Valente Ostos Santos
Expediente 979/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Valente Ostos Santos
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Valente Ostos Santos, a través del cual interpone recurso de queja contra la determinación de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En ese orden, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 101 y 102 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como el duplicado de la presente incidencia, y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducentes. Al respecto cobra aplicación la Tesis aislada IV.3o.A.44 K, 166848,del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de la Novena Época, publicada en el Tomo XXX, Julio de 2009, Página: 2053, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1917-1995, del siguiente rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO EN EL QUE EL JUEZ DE DISTRITO SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LA PROMOCIÓN DE UN DIVERSO RECURSO DE QUEJA BASADO EN LA MISMA HIPÓTESIS NORMATIVA. Es improcedente el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo contra el auto en el que el Juez de Distrito suspende el procedimiento en el juicio de garantías con fundamento en los artículos 53 y 101 de la propia ley, en virtud de la promoción de un diverso recurso de queja basado en la misma hipótesis normativa. Lo anterior obedece a que se trata de un medio de impugnación vinculado con la actuación del Juez de Distrito con motivo de la interposición de una queja, la cual originó que aquél determinara suspender el juicio constitucional al considerar que, dada la naturaleza trascendental y grave del auto recurrido, lo que en ésta se resolviera podía influir en la sentencia del juicio de garantías, o bien, porque existía el riesgo de que se perdieran los derechos que el recurrente pudiera hacer valer en el acto de la audiencia en caso de obtener resolución a su favor en la queja, y tales características del fallo controvertido en ésta, esto es, su naturaleza trascendental y grave, constituyen el objeto de examen por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en dos momentos distintos, al admitir dicho medio defensivo a través de su Magistrado presidente y al dictar el Pleno la resolución correspondiente; determinaciones que, implícitamente y de conformidad con el citado numeral 101, tienen como efecto necesario la suspensión del procedimiento en el amparo en lo principal; de ahí que tales cuestiones no pueden ser materia de análisis en otro recurso de queja, con la pretensión de evitar dicha suspensión." Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda firmado por ********************, por el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Mesa de Sustanciación de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese con el número ******************** del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. " Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1 , de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en el siguiente: ( El acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, donde se desecha el recurso de revocación que interpuso por escrito de fecha primero de junio de dos mil veintitrés, en contra de la audiencia inicial, desahogada en fecha nueve de mayo del año en curso, así como en contra del acuerdo admisorio de pruebas, de fecha doce de mayo del año que transcurre, derivado de peticiones realizadas en dicha audiencia inicial, dentro del expediente administrativo, ********************, del índice de la unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa premisa, se considera que la determinación impugnada (acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, donde se desecha el recurso de revocación, así como el diverso acuerdo admisorio de pruebas de fecha doce de mayo del año que transcurre, ambos dictados dentro del expediente administrativo ********************, del índice de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo), no son actos de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la inconforme. En efecto, el acto reclamado no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la promovente del amparo obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclama. Asimismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, es factible de impugnarse como violación procedimental a través de diverso medio de defensa que, en su caso, pueda promover contra la sentencia de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. En relación a lo previo, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Partiendo de ello, adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. En efecto, tomando en consideración que los acuerdos reclamados derivan de un procedimiento de responsabilidad administrativa, en los cuales, en el primero de ellos dictado el cinco de junio de dos mil veintitrés, se desechó el recurso de revocación interpuesto, y por otro lado, el diverso acuerdo admisorio de pruebas de fecha doce de mayo del año que transcurre, ambos dictados dentro del expediente administrativo ********************, del índice de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, es sostenible válidamente que los mismos no resultan de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del inconforme, por ende, no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, por lo que se concluye que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, pues como se dijo, el acto reclamado sólo constituye, en su caso, una infracción procesal que puede ser reparada en favor del inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo. Así mismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, previa la preparación legal necesaria y después de agotar los recursos ordinarios conducentes, es factible de impugnarse como violación a través del amparo directo que interponga contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen, en términos del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En sustento de lo previo, se cita el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, noviembre de 1994, página 513, cuyo contenido dispone: "PRUEBAS. LA NEGATIVA A ADMITIRLAS ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si el acto reclamado en la demanda de garantías se hace consistir en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto que negó la admisión de una prueba ofrecida por el quejoso, es incuestionable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que, ese desechamiento en caso de ser ilegal constituye una violación intraprocesal, que puede ser invocada al promover el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que recaiga en el juicio natural, siempre que ésta resulte adversa a los intereses de la parte oferente de la prueba." En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, atendiendo a que el auto que por esta vía constitucional se impugna, no ocasiona una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica del inconforme, lo que procede es desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de administración de justicia pronta y expedita, el que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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