Valente Ostos Santos

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Valente Ostos Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de veintinueve de mayo del presente año, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Valente Ostos Santos. En atención a lo anterior, de autos se advierte que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción, una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a ***, quejoso en el presente asunto, por el que desahoga el requerimiento formulado en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Por lo anterior se acuerda: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en el siguiente: Acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente administrativo 244/2019, del índice de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, en el que solicitó se agregara dentro del citado expediente los cuadernos de amparo 113/2019 y 245/2020. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa premisa, se considera que la determinación impugnada (acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente administrativo 244/2019, del índice de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, en el que solicitó se agregara dentro del citado expediente los cuadernos de amparo 113/2019 y 245/2020), no es un acto de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la inconforme. En efecto, el acto reclamado no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la promovente del amparo obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclama. Asimismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, es factible de impugnarse como violación procedimental a través de diverso medio de defensa que, en su caso, pueda promover contra la sentencia de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. En relación a lo previo, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Partiendo de ello, adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. En efecto, tomando en consideración que el acuerdo reclamado deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que se suspendió la audiencia inicial el veinte de abril del año en curso a las diez horas, debido a que existieron peticiones por parte del hoy quejoso y su defensor particular, entre ellas relativas a que se acordara un escrito presentado en la misma fecha donde solicitaban se agregara en los autos del expediente administrativo los cuadernos de amparo 13/2019 y 245/2020; de ahí que, válidamente se sostenga que aquel no es de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del inconforme, por ende, no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, por lo que se concluye que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, pues como se dijo, el acto reclamado sólo constituye, en su caso, una infracción procesal que puede ser reparada en favor del inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo. Así mismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, previa la preparación legal necesaria y después de agotar los recursos ordinarios conducentes, es factible de impugnarse como violación a través del amparo directo que interponga contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen, en términos del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En sustento de lo previo, se cita el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, noviembre de 1994, página 513, cuyo contenido dispone: "PRUEBAS. LA NEGATIVA A ADMITIRLAS ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si el acto reclamado en la demanda de garantías se hace consistir en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto que negó la admisión de una prueba ofrecida por el quejoso, es incuestionable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que, ese desechamiento en caso de ser ilegal constituye una violación intraprocesal, que puede ser invocada al promover el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que recaiga en el juicio natural, siempre que ésta resulte adversa a los intereses de la parte oferente de la prueba." En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, atendiendo a que el auto que por esta vía constitucional se impugna, no ocasiona una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica del inconforme, lo que procede es desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio firmado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo, por el cual informa que en audiencia de dieciséis de mayo del año en curso, se autorizó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso a favor del acusado ********************, por temporalidad de seis meses, con fecha de vigencia dieciséis de noviembre del año dos mil veintitrés. Situación de la cual se toma conocimiento. Notifíquese

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