecha 1 de diciembre del 2014 y del acuerdo de fecha 3 de diciembre del 2014, dictados en el expediente número 1024/2013 del índice del Libro de Gobierno del Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México. c).- De la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, reclamo la ejecución que pudieran realizar respecto del contenido de los actos reclamados en el inciso b)." Por otra parte, al narrar lo antecedentes de los actos reclamados, literalmente manifestó: "VI. ANTECEDENTES: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, son los relativos a que mediante escrito de fecha 4 de marzo del 2009, el quejoso VALENTÍN CAMACHO HORTA, hizo valer demanda ordinaria laboral en contra de los terceros interesados TRANSPORTES LUNA, S.A. DE C.V., JULIO CÉSAR LUNA FULGENCIO, CÉSAR ALFONSO LUNA CARRILLO Y MARÍA DEL CARMEN CARRILLO BARAJAS, la cual se radicó bajo el número 380/2009. Se siguió la secuela procesal en todas y cada una de sus partes y el día 5 de marzo del 2015, se dictó laudo condenatorio, mismo que causó ejecutoria y se ordenó la apertura del correspondiente incidente de liquidación. Desahogado que fue el incidente de liquidación referido, se dictó auto de ejecución de fecha 7 de abril del 2017. El día 3 de julio del 2017, se celebró la diligencia de requerimiento de pago y embargo, en la que se trabó embargo respecto del inmueble propiedad de MARÍA DEL CARMEN CARRILLO BARAJAS, el cual se encuentra inscrito en el folio real 830491-28 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, mismo que fue inscrito en el referido Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México el día 11 de septiembre del 2017, previo a su número de entrada P-503547/2017 de fecha 10 de agosto del 2017. Es el caso que el día 13 de octubre del 2022, me fue notificado el acuerdo de fecha 21 de septiembre d del 2022, dictado en el expediente laboral 380/2009 del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia oficial en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual se admite al trámite la tercería excluyente de dominio propuesta por los terceros interesados MIGUEL PÉREZ ROJANO y GUADALUPE PAREDES GARCÍA, que refieren ser los actuales propietarios del bien inmueble embargado ya que aluden que supuestamente lo recibieron en dación de pago por parte de los también terceros interesados JULIO CÉSAR LUNA FULGENCIO, CÉSAR ALFONSO LUNA CARRILLO Y MARÍA DEL CARMEN CARRILLO BARAJAS, dentro del expediente número 1024/2013 del Índice del Libro de Gobierno del Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, razón por la que me veo precisado a demandar el amparo y protección de la justicia federal. Deben de descontarse como inhábiles los días 14, 17 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del 2022, por no haber laborado las autoridades responsables H. PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE y PRESIDENTE EJECUTOR DE LA PRIMERA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." De lo antes transcrito, y de lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se desprende que el quejoso Valentín Camacho Horta, figura como actor en el juicio laboral 380/2009, del índice de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, promovido en contra de Transportes Luna, Sociedad Anónima de Capital Variable, Julio César Luna Fulgencio, César Alfonso Luna Carrillo y María del Carmen Carrillo Barajas, en el que el cinco de marzo de dos mil cinco, se dictó laudo condenatorio, y una vez que quedó firme, se tramitó el incidente de liquidación. Que el siete de abril de dos mil diecisiete, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, y en la diligencia de tres de julio siguiente, se trabó embargo sobre el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, con el folio real 830491-28, propiedad de la demandada María del Carmen Carrillo Barajas. En el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la tercería excluyente de dominio promovida por Miguel Pérez Rojano y Guadalupe Paredes García, en la que alegan ser los actuales propietarios del inmueble embargado en el juicio natural, en virtud de que en auto de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1024/2013, del índice del Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por los terceristas en contra de Julio César Luna Fulgencio, César Alfonso Luna Carrillo y María del Carmen Carrillo Barajas, se tuvo por denunciado el convenio celebrado entre las partes, en el que se les dio en pago el aludido bien. Convenio que fue ratificado en la comparecencia de uno de diciembre de dos mil catorce y aprobado en el acuerdo de tres de diciembre de dicha anualidad. Y en ese orden de ideas, dichos acuerdos de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dieciocho de noviembre y tres de diciembre de dos mil catorce, así como la comparecencia uno de diciembre de dos mil catorce, constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. Pues bien, atento a los antecedentes del caso relatados con anterioridad, se advierte que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se insiste, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el procedimiento de origen, lo que en la especie no acontece. En efecto, los actos reclamados no llevan en sí mismos una ejecución de imposible reparación, porque no afectan materialmente, ni de forma directa e inmediata, algún derecho sustantivo, pues en todo caso, sus efectos desaparecerán si el quejoso obtiene una resolución favorable en la tercería excluyente de dominio. En efecto, el quejoso puede intervenir en la tercería excluyente de dominio, haciendo valer los argumentos que estime pertinentes, con los cuales puede verse favorecido al dictarse la determinación que la resuelva y, en caso contrario, podrá combatirlos en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la tesis I.6o.T.50 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro electrónico 162269, de rubro y contenido siguientes: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE A TRÁMITE, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra los actos dictados dentro de juicio que tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos de imposible reparación, aquellos que lesionan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la constitución, tales como la libertad y la propiedad; también ha sostenido que para analizar en amparo indirecto la transgresión a un derecho procesal es menester que esa violación se dé en grado predominante o superior, tornándose de ejecución irreparable cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento. En este contexto, el auto que admite a trámite una tercería excluyente de preferencia no es un acto de imposible reparación, puesto que, con la sola admisión de la tercería no se priva a la parte inconforme de algún derecho sustantivo, en la medida que no se está definiendo el asunto, y tampoco constituye un acto procesal que la afecte en grado predominante o superior, en razón de que, al darse entrada a la tercería, el quejoso puede intervenir en ella, haciendo valer los argumentos que estime pertinentes, los cuales pueden verse favorecidos al dictarse la determinación que la resuelva y, en caso contrario, podrán repararse en el amparo directo que se promueva en su contra. En consecuencia, es improcedente el amparo indirecto enderezado contra el auto que admite a trámite una tercería excluyente de preferencia, de acuerdo con la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario." Acorde a lo vertido con antelación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ernesto Almonte Borja, en su carácter de apoderado legal de Valentín Camacho Horta, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, el que indica en la demanda, y dada la naturaleza del acto, como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramón Almonte Borja, Enrique Ibarra Ruiz, Sergio Toscano Noriega, Noé Narváez Magaña, Santiago Ibarra Ruiz, Homero Torres Cortés, Nancy Palmira Almonte Mejía, José Ignacio Jara Pineda, José Manuel Mejía Abundis, Juan Ramsés Marín Guzmán, Luis Pérez López, Pedro Antonio Villanueva Escobar, Luis Donaldo Almonte Mejía, Horacio Torres Cortés y Ramón Almonte Mejía. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se comunica a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Y que de conformidad con lo establecido en éste, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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