VALENTíN CAMACHO HERNÁNDEZ

Expediente 599/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
599/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • VALENTíN CAMACHO HERNÁNDEZ

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE INDICA: "se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por las partes; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Por lo tanto, para que puedan recoger los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberán de generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dejando en su lugar la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente."

  2. Principal

    se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por las partes; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes????????????Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Por lo tanto, para que puedan recoger los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberán de generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dejando en su lugar la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, Guerrero, con sede en la Unión; y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado con el número 599/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y fórmese expediente, sin que ello tenga como consecuencia directa admitir la demanda a trámite, toda vez que, como se aprecia de su lectura, la misma deviene improcedente. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ilustra la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese tenor, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Conviene señalar que es reclamable a través del juicio de amparo toda norma general, acto u omisión de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el Juez de Distrito el juicio de amparo indirecto, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía biinstancial. Luego, hay que recordar que en el particular, la parte quejosa reclama la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 04/2001, a través de la cual, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, Guerrero, se declaró incompetente para conocer del incidente de libertad anticipada promovido por el aquí quejoso en el citado proceso penal; y a su vez, ordenó remitir el asunto a un Juez de Ejecución de Penas con sede en este puerto de Acapulco. En ese sentido, de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador incluyó supuestos de procedencia del juicio de amparo que antes no se encontraban reconocidos expresamente en la ley, estableciendo que procede, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia. La incompetencia por declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces, continuará conociendo del asunto. En esa tesitura, de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental, puesto que aún se desconoce si el Juez de Ejecución de Penas de esta ciudad, aceptará o no la competencia propuesta a su favor; por ende, a tal resolución, no le reviste el carácter de definitiva, pues será aquella en la que se asuma la competencia planteada, la que en su caso, afecte la esfera de derechos del quejoso. Ello es así, pues de esta manera lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P.J.29/2015 (10a), Materia Común, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, en la que dispuso que términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, es decir deben entenderse referidos a aquellos actos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Bajo esa premisa, si el acto combatido aún no tiene la connotación de definitivo, resulta improcedente su análisis a través del juicio de amparo; por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA promovida por Valentín Camacho Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, Guerrero, con sede en la Unión; y otras autoridades, con fundamento en lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo. Ilustra lo expuesto, la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso." Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su demanda, y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cristian Galvez Tolentino, Gustavo Casimiro Flores y Carlos Mejía Ibañez, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a María del Carmen Espinoza Santana, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 08.43-3876/2020, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de diversas constancias relativas al desahogo de la prueba pericial del perito tercero en discordia en materias de caligrafía y grafoscopía, en el expediente laboral 399/2014 de su índice, de la cual se aprecia que en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, en el que señaló las once horas del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, para el desahogo de la video audiencia vía internet para el enlace en tiempo real con la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para la ratificación del dictamen presentado por el experto. En consecuencia, se ordena glosar a los autos el oficio de cuenta y anexos para que surtan los efectos legales conducentes y téngase a la autoridad atendiendo el requerimiento formulado en proveído de catorce de octubre pasado, informando las gestiones realizadas para acatar el fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta lo informado por la autoridad oficiante, así como que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público y que es de interés general velar porque se cumplan de manera pronta, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES siguiente a partir de la notificación de este proveído ajuste su actuar al artículo 17 Constitucional, en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedita y la fecha señalada para el desahogo de la ratificación del dictamen pericial del perito tercero en discordia en materias de caligrafía y grafoscopía, en el expediente laboral 399/2014 de su índice se encuentra muy alejada; es decir, fuera de lo previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que en lo que aquí interesa precisa que el desahogo de las pruebas debe ser dentro del término de quince días. Asimismo deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite que ya fue desahogada la diversa prueba del cotejo y remisión del paraprocesal 17/2014, relativo a la documental número tres, ofrecida por la parte demandada que fue admitida en auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el citado expediente laboral de origen de su índice. En el entendido que de no hacerlo, así en el plazo indicado, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, notificado mediante oficio 24695/2019, el veintisiete siguiente. Notifíquese.

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